Pedro Francke
Uno de los temas cruciales en la política educativa que ha estado
muy poco presente en las discusiones públicas de los últimos años es la
necesidad de que la población indígena y afrodescendiente tenga una
educación que se adecúe a sus características y culturas. El derecho a
una educación de calidad es un elemento fundamental para poder avanzar
en reducir las enormes brechas y discriminaciones que sufren los pueblos
indígenas. Sin educación de calidad es muy difícil que avancen en
derechos ciudadanos o trabajo digno, y también que logren desarrollarse
con su propia identidad. Para ello, es muy importante que la educación
se adapte a la lengua materna en la que han aprendido a hablar, mediante
una pedagogía bilingüe que respete su propia cultura y entable un
diálogo con ella.
En la educación peruana en general, el problema de la calidad aparece
hoy como el mayor problema. En la primaria ya tenemos niveles de
cobertura casi universales en el nivel primario desde hace casi dos
décadas; es decir, casi todos los niños de 6 a 12 años van al colegio en
este atapa. En los niveles inicial y secundario la tasa de matrícula
neta es de 80%, por lo que queda aún una brecha por cubrir, pero se ha
venido avanzando bastante en el periodo post-Fujimori, reduciéndose de
manera importante las brechas contra los grupos de menores ingresos,
rurales e indígenas.
Al mismo tiempo, sin embargo, en las pruebas internacionales de
desempeño educativo como PISA, el Perú obtiene de los puntajes más bajos
en la evaluación de comprensión lectora, por detrás de Brasil y Chile y
muy por debajo del promedio de los países de la OECD. En cuanto a las
matemáticas, el Perú está debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia
y México, con cerca del 60% de sus estudiantes de 15 años clasificados
como que “tienen un conocimiento científico tan limitado que sólo se
puede aplicar a pocas situaciones que conocen”. Es decir, en el Perú los
niños y niñas van al colegio pero aprenden muy poco, lo que constituye
una de las grandes violaciones a los derechos sociales en el Perú.
La calidad de la educación es importante, además, porque es
precisamente la idea de la baja “utilidad” de la educación una de las
grandes razones por las que un sector de adolescentes y jóvenes opta por
trabajar y abandonar los estudios.
Este problema de baja calidad educativa afecta a amplios sectores de
la población, exceptuando los más ricos que pueden pagar una educación
privada de calidad), pero recae sobre manera en las poblaciones
indígenas. Las mayores deficiencias en la calidad de la enseñanza
dirigida a la población rural e indígena, afectando sus derechos, se
observa en los resultados de la prueba ECE – Evaluación Censal de
Estudiantes. Sabiendo de las mayores deficiencias de la educación para
los indígenas, el gobierno aplica esta prueba en segundo grado de
primaria en todo el país pero en cuarto grado de primaria en las
escuelas con educación intercultural bilingüe, ubicadas en zonas
indígenas y cuyos docentes debieran enseñar usando también la lengua
originaria. Es como si se aceptara que los niños indígenas tienen sus
aprendizajes atrasados en dos años y esto fuera aceptable y normal. Pero
a pesar de ser evaluados dos años después que el resto, la mala calidad
educativa para este grupo ha hecho que solo el 26 por ciento de estos
estudiantes obtuvieron(2015) el nivel de satisfactorio en comprensión
lectora, mientras que 50 por ciento de los estudiantes del segundo grado
en general que obtuvieron ese nivel. Es decir, hay una brecha de 23
puntos porcentuales en aprendizajes, aun cuando a los niños y niñas de
EIB se les está evaluando 2 años después, en cuarto grado en vez de en
segundo grado.
CRECIMOS ¿Y QUÉ?
