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Perú al Pie del Orbe
PERÚ: CIERRE DEL CONGRESO
UNO
LA DEMANDA CIUDADANA SE ABRIÓ PASO
Gustavo Espinoza M.
Opinión
01/10/2019
        
Si, finalmente, la demanda ciudadana se abrió paso. El Presidente
 Martín Vizcarra, acorralado por la mafia fuji-aprista, resolvió el 
lunes 30, disolver el Congreso de la República y convocar a nuevos 
comicios parlamentarios para el próximo 26 de enero.
        
Esta acción, considerada enteramente legítima y racional en 
España, Inglaterra, o Francia es objetada en estos lares por los núcleos
 más reaccionarios, y calificada como “chavista”. Y por eso, en lugar de
 admitirla, sus pares de aquí, resolvieron imitar
 a la contra venezolana y proclamaron una versión peruana de Guaidó, 
ungiendo como “Mandataria” a Mercedes Araoz, una personalidad de 
antecedentes repudiables. “Mis Bagua” le dicen.
        
Es bueno decir que esta crisis se veía venir. La obsesiva 
voluntad de la mafia por apoderarse, a cualquier precio, de todos los 
resortes del Poder doblegando a la mala toda resistencia, debía tener un
 límite. Y así lo entendió el pueblo. Por eso, desde
 un inicio, en calles y plazas de toda la República, vino demandando el 
fin del ciclo, y el cierre del Parlamento Nacional.
        
En las últimas semanas, la crisis tomó mayores proporciones. El 
Congreso se propuso liberar a Keiko Fujimori destinada a permanecer en 
prisión preventiva hasta el juicio que habrá de condenarla próximamente,
 y copar definitivamente el Tribunal Constitucional
 mediante un procedimiento considerado “exprés” y que se tramitó en 
apenas 30 minutos. Y cuando se creía que ya tenía humedecida la pólvora y
 agotadas sus municiones, resolvió simplemente archivar al proyecto de 
adelanto de elecciones planteado por el Ejecutivo.
        
Esta última acción resultó decisiva por el fondo y por la forma. 
El fondo, incluía el rechazo a una salida sensata y constitucional a la 
crisis planteada. Y la forma, dejaba al desnudo el descaro de 
parlamentarios ensoberbecidos y asustados que, en lugar
 de emitir un dictamen y ponerlo razonablemente a disposición del Pleno 
del Congreso para que lo debata, optaron por “archivar” la iniciativa 
con el voto de 13 de los 130 congresistas. Esta decisión por sí sola 
bastaría para ilegalizar dicho acuerdo. No obstante,
 buscaron implementarlo a contra mano de la realidad.
        
La decisión del Presidente Vizcarra responde, por eso, a una 
necesidad planteada en la lucha contra la corrupción, pero también a la 
demanda masiva de la población. Por eso fue saludada por casi un millón 
de peruanos que virtualmente en todas las ciudades
 del país se lanzaron a la calle al inicio para exigir la medida, y 
luego a aplaudirla con entusiasmo creciente.
        
La medida es buena. Y merece activo respaldo ciudadano. Pero no 
cabe hacerse ilusiones con ella. Es un paso indispensable en la lucha 
contra una mafia envilecida y en derrota que hoy cuenta apenas con el 
respaldo de la CONFIEP -los empresarios agrupados
 y puesto siempre al servicio de sus propios intereses- pero no es la
 solución a los problemas que hoy agobian al país. Ellos, por cierto, 
son infinitamente más graves; y sólo podrán encararse cuando seamos 
realmente capaces de transformar radicalmente la
 estructura de dominación vigente.
        
Tres retos están planteados en la perspectiva más o menos inmediata: la
vigencia de la írrita Constitución de la Dictadura, que nos fuera impuesta por el fraude y las armas; la
adhesión incondicional al “modelo” neoliberal que hace crisis por todos los costados; y el
cumplimiento de una política exterior dictada desde Washington y que presupone la renuncia a nuestra independencia y soberanía.
        
Las demandas populares que se orientaron a la lucha por el cierre
 del Congreso están preñadas de estas exigencias. Y ellas habrán de 
hacer luz por la maduración del movimiento. Implicarán, entonces, la 
preservación de nuestra estructura productiva, la
 defensa de nuestros recursos energéticos y el uso de las 
potencialidades de nuestro país en beneficio del desarrollo y el 
progreso nacional. Todo ello habrá de pasar, necesariamente, por una 
Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna acorde a
 las exigencias de nuestra realidad.
        
