ACERCA DEL ANIVERSARIO 50 DEL GOLPE MILITAR DE 1968

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ACERCA DEL ANIVERSARIO 50 DEL GOLPE MILITAR DE 1968

(20 de octubre de 2018)

Por Miguel Aragón

En octubre de 1968, hace cincuenta años, al ocurrir el golpe de estado institucional de las FFAA dirigido por el Gral. Juan Velasco, yo cumplía  21 años de edad.

Por lo tanto, tengo información y conocimiento directo, de lo realmente ocurrido durante los doce años de ese  gobierno militar (1968-1980), en particular  de su primera etapa (1968-1975).

1.- REPRESIÓN DE LAS LUCHAS DEMOCRÁTICAS DEL PUEBLO

En mi recuerdo, tengo muy presente la represión contra el movimiento democrático de  estudiantes  y maestros en Huanta y Ayacucho, movimiento que luchaba contra los planes gubernamentales de privatización de la educación pública.

También tengo muy presente la brutal represión de los obreros en la mina Cobriza, así como la constante represión contra las movilizaciones y luchas de los maestros agrupados en el SUTEP. Tampoco me olvido de los ataques contra el movimiento  obrero promovidos por el llamado “Movimiento Laboral Revolucionario” (MLR) que dirigía uno de los ministros del gobierno militar. En el recuerdo de muchos pobladores de Lima  también quedan las represiones dirigidas por Ministro del interior en ese entonces, el Gral.  Artola, contra los pobladores sin techo,  que se instalaron en la periferia de la ciudad.     

De igual manera, tengo muy fresca la memoria de la represión de los estudiantes universitarios, que luchábamos contra la ofensiva autoritaria y el recorte de derechos de los estudiantes en las universidades públicas.  En los años 1969 y 1970, recién iniciado el gobierno militar,  muchos estudiantes universitarios fuimos suspendidos y expulsados de nuestros centros de estudios, además fuimos denunciados, perseguidos y encarcelados, por la gendarmería  dirigida por ese  gobierno autoritario y policiaco.

Todos estos hechos, a diferencia de lo que el Sr. Villacrez supone,  son  información “con sesgo muy real”, fácilmente demostrables (*).

 

2.- LA NACIONALIZACIÓN DEL PETROLEO,  Y LA REFORMA AGRARIA

La amplia publicidad  del régimen militar instaurado en octubre de 1968  se sustentó  en dos demagógicas medidas efectistas: la compra venta de los pozos petroleros de Talara,  y la compra de las tierras latifundistas.

Recordemos que a mediados  de la década de 1960, la explotación de los ya centenarios pozos petroleros de La Brea y Pariñas, en Talará,   entró en grave crisis, no podía competir en las mismas condiciones con la producción mundial, por la tecnología anticuada que se seguía utilizando desde comienzos del siglo XX.

En esos años, década de 1960, el precio internacional del petróleo estaba a escasamente US $ 5,00 el barril, y a ese precio tan bajo  no resultaba rentable hacer inversiones para modernizar la tecnología de explotación petrolera en los ya debilitados pozos petroleros del norte peruano  (recién en 1972, impulsado por la guerra árabe-israelí de esos años,  el precio internacional del barril de petróleo subió a US $ 25)

Por ese motivo, la empresa norteamericana International Petroleum Company (la IPC) estaba buscando infructuosamente transferir  la concesión de la explotación de los pozos petroleros del norte, a otra empresa. Ante el desinterés de otras empresas por adquirir  los derechos,  y ante la imposibilidad de transferirlo en esas condiciones, la IPC negoció la devolución de los pozos al estado peruano, bajo la modalidad de compra-venta.

La bullanguera nacionalización del petróleo en octubre de 1968, en el fondo fue un  negociado,  en el cual el estado peruano pagó grandes sumas de dinero por las instalaciones de una empresa que en ese momento era obsoleta (recomiendo revisar la información sobre el “Contrato  Graham-Green”, que firmaron ambos funcionarios en representación del estado peruano y de la IPC respectivamente).

Algo similar ocurrió con la demagógica “reforma agraria” del año 1969.

En el transcurso de las décadas de 1950 y 1960 se desplegó en Perú una confrontación entre dos caminos por el desarrollo del agro, se desplegó la lucha entre el camino campesino por un lado, y el camino terrateniente por el otro lado, ambos con el objetivo de impulsar el crecimiento capitalista en el campo, acorde con el crecimiento capitalista que vivía el país en esos años.

Durante el decenio 1955-1965,  en el campo peruano se desarrollaron las más grandes movilizaciones campesinas de toda la historia peruana, luchas  por el derecho a la tierra, “por la tierra para quien la trabaja”. En esos años (durante los gobiernos de Manuel Prado, de la Junta Militar de Pérez Godoy - Lindley, y del primer gobierno de Fernando Belaunde), las fuerzas policiales y militares (dirigidas por los que, pocos años después vendrían a ser los futuros generales de la “revolución militar”) reprimieron brutalmente  esas luchas democráticas de los trabajadores del campo. En esos años de represión del movimiento campesino, más que seguro que algún antecesor del “capitán Carlos” o del “capitán Arturo”, desbordó sus “habilidades represivas” contra modestos campesinos y campesinas.    

