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Escribe: Milciades Ruiz
El gobierno viene dando manizuela a unos
audios de soborno con el fin de desprestigiar la lucha del Valle de
Tambo contra la transnacional minera Southern mirando la paja en el ojo
ajeno y no las vigas en ojos propios. El soborno empresarial tiene
formas visibles e invisibles, directas e indirectas. En el Perú, el
soborno a las autoridades forma parte del costo de las inversiones.
Algunas empresas pagan conferencias de ex presidentes para cubrir
desbalance patrimonial, otros financian campañas electorales pero
también aparecen como ayudas y convenios para el desarrollo a fin de
comprar alcaldes, gobernadores, ministros y otros.
Hay pues, muchas formas oficiales de
comprar conciencias y poderes. No es casualidad que ministros de
economía al dejar el cargo pasen a ocupar altos cargos en el Banco
Mundial, BID y Fondo Monetario Internacional. Otros se conforman con
colocar su parentela en las empresas sobornadoras. Pero si alguien
recibe de empresas interesadas un obsequio, un favor, dinero, beneficio o
“apoyo”, en realidad está aceptando un soborno encubierto que lo
compromete. Los comprometidos están obligados a defender al sobornador.
Cuando el presidente Ramón Castilla
recibió como obsequio de cumpleaños un cañoncito de oro en miniatura
finamente labrado, dijo que había que tener cuidado con el regalo porque
estaba cargado y podría ser peligroso. En efecto, a los pocos días el
presidente anunció que el cañoncito había disparado aunque el tiro fue
muy bajo: Un puesto en aduanas. Esta “historia del cañoncito” sirvió de
moraleja por mucho tiempo pero ahora, se ha pasado del “perro del
hortelano” a la santificación de la inversión extranjera.
En el caso Tía María, para tratar de
imponer el proyecto minero de la Southern en el Valle de Tambo, el
gobierno designó un equipo de ministros encabezado por el ministro de
agricultura como interlocutores del Estado en el diálogo con los
dirigentes de los agricultores. Por su parte el presidente salió a decir
que su gobierno no defendía a las empresas. Sin embargo, en los hechos
es todo lo contrario pues está parcializado con una de las partes, la
extranjera. No podríamos insinuar que ha recibido algún regalo de la
empresa pero si señalar lo siguiente:
El ministro de agricultura se ha mostrado
agresivo contra el movimiento agrario a pesar de ser gente de su sector
y debería defender al agro. El asunto es que su actuación está
condicionada por conflicto de intereses pues su portafolio tiene un convenio con la Southern en la que esta, destina S/. 255 millones para la implementación del programa gubernamental “Agrominas”
con intermediación de la ONG “Invertir” una entidad incondicional que
parasita dicha empresa. Esto se hace para que la empresa no figure
abiertamente. (Ver http://www.agrominas.pe/)
También tiene otro convenio entre Antamina,
la municipalidad Distrital de Cajacay y la Comunidad Campesina de
Cajacay: Proyecto “Construcción del Sistema de Riego Cushurococha-Huarco
curan- Cajacay“(S/. 33.8 millones).
Así mismo, convenio de colaboración interinstitucional entre Agroideas (Ministerio agricult), Gobierno Regional de Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Con la minera Buenaventura, el Proyecto Energía Desarrollo y Vida. También el “Programa de capacitación de la Universidad ESAN en Arequipa, financiado por la transnacional. Se han entregado 10 maquinarias priorizadas por las distintas Municipalidades y por un monto de S/ 5.8 millones.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el SENASA y la compañía minera Xstrata Tintaya S.A.: “Plan Sanitario Integrado de prevención y control de enfermedades en población animal de los ámbitos de influencia de Minera Xstrata Tintaya, Provincia de Espinar, Región Cusco” (S/. 635,024)
Saber dónde está la “madre del cordero”
nos ayuda a encontrar verdades. Como lo dijo en su oportunidad el
Viceministro de Políticas Agrarias (2013) Luis Zavaleta Remy, sobre
Agrominas, “este convenio se enmarca dentro de la estrategia que
se viene desarrollando para reducir las disputas entre agricultores y
mineros”. Pero se hace esto con plata de la Southern. Y ello
no excluye que también, la estrategia de inversión extranjera contemple
la entrega de dinero por lo bajo a influyentes que resultan claves para
sus intereses.