Aún la mafia piensa que puede aletear. No está dispuesta a darse 
por vencida. Buscará no sólo recuperar las posiciones perdidas, sino 
también anhelará vengarse de quienes la derrotaron. Por lo pronto, ahora
 llamará a la OEA. Espera que el señor Almagro
 venga a darle la razón. Y que desde otras latitudes, gobiernos 
despistados -o de su mismo signo- “reconozcan” a la señora Araoz como 
“Presidenta de la República”.
        
El telón aún no ha caído. La función no ha terminado. La lucha de nuestro pueblo seguirá un derrotero abierto con coraje y sacrificio.
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10/06/2019
DOS
PERÚ: VIZCARRAZO A 27 AÑOS DEL FUJIMORAZO
*Ollantay Itzamná
Opinión
01/10/2019
        
El 5 de abril de 1992, el entonces Presidente Alberto Fujimori, 
el “apoteósico” chinito, disolvió el desprestigiado Congreso de la 
República del Perú de aquel entonces, bajo el argumento de democratizar 
el Perú y luchar contra la corrupción.
        
El 29 de septiembre del presente año, 27 años después del 
fujimorazo, el Presidente Martín Vizcarra disuelve el desprestigiado 
Congreso de la República peruana, con igual o mayor apoyo popular, bajo 
la misma promesa: democratizar el Perú.
        
¿Qué cambió en el Perú a 27 años del fujimorazo?
        
Alberto Fujimori, aprovechando el sentimiento providencialista de
 los sectores peruanos que veían en él a su mesías esperado, luego de 
disolver el Congreso, mandó a redactar y promulgó la actual Constitución
 Política del Estado (1993) que sirvió y sirve
 como un estatuto para la implantación del sistema neoliberal en el país
 andino, sin mayor resistencia popular.
        
A casi tres décadas de la vigencia de dicha Constitución, se 
privatizó prácticamente todo el Perú, y la corrupción se convirtió en la
 normal central para la administración pública. Al grado que
todos los ex presidentes del Perú neoliberal, contando desde 
Fujimori, o se encuentran encarcelados y/o procesados judicialmente por 
delitos de corrupción. García prefirió el suicidio antes que la cárcel.
        
27 años después, la promesa de la democracia (como sinónimo de 
derechos) jamás llegó para las grandes mayorías demográficas del Perú. 
En varias regiones del país, hay igual o mayor cantidad de hogares en 
situación de pobreza y de desnutrición que hace
 27 años atrás. Casi todo el territorio del Perú fue concesionado a las empresas transnacionales para su explotación/saqueo. El Perú carga y cargará con niños de plomo, ríos, lagos y suelos muertos.
        
En 27 años de neoliberalismo el Estado peruano prácticamente fue 
convertido en una gendarmería privada que escolta a los agentes de las 
empresas transnacionales en sus incursiones inconsultas para saquear los
 territorios indígenas y campesinos del país.
        
El Producto Interno Bruto (PIB) creció en el Perú en estas tres 
décadas, pero el Estado apenas participa de ese PIB quizás en el 7% del 
total.
La riqueza es de las empresas, la pobreza de los peruanos. Una dolorosa realidad.
        
Casi tres décadas después, la “peruanidad”, nuevamente eufórica 
aplaude y se contenta con otro circo político de mal gusto: el 
vizcarrazo.
Sin cuestionar al sistema neoliberal, mucho menos atreverse a 
plantear colectivamente una propuesta post neoliberal, y post Estado 
criollo corrupto y fracasado.
        
Y así, el Perú, nuevamente, como en el mito de Sísifo, décadas 
después de haber celebrado con jolgorio el vizcarrazo tendrá que pujar 
cuesta arriba cargando consigo las nefastas consecuencias del sistema 
neoliberal y del fallido bicentenario Estado criollo.
        
Los pueblos y sectores del Perú, nuevamente están en una histórica oportunidad para hacer una inflexión determinante, y
atreverse a pensar y construir el Perú de todas las nacionalidades
 mediante un proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional para 
diseñar y construir el Estado Plurinacional de todas las sangres (como 
diría Arguedas).
        
