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FACHO-FUJIMORISMO VERSUS CIUDADANÍA PERUANA
Carlos Angulo Rivas
El
 país vive una encrucijada fatal. Reina el desgobierno de los políticos 
tradicionales afanosos de llevarse el Perú en peso sin disimular esa 
acreditada costumbre, pues les queda poco tiempo para salir asegurados 
de por vida. A Dina Boluarte y sus ministros, a los congresistas, a los 
altos mandos militares, la Patria les interesa un comino, ellos 
sobreviven aprovechando en beneficio personal los cargos que ocupan. Ellos
 no son patriotas ni quieren escuchar nada referente a la lealtad 
patriótica y la defensa de la soberanía nacional. Desgraciadamente en el
 país, la historia de la enorme corrupción se repite multiplicada a 
través de los años. Este desperfecto social delictivo llegó a ser, con 
Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, una maquinaria arrolladora de 
inmoralidad, descaro e insolente cinismo hasta construirse el Estado 
Mafioso que perdura hasta hoy. La elección presidencial de Pedro 
Castillo fue un profundo bache en el camino trazado por las cúpulas del 
crimen organizado en ese Estado Mafioso. Este nuevo escenario 
desconcertó por completo a los dirigentes tradicionales, conservadores 
de ultra-derecha y fujimoristas, a los socios de la CONFIEP y a las 
grandes empresas nacionales e internacionales, todos quienes acordaron 
deshacerse de Castillo lo antes posible y de cualquier manera. Y, lo 
lograron el 7 diciembre, 2022 mediante el irregular e inconstitucional 
derrocamiento-secuestro del presidente Castillo y la instauración de una
 dictadura cívico-militar que usurpa el poder con Dina Boluarte 
presuntamente sobornada y “perdonada” por el Congreso. ¿Somos la mayoría
 de los peruanos responsables o irresponsables? De ser responsables, no 
tendríamos un país rico hecho un desastre de proporciones, no tendríamos
 ni soportaríamos probados delincuentes políticos haciendo de las suyas 
en provecho lucrativo propio frente a nuestras narices. 
De
 ser responsables la participación ciudadana debería ser consciente y a 
su vez una actividad política permanente en los asuntos públicos. No 
obstante, esta intervención del pueblo ha estado ausente en la historia;
 y en los últimos treinta años la tragedia del Perú tiene nombre propio,
 se llama el fujimorismo que impulsa al Perú a perdurar hundido en un 
mar de corrupción, inmoralidad y obscenidad mafiosa. Durante este lapso 
de tiempo se fortaleció el Estado Mafioso hasta la llegada de Pedro 
Castillo, quien trató en vano gobernar con el pueblo pero se vio 
atrapado por las fuerzas políticas del fujimorismo y la ultra-derecha 
fascista, episodio confrontacional entre poderes e instituciones azuzado
 por los medios de comunicación con premeditada inclinación racista, 
clasicista y discriminadora contra el maestro rural campesino elegido 
presidente. Hoy el país está sufriendo la convulsión social producto del
 rechazo mayoritario al gobierno de facto de Dina Boluarte, teñido de 
sangre debido a las masacres denunciadas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human
 Rights Watch. Tal sacrificio merece llegar a la culminación de una 
lucha dirigida a los cambios estructurales necesarios para destruir a 
las organizaciones clandestinas de criminales enquistadas en el Estado 
Mafioso creado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos; y que sin la
 eliminación de este “Estado” quedaríamos encadenados de por vida a las 
enormes desigualdades, a la falta de salud, educación, trabajo, 
vivienda, alimentación; y lo que es más grave a la pobreza y extrema 
pobreza; señales de la enfermedad incurable del capitalismo salvaje y 
las recetas económicas del neo-liberalismo globalizador. 
Sabemos
 que la política es la facultad de organizar y gobernar pobladores de 
una sociedad constituida en un Estado Democrático nacido de un Pacto 
Social; en consecuencia, la actividad política afecta la vida de todos 
los seres humanos en los ámbitos personales y familiares, siendo el 
objetivo fundamental, recitado en las campañas electorales, alcanzar el 
bienestar general de los gobernados, meta nunca alcanzada en el Perú a 
pesar de escasos intentos en la historia. Y si no hemos logrado un 
mínimo de estabilidad y bienestar social en 200 años de república se 
debe a la gigantesca maraña de la corrupción e inmoralidad de una parte y
 de otra a la irresponsabilidad ciudadana de permanecer pasiva frente a 
la indispensable participación en política; esta indiferencia ha dado 
pie al fortalecimiento de una casta gobernante que se renueva de período
 en período. Y en el transcurso inexorable del tiempo hemos caído en la 
descomposición total del sistema de gobierno con Alberto Fujimori y su 
heredera Keiko Fujimori quien con su actuar inmarudo y frívolo ha 
originado una abismal crisis política en los últimos siete años con seis
 encargados de la presidencia (Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, 
Castillo y Boluarte) y todavía ella continúa manipulando el Congreso en 
defensa del Estado Mafioso. Sin embargo, al no ceder Pedro Castillo a 
los requerimientos de la ultra-derecha fascista y el fujimorismo, su 
secuestro y prisión abusiva, inicia una ruptura de esquemas imposible de
 controlar ante la movilización social que inunda las calles contra la 
dictadura cívico-militar. 
En
 realidad, frente a la crisis política actual hemos llegado a un 
callejón sin salida, punto de partida de cambios revolucionarios no de 
parches “institucionales” para mantener el injusto sistema neo-liberal. 
Aquí se vislumbran tres posiciones en el horizonte político social del 
Perú. La primera, extremista e intransigente de la derecha y el 
fujimorismo; o sea la dictadura cívico-militar que apuesta a quedarse 
hasta el 2026 sin importarle el Estado de Derecho destruido con el Golpe
 de Estado y la burla e incumplimiento constante de los congresistas a 
la Constitución y las leyes, y el propósito de capturar todas las 
instituciones y los tres poderes del Estado para nunca soltarlos. La 
segunda, la comedida, aprovechada y oportunista de los llamados 
“caviares” de derecha e izquierda con la cantaleta del adelanto de 
elecciones sabiendo que esa salida significa la defensa del Estado 
Mafioso constituido y capturado por el fujimorismo y la ultra-derecha 
fascista; en pocas palabras elecciones para que todo siga igual, cambio 
de “mocos por babas” sin alternativa de la gran transformación del país.
 La tercera, la revolucionaria auto-convocada del clamor popular, 
mayoritaria, con las exigencias de las movilizaciones sociales, 
principalmente en la regiones y Lima marginal, cuyas banderas son 
recuperar la Patria, recuperar la democracia y el Estado de Derecho en 
una Nueva República inclusiva e integrada, recobrar la libertad del 
presidente Pedro Castillo, ir a elecciones para una Asamblea 
Constituyente, gobierno de transición y elecciones generales de 
presidente y Congreso con la Nueva Constitución. 
La
 confrontación entre los facho-fujimoristas y la ciudadanía no va 
terminar, la convulsión social continuará hasta derrotar a los 
golpistas, Dina Boluarte, Congreso y Fuerza Armada, quienes conspiraron y
 se rebelaron para derrocar al presidente constitucional Pedro Castillo;
 sólo un nuevo Pacto Social puede lograr la pacificación del país. 
Nuestra responsabilidad nacional es destruir el Estado Mafioso NO 
renovarle sus autoridades, por tanto, es un cambio de régimen no sólo de
 gobierno.
 
 
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