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Pueblos Precolombinos en ONU
INDÍGENAS DEMANDAN EN ONU
FIN A CRIMINALIZACIÓN
¿Cuántos asesinatos necesitan para proteger a indígenas?
En complicidad con gobiernos, empresas despojan a pueblos de sus territorios?
Por Genaro Bautista/AIPIN
Palacio de Naciones. ¿Cuántos
muertos necesitan para protegernos? Expresaron representantes indígenas
del planeta, en sus diferentes intervenciones dentro de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), aquí en Ginebra, Suiza.
Los pueblos indígenas son las sociedades más agraviadas, en su trato con las empresas, en sus territorios, denunciaron.
Durante el Quinto Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo del Foro Sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU,
que concluyó el 16 de noviembre, centenares de dirigentes provenientes
de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Canadá, Estados Unidos,
Filipinas, Bangladesh, Rusia, Tailandia, Nepal, Camboya, alzaron sus
voces para que se escuchara en este foro internacional.
En
este periodo de sesiones se revisan las violaciones cometidas por
empresas y a ésta acuden representantes de la iniciativa privada,
países, afectados y sociedad civil.
Zeid
Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, puso el dedo en la llaga. Reconoció las dificultades
que tienen los pueblos indígenas con las empresas y la complicidad de
las corporaciones con entes gubernamentales.
Lo
anterior, destacó, conlleva mayor intimidación, despojo y violencia
contra dirigentes locales, donde la mayoría de las víctimas son
indígenas.
Ejemplificó los casos de Bertha Cáceres y Nelson García, asesinados por oponerse a proyectos de gran envergadura en Honduras.
El
3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, líder indígena lenca y cofundadora
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) murió acribillada a tiros en su casa de La Esperanza.
La lideresa defendía su territorio oponiéndose a la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
El 15 de marzo, mataron a tiros a Nelson García, miembro activo de COPINH, cuando regresaba a su casa en Río Lindo.
Pero
el llamado desarrollo occidental no perdona ni a indígenas de países
del denominado primer mundo, como Estados Unidos de Norteamérica y
Rusia.
En la reunión destacaron el cruento desenlace contra el pueblo dakota, quienes se resisten al oleoducto de Standing Rock.
De
la misma forma indígenas rusos denunciaron la persecución de que son
objeto por expresar su desacuerdo a proyectos mineros y otros de gran
extensión en sus territorios.
Todo en nombre del desarrollo
La
lideresa Bini Zaa, Betina Cruz de Oaxaca, alertó que en la región del
Istmo de Tehuantepec, una de las regiones de las Zonas Económicas
Especiales (ZEE), el Gobierno privilegia el establecimiento de
transnacionales de energía en el área operada por empresas que aumentan
el calentamiento global, en lugar de reducirlo, según los Acuerdos de
París en el tema.
En
este rubro, distintos actores expusieron su preocupación por el triunfo
de Donald Trump, ya que esto favorece a empresas mineras que despojan
territorios en Oaxaca.
De
acuerdo a investigaciones realizadas por Servicios para una Educación
Alternativa (Educa), en los últimos diez años se han incrementado en
Oaxaca las inversiones de la industria minera.
El
triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos,
Donald Trump, el pasado 8 de noviembre, detalla Educa, generó un efecto
especial en los mercados: la caída de las acciones de todas las
empresas, con excepción de aquellas dedicadas al ramo de la minería,
como son Grupo México y Fortuna Silver Mines.
Lo
anterior, dice, se explica porque frente a la especulación financiera y
la incertidumbre política, los inversionistas consideran al oro como
“un activo de refugio”. El “miércoles negro” tanto Grupo México como
Fortuna Silver registraron altas tasas de ganancias. (Ver Tabla y
Gráfica).
Fortuna
Silver explota oro y plata en territorio oaxaqueño, considerado uno de
los 15 proyectos más productivos en América Latina. Mientras las
comunidades oaxaqueñas están en la incertidumbre por el destino de sus
familiares migrantes, hay alguien que sí gana en Oaxaca con Trump: las
empresas mineras, sobre todo FSM.