La gangrena que padece el corrupto Estado criollo peruano es 
demasiado avanzada como para intentar remediar con tradicionales 
procesos electorales, o reformas institucionales superficiales. El país 
necesita un conceso político ampliado y plurinacional
 materializado en una Constitución Política Plurinacional. 
*Ollantay Itzamná. Defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos
        
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TRES
PERÚ Y LATINOAMÉRICA:
LA MODA DE LA AUTOPROCLAMACIÓN
José Toledo Alcalde
Opinión
01/10/2019
        
El Congreso proclamó a la vicepresidenta Mercedes Araoz como “presidenta interina” del Perú
        
El absurdo político se impone en el Perú y América Latina como 
norma de intromisión. Estamos asistiendo a la modalidad de las 
autoproclaciones presidenciales. Una suerte de imposición de gobiernos 
paralelos sin respaldo popular. Decisiones trasnochadas
 respaldadas por los oscuros tentáculos del poder detrás del trono donde
 sin lugar a dudas vemos moverse la sombra de Washington y sus 
injerencistas y patológicas pretensiones de poder.
        
Juan Guaidó en Venezuela fue la ecuación perfecta de Washington 
para deslegitimar al gobierno bolivariano. Ahora existen pruebas 
suficientes, presentadas en la ONU, y otras instancias internacionales, 
que evidencian el perfil delictivo del autoprolamado
 y toda la maquinaria criminal detrás de su elección. Los actuales 
acontecimientos en el Perú confirman que la fórmula de injerencia abre 
un capítulo de intromisión de mayor sofisticación.
        
El 5 de abril 1992 Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la 
República del Perú abriendo el más nefasto capítulo económico de la 
historia peruana. El gobierno de facto de Fujimori y la creación de una 
carta constitucional impuesta por los grupos de
 poder donde sus redactores como el empresariado peruano (CONFIEP) y 
Washington (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, USAID, y la Fundación Nacional para la Democracia, NED) 
crearon las bases legales para el saqueo del erario y estafa
 pública.
        
En el Perú, este pasado 30 de septiembre de 2019 se dio por 
segunda vez el absurdo político de la imposición de un gobierno 
paralelo. Ahora el disuelto Congreso peruano proclamó a la cuestionada 
vicepresidenta Mercedes Araoz como “presidenta interina”
 del Perú y en la máxima expresión de irracionalidad la bancada 
fuji-aprista confrontan al ejecutivo amenazando con no abandonar el 
Congreso.
        
El contexto de la disolución se da en medio de la elección del 
todo poderoso Tribunal Constitucional (TC). Según lo expresado por el ex
 Premier Salvador del Solar la ausencia de transparencia y las oscuras 
intenciones de la bancada fuji-aprista en la
 elección de la más alta esfera jurídica constitucional contribuía con 
el incremento de la aguda crisis por la cual atraviesa el país.
        
A pesar de la solicitud del nuevo voto de confianza solicitado 
por el ejecutivo y negado por el legislativo, los defenestrados 
legisladores insistieron en elegir al TC, vacar a la presidencia de 
república y como resultado nombrar a Araoz como presidenta
 interina. ¡Absurdo!
        
Dicho acto anticonstitucional, la elección de un gobierno 
paralelo, lo único que demuestra es la falencia del sistema democrático 
liberal en donde al pueblo como gran excluido de toda representación 
directa lo único que le queda son las calles como tribuna
 democrática de manifestación pública de cambio.
        
La decisión de cierre del Congreso se materializó mediante el Decreto
 Supremo No 165-2019-PCM el cual a letra sentencia: Artículo 1.- 
Disolución del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la 
República por haber negado la confianza a dos
 Consejos de Ministros del gobierno elegido para el periodo 2016-2021, 
manteniéndose en funciones la Comisión Permanente. Artículo 2.- 
Revocatoria del mandato parlamentario. Revóquese el mandato 
parlamentario de los congresistas que no integran la Comisión
 Permanente. Carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a 
la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha 
sido revocado. Artículo 3.- Convocatoria a elecciones Convóquese a 
elecciones para un nuevo Congreso, para el día
 domingo 26 de enero de 2020, para que complete el periodo 
constitucional del Congreso disuelto, incluida la Comisión Permanente. 
Artículo 4.- Refrendo. El presente Decreto Supremo es refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros.
        
