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Grupo de Lima, Consenso de Washington
CORRUPCIÓN CONTINENTAL Y
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Oscar Ugarteche, Armando Negrete
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Perú
 seguirá en la mira del escenario económico mundial. Esta vez no por los
 actos de corrupción de su expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino por 
lo que aparenta ser lo contrario. Entre el 13 y 14 de abril, se 
celebrará la Octava Cumbre de las Américas, en Lima. El tema a 
tratar será, paradójicamente, la “Gobernabilidad democrática frente a la
 corrupción” y los invitados: 22 presidentes y 12 primeros ministros del
 continente. Cabe recordar que el país sede tiene a dos de sus 
expresidentes presos Alberto Fujimori (recién indultado por otro 
presidente acusado de corrupción) y Ollanta Humala; otro en trámite de 
extradición de EEUU, Alejandro Toledo, e investigaciones abiertas a 
otros dos expresidentes: Alan García y Pedro Pablo Kuczynski; a la 
candidata Keiko Fujimori y la exalcaldesa Susana Villarán.
El
 prólogo que acompaña a esta reunión de mandatarios es el capítulo 
Odebrecht, el caso más grande de corrupción en la historia del 
continente. Destapado por el departamento de Justicia de EEUU, en 
diciembre de 2016,1 el conglomerado constructor fue acusado de 
implementar un complejo esquema de sobornos y compra de favores. Se 
estimó que la empresa pagó, entre 2001 y 2016, 788 millones de dólares a
 presidentes, representantes políticos y altos funcionarios, de 
izquierda y derecha, en Brasil, Argentina, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, con el 
objetivo de asegurar negocios y ganar licitaciones.2 La investigación, 
motivada por autoridades estadounidenses, obligó a que algunos países, 
¡no todos!, condujeran investigaciones y aplicaran la ley a los 
involucrados.
Entre
 los invitados a la cumbre de Lima se puede destacar, por su 
participación en actos de corrupción: Mauricio Macri, envuelto en el 
escándalo de corrupción por la asociación con el fondo de inversión 
Blackwood Group, a partir de un holding familiar, que recibiera pagos a 
cambio de preferencias3; Michel Temer, actualmente investigado por 
aceptación de sobornos a cambio de favores políticos4; Juan Manuel 
Santos Calderón, investigado por recibir pagos durante su campaña de 
reelección presidencial en 20145; y Enrique Peña Nieto, señalado por el 
exdirector de Odebrecht-México, aunque sin investigación abierta, por 
recepción de dinero durante la campaña presidencial y conocido por 
protección a altos funcionarios acusados de corrupción, desviación de 
recursos y recepción de dinero a cambio de favores.6
Salvo
 las honrosas excepciones de Brasil, Ecuador y el Perú, la experiencia 
latinoamericana en el combate a la corrupción ha seguido, más o menos, 
el siguiente ciclo: actos de corrupción  destape y escándalo  
masificación y mediatización  persecución, castigo y expiación  
censura, desinformación y olvido  actos de corrupción. El caso 
Odebrecht es emblemático y corresponde a la estampa más actualizada, 
pero la anteceden: Lava Jato en Brasil; la Casa Blanca y la Estafa 
Maestra en México; los Panamá Papers en Panamá; el Caso Caval en Chile; 
el Cementazo en Costa Rica, los Paradise Papers; un largo y conocido 
etcétera, y otro más largo y desconocido aún.
La
 cuestión es por qué la Cumbre de las Américas ha decidido realizar una 
reunión sobre corrupción y democracia, dadas la poca calidad de los 
invitados y las condiciones políticas actuales. Por qué ahora y no 
antes, cuando parecía igual de urgente, o incluso por qué no después, 
dado que la situación es básicamente la misma. Sobra recordar que la 
Cumbre fue impulsada por EEUU en 1994, el mismo año que firma el Tratado
 de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para promover el libre 
mercado en el continente; en particular, la conformación del Área de 
Libre Comercio de América (ALCA). Desde entonces, salvo las últimas 
reuniones en Trinidad y Tobago (2009) y Colombia (2012), la Cumbre se ha
 alineado a la agenda del Consenso de Washington y ha gestionado la 
apertura comercial de los países latinoamericanos.
