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El crimen de lesa humanidad no tiene absolución
ESTERILIZACIONES FORZADAS
ES CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
09/08/2016
Opinión
Foto: Otra Mirada
La
 señora Esperanza Huayana estaba embarazada cuando fue atendida por 
médicos que le prometieron dar vitaminas, sin embargo fue esterilizada. 
Perdió a su bebé y la posibilidad de volver a ser madre. Ese modus 
operandi se repitió en diferentes regiones. En el Cusco y Piura, por 
citar dos lugares, los médicos que respondían al gobierno de Fujimori 
hicieron exactamente lo mismo con miles de mujeres.
La
 campaña desplegada en casi todo el país tenía un patrón, una directiva.
 Los médicos y sus asistentes visitaban los lugares más recónditos 
ofreciendo atención médica gratuita. Sin importar edad, todas las que 
acudían a la consulta terminaban siendo esterilizadas sin que nadie les 
consultara. Producto de ese engaño, se registraron 2074 casos de mujeres
 que fueron privadas de elegir la posibilidad de ser madres.
En
 cualquier sociedad civilizada el caso ameritaría una sanción drástica e
 inmediata, pero la Fiscal Marcelita Gutiérrez, después de un largo 
proceso, consideró que en estos casos no hay autoría mediata y crímenes 
de lesa humanidad y solo existe siete casos individuales de lesiones 
graves que involucra a cinco médicos. Es decir, dispone que se archive 
2067 casos.
El
 Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer (Demus) han apelado la decisión fiscal y el caso 
pasará a una instancia superior, siendo lo más probable que el fiscal 
superior Luis Landa sea quien evalúe el recurso presentado por las 
organizaciones que defienden los derechos de las miles de mujeres 
violentadas en sus derechos fundamentales.
Autoría mediata
El
 abogado de IDL Carlos Rivera cuestionó la decisión de la fiscal, 
afirmando que en las esterilizaciones forzadas a mujeres 
mayoritariamente campesinas y quechuahablantes sí existe la autoría 
mediata y sí puede ser considerado como crimen de lesa humanidad.
Las
 violaciones a los derechos humanos vía las esterilizaciones forzadas se
 presentaron en regiones como Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco, 
Piura, Cusco, lo que evidencia que no fue un proceso individual sino un 
programa estatal planificado y orientado a esterilizar a mujeres como 
una forma de combatir la pobreza.
Fueron
 procedimientos dispuestos desde el Ejecutivo. No se le ocurrió a una 
persona, sino fue el desarrollo de un programa de gobierno que fue 
presentado por el propio presidente de la República. Sobre esto hay 
evidencia incluso documental y eso no ha sido tomado en cuenta por la 
fiscal Gutiérrez.
Independencia
María
 Ysabel Cedano, directora de Demus, espera que el fiscal superior Luis 
Landa actúe con independencia y sin presiones de ningún tipo. Advirtió 
que los representantes del fujimorismo han visitado a la fiscal 
Gutiérrez y al parecer están haciendo sentir la presión de su bancada en
 el Ministerio Público.
Es
 necesario, manifestó, que el fiscal superior (Landa) realice un trabajo
 independiente y sin interferencias políticas. Que revise la teoría con 
la que ha investigado la fiscal Gutiérrez y que opte por una más 
integral que le permita llegar a la verdad.
Sostuvo
 que la fiscal no ha valorado las pruebas que tienen que ver con el 
consentimiento informado y concluye que de las 2074 denunciantes hay un 
universo reducido de mujeres (7) que han sido esterilizadas sin su 
consentimiento informado.
Las
 consejerías no se daban en su lengua materna y les hacían firmar (el 
consentimiento) sin que ellas supieran realmente lo que estaban 
firmando. Había presión, chantaje, engaño. Hay casos en que hubo 
maltrato físico y hasta secuestro. Si aparece una firma en un documento 
de consentimiento informado no es prueba de nada si no se mira todo el 
contexto.
Cedano
 consideró que otro punto importante que no ha sido tomado en cuenta es 
la valorización de los testimonios de las víctimas. Tras la apelación el
 caso pasa a la fiscalía superior y posiblemente sea el fiscal Luis 
Landa quien tendrá resolver la apelación entre 20 y 30 días. Se espera 
que el fiscal superior actúe con independencia y sancione como 
corresponde a los responsables de las esterilizaciones forzadas, que es 
uno de los peores abusos contra las mujeres en las últimas décadas.
Del mismo autor
-Verónika Mendoza y el pedido para votar por PPK 01/06/2016
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17 de agosto 2016
 

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