Con justa razón el pueblo celebra en las calles. Representaciones
 como el Movimiento Nuevo Perú y demás organizaciones políticas, 
contrarias a la continuidad del estado de impunidad y corrupción, 
celebran la posibilidad de convocar a nuevas elecciones
 y la instauración de una Asamblea Constituyente la cual se encuentre en
 condiciones de brindar a la población las garantías democráticas 
respeto a la defensa su soberanía y legítimos derechos.
        
Lo que nos queda claro, en medio de tanta maleza, es que tanto el
 golpe del ´92 así como toda la historia posterior de corrupción e 
impunidad, y lo sucedido este pasado 30 de septiembre, ha contado con el
 aval de Washington.
Desde la autoproclamación de facto de Fujimori hasta la proclamación 
de Vizcarra, y la de facto elección presidencial de la vicepresidenta 
Araoz cuestionada por su responsabilidad en los asesinatos del caso 
Bagua, el lineamiento de la gobernabilidad del
 Estado peruano se ha encontrado monitoreado por dictámenes de 
Washington.
        
Pareciera ser que el desgastado Congreso de la República, el 
desborde de una lógica de corrupción a todas luces impune, debilita las 
pretensiones hegemónicas del país del norte quien cuenta con el Perú 
como uno de sus principales peones en su incesante
 búsqueda de control geoestratégico. Según la lógica del hegemón, quien 
siempre ha burlado la insatisfacción del pueblo, tiene más de una ficha 
política para las siguientes elecciones.
No será fácil que Washington deje el poder en el Perú.
        
Celebramos el cierre del Congreso. Pero esta claro que el quiebre del sistema involucra a todos los poderes del Estado.
La satanización de la izquierda como fuerza política alternativa seguirá liderando titulares.
 La asociación de toda representación de fuerzas progresistas con el 
gobierno Bolivariano de Venezuela seguirá siendo la muletilla 
conspiradora del statuquo
 y sobre esta base Washington aspira a copar, nuevamente, el legislativo
 y seguir con la lógica de control desde el aparato estatal en su 
totalidad sin alterar las bases del saqueo enquistadas en la nefasta 
Constitución del ´93.
        
Ironías de la historia. Fujimori disolvió el Congreso 
concentrando poderes en torno a un grupo de saqueadores y mercenarios 
del poder enquistados en el estado. 27 años después los fujimoristas son
 desalojados del Congreso de la República. ¡De golpeadores
 a golpeados!
        
Finalmente, nos reafirmamos en lo dicho el 5 de mayo de 2018: Lo sabemos, 
el problema es estructural y no coyuntural. Y, las estructuras no pueden
 ser cambiadas ni un milímetro siguiendo el distorsionado formato 
político que tenemos hoy. Somos consientes que una nueva Carta Magna
 no garantiza cambios de conciencia ni que se elevará
 la calidad ético-moral de los funcionarios públicos. De allí la 
exigencia de un nuevo cuerpo jurídico-legislativo sin opción a que 
transe con la impunidad y crimen institucionalmente organizado. Debemos 
atrevernos a transitar el camino de la transformación
 con justicia, equidad y dignidad. Trascender lo anecdótico, cómico y 
patético de la política dejando de lado todo tipo de dicotomías donde se
 considere la “clase política” jerárquicamente contraria al Pueblo 
verdadero sujeto político soberano.1
        
¡El pueblo tiene la palabra!
1 Alai. José Toledo Alcalde. El Presidente en su laberinto. En:
https://www.alainet.org/es/articulo/193407. Revisado: 01/10/19.
        
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15/05/2019
de: Alai-AmLatina <alai-amlatina@alai.info> a través de
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fecha: 1 oct. 2019 12:50
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CUATRO
POLICÍAS IMPIDEN LA ENTRADA AL CONGRESO
Policías impiden la entrada al Congreso de Perú a excongresistas
tras la disolución parlamentaria decretada por Vizcarra
        
Los uniformados resguardan el recinto legislativo luego de que se
 registraran enfrentamientos el lunes por la noche tras la crisis 
política que enfrenta Perú tras la disolución del Parlamento.
        
Alrededor de 300 policías fueron desplegados este martes a las 
afueras del Congreso de Perú, en Lima, luego de que el presidente Martín
 Vizcarra disolviera el Parlamento y convocase a elecciones para renovar
 el Congreso. En respuesta, los legisladores
 nombraron a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidenta 
interina.
        
