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domingo, 28 de abril de 2019
Boletín #2 de la FEDIRAL
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE INSTITUCIONES
REGIONALISTAS DE APURÍMAC EN LIMA
Director:
Domingo Suárez Soria
BOLETÍN Nº 02 Lima-Perú
- Abril 2019
146 Aniversario de la Creación Política del
Departamento de APURÍMAC
Cabildo de las Comunidades Campesinas de Cotabambas: PODER
COMUNAL.
MINERÍA LAS BAMBAS, MITO O TRAGEDIA *
Por Alejo Lerzundi Silvera **
“[…]
y entonces ellos dicen que hemos venido a esta tierra para destruir el mundo.
Dicen que los vientos echan por tierra las casas y cortan los árboles, y el
fuego los quema, pero que nosotros devoramos todo, consumimos la tierra,
cambiamos el curso de los ríos, nunca estamos tranquilos, nunca descansamos,
siempre corremos de aquí para allá, buscando oro y plata, nunca satisfechos y
luego especulamos con ellos, hacemos la guerra, nos matamos entre nosotros, robamos,
insultamos, nunca decimos la verdad y les hemos despojado de sus medios de
vida. Y, finalmente, maldicen el mar que ha puesto sobre la tierra niños tan
malvados y crueles.” (Girolamo Benzoni, Historia del Mondo Nuovo, 1565)
“No somos antimineros,
pero si las cosas continúan como está: saqueo, persecución y muerte: ¡Las
Bambas, no va!” (Dirigente de la Comunidad Campesina de Fuerabamba).
El
Proyecto Bambas del departamento de Apurímac es el segundo más importante de
América Latina, su importancia como factor de desarrollo se basa en ideas
equivocadas que solo favorecen a la empresa, sus logros indicado en sus
boletines parecen minimizar el halo de violencia, explotación y muerte que las
acompaña. El objetivo de este trabajo elaborado a solicitud de la FEDIRAL,
tiene la finalidad de contribuir a una mejor comprensión de los hechos que
podrían permitir a las organizaciones de la sociedad civil, el diseño de
mejores argumentos y estrategias de lucha en defensa de sus intereses.
Celso
Furtado (1975), en su “El desarrollo económico: un mito” dice: “Las economías
de la periferia nunca serán desarrolladas, en el sentido de ser semejantes a
las economías que forman el actual centro del sistema capitalista. Pero ¿cómo
negar que esa idea ha sido de gran utilidad para movilizar a los pueblos de la
periferia y llevarlos a aceptar enormes sacrificios, para legitimar la
destrucción de formas de cultura arcaicas, para explicar y hacer comprender la
necesidad de destruir el medio físico, para justificar formas de dependencia
que refuerzan el carácter predatorio del sistema productivo”.
*(Trabajo
preparado por solicitud de la Junta Directiva de FEDIRAL para exposición en
Seminario realizada el 20 de noviembre de 2018 en el Club Apurímac con
participación de autoridades y representantes de la comunidad de Fuerabamba)
**
Ingeniero Msc. En Economía Agrícola. Ex funcionario del IICA/OEA para el
desarrollo de proyectos de desarrollo Rural del Banco Mundial en el Noreste de
Brasil.
Comprobamos
la vigencia de este pensamiento, cuando observamos los procesos que se están
dando en Perú en relación con la minería. Más allá de las voces que nos llegan
de la resistencia de las comunidades indígenas, atacadas y desplazadas por la
actividad minera, remontan el origen de este conflicto a hace 500 años. Esta
realidad puede sonar muy alejada para nosotros, los pueblos occidentales,
inmersos en sociedades individualistas y cortoplacistas, sin interés por el
pasado y de escasa capacidad de mirar al futuro, de tiempos y relaciones
líquidas y donde la naturaleza es simplemente una mercancía. Pensamiento
diferente tienen las comunidades para ellos la vida sólo tiene sentido desde lo
común, donde el pasado y el futuro forman un todo y están integrados en el
presente, y donde el bienestar sólo puede darse en armonía interior, con la
comunidad y con la naturaleza.
