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VENEZUELA, UNA INTERVENCIÓN IMPOSIBLE
Por Julio Yao
Los
 Estados Unidos parecen destinados para plagar a la América de miserias 
en nombre de la libertad.”-- Libertador Simón Bolívar.
La
 intervención que EE.UU. está promoviendo contra Venezuela con la 
complicidad del llamado “Grupo de Lima”, integrado por doce países 
(menos de la mitad de la OEA) entre los cuales aparece vergonzosamente 
Panamá, es una empresa ilegítima e imposible porque viola 
escandalosamente la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el Derecho 
Internacional.
La
 violación colectiva del Derecho Internacional cubre décadas de acciones
 ilícitas desde que Hugo Chávez llegó al poder y EE.UU. empezó a perder 
sus ventajas, canonjías y subsidios petroleros.
Pese
 a su insuperable desprestigio, la Carta de la OEA consagra principios 
de Derecho Internacional que imposibilitan la intervención individual o 
colectiva de sus miembros en los asuntos internos y externos de otros 
Estados y que son, mutatis mutandi, los mismos principios de la Carta de
 la ONU, entre otros:
1.     Todo
 Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema 
político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le 
convenga (Artículo 3, literal e).
2.    Las
 controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más 
Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos 
pacíficos (Art. 3, literal i).
3.    Ningún
 Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o 
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 
externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente 
la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de 
tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos 
políticos, económicos y culturales que lo constituyen (Art. 19).
4.    Ningún
 Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter 
económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y 
obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza (Art. 20).
5.    El
 territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación
 militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o
 indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal.
 (Art. 21).
6.    Los
 Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no 
recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de 
conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos 
tratados (Art. 22).
7.    Ninguna
 de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de 
menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 131).
La
 llamada “Carta Democrática” de la OEA no es aplicable contra Venezuela 
porque la llamada “democracia representativa” que intenta sacralizar 
está en conflicto con el Artículo 103 de la ONU, que prevalece sobre la 
OEA: “En
 caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de
 las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones 
contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, 
prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.”
La
 Carta de la ONU no menciona la “democracia representativa” como un 
modelo o sistema político obligatorio para sus miembros porque reconoce 
que en el mundo existen diversas formas de organización política o de 
gobierno, entre ellos las repúblicas y las monarquías (democráticas o 
no, presidencialistas o parlamentarias), los principados, etc.
Pero
 la República Bolivariana de Venezuela supera con creces a las llamadas 
“democracias representativas” de la región (es de democracia 
participativa) y es uno de los países más democráticos del mundo, como 
lo constata su historia y su experiencia actual, constatadas por la ONU,
 organismos internacionales de derechos humanos y personalidades de 
prestigio (Fundación Carter), entre otros.
Sin
 embargo, EE.UU. y sus adláteres, secuaces y cipayos del Grupo de Lima 
perseveran para violar el Derecho Internacional pese a que en la OEA ni 
siquiera lograron el respaldo del organismo para esta aventura 
imperialista (los países independientes del Caribe y otros lo 
impidieron) y casi la totalidad del Grupo de Lima viola y está lejos de 
normas que garantizan mínimos requerimientos siquiera de una elemental 
gobernanza democrática.
     ¿Qué
 derecho tiene EE.UU. para depredar a Venezuela, si es el mayor violador
 de la Carta de la ONU y el principal negador absoluto del Derecho 
Internacional; si EE.UU. es el Estado que más tratados de derechos 
humanos ha rechazado o no ha ratificado a nivel mundial; si EE.UU. es el
 país con el mayor número de penas de muerte en el planeta; si EE.U. es 
el Estado cuyo presupuesto de “defensa” es mayor que el presupuesto 
total de los siguientes seis Estados; si EE.UU. es el Estado con mayor 
cantidad de bases militares en el mundo (más de mil); si EE.UU. ha 
dividido al planeta en diez comandos militares, sin autorización o el 
consentimiento de ningún país; si EE.UU. es el Estado que acapara la 
mayor parte de la riqueza mundial; si solamente, según la FAO, se 
requieren 1,060 millones de dólares para acabar con el hambre del mundo,
 mientras que EE.UU. gasta un billón de dólares (más de mil millones) en
 guerras? ¿Qué derecho tiene ese país delincuente de negar el derecho a 
la existencia del pueblo venezolano?
