SANGRIENTA DICTADURA ABOGA POR LA LEGALIDAD IRREAL

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SANGRIENTA DICTADURA ABOGA POR LA LEGALIDAD IRREAL

Carlos Angulo Rivas

El reconocimiento de Dina Boluarte en la presidencia de la república es indispensable para la dictadura cívico-militar, éste ha sido una búsqueda en el día a día con la finalidad de afianzar el gobierno nacido con el Golpe de Estado. En realidad, en seis meses no han logrado tal reconocimiento legal del régimen de facto, a pesar que los políticos falsarios, congresistas y la prensa parametrada de la oligarquía, remarquen la continuación de la “democracia y el Estado de Derecho” que, no obstante, tiene 80% de la ciudadanía en contra y apenas 4% de aprobación del Congreso. Son muy pocos quienes defienden la tesis de la legalidad del gobierno de Dina Boluarte, sostenido imperativamente por el Congreso ilegítimo, el empresariado nacional e internacional y la Fuerza Armada, peor aún cuando la muestra es tan negativa como el retroceso económico y la violación de los Derechos Humanos con más de 70 muertos, cerca de 1500 heridos de bala, cientos de detenidos ilegalmente, y hasta desaparecidos; “legalidad” que no puede continuar de manera impune a pesar de la AMENAZA solapada de Dina Boluarte, retando a las manifestaciones en su contra mediante la pregunta-intimidante ¿cuántos muertos más quieren? le faltó agregar el peruanísimo ¡carajo! Pero, nos preguntamos ¿por qué interesa tanto defender la “legalidad democrática” de esta dictadura?

Quebrada la constitución y las leyes debido al Golpe de Estado, la “legalidad” forzada sirve a la dictadura de manera fundamental porque usurpando el gobierno la usa para hacer pasar por el aro a la ciudadanía casi siempre respetuosa de la ley; la gente percibe a medias el uso de una legalidad dominada por el régimen, es decir por la ley de los golpistas en favor de una ínfima minoría ciudadana sobre el Perú entero. Este logro de ilegalidad constante cuenta con el sistema judicial subordinado al poder político, allí los jueces se lavan la manos en casi todas las audiencias y cuando NO cometen PREVARICATO de manera descarada como lo hace el "tremendo juez supremo" César San Martín Castro. Motivos por los que la confrontación política del pueblo versus dictadura se encuentra en el punto culminante de rebelarse contra la obediencia a un ordenamiento jurídico arbitrario, despótico y soberbio. La rebelión de la humanidad ante las leyes inaceptables e ilícitas está inscrita en la historia; por ejemplo, antes la esclavitud era legal; la educación cristiana (catequización) era obligatoria; todavía en 72 países del mundo la homosexualidad es un delito penado por ley y en 8 se castiga con la pena de muerte; la sumisión de la mujer al marido era legal; las mujeres y los analfabetos estaban prohibidos de votar en el Perú; el derecho al divorcio no existía; sin la revolución francesa seguirían las monarquías absolutistas; en fin, sin evolución humana y cambios político-sociales en el tiempo nos hubiésemos quedado en la Edad Media. Y conste que todas la reivindicaciones logradas empezaron por no acatar las leyes ajenas a un Pacto Social.

Sólo los energúmenos y cavernarios del Congreso, hoy ilegítimo, remarcan que la constitución fujimorista es de vida eterna y no debe ser cambiada a pesar de ser obsoleta, trasnochada y dañina para el país, promotora de la venta-traspaso de los recursos naturales y de la corrupción impune protegida. La crisis política de desconocimiento de la dictadura y enfrentamiento de la población a ella, ha ingresado a un callejón sin salida, lugar donde históricamente se producen los cambios revolucionarios. Los primeros seis meses de usurpación del gobierno han sido una calamidad devastadora aunque Dina Boluarte haya inventado una falsía excesiva, cuando a manera de auto-elogio dice: “Hemos logrado la calma y el sosiego. Se ha recuperado el Estado de Derecho y la democracia” aquí la única aclaración es ¿para quién es ese supuesto logro? obvio para la CONFIEP, los funcionarios mafiosos, las grandes empresas nacionales y transnacionales, pues todos los ciudadanos que sobran son catalogados de segunda clase de acuerdo a Alan García. La frase declarativa de Dina Boluarte insiste en valoraciones artificiales en defensa de la “legalidad” de su gobierno no reconocido por el 80% de los ciudadanos.

Por lo expuesto, hacerle caso al Congreso, a sus leyes, a sus comisiones, a sus miembros, a sus asesores, a sus ujieres, resulta bastante estúpido. Ya que hacerle caso a este Congreso es darle vida a un organismo moribundo desconocido por el 92% de la población. La usurpación del poder del Estado previa, destitución irregular e ilegal del presidente Pedro Castillo, nos lleva a ser coherentes porque nadie debe obediencia ni respeto a un gobierno usurpador; sin embargo, la dictadura trata legalizarse a cada momento de espaldas al sentir popular, valiéndose de maniobras legalistas a partir de ejercer un mandato inconstitucional. Todas las diligencias programadas por el Congreso deberían ser ignoradas por la oposición a la dictadura; de lo contrario se le hace el juego a los golpistas, a la perversidad política de los fuji-fascistas y a quienes apoyan a los maleantes y delincuentes del Estado Mafioso. Los congresistas con apenas 4% de apoyo de la población no deben realizar cambios a la constitución, más bien deberían tomar consciencia de la situación política, social y económica del país e investigar el por qué del rechazo casi unánime de los ciudadanos hacia a ellos. Al final de cuentas la profunda crisis política se debe resolver yendo a elecciones de una Asamblea Constituyente con un gobierno provisional transitorio o de lo contrario habrá una salida militar cercana a la guerra civil.