El
mito del desarrollo económico y del “progreso”, las ideas por las que se
justifican globalmente la destrucción del medio natural del que dependemos y en
el que vivimos, las ideas por las que estas comunidades se convierten en
subdesarrolladas, despreciando su saber y sus formas de vivir, sirve para
justificar que lleven a cabo una actividad de la que, no sólo no sacarán ningún
beneficio, sino que atenta contra sus derechos, su libertad, empeorando sus
condiciones de vida y aumentando su dependencia.
En
la práctica como el escenario de los acontecimientos está plagado de intereses.
Las empresas tratan de minimizar los costos para garantizar mayores ganancias.
Los trabajadores luchan por mejores salarios y condiciones de trabajo y el
Estado de la cual forman parte todos esos actores, generalmente se inclinan por
defender los intereses del poder real, las empresas, quienes cuentan con los
recursos y medios para imponer sus intereses en todos los poderes del Estado.
En esta diferencia de intereses, la tragedia ronda en las alturas de
Fuerabamba, amenazando la estabilidad de la región y el futuro de la minería en
el Perú.
El
ámbito geográfico e institucional, en el que se desarrollan el Proyecto Las
Bambas está ubicado en el extremo oriental de la región Apurímac, en la
provincia Cotabambas, limitando con la provincia Grau. El área de Influencia
Indirecta, comprende cinco distritos apurimeños de la provincia Cotabambas:
Challhuahuacho, Coyllurqui, Tambobamba, Mara y Haquira. Así como tres distritos
cusqueños de la provincia Chumbivilcas: Chamaca, Colquemarca, Velille y también
la provincia de Espinar con los distritos de Espinar y Coporaque. conflictos a
nivel local, además no hubo impactos significativos en los indicadores de
bienestar local y regional ahí donde se ha recibido la mayor cantidad de
transferencias. (Arellano 2011: 21-27)
A
fines del año 2018, las tendencias económicas pueden resumirse en la caída de
los precios internacionales de los minerales, menores inversiones y
recaudaciones de tributo, menores transferencias de canon y aumento de la
producción nacional de cobre. Por otro lado, las tendencias políticas están
conformadas por un conjunto de instrumentos legales que organizan la gran
minería peruana. Estas se resumen en las nuevas estrategias extractivas, Se
realizan Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Informe Técnico Sustentatorio
(ITS), Autorización de Intervención de Fuerzas Armadas (AIFA), Estado de
Emergencia (EE), Grupos de Trabajo, zona prioritaria y zona de interés
nacional. (MINEM. 2010)
La situación peruana es ejemplo de
un proceso latinoamericano mayor en el cual se ha priorizado la atención a la
necesidad internacional de recursos mineros por sobre (o sin) las
consideraciones ambientales y sociales respectivas. Una de las posibles explicaciones
de este proceso estriba en el accionar de las Instituciones Financieras
Internacionales. En su rol de intermediarios financieros, dichas instituciones
han fomentado la dependencia del mercado de materias primas en los países
latinoamericanos. Dependencia que se percibe en la flexibilidad de requisitos
ambientales, falta de control y supervisión del uso del agua, estudios de
impacto ambiental convenientes a las empresas, etc.
El
problema de información hídrica es compartido por los tres países andinos
mencionados (Bolivia, Ecuador y Perú), así como la preferencia de los estados
por promover las inversiones sin tomar las precauciones ambientales y sociales
correspondientes. Finalmente, dado el valor que tienen los recursos hídricos
para las comunidades locales, los cambios en el “escenario hídrico” tienen
repercusiones en el ámbito sociocultural. No es de extrañar que exista un
incremento de conflictos socioambientales, siendo la primera causa de dichos
conflictos la contaminación generada por las compañías mineras. (Urteaga et al
2011: 247-251)
El
contexto sobre el cual se desarrolla la gran minería en el Perú, surge de la
interacción de instituciones y factores involucrados. Específicamente en el
caso de la minería peruana participan varios actores. Este pensamiento
dominante prima en la minera Las Bambas coexisten los actores institucionales y
organizativos: La empresa privada, proveedores, extractivistas, procesadores y
transportistas; la sociedad civil integrada por trabajadores y las comunidades
campesinas y los gobiernos que representan al Estado intermediando en el
proceso a través de las autoridades públicas que la integran. Por la envergadura de los proyectos también
se importan otros organismos nacionales e internacionales, entre estas, las
Naciones Unidas vinculadas a la idoneidad de los procesos financieros y
sociales, así como los cuidados del medio ambiente.