La movilización de las fuerzas de seguridad busca impedir el ingreso al Parlamento de excongresistas que no integren la
Comisión Permanente, ya que de acuerdo a la Constitución, una 
vez disuelto el Congreso, solo los legisladores que formen parte de este
 órgano los únicos que pueden ingresar al recinto legislativo.
        
El artículo 134 de la Constitución peruana establece que se 
deberá convocar a elecciones para conformar un nuevo Congreso dentro de 
los cuatro meses siguiente a la fecha de disolución.
        
El despliegue se dio después de que la noche anterior un grupo de
 manifestantes se enfrentase a la Policía en los alrededores del 
Congreso de Perú.
        
Los jefes de las Fuerzas Armadas, además del jefe del Comando 
Conjunto y de la Policía, manifestaron su lealtad al presidente Vizcarra, a quien llamaron "jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú".
        
En contraparte, los legisladores opositores a Vizcarra 
desconocieron al mandatario en la mayor crisis política de Perú en las 
últimas dos décadas.
        
Reacciones del Congreso
        
El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, 
ofreció una conferencia de prensa a medios internacionales, en la que 
acusó a los medios peruanos de descalificar al Parlamento.
        
El presidente de Perú, Martín Vizcarra.Vizcarra aplica la 
disolución parlamentaria en Perú y el Congreso juramenta a la 
vicepresidenta como "mandataria interina"
        
"Tenemos una prensa muy adversa que sigue con el tema que la 
política es corrupción. Se ha ido tratando de desgastar la figura del 
Congreso a través de prensa y otros medios que se emplean en gobiernos 
de este tipo, que tienen tendencia populista", dijo.
        
Olaechea aclaró a medios locales que, por el momento, él es el 
presidente de la Comisión Permanente, lo que complica el panorama, ya 
que dicha Comisión queda en funciones tras la disolución del Congreso, y
 "no puede ser disuelta", según establece la
 Constitución. 
        
En tanto, la Iglesia, a través del presidente de la Conferencia 
Episcopal, Héctor Miguel Cabrejos, hizo un llamado a la no violencia en 
medio de la crisis, mientras que la organización empresarial peruana, la
 Confiep, expresó su "enérgico rechazo a la
 violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado
 el Presidente de la República, Martín Vizcarra, con un argumento 
inconstitucional".
        
Vizcarra convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero 
próximo, por lo que el nuevo Congreso sesionaría hasta julio del 2021, 
de acuerdo con el periodo constitucional del Parlamento disuelto.
        
Manifestaciones
        
Tras conocerse la disolución del Congreso, el centro de Lima y 
otras ciudades del país registraron manifestaciones de respaldo a la 
medida adoptada por el presidente, con gritos como "sí se pudo" o "Perú, te quiero, por eso te defiendo".
        
¿Cómo llegaron ahí?
        
El conflicto se detonó luego de que Vizcarra resolviera la 
disolución del Congreso de la República, de mayoría opositora, al 
considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo,
 que proponía la modificación del proceso de elección
 de candidatos al Tribunal Constitucional (TC), bajo el argumento de 
que, de lo contrario, no se realizaría de manera transparente.
        
El Parlamento tenía previsto elegir a seis de los siete miembros 
de ese organismo, y ya había avanzado en la designación de uno, Gonzalo 
Ortiz de Zevallos, quien logró los 87 votos necesarios para ser 
magistrado.
        
Para Vizcarra, la elección de un miembro del Tribunal 
Constitucional implicaba "la negación fáctica de confianza", por lo que 
anunció la disolución del Congreso a través de un decreto supremo 
publicado en el diario oficial El Peruano.
        
"Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que 
dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. 
Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las 
urnas el futuro del país", señaló el presidente en
 un discurso leído desde el Palacio de Gobierno.
        
No obstante, cuando Vizcarra se dirigía a la nación, el Congreso 
aprobó otorgarle la cuestión de confianza planteada en la mañana por el 
primer ministro, Salvador del Solar.
        
Tras la disolución del Congreso, los parlamentarios sesionaron la
 noche del lunes una moción de Fuerza Popular, el partido de oposición, 
que decretaba la vacancia del presidente Vizcarra argumentando 
"incapacidad moral".
Rusia Today.-. Publicado: 1 oct 2019 17:25 GMT |
Última actualización: 1 oct 2019 19:24 GMT
        
Nota.- Los subrayados de los cuatro temas son del
C-PI
COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
2 de octubre de 2019
 
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