Por
primera vez en América Latina se abre un proceso penal que considera la
violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Imagen referencial.
Fuente: Internet.
Por Patricia Saavedra
Servindi, 10 de julio, 2016.- El viernes 08 de julio se inició el juicio oral contra 11 militares acusados de violar a 14 mujeres de las comunidades de Manta y Vilca, en Huancavelica. Los hechos datan desde 1984, momento en el cual el país atravesaba el periodo del conflicto armado interno.
Han transcurrido más de 30 años desde entonces y recién se ha podido llevar a los acusados hacia un proceso. Las imputaciones que enfrentan son por crímenes de lesa humanidad, en la modalidad de delitos sexuales, los cuales podrían condenarlos hasta por 20 años.
El juicio oral se inició en la Sala de Audiencia del Colegiado B en la Sala Penal Nacional, frente a una audiencia en la que participaron representantes de colectivos defensores de los derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil que dan acompañamiento a las víctimas, además de medios de prensa principalmente internacionales.
Sin embargo la sesión tuvo que suspenderse ya que solo acudieron 7 de los acusados. Asimismo, la defensa de los procesados solicitó que las siguientes sesiones sean en privado y no abiertamente al público, pedido que será evaluado y definido el próximo 15 de julio.
Al respecto, Carlos Rivera Paz, abogado de IDL –organización que acompaña legalmente a las víctimas- remarcó la necesidad de que se lleve un juicio público. De igual forma Rossy Salazar, abogada de DEMUS (también defensores de las víctimas) destacó que estas mujeres “quieren ser escuchadas” para que la ciudadanía entienda lo que les pasó.
“Es la primera vez donde se va a enjuiciar a militares por crímenes de lesa humanidad en la modalidad de delitos sexuales”, indicó en un medio local Ysabel Cedano (DEMUS). Igualmente, coincidió con Melania Canales, de la organización de mujeres indígenas ONAMIAP: "Por estos casos no ha habido sentencias hasta ahora. Este juicio abre un precedente para este tipo de delitos de lesa humanidad”.
Asimismo, Canales enfatizó que gran parte de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno se cometieron contra mujeres indígenas, en muchos casos quechua hablantes y analfabetas.
De otro lado, la representante de ONAMIAP también expresó su solidaridad con las víctimas y su compromiso de apoyo: “seguiremos exigiendo que se sancione a los culpables y se den las reparaciones necesarias a las víctimas".
Asimismo el informe revela que: “alrededor del 83% de los actos de violación sexual son imputables al Estado y aproximadamente un 11% corresponden a los grupos subversivos (Sendero Luminoso y el MRTA)”. Asimismo, el documento también señala que “los grupos subversivos fueron responsables de actos como aborto forzado, unión forzada, servidumbre sexual”.
Igualmente revela que: “La violencia sexual estuvo rodeada de un contexto de impunidad, tanto al momento de que los hechos se produjeron como cuando las víctimas decidieron acusar a sus agresores. Asimismo, en el contexto de la detención, diversos médicos legistas contribuyeron a esta situación”.
Imagen tomada de ONAMIAP.
- Además de las penas individuales, la Fiscalía puede solicitar reparaciones civiles de al menos 100 mil soles hasta un millón de soles.
- Según cifras del informe de la CVR las víctimas de violación sexual registradas tenían entre 11 y 30 años de edad.
- La mayoría de casos se concentran en la sierra sur del país, regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
Fuente: Servindi
Servindi, 10 de julio, 2016.- El viernes 08 de julio se inició el juicio oral contra 11 militares acusados de violar a 14 mujeres de las comunidades de Manta y Vilca, en Huancavelica. Los hechos datan desde 1984, momento en el cual el país atravesaba el periodo del conflicto armado interno.
Han transcurrido más de 30 años desde entonces y recién se ha podido llevar a los acusados hacia un proceso. Las imputaciones que enfrentan son por crímenes de lesa humanidad, en la modalidad de delitos sexuales, los cuales podrían condenarlos hasta por 20 años.
El juicio oral se inició en la Sala de Audiencia del Colegiado B en la Sala Penal Nacional, frente a una audiencia en la que participaron representantes de colectivos defensores de los derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil que dan acompañamiento a las víctimas, además de medios de prensa principalmente internacionales.
Sin embargo la sesión tuvo que suspenderse ya que solo acudieron 7 de los acusados. Asimismo, la defensa de los procesados solicitó que las siguientes sesiones sean en privado y no abiertamente al público, pedido que será evaluado y definido el próximo 15 de julio.
Al respecto, Carlos Rivera Paz, abogado de IDL –organización que acompaña legalmente a las víctimas- remarcó la necesidad de que se lleve un juicio público. De igual forma Rossy Salazar, abogada de DEMUS (también defensores de las víctimas) destacó que estas mujeres “quieren ser escuchadas” para que la ciudadanía entienda lo que les pasó.
Precedente en Latinoamérica
El inicio de este juicio es relevante porque por primera vez en América Latina se abre un proceso penal donde se considera la violencia sexual como crimen de lesa humanidad.“Es la primera vez donde se va a enjuiciar a militares por crímenes de lesa humanidad en la modalidad de delitos sexuales”, indicó en un medio local Ysabel Cedano (DEMUS). Igualmente, coincidió con Melania Canales, de la organización de mujeres indígenas ONAMIAP: "Por estos casos no ha habido sentencias hasta ahora. Este juicio abre un precedente para este tipo de delitos de lesa humanidad”.
Asimismo, Canales enfatizó que gran parte de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno se cometieron contra mujeres indígenas, en muchos casos quechua hablantes y analfabetas.
De otro lado, la representante de ONAMIAP también expresó su solidaridad con las víctimas y su compromiso de apoyo: “seguiremos exigiendo que se sancione a los culpables y se den las reparaciones necesarias a las víctimas".
Práctica reiterada
De acuerdo al informe de la CVR, tomo VI, en el ítem: violencia sexual contra la mujer, entre sus conclusiones destaca que “En el caso específico de la violación sexual, la CVR considera, a la luz de la información recogida, que se trató de una práctica reiterada y persistente que se produjo en el contexto de la violencia sexual antes descrita”.Asimismo el informe revela que: “alrededor del 83% de los actos de violación sexual son imputables al Estado y aproximadamente un 11% corresponden a los grupos subversivos (Sendero Luminoso y el MRTA)”. Asimismo, el documento también señala que “los grupos subversivos fueron responsables de actos como aborto forzado, unión forzada, servidumbre sexual”.
Igualmente revela que: “La violencia sexual estuvo rodeada de un contexto de impunidad, tanto al momento de que los hechos se produjeron como cuando las víctimas decidieron acusar a sus agresores. Asimismo, en el contexto de la detención, diversos médicos legistas contribuyeron a esta situación”.
Imagen tomada de ONAMIAP.
Debe saber
- La Fiscalía Penal de Huancavelica formalizó la denuncia en el 2007.- Además de las penas individuales, la Fiscalía puede solicitar reparaciones civiles de al menos 100 mil soles hasta un millón de soles.
- Según cifras del informe de la CVR las víctimas de violación sexual registradas tenían entre 11 y 30 años de edad.
- La mayoría de casos se concentran en la sierra sur del país, regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
Fuente: Servindi
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