Los
primeros actores, son el conjunto de instituciones, organizaciones e individuos
que forman parte de las Empresas Mineras, según tipo de accionistas, tamaño y
posibilidades de acción tenemos: Empresas Sénior o el Conglomerado de
Accionistas Internacionales, inversiones internacionales que responden a los
estándares y requerimientos de sus países de origen. Empresas Júnior, buscan transferir
la explotación del proyecto y obtener beneficios a corto plazo. Según
composición y organización tradicional tenemos: Gerencias centrales y
accionistas, Gerencias de operaciones y especialistas técnicos, Oficinas de
responsabilidad social e imagen institucional, Trabajadores locales. Según
Estrategias de prevención, sostenimiento y resolución de los conflictos,
tenemos empresas con un relacionamiento sin estrategia aparente o sumamente
cambiante, o empresas con estrategias de mitigación y control basadas en el
discurso de responsabilidad social.
Los
segundos actores son las organizaciones de la sociedad civil: comunidades locales organizadas, próximos a
los proyectos y operaciones mineras. Rondas y federaciones campesinas, el norte
del país se caracteriza por una organización rondera mientras que el sur por
federaciones provinciales campesinas y coordinadoras regionales. Municipios,
cuyo rol y posición es sumamente cambiante a lo largo del tiempo. Frentes de
Defensa, conglomerado que integra tanto espacios rurales como urbanos y que
adicionalmente logran conectarse a redes externas nacionales e internacionales.
El
tercer actor es el gobierno peruano, su participación en la explotación minera
y los conflictos sociales recae en organizaciones distintas: Agencias de
inversión y promoción (COFOPRI, Proinversión), Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), Gobiernos regionales, Autoridades políticas locales (gobernadores a
prefectos), Agencias especializadas del Estado (INRENA, Defensoría del Pueblo,
CONAM), Fuerzas Públicas (PNP, DINOES), Unidad de Análisis y Prevención de
Conflictos de la PCM, todo el sistema judiciario y la Controlaría General de la
Republica entre los más visibles.
El
cuarto tipo está conformado por los actores exteriores a los ámbitos locales en
los que se produce la protesta, cumplen funciones de intermediación o
participación. Asimismo, están divididos en cuatro categorías según la
naturaleza de sus acciones: Empoderadores, Polarizadores, Concertadores,
Neutrales. En este apartado no tenemos organizaciones o actores que se
encuentren permanentemente bajo alguna de estas cuatro categorías, sino que
pueden pasar de una función a otra. Se identifican que los actores externos más
comunes en los conflictos son la Iglesia Católica, ONGs, agencias de
cooperación y gremios. (De Echave et al: 2009).
El
quinto operador indirecto, son las organizaciones de las Naciones Unidas como
el Banco Mundial-BM, el Fondo Monetario Internacional – FMI, la Organización
Mundial de Comercio-OMC y la Organización Internacional del Trabajo-.OIT Tienen
relevante actuación en términos de fomento de las inversiones, de desarrollo,
las soluciones al problema fiscal de las países, las regulaciones del Comercio
y la defensa de los derechos de los trabajadores en el marco de la preservación
de los impactos negativos al medio ambiente. (Ser incluye en anexo un
pronunciamiento de Servindi de 30 de enero, 2017 que incluye un colectivo de 52
entidades de la sociedad civil organizada para análisis de conflictos sobre los
cuales los organismos de las Naciones Unidas deben pronunciarse)
Desde
el punto de vista técnico, institucional y legal, el cumplimiento del marco
normativo y estratégico en todas las partes, propiciarían una ejecución de la
actividad minera conducentes al desarrollo nacional, regional y local evitando
los conflictos sociales y daños al medio ambiente. Sin embargo, la lógica de
las negociaciones y de la ejecución de los proyectos está plagada de intereses
corporativos y sed de ganancia desmesuradas, por el cual, se condicionan e
incumplen los contratos. Existe una larga historia de los conflictos mineros
registrada en estudios académicos, comunicados, protestas y marchas obreras y
campesinas.
