Estados Unidos, Alemania, Canadá, Israel y el Reino Unido participantes en la «Operación Jericó»
Falla el putsch de Obama en Venezuela
Una vez
más, la administración Obama trata de cambiar por la fuerza un régimen
que se resiste a sus designios. El 12 de febrero de 2015, un avión
propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con las insignias de las
fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear el palacio presidencial
de Caracas para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro. Los
conspiradores tenían previsto poner en el poder a la ex diputada María
Corina Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios ex presidentes
latinoamericanos.
La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI); la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al menos Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas: en Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de motines estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que, a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las personalidades responsables de la represión contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de Caracas.
Según esa parte del plan, un avión militar Super Tucano, matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los que se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de los putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
Para facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy», en el que participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y extranjeras vinculadas a la intentona golpista.
Al seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la «Operación Jericó». En la noche del 11 de febrero, los principales líderes de la conspiración y un agente del Mosad israelí fueron arrestados y se reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados fueron arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de los arrestados permitieron la detención de otro cómplice: el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Para los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes en contra de la democracia?
Para quienes aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado, que ese país ha dejado de ser una potencia imperialista y que ahora defiende la democracia en el mundo, la «Operación Jericó» es un obligado tema de reflexión.
Fuente: Voltairenet
- El presidente Obama con su consejero para Latinoamérica, Ricardo Zúñiga. Al fondo, la consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice.
- © White House
El presidente Obama había emitido un claro aviso. Lo puso por escrito en su nueva doctrina de defensa (National Security Strategy): «Estamos del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en peligro, como los venezolanos».
Siendo Venezuela, desde la adopción de la Constitución de 1999, uno de
los Estados más democráticos del mundo, esa frase presagiaba lo peor
en materia de intentos destinados a impedir su marcha por el camino de
la independencia y la redistribución de la riqueza nacional.
Era el 6 de febrero de 2015. Washington terminaba de planificar el
derrocamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. El golpe
de Estado estaba planificado para el 12 de febrero.La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI); la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al menos Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas: en Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de motines estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que, a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las personalidades responsables de la represión contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de Caracas.
- El ex número 2 de la ISAF en Afganistán, general Thomas W. Geary, actualmente al mando de la inteligencia del SouthCom.
Según esa parte del plan, un avión militar Super Tucano, matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los que se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de los putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
- El golpe de Estado pondría en el poder a María Corina Machado. El 26 de enero de 2015, la ex diputada recibía en Caracas a sus principales cómplices extranjeros.
Para facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy», en el que participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y extranjeras vinculadas a la intentona golpista.
Al seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la «Operación Jericó». En la noche del 11 de febrero, los principales líderes de la conspiración y un agente del Mosad israelí fueron arrestados y se reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados fueron arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de los arrestados permitieron la detención de otro cómplice: el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
- El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de enlace con Israel. Ledezma había viajado secretamente a Tel Aviv, el 18 de mayo de 2012, para reunirse con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman actuando como representante del jefe de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski.
Para los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes en contra de la democracia?
Para quienes aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado, que ese país ha dejado de ser una potencia imperialista y que ahora defiende la democracia en el mundo, la «Operación Jericó» es un obligado tema de reflexión.
Fuente: Voltairenet
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