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Venezuela en el ojo del huracán
VENEZUELA:
¿CAERÁ EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO?
Publicado: 4 nov 2016 19:25 GMT
Carlos Santa María
“Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido”
Malcom X
El
ascenso informativo desde hace tres años respecto a la situación del
país bolivariano se ha incrementado en niveles exorbitantes y ahora se
dedica programas completos de media hora, informes o adelantos
noticiosos, que en conjunto superan las dos horas promedio en varios
canales occidentales, insistiendo en el derrocamiento del presidente
constitucional al crear la imagen de dictador, violador de derechos
humanos, analfabeta, entre otros elementos.
La
razón fundamental de esta situación posee una historia: con la muerte
abrupta de Hugo Chávez Frías se creyó que el Presidente Nicolás Maduro
no resistiría sino pocos meses a la Derecha organizada en la Mesa de
Unidad Democrática (MUD), y luego se destruiría el Poder Popular logrado
en la presidencia del extinto mandatario. Para acelerar el proceso se
preparó un plan de contingencia que contenía varios puntos, entre ellos,
la creación de una ola de violencia atribuida al gobierno con el fin de
generar una reacción interna, una tensión productiva y además una
extraordinaria fuerza foránea que presionara “La salida”. En esta
campaña, la guerra mediática fue definitiva en contra de los intereses
populares o soberanos como lo ha sido permanentemente.
Sin
embargo, el proyecto subversivo no prosperó y fue necesario recurrir a
una estrategia de más largo plazo que tomara en cuenta varios elementos
que permitiesen la desestabilización:
Uno.
Contar con un apoyo irrestricto de las agencias de inteligencia
internacionales para subvertir el orden, del órgano de propaganda
internacional CNN (quien circula la información en el mundo y al
unísono), una financiación amplísima consistente en miles de millones de
dólares para las tácticas de calle, guerra mediática y bloqueo
alimenticio, soportada en un liderazgo absolutamente decidido al
derrocamiento del presidente.
Dos.
La búsqueda del Parlamento para iniciar desde allí una campaña
demoledora, la que consiguió en diciembre de 2015 al obtener mayoría en
la Asamblea Nacional (AN).
Tres.
Establecer la unidad de mecanismos para provocar una situación que se
expondría como crisis humanitaria, convirtiendo a sus dirigentes en
activistas de los derechos humanos y la libertad. Se consideró,
entonces, la exigencia de renuncia al mandato lo que no fue logrado,
declarar su incapacidad mental que también fue rápidamente derrotado,
una enmienda y/o reforma constitucional para disminuir el período del
dignatario que finalizó prontamente y, decididamente, exponer la nulidad
de su cargo por tener doble nacionalidad (colombiana). Lo anterior fue
desmentido oficialmente al comprobar su registro civil que nació en
Caracas (Departamento Libertador del Distrito Federal, Parroquia La
Candelaria), el 23 de noviembre de 1962, ratificado además por el
Tribunal Supremo de Venezuela, complementado por la Cancillería de
Colombia y el Senado de esa nación, donde confirma que no es colombiano
ya que es inexistente alguna partida de nacimiento o registro a su
nombre en dicho país.
Cuatro.
Actualmente la MUD está en la etapa del Revocatorio, el enjuiciamiento
político y la coacción de calle a nivel nacional con las marchas, tomas y
bloqueos, junto con la petición a organizaciones internacionales para
que apoyen dicha destitución como la OEA o HRW, en tanto mecanismos de
presión. El diálogo es considerado una medida alterna y no fundamental
que puede abrir caminos para mantener canales de comunicación visibles.
La situación coyuntural en Venezuela.
El
objetivo de crear una crisis real a partir de acciones
desestabilizadoras, apoyadas por la Gran Prensa, se ha manifestado en el
planteamiento sobre el Revocatorio y los dictámenes de la Asamblea Nacional (1).