En
el caso de Las Bambas su desarrollo histórico está registrado en La República
(14 de abril de 2018):
1. En 2011 Xstrata Copper, los dueños de
Las Bambas y de las minas Antapaccay y Tintaya en Cusco, se comprometieron a
invertir “con sus propios recursos” US$ 4,116 millones, de acuerdo con el
contrato firmado con el Estado que figura en el Ministerio de Energía y Minas.
Xstrata Copper informó a la Dirección General de Minería que ese dinero se
invertiría principalmente en una planta de chancado y molienda para 140 mil
toneladas de minerales extraídos a tajo abierto, y un mineroducto de 178
kilómetros para trasladar el concentrado del mineral a una planta de molibdeno
en Antapaccay.
2. En mayo de 2013 Glencore/ Xstrata
reportó que había invertido un poco más de US$1, 000 millones de los US$ 4,116
millones previstos. A finales de ese mismo año Glencore informó al gobierno
peruano que ya tenía comprometida la mitad de una inversión que ahora
proyectaba en US$5,200 millones, es decir, mil millones de dólares más de lo
pactado.
3. Entre 2013 y abril de 2014, Glencore
debió haber invertido más de US$3,000 millones, pero no cumplió. Según el
cronograma de inversión actualizado a 2015, Glencore había invertido solo US$1,
764,454 millones y tenía otros millones comprometidos con los bancos. Sin
embargo.
4. En abril de 2014, mientras cerraba la
venta de Las Bambas con el consorcio chino, Glencore solicitó al Estado una
modificación del plazo final del proyecto hasta setiembre de 2015. Los
funcionarios de la Dirección General de Minería aceptaron sin ninguna
observación.
5. En julio del 2014, una offshore de
Glencore vendió la mina Las Bambas, a un consorcio chino por US$ 7,000
millones. Por la transacción la compañía pagó al Estado Peruano US$ 1, 300
millones. Considerado debajo de las
expectativas. Convoca.pe, accedió a documentos del bufete Appleby, como parte
de la investigación global Paradise Papers, que revelan que US$ 2,400 millones
de esa transacción se movieron en un complejo esquema tributario que incluyó
“préstamos intragrupo”, una práctica de las grandes empresas para eludir
obligaciones tributarias. Toda esta operación fue realizada en apenas 24 horas.
6. El Presidente Humala visitó Las Bambas
con el gerente de MMG Luis Rivera luego de violentas protestas para transmitir
confianza a inversores chinos. A fines de setiembre de 2015, el conflicto
social por el proyecto minero Las Bambas ubicado a mil kilómetros de Lima dejó
como resultado 4 muertos en las alturas de Apurímac, se produjo luego de que se
consumara la transacción más cara de la historia minera en el Perú: Glencore
Xstrata vendió Las Bambas al consorcio que lidera MMG Limited, filial
australiana de la China Minmetals.
7. Ante las diversas versiones y
suspicacias que se generaban, el gobierno regional de Apurímac solicitó al
presidente Ollanta Humala especificar el monto y cuánto del mismo se destinaría
a las arcas de la región. No hubo respuesta.
8. En los días siguientes a la
transacción, Glencore solicitó a la entidad recaudadora Sunat el Certificado de
Recuperación del Capital, un documento que una compañía extranjera debe
solicitar tras vender sus derechos de explotación de un recurso natural para
fijar cuánto de la ganancia será gravada con el impuesto a la renta.
