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DICTADURA CÍVICO-MILITAR DE DINA BOLUARTE ES INSOSTENIBLE
Carlos Angulo Rivas
Las
ejecuciones extra-judiciales son 49, con otras víctimas mortales
agregadas a ellas se sobrepasan fácilmente los 70 muertos, los heridos
de bala con armamento de guerra hospitalizados llegan a casi 1,500 y los
presos más detenidos son incontables; es decir, toda una acumulación de
violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por la dictadura de
Dina Boluarte que usurpa el poder del Estado. Los periodistas
y analistas políticos destacan, principalmente, el número víctimas
mortales; sin embargo, una visión integral de los acontecimientos nos
lleva a la conclusión de estar frente a una serie continuada de actos de
barbarie cometidos por disposición de la dictadura cívico-militar
instaurada en el Perú. La información recogida por las organizaciones
internacionales y nacionales de Derechos Humanos indica la aplicación de
una política represiva terrorista, en tanto el régimen Boluarte quiso
imponer MIEDO extremo en la población a fin de controlar las protestas
por el derrocamiento del presidente Pedro Castillo. Pruebas al canto, si
hubo cerca de 1,500 heridos de bala usando armamento de guerra
significa que ese abultado número de víctimas sólo se explica por la
orden superior de balear a mansalva a las multitudes regionales
auto-convocadas para las protestas sociales y las marchas.
El
hartazgo ciudadano llegó a romper los esquemas del continuismo
económico neo-liberal corrupto, aquel de votar por “el mal menor” entre
los partidos políticos tradicionales en cada una de las elecciones
generales. Entonces, la mayoría del pueblo cansada del entrampamiento de
la pobreza generada decidió elegir a Perú Libre y a Pedro Castillo,
portaestandartes del cambio político, económico y social. El rechazo a
Castillo del conservadurismo fue violento y feroz queriendo imponer a la
perdedora Keiko Fujimori mediante los alegatos de fraude electoral.
Después, contra el mismo Castillo por su arrojo de llegar a ser
presidente se montó una campaña de demolición diabólica con tres
mociones de vacancia concatenadas hasta llegar a la destitución ilegal
ejecutada por el Congreso. Pese a ello, de hecho, Pedro Castillo había
colocado la pelota en la cancha de los golpistas fuji-fascistas y lo
hizo en el mismo momento de patear el tablero el 7 diciembre 2022. Su
proclama ese día fue una valiente denuncia ante el país, referida a los
impedimentos de poder gobernar con un Congreso empeñado en destruirlo
mucho antes de asumir la presidencia de la república. Nadie duda del
escarnio moral, los agravios, las burlas, las vejaciones y el racismo,
sufridos por el presidente Castillo; no obstante, el Estado Mafioso y la
gigantesca corrupción de congresistas, jueces, fiscales y mandos
militares, aprovecharon la exigua infracción constitucional de Castillo
(leer un mensaje de intenciones loables y precisas en beneficio del
Perú) para dar un Golpe de Estado cívico-militar e imponer una dictadura
cuya crueldad manifiesta se exhibe por sí sola en los nefastos
resultados, algo semejante a una jornada de barbarie.
Sin
duda, la gran mayoría ciudadana, en diciembre pasado, censuraba el
escarnio al pobre Pedro Castillo y deseaba el cierre del Congreso
convertido en un antro de maleantes; además, deseaba terminar con la
macro corrupción y la impunidad, meta imposible de alcanzar sin la
re-estructuración del sistema judicial del país, sin un Nueva República y
Nueva Constitución. Por consiguiente, Castillo en su proclama de
alteración a la achacosa constitución fujimorista propuso un gobierno de
excepción provisional y la convocatoria de un nuevo Congreso con
facultades constituyentes; pero los congresistas ni siquiera tocaron el
contenido del anuncio porque en defensa del Estado Mafioso, con el cual
se sienten cómodos, prefirieron ir por la cabeza del presidente sin más
ni más. Aunque por principio no se debía atacar al mensajero sino
analizar los temas de fondo, los argumentos, del mensaje a fin de no
llegar al dogmatismo de rechazar de manera ciega las posiciones política
asumidas. ¿Qué es lo más importante en el país, las formas ceremoniales
de cumplir con la deficiente constitución fujimorista o solucionar de
raíz el problema peruano contemporáneo que lleva treinta años de
formación y fortalecimiento del Estado Mafioso creado por la yunta
Fujimori-Montesinos?
Los
planteamientos hechos por el presidente Castillo siguen en píe. Son las
mismas banderas levantadas en todo el Perú mediante las marchas de
protesta, los paros regionales y la movilización social. Se exige
libertad del Presidente Castillo, renuncia inmediata de Dina Boluarte,
disolución del Congreso, Nueva República, Nueva Constitución y reforma
total del Sistema Judicial contra la impunidad, jueces supremos y
Tribunal Constitucional elegidos por el pueblo. Renegociación de
contratos ley del extractivismo de Recursos Naturales y de Servicios
Públicos. La pregunta del millón es ¿pueden seguir hundiendo el país el
Congreso con apenas 4% de aprobación popular nacional y la ususrpadora
Dina Boluarte con el misericordioso apoyo de 14% en el mejor de los
casos? Por supuesto que NO. Las protestas y paros regionales deben
continuar de manera masiva para derrotar a la dictadura, ahora se
calientan motores para llegar con fuerza inusitada al 19 de julio 2023.
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