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Perú. Justicia admite recurso del presidente
Pedro Castillo para anular destitución
La Tercera Sala Constitucional de Lima señaló que el recurso presentado cumple con los requisitos de admisibilidad a trámite.
El poder Judicial peruano admitió la demanda de amparo, presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, para anular la resolución emitida por el Congreso en la que se dispuso su vacancia por incapacidad moral.
La Tercera Sala Constitucional de Lima señaló que el recurso presentado cumple con los requisitos de admisibilidad a trámite.
Además fijó para el día 23 de junio la audiencia virtual en la que se evaluará el recurso, con la participación de expresidente Castillo y las demás partes involucradas.
Se dispuso que la demanda sea puesta en conocimiento de los procuradores de Poder Judicial y del Parlamento para que presenten sus descargos en un plazo de 10 días.
La defensa del expresidente está buscando que el poder Judicial declare improcedente el proceso en su contra. Dentro de los argumentos de la defensa, se sostiene que Castillo nunca llegó a cometer el presunto delito de rebelión, en tanto no se concretó el golpe de Estado.
Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2023
de: Amable Fernandez <amablefernandezs@gmail.com>
fecha: 29 may 2023, 0:19
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Señalan violaciones de derechos humanos
en represión en Perú
Una amplia mayoría de peruanos opina que hubo violaciones de derechos humanos en la reciente represión contra las protestas antigubernamentales y sienten que sus derechos básicos están desprotegidos, según una encuesta conocida hoy.
El sondeo del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP) verificó que el 81 por ciento de los consultados cree que en la represión de las protestas, que dejó un saldo de casi 70 muertos entre diciembre y marzo pasados, hubo violaciones de derechos humanos.
Esa percepción se eleva a 87 por ciento en el sur del país, donde las protestas alcanzaron una mayor intensidad, y a 86 por ciento entre los jóvenes consultados, en tanto, solo el 16 por ciento a nivel nacional cree que no hubo violaciones de derechos humanos.
El Gobierno sostiene que esos derechos son respetados y, ante los informes nacionales e internacionales que acreditan lo contrario, alega que eso debe determinarlo el Ministerio Público, a cuya titular Patricia Benavides, la oposición progresista considera proclive al Ejecutivo.
Por otra parte, el 71 por ciento piensa que sus derechos básicos están nada (31) o poco (40) protegidos, mientras un 72 por ciento señala que el derecho a la protesta está nada (41) o poco (31) cautelado, y 69 por ciento que la libertad de expresión está poco (31) o nada (38) resguardada.
El IEP consultó también a los encuestados sobre los casos de violencia y vandalismo registrados durante las protestas y que el Gobierno y la prensa derechista resaltan como justificación de las acciones militares y policiales.
Al respecto, el 55 por ciento señaló que los autores de la violencia civil fueron una minoría y el 33 por cinto la atribuye a la mayoría de los manifestantes.
De otro lado, la mayoría criticó el papel de la prensa durante las demostraciones contra el ascenso de Dina Boluarte en reemplazo del presidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso, que tiene una aprobación de solo el seis por ciento.
Sobre el tema, el 65 por ciento considera que los medios de comunicación informaron de manera parcializada sobre las protestas y solo el 25 por ciento consideró que lo hicieron en forma objetiva.
De: Diario Octubre <novedades@diario-octubre.com>
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fecha: 29 may 2023, 19:39
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Tras más de 20 años, la Justicia peruana mira
a las víctimas de esterilizaciones forzadas
La Justicia de Perú avanza en la causa por las esterilizaciones forzadas realizadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, en la década de 1990. Miles de mujeres indígenas y campesinas fueron intervenidas quirúrgicamente como método para erradicar la pobreza.
Durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) alrededor de 300.000 mujeres indígenas y campesinas fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Una cantidad que aún no se pudo determinar fue sometida a la fuerza a operaciones de ligadura de trompas, según denuncias realizadas hace más de 20 años.
Finalmente, la Justicia peruana parece decidida a resarcir a las miles de víctimas. Pero el asunto es muy complejo.