9. Según fuentes que conocieron de manera
cercana esta transacción, Glencore y Sunat mantuvieron una discrepancia sobre
los costos de las acciones de la empresa vendida. Mientras la multinacional
señalaba que sus acciones valían S/. 3,487 millones (US$1, 243 millones) el
ente recaudador de impuestos reconocía solo S/. 1,230 millones (US$ 440
millones). Sobre este punto, la empresa planteó ante el Tribunal Fiscal un
proceso de reclamación por el valor computable de las acciones.
10. Adicionalmente, Glencore pedía se le
reconociera deudas contraídas por US$ 2,900 millones, monto que era considerado
como parte del capital, con lo cual la ganancia a gravar por la transacción se
reduciría. ¿Cuánto ingresó al Tesoro Peruano por impuesto a la renta producto
de esta millonaria transferencia finalmente?, ¿de dónde salieron esos préstamos
si la inversión de Glencore ‘con recursos propios’ no fue más de US$ 1,764
millones hasta 2014.
11. El gobierno a instancias de la empresa
minera, ha respondido con la ocupación policial-militar de los distritos y
caseríos de Cotabambas. Por ejemplo, en marzo de 2017, se dictó la detención
preventiva por 18 meses del alcalde provincial y exconcejales del municipio de
Challhuahuacho, quienes fueron obligados a la clandestinidad y legalmente
declarados prófugos de la justicia.
La
versión extraoficial es que Glencore habría pagado al Perú, según fuentes de la
SUNAT y el MEF, alrededor de US$ 580 millones, mucho menos de lo que los
funcionarios públicos y expertos anunciaban con entusiasmo. Pero no está claro.
La filial de Glencore respondió a Convoca.pe luego de un mes de insistencia que
el proyecto cuprífero ya no les pertenece y no comentarían sobre la operación.
Lo cierto es que mientras en Lima abogados de la firma Grau Abogados ayudaban a
Glencore a culminar la venta de Las Bambas, en las Islas Bermudas se iniciaba
una compleja operación financiera y tributaria que duraría solo unas horas, y
en la que los miles de millones de la transacción de la mina serían el punto de
inicio.
En
un documento llamado ‘Simplificación del Grupo Australiano de Glencore’ se
describe un flujo de fondos que van y vienen entre empresas del gigante suizo
en Chile y Australia vía “intrapréstamos”. Esta operación multimillonaria de
devoluciones de préstamos entre filiales de Glencore se habría efectuado el 31
de julio de 2014, de acuerdo al documento elaborado por expertos tributaristas
y la firma Appleby. En sí, una compleja ‘reestructuración’- con flujos de
entrada y salida de dinero en Chile, Islas Caimán y que terminaría en las
cuentas de unas de las empresas del grupo Glencore en Australia. Los documentos
de Appleby filtrados sugieren que el dinero de la operación peruana de la transnacional
era convertido en ‘préstamo’ y quedaba en el país como una cuenta por cobrar de
la empresa con lo cual se justificaba y reducía las ganancias sobre las cuales
la administración tributaria debía gravar.
Grafico
1: Ruta del Dinero en la Minera Bambas.
Estos
manejos financieros y operacionales se realizan al margen del conocimiento de
la sociedad civil, solamente algunas ONG,s de derechos humanos y de
transparencia estudian el caso y emiten informes de alcance reducido. Entre
tanto las comunidades campesinas protestan no sobre cuestiones de fondo, sino
sobre cuestiones que les afectan más directamente como la apropiación ilícita
de sus terrenos y uso gratuito y abusivo de las vías carrosables, así como por
las fisuras en las viviendas que se viene generando por las vibraciones
permanentes de los explosivos usados, Los comuneros temen por sus vidas, muchas
casas están prácticamente inhabitables.
Hay
una situación de conflicto permanente con bloqueos de carreteras, abertura de
zanjas que impiden el paso de los camiones hacia el puerto de Matarani, en la
región sureña de Arequipa. Los pobladores de la comunidad de Fuerabamba
reclaman el pago por el uso de la vía o la compra de sus terrenos donde pasan
los camiones, considerado como su propiedad, y que el Gobierno los declaró
ilegalmente como una carretera nacional.