¿Qué
 derecho tiene Colombia para encabezar la agresión contra Venezuela, si a
 lo externo es un país ocupado por EE.UU. (siete bases militares) y 
carece de independencia; y, a lo interno, es un narcoestado que mantiene
 a uno de cada diez habitantes en el extranjero, seguido por Brasil y 
Perú; si Colombia ha traicionado los Acuerdos de Paz con la guerrilla y 
asesina y permite a paramilitares liquidar sistemáticamente a defensores
 sociales y de derechos humanos; si Colombia tolera que se hostiguen y 
agredan a movimientos políticos que participan en la política nacional 
(FARC), y si Colombia es cómplice de las sanciones y será punta de lanza
 de la invasión a Venezuela?
¿Qué
 derecho tiene el Perú para alegar falta de democracia en Venezuela, si 
su presidente, Pedro Pablo Kuczynski fue casi destituido por el Congreso
 por “incapacidad moral” para gobernar por recibir sobornos de 
Odebrecht, por indultar ilegalmente a Alberto Fujimori, genocida 
confeso; y si su gobierno está sitiado permanentemente por reclamaciones
 de trabajadores de la salud y la educación?
¿Qué
 derecho tiene Argentina para cuestionar la transparencia en Venezuela, 
si su presidente, Mauricio Macri, está embarrado con Odebrecht y en los 
“Panama Papers” hasta los tuétanos y su gobierno está cotidianamente 
acosado por reclamaciones de su pueblo (y por Mapuches), de jubilados y 
las clases medias, que han visto estancar su progreso bajo Cristina 
Kirchner?
¿Qué
 derecho tiene Brasil para prestar su territorio como trampolín 
intervencionista y denunciar a Venezuela como “dictadura”, si su 
presidente no electo, Michel Temer, llegó al cargo a raíz de un “golpe 
suave” contra Dilma Roussef y fue acusado por el
 Fiscal General del Estado de "corrupción pasiva, obstrucción de la 
justicia y organización criminal", mientras bloquea antidemocráticamente
 la candidatura de Luis Inacio Lula da Silva a la presidencia? 
¿Qué
 derecho tiene México, para denunciar a Venezuela por “crisis 
humanitaria”, si su presidente, Enrique Peña Nieto, preside un gobierno 
corrupto y sustentado por el narcotráfico y el crimen organizado, que ha
 entregado las riquezas de México a las transnacionales de EE.UU. y 
ostenta el mayor número de periodistas asesinados y desaparecidos a 
nivel mundial?
¿Qué
 derecho tiene Honduras (¡por favor!) para cuestionar la legitimidad de 
la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, si su “presidente”, 
inconstitucional y no electo, producto de un fraude de carácter cósmico,
 José O. Hernández, se aferra al poder sentado en las bayonetas del 
Comando Sur y mata sin asco a su pueblo?
¿Qué
 derecho tiene Panamá para cuestionar la independencia y la democracia 
de Venezuela, si el Partido Panameñista (del presidente Juan Carlos 
Varela) llegó al poder en brazos de los invasores (que lo juramentaron 
en un base militar extranjera) a raíz de la invasión de 1989, motivo por
 el cual los acuerdos firmados bajo ocupación son ipso facto, nulos?
¿Qué
 moral tiene Panamá para destruir el derecho a la autodeterminación de 
Venezuela, si su primer presidente títere posinvasión y presidente del 
Partido Panameñista (de Guillermo Endara y Juan Carlos Varela), 
suscribió el Acuerdo Arias Calderón-Hinton (1991), base de los tratados 
Salas-Becker 2002, que entregan el país a 16 agencias federales de 
EE.UU. (incluidos el Pentágono, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y
 el Servicio de Guardacostas), que pueden convertir nuevamente a Panamá 
en plataforma de agresión del Comando Sur?