Convocar
el referendo requería como mínimo activarlo en enero del año 2016 para
cumplir los tiempos necesarios y obtener como primer paso el 1% de las
firmas del registro electoral, legitimando las organizaciones políticas
promotoras del referendo. Una vez realizado, recoger el 20% de las
firmas totales del registro, según lo establece la Constitución
venezolana. Sin embargo, al activar el mecanismo en abril y no en enero
que era cuando se cumplía la mitad del periodo constitucional
presidencial, el tiempo para realizar el revocatorio en el año 2016 era
imposible debido a que los lapsos establecidos en la normativa que
regula su activación y convocatoria regula un procedimiento que dura más
260 días. Respecto a la recolección de firmas, la MUD debía conseguir
sólo 195.000 para cumplir el requisito del 1%, pese a lo cual consignó
al CNE 1.957.779 firmas.
La
Auditoría, representada por la MUD y el gobierno, estableció que
605.727 firmas tenían un carácter discutible y dentro del fraude se
encontraban 10.995 personas fallecidas, 53.658 personas que no estaban
inscritas en el Registro Electoral, 3.003 menores de 18 años, 1.335
personas inhabilitadas por delitos graves (homicidios, narcotráfico,
robo, estafa, abuso sexual), agregándose más de 9 mil denuncias por
usurpación de identidad que se presentaron en todos los estados.A pesar
que el Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró estas irregularidades,
admitidas por la comisión que nombró la MUD para la revisión de las
firmas, procedió a convocar para los días 26, 27 y 28 de octubre el
proceso de recolección del 20% de las firmas, haciendo la salvedad de
que sometería los anteriores registros fraudulentos a una investigación
judicial.No obstante, la decisión del organismo fue obligada a
retrotraerse ya que el jueves 20 de octubre siete tribunales nacionales
de distintos estados de Venezuela, basados en denuncias de ciudadanos
afectados, dictaron medidas cautelares ordenando al CNE que suspendiera
todos los procedimientos que se generaron como consecuencia de la
recolección del 1% de las firmas al evidenciar la usurpación masiva de
identidades.
En
cumplimiento de estas órdenes judiciales, el CNE debió acatar el fallo
judicial y suspendió la recolección del 20% de las firmas. En este caso
concreto, si el referendo se realiza el año 2017 e implica que la
oposición triunfa, quien completa el periodo del mandatario vigente
revocado hasta el año 2019 es su Vicepresidente Ejecutivo.
Respecto
al juicio político que inició la Asamblea Nacional en contra de Nicolás
Maduro, no existe ninguna norma que faculte a dicho estamento para
efectuarla. Aún más, al desacatar las sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia (ya que en su seno permanecen tres asambleístas que no pueden
ser aceptados por fraude en su elección), éste decidió anular todos los
actos de la AN hasta tanto no se ajuste a derecho y respete la
Constitución.
A
pesar del llamado a la desobediencia civil, el Presidente Nicolás
Maduro nuevamente ha convocado a la oposición a un diálogo nacional para
resolver política y pacíficamente los conflictos, mediando Unasur, los
ex presidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández,
junto con la facilitación del Vaticano que fue la condición puesta por
la MUD, proceso detenido debido a contradicciones internas de la
oposición. En vez de la discusión pacífica, la MUD ha insistido en cinco
puntos: acusar al Presidente de dar un golpe de estado quebrando el
orden constitucional, la AN ha declarado en sesión extraordinaria su
rebelión ante el gobierno, solicitar a todos los organismos
internacionales la aplicación de sanciones contra Venezuela y denunciar
en la Corte Penal Internacional a las rectoras del CNE y jueces que han
suspendido el proceso revocatorio, destituir a los rectores del CNE y
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, decidir sobre la supuesta
doble nacionalidad del Presidente Maduro y el abandono del cargo, con el
fin de anunciar su destitución.
Conclusiones finales en esta coyuntura.
Naturalmente
la situación es álgida y puede conducir a un nivel donde sectores
extremistas intenten desarticular la nación. Por dicha razón, es
sustancial aclarar determinados puntos de la crisis actual.