El
origen de los problemas se deriva del incumplimiento de los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA), que establece la construcción de un mineroducto hasta Espinar
(Cusco) para el transporte de los concentrados minerales y respectivo
procesamiento. Pero la empresa y el Estado los han suprimido; por lo que los
concentrados se trasladan en vehículos especiales por la trocha derivada de las
comunidades y que los pesados vehículos corren día y noche, cada tres minutos,
alterando totalmente la vida vegetal, animal y humana.
Lo
singular en el caso de Las Bambas es que los cotabambinos no son antimineros.
Sobre el particular Isaac Humala Tasso, padre del presidente Humana a sugerido
convocar a sus congresistas, a los directivos del club Apurímac en Lima, a las
cámaras de comercio, asociaciones de productores de comunidades, a los rectores
de sus universidades, a personalidades destacadas y a las instancias de
las Naciones Unidas (ONU) a tomar cartas
sobre el asunto para que intervenga en el problema como lo hizo en el valle del
Tambo como en Islay, donde intervino de oficio y encontró que el EIA del
proyecto Tía María aprobado por el Gobierno era una aberración. Le encontró 138
errores garrafales.
Frente
a este obscuro y complejo cuadro de transacciones comerciales y financieras,
así como el incumplimiento de los contratos y respectivo pago de impuestos en
la que están envueltas instituciones del Estado. Algunas instituciones de la
sociedad civil, universidades y organismos nacionales e internacionales se ha
ocupado del asunto, emitiendo comunicados y exigiendo esclarecimientos y
suministros de informaciones. Así tenemos:
1. OXFAM. 2016, publicó un informe con una
metodología que establece un ranking de los países más agresivos para la
tributación empresarial. Entre los más importantes figuran Islas Bermudas,
Suiza y las Islas Caimán porque tienen una serie de prácticas nocivas, como
aplicar retenciones para no gravar las prácticas más empleadas por las grandes
empresas: los préstamos intragrupo, entre filiales de una misma matriz
empresarial.
2. CONVOCA.pe. 2018. solicitó a Glencore
la información sobre el movimiento inusual de dinero posterior a la venta de
Las Bambas, pero no hubo respuesta. Expertos tributarios consultados señalan
que estos documentos de Appleby sugieren que esta operación debió ser revisada
por los entes tributarios porque podría estar encubriendo un retiro de
utilidades por el que no se pagaron tributos no solo en el Perú sino en Chile y
Australia.
3. Según la Republica.2018, el portal
investigativo chileno CIPER publicó en 2017 un reportaje en el que revelaba que
la filial chilena de Glencore sacó US$534 millones de sus excedentes y los
envió como “préstamo” a una sociedad en las Islas Bermudas mediante el mismo
plan de reestructuración que figura en los documentos de Appleby sobre el
proyecto minero más grande del Perú.
4. Tiempo Global, el programa de radio
del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, presentó una entrevista con Javier Torres Seoane, editor de
Noticias SER, quien explicó las principales aristas sobre el conflicto que se
ha suscitado en torno al proyecto minero Las Bambas que han generado cuatro
fallecidos y decenas de heridos.
5. Para el editor de Noticias SER, la
dinámica de la violencia implica que, cuando más dura un paro, más tensión se acumula.
En el caso de Las Bambas, un sector de ciudadanos quiso invadir la mina y
fueron reprimidos indiscriminadamente. Hasta el momento, nadie sabe quién
disparó las balas.
6. Ante el desinterés del gobierno para
defender los intereses de la nación, CONVOCA.pe. 2018, solicitará al gobierno
del presidente Vizcarra, información sobre venta de las bambas, quieren saber
cuánto pagó Glencore a Sunat luego de vender la mina por US$ 7 mil millones y
retirar dinero a través de offshore.
7. El gobierno Regional de Apurímac
reclamó sin éxito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaciones
sobre el monto que recibió el Estado por impuesto a la renta a la ganancia
obtenida de la venta de la mina Las Bambas por parte de la transnacional
Glencore.