La educación intercultural bilingüe durante muchas décadas (en
realidad siglos) tuvo una casi nula presencia en la agenda política y
presupuestal, con una breve excepción durante el velasquismo. Aunque
recién a fines del gobierno de Humala (en el 2016) se aprobó el Plan
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, desde algunos años antes
se había dado impulso a la producción de materiales educativos en
lenguas nativas y al acompañamiento pedagógico en escuelas EIB, así como
a becas para la formación docente en EIB. No hay, sin embargo, esfuerzo
o política alguna en relación a la población afrodescendiente, su
educación y la necesidad de una adaptación cultural de la misma.
Un elemento crítico al respecto es el presupuesto educativo. Estudios
internacionales muestran claramente que, como era de esperarse, el gasto
en educación está relacionado con el rendimiento de los estudiantes. El
Perú tiene lamentablemente un gran déficit a este respecto ya que su
gasto en educación es 3 por ciento del PBI, mucho menor que el promedio
de América Latina de 5% por ciento del PBI. De esta manera, lo que
tenemos es un presupuesto reducido que sustenta una educación baja
calidad: en pocos casos es más cierto ese viejo dicho de que “lo barato
sale caro”.
Habiendo llegado el Perú al status de país de ingresos medios-altos
en la escala mundial, habiendo gozado de una década de fuerte
crecimiento económico y auge fiscal gracias al boom de las materias
primas, el Estado ha destinado recursos al derecho a la educación de
manera muy tardía e insuficiente. Recién a partir de 2011, luego de 8
años de boom de crecimiento económico e ingresos fiscales, el gobierno
comienza a invertir en educación. Si bien esta realidad viene desde
mucho tiempo atrás, en la última década ha habido oportunidades
desaprovechadas. Tuvimos un periodo de “vacas gordas” en la economía
peruana, generado por los altos precios de las materias primas a partir
del 2004. Sin embargo, hasta el 2011 el gasto en educación como
porcentaje del PBI seguía siendo 2,6%, similar a una década atrás, a
pesar de que el Acuerdo Nacional (2002) estableció que debía aumentar en
0,25% del PIB cada año. Es recién después del 2011 que se observa un
alza del gasto en educación como porcentaje del PBI, que pasa en un
quinquenio de 2,6% a 3,8% del PBI. Si analizamos solamente los años del
boom minero del 2004 al 2014, solo un 14% del gasto adicional realizado
por el Estado se destina a educación, porcentaje incluso menor a lo que
educación representa en el presupuesto.
Para la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) el tratamiento
presupuestal fue discriminatorio en extremo. El 2011 su presupuesto era
de apenas 14 millones de soles. Esta cifra subió a 142 millones gastados
en EIB el 2016, lo que constituye apenas el 0,6% del presupuesto en
educación y el 0,1% del gasto público total. Para un país donde entre un
sexto y una cuarta parte de la población es indígena, la proporción
presupuestada es ínfima: apenas una milésima parte. Pero si a la EIB se
le ha destinado una muy pequeña parte de la recaudación adicional
generada, existe además un problema previo, ya que el estado solo ha
capturado una pequeña parte de la renta minera extraordinaria producida
durante el boom minero, calculada en 139,000 millones de dólares para el
periodo 2003-2015. En síntesis, durante el boom minero, a pesar de que
hubo abundantes recursos económicos el estado prefirió dejar que la
mayor parte de las ganancias se quedaran en las empresas privadas y no
priorizó el derecho a la educación indígena.
El actual gobierno ha decidido equivocadamente por una política fiscal
de control del déficit y tímidas medidas recaudatorias, que determinan
una política de recorte del gasto corriente que afecta al sector
educación. Para el 2018, el presupuesto aprobado por pepecausas y
fujimoristas efectivamente recorta el gasto educativo y las becas para
que se formen nuevos maestros en EIB. Aunque pueda haber habido
enfrentamientos de Keiko con PPK que llevaron a la censura de un par de
ministros de educación, en esto se han puesto de acuerdo, incluyendo el
haber sacado a la Educación Intercultural Bilingüe de la agenda pública y
de las discusiones sobre políticas educativas.
(publicado en Hildebrandt en sus Trece el 19 de enero de 2018)
No hay comentarios:
Publicar un comentario