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Perú al pie del orbe
TRAS EL PARO NACIONAL ¿QUÉ SIGUE?
Enrique Fernández, Maldonado Mujica
Opinión
26/06/2019
El último paro nacional convocado por las centrales sindicales,
el pasado 20 de junio, transcurrió discretamente, es decir, distante y
ajeno a la opinión pública. No solo por la invisibilización a la que nos
tienen acostumbrados los medios de comunicación,
sometidos al libreto del poder económico, sino sobre todo por la
incapacidad del propio movimiento sindical para paralizar realmente la
economía nacional y regional. Constatación que no debiera extrañarnos,
conocido el contexto. El paro lo convocaron organizaciones
gremiales con escaso arraigo entre los trabajadores, dado el reducido
peso del sindicalismo en la PEA, en un momento en que la pugna entre el
Ejecutivo y el Legislativo por el futuro de la reforma
político-electoral –cuestión de confianza de por medio– ocupa
el centro de la agenda nacional. En paralelo, la economía sigue
acumulando malestar en la base, con sus dificultades para crecer y
generar empleo; el fundamentalismo conservador confabula contra las
políticas públicas con enfoque de género; mientras otros
conflictos (activos y latentes) siguen relegados en las prioridades de
la política oficial.
Se trata de una coyuntura compleja para el movimiento sindical y
social. Por un lado, el gobierno de Vizcarra busca aprobar reformas que
apuntan a adecuar las reglas electorales, favoreciendo la participación y
abriendo el sistema a una competencia democrática.
Al frente, los partidos “franquicia” y la lumpen política buscan
boicotear el proceso legislativo, pues con ello aseguran las ventajas y
restricciones que cierran el acceso al poder. En este escenario, apostar
por la reforma impulsada por el Ejecutivo supone
empatar con el sentimiento de hartazgo contra los actores y formas que
dominan la política local, esto es, con las expectativas de la población
de avanzar hacia una mejor representación nacional. Sin embargo, sin el
respaldo de la calle movilizada, probablemente
las reformas terminen distorsionadas o encarpetadas, y con ello la
posibilidad de renovar la política en el país.
Al mismo tiempo, este Gobierno apuesta por mantener un modelo
económico que ha beneficiado a un grupo reducido de actividades
económicas (minería, finanzas, agroexportación), excluyendo a los
sectores más necesitados (pequeña agricultura, Mypes) de los
beneficios y oportunidades del crecimiento. La última acción en esa
dirección sería la Política Nacional de Competitividad y Productividad,
diseñada en los predios de la gran empresa en coordinación con el MEF.
Si bien la Ministra de Trabajo ha venido declarando
que dicha política no eliminará derechos laborales, lo cierto es que la
PNCP parte de un diagnóstico errado de la problemática laboral, al
confundir los supuestos que explicarían los altos niveles de
informalidad en el empleo, con una supuesta “rigidez” normativa
que no se sustenta fácticamente; argumento a partir del cual se busca
poner candado a un modelo de relaciones laborales sin ningún tipo de
garantía para los trabajadores. Por esta razón, la PNCP ha sido
cuestionada no solo por las centrales sindicales (que
optaron por retirarse del Consejo Nacional del Trabajo luego de que el
Gobierno desconociera su acuerdo del 9 de diciembre y la terminara
aprobando entre gallos y medianoche el último 31 de diciembre).
Especialistas y ex viceministros de empleo han demostrado
su inconsistencia e intereses subalternos1.
Lo que buscaría el eje quinto de la PNPC es instaurar el despido
incausado o injustificado sin otra compensación que la indemnización
económica. Alrededor de este objetivo se ha orquestado una intensa y
sistemática campaña alentada por El Comercio y
otros medios financiados por el gran capital, para quienes el
predominio de la contratación temporal (en lugar de la de plazo
indefinido) respondería a la famosa sentencia del Tribunal
Constitucional que reconoció la reposición laboral como una adecuada
protección
frente al despido incausado. Las centrales y organizaciones sindicales
han sido las primeras en señalarlo, con justa razón. No hay evidencia
que vincule el auge de los contratos temporales como consecuencia de la
jurisprudencia del TC (pues estos comenzaron
a crecer con anterioridad), pero sí bastantes expedientes
administrativos y judiciales relacionados con dirigentes sindicales
despedidos por resultar incómodos a sus empleadores. En este objetivo,
de flexibilización extrema, coinciden el oficialismo y el fujimorismo.
¿Cómo posicionarse, desde el movimiento sindical, en ese
escenario? Por un lado, si el fujiaprismo parlamentario logra
distorsionar el sentido de la reforma política (y de paso frenar el
proceso anticorrupción en el ministerio público), el Ejecutivo
estaría facultado para considerar una negación de la cuestión de
confianza y cerrar constitucionalmente el Congreso. Tal medida podría
contar con el apoyo de los trabajadores, considerando que la mayoría
fujimorista ha bloqueado sistemáticamente la aprobación
de iniciativas legislativas que buscaban restituir derechos laborales,
aunque en no pocas veces de la mano con el oficialismo (es el caso, por
ejemplo, del dictamen de negociación colectiva en el sector público, o
del régimen de promoción de la actividad agraria).
En este escenario, cerrar filas con Vizcarra con miras a sacar
adelante la reforma política y electoral (aspecto clave para el próximo
proceso electoral), supondría no solo fortalecer la imagen del Gobierno y
sumarle apoyo popular, pondría al movimiento
sindical y social en una situación particular considerando que este
mismo Gobierno buscaría aprobar una política nacional sin debate y
participación de los actores implicados. Si no, cómo explicar que las
“30 medidas propuestas para un empleo digno y formal
en el marco del plan de competitividad y productividad” anunciadas por
el MTPE2, permanezcan en el completo hermetismo, sin poderlas analizar y
debatir, como corresponde.
Más allá de esta pulseada coyuntural, lo cierto es que, con la
actual institucionalidad, la situación de los trabajadores seguirá
siendo la misma. El Estado no podrá ejercer un papel promotor en la
economía y su rol tutelar de los derechos laborales
seguirá siendo marginal y accesorio. Desde esta perspectiva, el
problema de fondo seguirá siendo el marco constitucional vigente. Pero
cambiarlo constituye un objetivo “maximalista” que demanda otra
correlación de fuerzas políticas y sociales, capaz de imponerse
electoralmente el 2021 y generar las condiciones para una asamblea
constituyente. ¿Están los sindicatos peruanos alineados con este
objetivo?
Notas
1
Cuadros, Fernando. “Rigidez laboral y contratación temporal en el Perú.
Entre el mito y la falacia”. En Análisis Laboral. Nº 487, enero de
2018, AELE, Lima, págs. 11 a 14. Disponible
en:
http://trabajodigno.pe/wp-content/uploads/2016/02/Rigidez-Laboral-y-Cont...
de: Alai-AmLatina <alai-amlatina@alai.info> a través de
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fecha: 26 jun. 2019 18:12
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