Estos dineros que se reciben como
convenios u otras pantallas, condicionan también a los alcaldes y
gobiernos regionales que están comprometidos o enganchados y no quieren
perder las prebendas. Entonces se ven obligados a ceder soberanías y a
ponerse a disposición de las empresas corruptoras y a justificar a los
depredadores con argumentos falaces. Esto explica la presencia de
alcaldes ajenos a la lucha del valle Tambo en el bloque del gobierno y a
favor de la empresa minera.
En Tacna, la Southern tiene influencia en
el distrito de Ibalaya donde está la mina Toquepala contando con una
licencia hídrica para explotar casi dos mil litros de agua por segundo
de la provincia de Candarave. Esto es posible porque tiene condicionadas
a las autoridades respectivas.
Hace unos meses, Daniel Córdova, presidente de la ONG “Invertir” reveló que trabajaría como asesor técnico en la administración de los 90 millones de dólares que la minera Southern aportará
al Gobierno Regional de Tacna. Entonces, no podemos esperar que esta
entidad tenga independencia para decidir su apoyo a los agricultores.
Los agricultores no tienen la barita mágica que crea defensores por
dinero ni el poder económico para comprar consciencias.
En el conflicto por el proyecto Tía María
nos hemos preguntado ¿Por qué la Junta Nacional de Usuarios de riego
que agrupa a todos los valles guardaba silencio cómplice? El problema es
que la Southern financia entre otros, el proyecto de fortalecimiento
de para la Junta de Usuarios regantes por un monto de S/. 2 millones, que incluye compra de activos. Podríamos
decir entonces que la escalada corruptora de la Southern tiene amplia
penetración en diversos niveles de gobierno estatal e instituciones.
Pero en el caso del conflicto por el proyecto Tía María, el Ministro de
Agricultura, al tener su cartera relaciones comprometedoras con la
Southern, quedaría descalificado para las tratativas. Quizá si los
periodistas se toman el trabajo de investigar podrían encontrar otros
compromisos económicos pactados en este ministerio y otros organismos
del gobierno.
Habría que detectar también los
funcionarios que le deben favores a dicha empresa, pero lo más probable
es que nunca se hará con la Southern lo que se viene haciendo con los
casos Orellana y Martín Belaunde porque los las empresas mediáticas
tampoco lo permitirán. La justicia no es igual para todos. Pero quizá
baste lo señalado para ver la catadura moral del gobierno que explican
la conducta política del mismo y el carácter de nuestra “democracia”. La
corrupción es producto del sistema en las actuales condiciones.
Solo así se explican las actitudes
políticas de muchos influyentes que por parasitar a las mineras, directa
o indirectamente, se ponen del lado de estas. Viven de la carroña que
les arrojan las transnacionales y por consiguiente, no pueden ser
solidarios ni con la lucha de los campesinos ni con la patria. Ahora se
comprende mejor la actuación de la gobernadora de Arequipa que no está
del lado de su gente sino en el otro lado creyendo quizá que es mejor
para el desarrollo de su región, ya que nada puede recibir de los
agricultores pero si mucho de la transnacional.
Entonces, si las diversas instancias de
gobierno reciben dinero que otorga la Southern bajo diversas modalidades
aparentemente lícitas, lo que resulta de ello es una explicable lógica
de parcialización con esa empresa y no hay capacidad moral para
contradecirla. Si el gobierno ya está comprometido también puede ser
chantajeado temiendo que por otros tratados internacionales apliquen
sanciones de indemnizaciones por supuestos beneficios truncos debido a
la falta de protección de sus inversiones.
Para la empresa sin embargo, la crisis
del valle de Tambo se resuelve con dinero cuando las balas no son
suficientes. Entonces ya ha destinado grandes sumas de ablandamiento
para quebrantar la voluntad de lucha de los agricultores. Ofrece reparar
las pérdidas que hayan sufrido los campesinos a causa el conflicto,
crear un fondo en previsión de riesgos contaminantes, ayudar a construir
represas de agua para el valle y otras ofertas irresistibles.
Estas dádivas han dado resultado en otros
lugares donde las empresas han logrado corromper dirigentes y anular
las luchas iniciales. Ojalá los agricultores tambeños no se dejen
comprar con estas tentadoras ofertas y conserven la honestidad de la
lucha por la que han muerto algunos de ellos. En esta perspectiva, la
lucha de los agricultores del Valle de Tambo es también contra la
corrupción disfrazada, contra la inmoralidad de las autoridades y contra
el soborno social en propias filas.
Vivimos en una etapa histórica en que la corrupción es la peor enemiga de la humanidad. De nosotros depende evitar que triunfe.
Fuente: República Equitativa