La
 respuesta es simple: el libre mercado necesita grados de legalidad y un
 Estado de derecho suficiente que asegure el movimiento de los 
capitales. La necesidad no es sólo de los gobiernos, sino principalmente
 de los capitales menos favorecidos, o más alejados a las élites 
políticas. Aunque los grandes capitales son cómplices y promotores de la
 corrupción alrededor del mundo, en América Latina la corrupción ha 
sido, también, una fuente de encarecimiento de la producción, de baja de
 productividad, de fuga de recursos públicos y privados, de incremento 
de la incertidumbre, de freno de la inversión y, por lo tanto, de 
estancamiento económico.7 La corrupción expresa: a) que no hay Estado de
 derecho y que el poder Judicial está interferido por el poder 
Ejecutivo; y b) que el poder Legislativo o está intervenido por el 
Ejecutivo o está sin poderes de investigación efectivas.
En
 Brasil ha sido el poder Judicial el que investiga, en el Perú 
regularmente es el Legislativo que le pasa al Judicial lo evaluado en 
sus comisiones investigadoras. En México no se investiga en ninguna 
parte, hay protección a los investigados, y a los periodistas que buscan
 y encuentran, son acosados e incluso asesinados, como recientemente a 
Miroslava Breach y Javier Valdez. En la Argentina, el tema parece ser 
irrelevante y configura otra expresión de la cara dura del poder 
Ejecutivo8. Ya nos habíamos preguntado por la naturaleza democrática de 
la Cumbre de la OMC en Buenos Aires, en diciembre del 2017, cuando 
deportaron a 60 personas acreditadas ante la OMC. En este país las 
formas democráticas del partido en el poder no parecen importarle a 
nadie salvo a los opositores.
Hay
 tres países latinoamericanos hasta ahora a prueba de escándalos de esta
 naturaleza: Bolivia, Chile y Uruguay. Sin embargo, en Chile fue donde 
se inventó la llamada república de los empresarios, entendida como los 
gobiernos liderados por empresarios que, en general, tienen actividades 
económicas propias y son beneficiadas por las políticas del Estado. José
 Piñera y su hermano Sebastián son considerados los artífices, junto con
 el grupo del El Ladrillo de los Chicago Boys, de esta estructura 
corrupta. Quizás el caso Odebrecht no los involucró, pero sí 
posiblemente otras actividades extracurriculares de los altos 
funcionarios chilenos.9 Bolivia y Uruguay, por su parte, son también a 
prueba de escándalos, a pesar de algunos intentos fallidos de la 
oposición en Bolivia. La diferencia fundamental es que en ninguno de 
estos países está presente la república de los empresarios.
Actualmente,
 existe un fuerte interés del capital internacional por recuperar a 
América Latina como el espacio de acumulación y reserva de capital que 
ha sido para las economías centrales en general, y para la economía 
estadounidense en particular, independientemente de la constitución del 
ALCA. En el imaginario liberal, la participación en el mercado debía 
definirse por la concurrencia de los capitales, la carrera del 
desarrollo tecnológico y búsqueda de mayores niveles de productividad, 
no por el diezmo político, el clientelismo corporativo y el lavado de 
dinero. De ahí que el objetivo real de la Cumbre sea reconstruir, aunque
 con bandidos en los gobiernos, condiciones políticas y económicas para 
los negocios o, en otras palabras, combatir la corrupción y promover la 
democracia. La buena noticia es que EEUU permitió la invitación por 
primera vez a Cuba (¿Trump?), que por cierto no tienen acusaciones de 
corrupción de Odebrecht, ¡enhorabuena!
Oscar Ugarteche
Coordinador, Proyecto OBELA, Investigador titular C IIEC UNAM, SNI/CONACYT
Armando Negrete
Proyecto OBELA, Técnico Académico IIEC UNAM
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