¿Qué
 derechos tiene Panamá para inmiscuirse en Venezuela, si sus gobiernos 
han tolerado sin chistar las MANIOBRAS PANAMAX (2003-2018) anualmente 
entre países de la región y de la OTAN en base a un tratado entre Chile y
 EE.UU. (2003) que viola el Tratado de Neutralidad y la Constitución 
Nacional, y que Panamá desconoce y no ha suscrito?
¿Qué
 derecho tiene el presidente Juan Carlos Varela, para suscribir el 
Acuerdo Nuevos Horizontes 2018, que puede instrumentarse para encubrir 
una intervención contra Venezuela, si el mismo es violatorio del Tratado
 de Neutralidad, de la Constitución Nacional y del Derecho 
Internacional?
¿Qué
 derecho tiene el presidente de Panamá para actuar contra Venezuela, si 
los Tratados Salas-Becker de los cuales “Nuevos Horizontes” forma parte,
 jamás fueron sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa o 
Nacional y, por lo tanto, no existe obligación constitucional de 
cumplirlos?
La
 expresidente de Panamá Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, tiene 
el deshonor de haber suscrito la totalidad de los Tratados Salas-Becker 
(entre 2001 y 2004, salvo el de 1991) y de indultar ilegalmente, a 
petición de Colin Powell (“el carnicero de Panamá”), a Luis Posada 
Carriles, el terrorista confeso que intentó asesinar al presidente de 
Cuba, Fidel Castro, en 2002.  El indulto fue anulado por la Corte 
Suprema de Justicia después que el pájaro se echara a volar.
La
 expresidente Moscoso autorizó el Tratado Alemán Zubieta-Becker (1 de 
abril de 2002), firmado por el Administrador de la Autoridad del Canal, 
Alberto Alemán Zubieta, que no estaba facultado para suscribir tratados y
 quien, para colmo, lo aceptó y firmó en inglés, aunque la Constitución 
Nacional consagra el español como lengua oficial de Panamá: 
¡extralimitación de funciones para la expresidente y el ex Administrador
 del Canal (CN, Art. 191)!
No
 obstante la ninguna capacidad moral o legal del Grupo de Lima para 
atacar a Venezuela, EE.UU. insiste en invadirla con la complicidad de 
gobiernos no representativos, anacrónicos, forajidos y enemigos del 
Derecho Internacional, que aprovechan los Carnavales y le hacen comparsa
 (hoy martes Carnaval) a su Dios Momo, EE.UU., bajo la bandera infame de
 una “Intervención Humanitaria”.
Se
 nos quiere hacer creer que en Venezuela hay una “crisis humanitaria” 
que exige enfrentar a pueblos contra pueblos de la región, a pobres 
contra pobres y a hermanos contra hermanos, para satisfacer los apetitos
 de Washington, malinterpretando al estratega genial chino, Sun Tzú, que
 aconsejaba ahorrar las propias fuerzas y usar las ajenas.
Pero
 las intervenciones humanitarias, que responden a la necesidad de 
proteger a víctimas de las guerras cuando no existe la voluntad o la 
capacidad del soberano para asumir esa responsabilidad, han sido 
desnaturalizadas por los poderes hegemónicos para encubrir sus fechorías
 depredatorias. Pero, ¡ojo!, la intervención humanitaria es un concepto 
polémico aún bajo debate.
Personalmente
 me opuse, como presidente de SERPAJ-Panamá, a su adopción 
indiscriminada en reunión de la ONU en Centroamérica (San José, 2005), 
convocada por la Fundación Arias. A veces se le confiere el “derecho a 
proteger” -- inherente a la “intervención humanitaria”-- al Consejo de 
Seguridad de la ONU, a un acuerdo regional (OTAN, por ejemplo), o a un 
grupo de Estados.
No
 obstante, en Yugoslavia se implementó la “intervención humanitaria” 
para impedir supuestamente una limpieza étnica que Slobodam Milosevic 
llevaba a cabo en Bosnia, pero la OTAN (léase EE.UU.) invadió a 
Yugoslavia, el único país europeo que no era miembro de esa organización
 bélica, lo desmembró por intereses geopolíticos del imperio y la sumió 
en la ruina.