A. ¿Se dio un golpe de estado parlamentario?
Obviamente
un gobierno no puede darse un golpe si posee el poder ejecutivo y la
Carta Magna lo respalda. Más bien, el golpe de estado lo realizaría un
parlamento que desconoce todas las autoridades y las decisiones de los
demás Poderes Públicos, además de buscar la destitución del presidente
por vías no autorizadas legalmente. Se ha hecho especial mención en que
mientras el Presidente Maduro estuvo de gira por países OPEP y no OPEP,
concertando un acuerdo para estabilizar los precios internacionales del
petróleo como base fundamental de la economía, acusar por abandono de
cargo cuando es público y notorio que está en pleno ejercicio de sus
funciones como Jefe de Estado, es un exabrupto legal.
B. ¿Quién es responsable del fraude en la recolección de las firmas para el Referendo?
La
Auditoría efectuada con participación de la misma oposición confirmó
dicho engaño, aunque ésta exigió que junto con una investigación
paralela continuara el proceso de recolección del 20%, lo que constituye
una situación digna de analizar.
C. ¿Podrá la MUD obtener del gobierno estadounidense la acción interventora militar en Venezuela?
Es
posible que, de ser elegida Hillary Clinton, inicie una campaña inmensa
para hacer que su “enemigo”, Venezuela, sea atacado en todos los
frentes posibles, justificando una intervención extranjera a gran escala
o rebelión interna con la excusa de la suspensión del revocatorio y de
una supuesta crisis humanitaria, y (o) continúe la inyección financiera,
armada, logística, política, diplomática, en todos los niveles
nacionales e internacionales.
D.
¿Puede un parlamento en desacato judicial, irrito, declararse en
rebelión, destituir autónomamente a rectores electorales o magistrados
del máximo tribunal del país e incluso derrocar a un presidente
legítimamente nombrado?
El
Parlamento venezolano, a diferencia de Brasil, Paraguay y Honduras,
donde un mandatario elegido por el pueblo fue apartado del cargo por
supuestas irregularidades a partir de los representantes en la Asamblea,
no posee tal potestad en Venezuela por lo cual es imposible realizar lo
propuesto, aún más al estar ilegalmente funcionando al juramentar a
tres integrantes cuya elección está sometida a investigación.
Hasta
este momento parece ser que pese a la fuerte campaña opositora y el
fracaso del paro nacional del 29 de octubre, el gobierno apoyado por las
Fuerzas Armadas Bolivarianas y el pueblo en la calle impedirá el
derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. El análisis tiene que
centrarse en los actos desestabilizadores de la dirigencia extremista,
que está dispuesta a la violencia sin fin para regresar a Venezuela al
país neoliberal que era antes de Hugo Chávez Frías, y en la política
gubernamental para superar la emergencia alimentaria, la corrupción y
las tendencias destructivas de la nación. Todo conduce a que la crisis
no cesará, aunque la fortaleza del estado bolivariano prevalecerá
durante este periodo desestabilizador, lo que de ser resuelto
posibilitaría retomar los proyectos de justicia social iniciados.
Sin
embargo, es obligatorio continuar un serio proceso de autocrítica en el
gobierno con el fin de no identificar sólo a la oposición como el único
causante de la crisis. Analizar en profundidad la debilidad en los
proyectos integrales, el papel del Estado, el efecto del
desabastecimiento programado y la hiperinflación, la trascendencia de la
corrupción cotidiana, entre otros factores, puede encauzar por nuevas
vías esta nación.
Finalmente, es conveniente recordar la predicción sostenida por Hugo Chávez Frías en 2010: "El
plan A de ellos (sectores de la oposición): un golpe de Estado. El plan
B: desgastarnos desde la Asamblea Nacional para ir a elecciones… Ellos
van a tratar de llegar a la Asamblea Nacional para desestabilizar al
país y para tratar de dar un golpe de Estado".
Las
declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva
responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de
vista de RT.
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7 de noviembre 2016
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