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Perú: Conflictos Sociales
CONFLICTOS SOCIALES
SIN TREGUA…SIN PAUSA
21/10/2016
Opinión
Lamentable
 que a dos meses y medio de gobierno se produzca la muerte del comunero 
Quintino Cereceda Huisa de un certero balazo de fusil como consecuencia 
de la acción de desbloqueo de la carretera desde la comunidad de 
Quehuira hasta Las Bambas. El bloqueo, como sabemos, había sido impuesto
 por cuatro comunidades afectadas por el uso de la carretera comunal por
 parte del proyecto minero Las Bambas y por el cual exigían a la empresa
 minera el pago de una compensación económica. No era la única demanda. 
Los comuneros tenían una larga lista de reclamos, siendo el factor 
dinamizador que impulsó el bloqueo y los enfrentamientos con la policía 
el tema de la carretera.
El
 desenlace era previsible. Los representantes de los comuneros en estas 
tres últimas semanas había sido intensa: una delegación llegó al 
Congreso de la República para denunciar no solo el tema de la carretera 
sino otros puntos de su plataforma, así como cuestionar las mesas de 
diálogo que se habían instalado y a los representantes del gobierno. Las
 mesas de diálogo habían perdido credibilidad, no obstante, se insistía 
en ellas; precisamente una semana del enfrentamiento se había realizado 
una mesa de diálogo, pero, al parecer, ya nada podía contener la 
confrontación. Había un antecedente reciente que los comuneros 
recordaban: en septiembre del 2015, se produjo un enfrentamiento 
violento en medio de un paro indefinido en el distrito de Chalhuahuacho 
que arrojó el saldo de tres comuneros muertos: Betto Chahuallhua 
Huillca, Alberto Cárdenas Challco y Esequiel Huamaní Mío); y en esa 
ocasión, después de este fatal enfrentamiento se instaló una mesa de 
diálogo que empezó a funcionar en enero del 2016.
Es
 inevitable hacer comparaciones de este trágico conflicto con los que me
 tocó lidiar cuando era Jefe de la Oficina de Prevención de Conflictos 
Sociales de la PCM. Características similares se presentaron en los 
conflictos de Espinar – Conga – Paita – Andahuaylas – Puerto Maldonado; 
en estos conflictos las muertes por el conflicto social se produjeron 
por dos factores: por un lado, la predisposición de líderes que llevan a
 la población a un enfrentamiento violento; y por otro, a una mala 
práctica de la policía en la contención y disuasión de las poblaciones 
movilizadas. En conflictos de tan alta tensión, a veces resulta 
inevitable que se impongan liderazgos que buscan ex profesamente la 
confrontación, con el pleno conocimiento que un saldo de víctima provoca
 una crisis política, del cual es difícil salir.
Cuando
 ese factor no se controla; cuando se deja que los mandos operativos de 
la Policía Nacional actúen a su criterio sin medir las consecuencias 
políticas de la confrontación; o, lo que es peor: actúen sin contar con 
los instrumentos de disuasión y prevención, el resultado es el saldo 
inevitable de víctimas; y como consecuencia de ello, la apertura de una 
crisis política que afecta al gabinete y a los ministros involucrados en
 el conflicto. Lamentablemente es así, y cuando eso sucede, pocos 
recuerdan el problema que originó el conflicto porque ya es otra agenda y
 son otros los actores en esa crisis.
A
 dos meses y medio de gobierno de PPK los conflictos sociales han 
estallado sin pausa ni tregua. No es que considere que haya un plan 
concertado de desestabilización del gobierno por los conflictos 
sociales. Lo que existe en el país es un modus operandi de las 
organizaciones sociales con demandas incumplidas o con plataformas de 
lucha que buscan imponerse en la agenda nacional.
Por
 experiencia sabía que todo inicio de gobierno es una oportunidad para 
que los diferentes grupos y organizaciones sociales consideren oportuno 
imponer una agenda al gobierno entrante; una agenda en la que se 
legitime liderazgos y se impongan condiciones al diálogo. Así pasó en el
 2006 cuando el 3 de agosto estalló el conflicto social en la localidad 
de Combayo – Cajamarca contra la empresa Yanacocha con el resultado de 
un rondero muerto por la intervención de las fuerzas de seguridad de la 
empresa; lo mismo pasó el 3 de agosto del 2011 en los valles de Huaura y
 Cañete, cuando los productores de algodón bloquearon la carretera 
panamericana imponiendo una negociación respecto del pago del quintal de
 algodón en los términos que habían pactado con el gobierno aprista 
apenas unas semanas antes de dejar el gobierno. Eso mismo pasó el 3 de 
agosto del 2016 con el conflicto en Urubamba. De ese conflicto a la 
fecha, sin pausa, se han reactivado conflictos en diferentes escenarios 
del país; y de ellos, lo que estaba pasando en las provincias de 
Cotabambas y Grau, era, sin duda, el más crítico.