Sin
 embargo, la verdad llegó tarde: “Diez años después de que Slobodan 
Milosevic, ex presidente de la desaparecida Yugoslavia, muriera en 
extrañas circunstancias (bajo arresto), el Tribunal Penal Internacional 
ha exonerado al político servio de la responsabilidad en supuestos 
crímenes de guerra cometidos en Bosnia…
“Slobodan Milosevic fue vilipendiado de manera sistemática por toda la prensa occidental y por los políticos de los países de la OTAN. Los medios de comunicación de la época lo calificaron como el ‘carnicero de los Balcanes’, y lo compararon con Hitler. Fue acusado igualmente de  ‘genocida’ y de ser ‘un monstruo sediento de sangre’, según rezaban los titulares de los grandes rotativos europeos y estadounidenses de entonces.
“Con la utilización de ese cliché falsificado se trató de justificar no sólo las sanciones económicas contra Serbia, sino también los bombardeos de la OTAN en 1999 sobre Serbia, así como la encarnizada guerra de Kosovo (http://canarias-semanal.org/n
En
 Libia, se implementó en 2011 la “intervención humanitaria” para 
enfrentar la violación de los derechos humanos por parte del “dictador” 
Muamar Gadafi, pero la OTAN (EE.UU.) se hizo cargo y emprendió su 
“derecho a proteger” a la población “desvalida”: durante siete meses, 
arrojaron 40 mil bombas y misiles contra la población y, usando espías, 
terroristas y mercenarios extranjeros, mataron a 120 mil libios; 
asesinaron de manera atroz y antinatura a Gadafi; expropiaron los 
activos y el petróleo del país, sumiéndolo en un infierno perpetuo, y 
eliminaron del gobierno a los libios “de piel oscura” a pesar de que el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU había encomiado ese mismo año de 
2011 a Gadafi justamente por el progreso de Libia en ese rubro. Después 
se supo que una de las razones de la “intervención humanitaria” era el 
intento de Gadafi de expulsar y reemplazar el dólar con monedas propias.
En
 Panamá, EE.UU. ni siquiera se tomó el trabajo de informar a la OEA ni a
 la ONU, como tampoco a su Senado, que debía aprobar la invasión de 
1989, pero sí mintió y satanizó al General Manuel Antonio Noriega, como 
se evidencia en documentos “Secretos-Sensitivos” del Consejo de 
Seguridad Nacional, los cuales fijaron el objetivo de abrogar los 
Tratados del Canal y destruir las negociaciones entre Japón y Panamá 
para un nuevo Canal (de próxima aparición: Julio Yao, El Monopolio del 
Canal y la Invasión a Panamá, EUPAN, 2018).
Pero
 en Venezuela no hay crisis humanitaria ni guerra civil (tampoco en 
Panamá): hay una masiva intervención externa en los asuntos propios, 
internos y externos, de su pueblo, que se manifiesta en guerras 
ultramodernas y multiformes, con apoyo transnacional de países, 
organizaciones no gubernamentales y personalidades que intentan destruir
 el país, matar su revolución y robarle a Venezuela sus prodigiosas 
riquezas naturales.
La
 intervención en Venezuela sería una agresión contra América Latina y el
 Caribe, un retroceso temporal de la Unidad Latinoamericana, un golpe a 
la memoria de los libertadores de Nuestra América, y por lo mismo, esa 
intervención es imposible ¡y no puede triunfar!
*Julio
 Yao es Analista Internacional y Diplomático de Carrera; fue profesor de
 Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, Asesor de Política 
Exterior, Vicepresidente del Movimiento Unidad Latinoamericana y Agente 
de la República de Panamá ante la Corte Internacional de La Haya.
De: Guillermo Cohen Degovia cohendegovia@hotmail.com [nuestramerica] <nuestramerica@yahoogrupos.
responder a: nuestramerica@yahoogrupos.com.
fecha: 14 de febrero de 2018, 7:43
asunto:    [nuestramerica] PANAMA: Julio Yao: VENEZUELA, UNA INTERVENCIÓN IMPOSIBLE
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COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
                                           
15 de febrero 2018 
 
ojalá la lógica presidiera los asuntos humanos! ojala la justicia fuera cotidiana en el mundo! la única forma de evitar la invasión yanqui es la UNIÓN de los pueblos americanos iniciando con movilizaciones!!!
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