El V Foro Sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, aborda
tres temas principales. Los desafíos de los derechos humanos, en los
que es necesario aplicar un mayor liderazgo y apoyo de los Estados y de
los negocios; la Reflexión de los cinco años de la aprobación de los
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos, así como cuestiones fundamentales de las partes
interesadas a lo largo de la cadena de valor y a través de las
relaciones comerciales.
El Foro lanza un mensaje directo a las sociedades originarias, apunta: “Debemos
intensificar nuestros esfuerzos para mejorar el acceso a una reparación
para las víctimas de abusos contra los derechos humanos y tomar medidas
concretas para proteger a los que se encuentran en situaciones de
riesgo incluidos los defensores de los derechos humanos y los pueblos
indígenas”.
Una
de las Panelistas, Laura Zúñiga Cáceres, hija de la líder Bertha
Cáceres, expuso que no hay que esperar más muertes para actuar.
La
lideresa pidió a los países cuidar que ninguna empresa se establezca en
territorios indígenas, en tanto no se cuente con la autorización, el
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades,
según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
En
el mismo sentido se pronunciaron los participantes en la reunión entre
ellas Betina Cruz, dirigente Bini Zaa de Oaxaca, y Angélica Choc de
Guatemala.
Deben respetar la decisión de los pueblos indígenas sobre sus territorios, insistieron.
Para
Pavel Sulyandziga y John Ruggie, del organizador Grupo de Trabajo en
cuestión, es trascendental incidir en la reparación del daño a los
pueblos indígenas de las empresas y países involucrados.
Los
expertos de la ONU subrayan que entre los fundamentos sobre el tema, se
encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la consulta de los
pueblos indígenas.
Los
especialistas detallaron en reuniones con liderazgos indígenas, a los
que AIPIN tuvo acceso, que hace seis meses empezaron un proceso de
consulta de reparación del daño, en colaboración con los pueblos
indígenas y víctimas.
Danika
Littlechild, indígena canadiense del Consejo Internacional de Tratados
Indios (CITI), expuso la importancia de la solidaridad de la comunidad
internacional en el caso del oleoducto Standing Rock.
La
representante del CITI, enfatizo el sentir del Caucus Indígena, que
Estados Unidos debe, en este caso, respetar la protección del área,
acatando el Tratado de Fort Laramie.
Para
el conclave, la criminalización y represión a los pueblos indígenas
representa un problema serio lo mismo en el Norte que en el Sur, incluso
en países con antecedentes de promotores de defensa de los derechos
humanos.
Por ello, el Caucus pide que al Grupo de Trabajo del Foro Sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU,
incorporen en sus conclusiones, el cumplimiento de la normativa
internacional incluida tanto en el Convenio 169 de la OIT, lo mismo en
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, como en la recién Declaración de la OEA sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, a fin de garantizar el respeto y ejercicio de
los derechos de las sociedades originarias.
Los
líderes y lideresas dejaron claro que los Estados tienen la
responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de los pueblos
indios por parte de las empresas públicas o privadas.
Demandaron
a las Naciones Unidas, pedir el alto a la criminalización contra sus
líderes, pueblos y comunidades, la liberación de los presos políticos,
reparación del daño, restitución de sus territorios, el respeto a sus
sitios sagrados, castigo a funcionarios y empresas culpables de las
agresiones en su contra.
El Grupo de Trabajo (GT) explicó que se formó en 2011, ha hecho siete visitas una de ellas a México este 2016.
Los
expertos han constado la violación de derechos humanos de
transnacionales contra pueblos indígenas, estos últimos criminalizados
por defender su territorio y libre determinación.
El
GT reconoció que los pueblos indígenas se encuentran excluidos de las
tomas de decisiones y que en la mayoría de los casos los megaproyectos
de desarrollo se encuentran en marcha sin haberse realizado la consulta a
los pueblos indios.
de: Genaro Bautista Gabriel lallaba@yahoo.com.mx [nuestramerica] <nuestramerica@yahoogrupos.
responder a: nuestramerica@yahoogrupos.com.
Agustin Ávila <aavila@colsan.edu.mx>
fecha: 1 de diciembre de 2016, 16:26
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7 de diciembre 2016
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