Por otro lado, en la primera mitad de la década de 1960, las empresas agrícolas en manos de grandes terratenientes tradicionalistas, entraron en grave crisis. Por la tecnología obsoleta que seguían utilizando, para ellos  ya no resultaba rentable la actividad agraria. Además había una presión muy fuerte de parte de los grandes monopolios transnacionales que controlaban la comercialización de productos agrícolas, que exigían que  se disminuyeran los aranceles de importación y se importaran alimentos al mercado peruano. En los planes de la CEPAL y de la Alianza para el Progreso, planes desarrollados en la década de 1960, estaba inscrita la necesidad urgente de promover procesos de reforma agraria por la vía terrateniente en oposición a la vía campesina, y además estaba inscrita la necesidad de abrir los mercados internos a la importación de productos agropecuarios.

En esas condiciones, de doble presión, una interna (desarrollada por los campesinos) y otra externa (impulsada por los grandes comerciantes de productos agropecuarios), a los terratenientes criollos agrupados en la todopoderosa Sociedad Nacional Agraria,  les resultaba más cómodo y más rentable dedicarse a la importación de alimentos. Para eso necesitaban vender sus extensas propiedades agrarias, pero igual a lo que ocurría con los pozos petroleros del norte, “no encontraban compradores”. La decisión más conveniente, a sus propios intereses, fue que “el estado comprara los latifundios”, y que los campesinos pagaran la deuda agraria.

El gobierno dirigido por Fernando Belaunde (1963-1968) recibió el encargo y la directiva de impulsar la reforma agraria y  la nacionalización del petróleo, para así resolverles sus problemas coyunturales a los terratenientes y a la empresa IPC respectivamente. Como es ampliamente conocido,  ese endeble gobierno no fue capaz de cumplir con esos objetivos ya propuestos con anterioridad. Por eso,  la propia clase dominante decidió impulsar un golpe de estado militar. La única diferencia con los anteriores golpes militares, era que este último debería ser un golpe militar “institucional”.

Hasta 1960 la economía peruana era relativamente autosuficiente en el abastecimiento de productos agropecuarios para satisfacer las necesidades de la población,  además recordemos que hasta inicios de la década de 1960 el principal componente de la producción social global, o del PBI, continuaba siendo la producción agropecuaria, situación que comenzó a cambiar a mediados de esa década, cuando el valor de la producción industrial superó, por primera vez,  al valor de la producción agraria.

A partir de la reforma agraria de tipo terrateniente impulsada por el régimen velasquista, la economía peruana dejó de ser autosuficiente en la producción de alimentos,  y en los años posteriores,  cada vez se importan más productos agropecuarios para satisfacer las necesidades del mercado interno.

 

A partir de la reforma agraria, la mayoría de los viejos terratenientes,  con el cobro de la deuda agraria, se convirtieron en prósperos comerciantes importadores de productos agropecuarios, perjudicando así a los productores nacionales.

El investigador Hildegardo Córdova, en su libro “El Perú y sus Recursos. Una mirada desde la Geografía Económica” (2009) informa  lo siguiente:

“En 1950, importábamos unos 38,6 kilogramos de productos agropecuarios per cápita/año, diez años más tarde (año 1960) habíamos subido a 41,2kg, una década después (año1970) ya habíamos llegado a 60,5 kg. Posteriormente la tasa de importación de alimentos continuó subiendo…” ( libro citado, pp. 121).

En el mismo libro, el autor informa que:

En 1960 la importación de productos agropecuarios ascendió a 418,045 Tn., que en términos relativos significaba  42,1 kg/ha/año

Siete años después, en 1967 en las vísperas de la reforma agraria, la importación había ascendido a 765,222 Tn, o 63,1 kg/ha/año. Un crecimiento de  50% en la importación, en un lapso de siete años, en plena crisis de la agricultura tradicionalista.

Ocho años después, en 1975, la importación ascendió a 1’574,870 Tn, o 103,9 kg/ha/año. Un crecimiento de 64% en la importación agropecuaria, en un lapso de ocho años, cinco de ellos, de 1969 a 1975, en plena aplicación de la reforma agraria ¿entonces cuál fue el beneficio de la reforma agraria?  

Los principales beneficiarios de la reforma agraria fueron una parte de los viejos terratenientes, ahora convertidos en importadores de productos agropecuarios. Ese ha sido el real trasfondo de la reforma agraria de esos años.

Para mayor información, recomiendo revisar el libro “El problema agrario peruano”, del economista especializado en temas agrarios, Alberto Palomino, donde desnuda documentadamente el desarrollo y significado de la propagandizada reforma agraria de 1969.               

(*) Nota.-

Hace pocos días, el Sr. Villacrez, publicó una breve nota,  a propósito de una mención tangencial que yo hice del golpe de estado dirigido por el Gral Juan Velasco.

Su breve nota fue la siguiente:  

“Señor Aragón, no coloque en la misma canasta al General  Juan Velasco Alvarado, la Revolución Militar (1968-75), cerró el Congreso que era corrupto como todos, para hacer un verdadero cambio estructural en favor de las grandes  mayorías. No aceptar está situación es actuar con un sesgo nada real”.