¿Por
 qué, entonces, conociendo estos antecedentes, las autoridades del 
gobierno nacional y regional, y los negociadores de las mesas de diálogo
 dejaron escalar el conflicto hacia una confrontación? ¿Por qué no se 
pudo encontrar salidas consensuadas entre la empresa, los comuneros y 
los sectores del gobierno regional y nacional?
Creo que, a manera de hipótesis, que existen tres razones que pueden explicar esto:
La primera:
 los tres actores: comuneros y organizaciones sociales y políticas – 
Proyecto Las Bambas (sus tres administraciones) - representantes de los 
gobiernos regional y nacional, pusieron en prácticas diferentes 
estrategias en los procesos de diálogo que no se basaron en la confianza
 y en su desarrollo no construyeron credibilidad de los acuerdos por el 
incumplimiento de compromisos. Los recursos que se obtuvieron 
provenientes del proyecto minero, nunca fue suficiente; los proyectos de
 inversión que se comprometieron tanto el gobierno nacional y regional, 
tardaron demasiado en concretarse o simplemente no se concretaron; los 
recursos del canon o los proyectos de inversión aprobados por el 
proyecto minero beneficiaron a unos y excluyeron a otros. Así, sin 
consensos de por medio, y sin la confianza en los actores, la 
confrontación no solo era inevitable, sino que la posibilidad de 
evitarlas ya no podía lograrlo por esos medios de las mesas de diálogo 
con los mismos actores, por lo demás.
La segunda;
 porque, en cierta forma, la expectativa por obtener el máximo de 
beneficio de la confrontación no era solo de los pobladores y sus 
líderes, sino también de la empresa. Es cierto que en las comunidades y 
en las poblaciones aledañas hay un sobredimensionamiento de 
expectativas, alejadas de cualquier ideología o de pretensiones 
programáticas; pero siendo así, la empresa también se guiaba por la 
reducción de sus costos; y, ciertamente, no atender la demanda de las 
poblaciones vecinas era una forma de reducir costos. El camino de la 
confrontación, por tanto, era la forma de imponer condiciones, porque 
los pobladores entendieron que la mejor forma de obtener sus demandas 
era con la confrontación. Y por ello fueron permisibles a los discursos 
radicales que se ofrecieron e impusieron en la conducción de la 
movilización. Lo que no valoraron en esta estrategia es que la violencia
 y el saldo de víctimas generan una crisis política y una vez en ella, 
cambia de plano la agenda de negociación y los comuneros pueden quedar 
al margen de la salida a la crisis porque ya son otros los actores los 
que se apropian de la representación comunal.
La tercera,
 porque la estrategia de confrontación y la violencia usada tiene en el 
fondo un objetivo político que va más allá del conflicto en sí. Nadie 
debe ignorar que en torno a los conflictos existen intereses políticos 
que desde la confrontación y violencia buscan imponer liderazgos con el 
propósito de controlar espacios locales, territorios, gobiernos locales.
 No incluir en el análisis este factor es pecar de inocencia o de 
ingenuidad.
Lo
 que me asombra, y preocupa, que los equipos del gobierno, conociendo el
 proceso del conflicto hacia la crisis política generada por la 
exacerbación de la violencia, no cuenten con las herramientas que 
permitan impedir que se llegue a ese desenlace; me alarma que, ante esas
 circunstancias, sea la policía la que tenga el rol protagónico y que 
siendo ellos los protagonistas, el conflicto fácilmente puede terminar 
con el saldo de víctimas ya conocido. Es lamentable, pero los hechos han
 mostrado que los negociadores del gobierno desaparecieron en la hora 
crítica de la confrontación.
¡Qué
 mal todo! Ahora este conflicto de Las Bambas ha pasado a otro 
escenario. Son otros los actores los que tratarán de sacar ventaja de 
las víctimas producidas en este lamentable enfrentamiento.
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24 de octubre 2016
 


 
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