Cuando finalizó su mandato —considerado por gran parte de la población como una dictadura—, Fujimori huyó a Japón, donde también tiene ciudadanía. En 2005 apareció en Chile, donde fue capturado y extraditado a Perú. Para viabilizar la extradición, Perú envió al país vecino los documentos de siete procesos abiertos contra el expresidente. Cinco por corrupción y dos por vulneración de derechos humanos.
Fujimori, de 84 años, declaró días atrás ante la justicia chilena por la causa de las esterilizaciones forzadas. Ninguno de los siete documentos enviados a Chile versaba sobre este tema, por ello se hace necesaria la venia de la Corte Suprema del país vecino para avanzar con la causa en Perú.
La abogada Ana María Vidal contó a Sputnik que "este primer proceso judicial agrupa a más de 1.000 víctimas, pero faltan muchas más que no están ahí contempladas. Falta mucho para tener justicia, pero ahí están los primeros pasos. Ahí está la persistencia de las mujeres que siguen a pesar de que tienen todo en contra".
Comentó que todas las demandantes están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), pero "no todas tienen asistencia legal, como fue establecido por Decreto Supremo. Menos de la mitad están con asistencia legal", indicó la abogada que representa a la asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas de Cusco (sur).
Entre 1996 y 2000, más de 270.000 mujeres fueron intervenidas en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, el cual "buscaba acabar con la pobreza acabando con los pobres, pasando por el cuerpo de las mujeres para que no se reprodujeran", explicó Vidal.
"Esa fue la lógica del programa que no respetó ni el consentimiento informado, algo básico para cualquier intervención quirúrgica", aseveró.
La abogada relató que de acuerdo con los testimonios, "muchas veces se las secuestró, se las esterilizó estando embarazadas". Se las amenazó con meterlas en la cárcel, con quitarles ayudas sociales, incluso se las capturó y amarró a camillas para esterilizarlas.
Varias de estas víctimas finalmente fallecieron por complicaciones en las intervenciones que a menudo se realizaban sin que hubiera las condiciones de asepsia necesarias. Las organizaciones de derechos humanos contabilizan al menos 40 muertes de mujeres.
La operación de ligadura de trompas "no tendría nada de malo si ellas lo hubieran decidido como método de planificación familiar", advirtió Vidal.
Y mencionó varios informes de instituciones del Estado peruano, según las cuales "se vulneraron derechos sexuales reproductivos de las mujeres, así hubo mujeres muertas porque las condiciones de salubridad en que se hicieron las operaciones fueron muchas veces terribles".
En palabras de la abogada, muchas de las mujeres no denunciaron la esterilización forzada porque no hablan castellano, solamente quechua o aymara, lo cual las aleja de las instituciones peruanas donde generalmente no hay funcionarios capacitados en estos idiomas.
Falta de atención estatal
Por las esterilizaciones forzadas está procesado Fujimori, también sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista.
Para Vidal, este caso "da cuenta de que había una lógica según la cual los médicos decidían sobre el aparato reproductor de las mujeres. Fue una política creada desde la presidencia, pero que se pudo realizar debido a una mentalidad machista, patriarcal, clasista de todo un sistema de salud".
"Este caso da cuenta de una política sistemática y generalizada contra las mujeres más pobres, las analfabetas, las que hablan un idioma distinto al castellano. Pensaron que las mujeres nunca iban a reclamar por sus derechos, pero [...] se organizaron y empezaron a buscar justicia", afirmó la abogada.
Vidal observó la falta de atención estatal a las víctimas. Mencionó que ante el conflicto armado interno de la década de 1990 se formó una Comisión de la Verdad y se aplicó una política pública de reparaciones "al igual que en Chile o Colombia, donde sin tener que pasar por procesos judiciales hay reconocimiento del daño que hizo el mismo Estado", explicó.
Pero en el caso de las esterilizaciones forzadas, "el Estado sigue negando ese derecho porque, al parecer, cercenar el aparato reproductivo de las mujeres no genera una violación generalizada de derechos humanos", evaluó.
Víctimas de las esterilizaciones forzadas bajo el gobierno de Fujimori
- Sputnik Mundo, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Marco Teruggi
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