“Remuneración mínima, seguros y demás beneficios no defienden los
‘derechos de los trabajadores’. Solo resguardan los privilegios de una
élite, menor al 30% de trabajadores, que sí accede a estos beneficios. Y
condenan a la exclusión al 70% restante que no consigue un trabajo
formal porque es demasiado riesgoso y caro contratarlos” dice una sesuda
reflexión extraída la página de opinión de “El Comercio”.
Como si ganar novecientos treinta soles mensuales (el salario mínimo)
fuera un privilegio. Como si ganando 1,770 soles mensuales (el promedio
de todos los trabajadores formales no capacitados) sobrara la plata.
Ah, perdón, pero el trabajador ni siquiera recibe esa suma, hay que
descontarle el 13 por ciento para la AFP, por lo que alguien con salario
mínimo recibe un cheque mensual que no llega ni a 810 soles.
Como el trabajador formal que recibe 810 soles mensuales tiene por
ley derecho a un seguro de salud que lo cubra en caso de enfermedad ¿es
eso un “privilegio”? No, claro que no. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos dice que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar
(…); tiene asimismo derecho a los seguros en caso de enfermedad”. No es
un privilegio: es un DERECHO.
¿Saben qué es un privilegio? Que haya quienes en el Perú tienen
fortunas de 2 o 3 mil millones de dólares, con lo que solo poniéndolas
en un banco y cruzándose de brazos pueden sacar intereses por 270 mil
dólares DIARIOS. Es decir, cada día se pueden comprar una casota, y
seguir comprándose tremendas propiedades todos y cada uno de los días
del año durante toda su vida sin reducir su cuenta bancaria. Para
ponerlo de otra manera: sin mover un dedo estos privilegiados ganan lo
que consiguen 20 mil obreros peruanos, incluyendo por si acaso sus
vacaciones, gratificaciones y CTS para que no pongan pretextos. Eso es
lo que puede llamarse un privilegio, conseguido mayoritariamente
explotando los recursos naturales que le pertenecen a la nación peruana.
Privilegio es también que quienes ganan intereses bancarios por
millones sin mover un dedo no paguen ni un sol de impuestos, mientras el
ingreso ganado con el sudor de nuestra frente sí debe hacerlo.
Privilegio es que haya exoneraciones tributarias a grandes empresas por
16 mil millones de soles y que las mineras reciban devoluciones de
impuestos por 6 mil millones de soles mientras una microempresa no tiene
esos beneficios. Privilegio es que Jaime Yoshiyama pueda atender su
salud en Estados Unidos por un problema que fácilmente puede resolverse
acá, escapándose de la justicia con ese pretexto, mientras cientos de
miles de asegurados no consiguen las medicinas para su tratamiento.
Privilegio es que las AFPs y sus dueños nos cobren a los trabajadores
comisiones por más de 1,200 millones de soles al año (más otro tanto por
seguros) y sigan cobrando igual sin importar que nuestros fondos estén
perdiendo plata en vez de ganar rentabilidad. Esos son más que
privilegios, son ventajas injustas, beneficios indebidos,
sinvergüencerías conseguidas por lobbys que han capturado nuestro estado.
“DEMASIADO CARO CONTRATAR”
“Y condenan a la exclusión al 70% restante que no consigue un trabajo
formal porque es demasiado riesgoso y caro contratarlos”. ¿Demasiado
caro pagarle a un trabajador mil o mil quinientos soles mensuales? En
Perú el costo laboral total anual de un trabajador es en promedio de
6,771 dólares, en Chile son 13,949 dólares, en Ecuador 8,893, en
Colombia 9,915 dólares y en México 9,438 dólares. Por lo que cuesta en
Chile un trabajador, acá se contratan dos y todavía sobra plata. Está
publicado en la Tabla 1.1 del estudio “Impuestos sobre los salarios en
América Latina y el Caribe” del BID-OCDE-CIAT del 2016, para quien
quiera revisarlo.
Más allá de los datos, la frase citada pretende que si los
trabajadores no costaran tanto y fueran más baratos, habría más
trabajos. ¿Es así? Bueno, en el último año han entrado al Perú un montón
(600 mil) de trabajadores más baratos: los venezolanos. ¿Ha aumentado
el empleo? No y no es de sorprender; las empresas no necesitan aumentar
su producción porque no tienen a quien venderle, así que ¿para qué
contratarían más trabajadores? Al no aumentar las obras de construcción,
como muestran las estadísticas del PBI, no se contratan más
trabajadores de construcción civil, aunque estos sean más baratos, y eso
es efectivamente lo que muestran las estadísticas de este año.
La historia de que es “demasiado caro” contratar respalda una vieja
política: la del “cholo barato”. Tenemos ya caso doscientos años de
“cholo barato” y, bajo una política que opta por la extracción de
minerales y materias primas mientras niega nuestra industrialización,
seguimos tan carentes de empleos como hace medio siglo.
CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD
¿Crecemos menos por causa de los “altos costos laborales no
salariales” y la “rigidez laboral”, como pretende el “Plan de
Competitividad” del MEF?
Una síntesis de lo que sabemos los economistas al respecto del efecto
de las leyes e instituciones laborales sobre el crecimiento puede
encontrarse en el “Handbook of Development Economics”, (traducción:
Manual de Economía del Desarrollo) en un trabajo escrito por Richard
Freeman, un profesor de Harvard y reputado experto en el tema. Esta son
sus frases traducidas:
“Algunos beneficios legales aumentan los costos laborales y
reducen ligeramente el empleo, mientras que el costo de otros son
mayoritariamente trasladados a los trabajadores y por lo tanto
presumiblemente no impactan en el empleo.
Los sindicatos se asocian a mayores salarios y compensaciones no
salariales mayores, y a menor rotación y menor dispersión del pago.
Los análisis estadísticos comparando países arrojan resultados
inconcluyentes sobre el impacto de las regulaciones laborales en el
empleo”.
“En síntesis, no se puede sostener la idea de que las instituciones laborales afectan el crecimiento positiva o negativamente”.
Incluso el Banco Mundial en su último Informe del Desarrollo 2019
sobre “La Naturaleza Cambiante del Trabajo” no recomienda recortar
vacaciones o gratificaciones ni insiste en facilitar los despidos. Por
el contrario, el Banco Mundial, que 25 años atrás era al abanderado de
la flexibilización laboral, hoy habla de “mejorar las regulaciones del
mercado laboral”.
La recomendación principal del Banco Mundial, considerando el
acelerado cambio tecnológico que vivimos, es “Invertir en capital
humano, especialmente en educación en la primera infancia, con el fin de
desarrollar habilidades cognitivas de orden superior y
socioconductuales, además de las habilidades fundacionales. Mejorar la
protección social (..) con una sólida protección social mínima
garantizada y una seguridad social reforzada”. Algo muy distante,
opuesto, a considerar que un seguro de salud es un privilegio que agrava
la exclusión.
El Banco Mundial anota también la necesidad de “Generar espacio
fiscal para financiar el desarrollo del capital humano y la protección
social con recursos públicos. Los impuestos sobre la propiedad en las
grandes ciudades, los impuestos selectivos sobre el azúcar o el tabaco, y
los impuestos a las emisiones de carbono son algunas formas de
incrementar los ingresos públicos. Otra medida es eliminar las técnicas
de elusión fiscal que muchas empresas emplean para aumentar sus
utilidades”. Precisamente ese es uno de los principales cambios
requeridos en nuestro país donde la Confiep se resiste a las nuevas
medidas contra la elusión tributaria recibiendo el apoyo de la
entusiasta pepekausa Meche Araoz, mientras las grandes empresas
mantienen deudas tributarias por no menos de 20 mil millones de soles,
la educación intercultural bilingüe está acogotada por falta de recursos
y el presupuesto del Seguro Integral de Salud se reduce para el próximo
año.
INTERESES
Si en el mundo se discute en otra dirección, ¿por qué en el Perú se
insiste tanto en quitarles beneficios a trabajadores mal pagados y
reducir derechos laborales donde estos son casi inexistentes?
Hagamos un calculito. El señor Chlimper en su empresa Agrokasa tiene
4,700 trabajadores y supongamos que ganan en promedio 1,500 soles
mensuales. Bueno, darles sólo la mitad de vacaciones le ahorra 3
millones y medio de soles al año. ¡Eso es exactamente lo que ha
conseguido con la ley especial que tramitó cuando era ministro de
Fujimori y lo que Keiko quiere prorrogarle diez años más! No es de
extrañar que similar trato quieran las empresas mineras, los bancos, las
grandes cadenas comerciales y demás grupos económicos de la Confiep:
tienen millones de razones (en sus bolsillos) para pensar así. Pero esas
son razones válidas para los dueños de esas billeteras, no para la gran
mayoría de peruanos.
Fuente: Pedro Francke
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