8. Asimismo, los dirigentes de las
comunidades “también harán llegar documentos a la Fiscalía de la Nación y a la
Contraloría General de la República” para que inicie las investigaciones del
caso. Previamente, realizarán las reuniones que tiene programadas para elaborar
sus pedidos.
Para
dar continuidad a este escenario de explotación, abuso y corrupción, el
gobierno Kuczynski implementó, en poco tiempo, acciones de reactivación
macroeconómica, mediante cambios normativos a través del otorgamiento de
facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Como resultado, entre diciembre de
2016 y enero de este año se han emitido 112 Decretos Legislativos, 65 de los
cuales están enfocados en la reactivación económica, y en algunos de ellos hay
un retroceso en materia de derechos de los pueblos indígenas, transparencia y
acceso a la información, seguridad territorial, flexibilización de la normativa
minera, el derecho al agua, la minería informal, flexibilidad laboral, entre
otros. El Gobierno actual del presidente Vizcarra, no ha deslindado con su
antecesor en materia económica y por tanto, porta tanto estos decretos están
vigentes.
A
manera de conclusiones exponemos que el conflicto generado en la minera Bambas,
según señalan los dirigentes de Cotabambas, fue que los operadores de Las
Bambas no comunicaron a las autoridades y representantes de las comunidades las
modificaciones que realizaron al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto. Al respecto, el MEM señaló, mediante un comunicado, que la empresa
presentó en el año 2013 un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la
incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado. El MINEM añade que los
ITS no implican la ejecución de talleres de participación ciudadana. Un
proyecto minero como cualquier otro puede necesitar cambios durante su
desarrollo, los cuales pueden ser de diversa índole y magnitud. Antes de que
estos cambios se ejecuten, se requiere que el EIA del proyecto minero se
modifique y que esta modificación sea aprobada por la autoridad competente.
Hasta
el año 2013, cualquier modificación debía pasar por un proceso de modificación
ordinario del EIA, lo cual implicaba realizar un nuevo proceso de participación
ciudadana. Sin embargo, en mayo de ese año, como parte del proceso de promoción
de las inversiones y de simplificación de trámites, se aprobó el Decreto
Supremo 054-2013-PCM, en el que se afirma que:
“en los casos en que sea necesario modificar componentes auxiliares o
hacer ampliaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental
aprobada que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer
mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de
modificación del instrumento de gestión ambiental”.
Así,
se establece que, para ciertos casos, el operador del proyecto debía entregar
un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) en reemplazo del procedimiento de
modificación ordinario del EIA. A través del ITS, la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros del MEM, debe evaluar si las modificaciones al
proyecto entran dentro de los casos arriba descritos y no representan un
impacto ambiental significativo que amerite una modificación ordinaria del EIA.
En
el caso de las Bambas, el MEM, a través de su Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros, consideró que las modificaciones relacionadas a la planta
de molibdeno y al mineroducto eran componentes auxiliares que no generaban
impactos ambientales significativos, y que, por tanto, no requerían un
procedimiento ordinario de modificación del EIA, sino que debía presentar un
ITS. Por su lado, los representantes de Cotabambas mostraron su molestia al
considerar que estas modificaciones debieron ser informadas a las comunidades y
señalan que correspondía aplicar un procedimiento ordinario de modificación del
EIA y no un ITS.
Resumiendo,
en minera Las Bambas se viene vulnerando derechos fundamentales tales como:
1. Derecho a la vida, 05 muertos, decenas
de perseguidos sometidos a la clandestinidad y una política de persecución y
amedrentamiento sin identificación de los culpados.
2. Derecho al trabajo, los campesinos han
perdido sus tierras y sus animales, reubicados en casas populares urbanas no
saben qué hacer. Pocos son empleados y cuentan con índices altos de necesidades
básicas insatisfechas.
3. Derecho al goce de un ambiente sano. La práctica de la explotación minera, es
altamente contaminante del recurso agua, pone en riesgo la estabilidad y
equilibrio de los ecosistemas, así como la pervivencia de las especies animales
y vegetales.
4. Derecho humano al agua Tanto los ecosistemas
como la vida presente y futura de las generaciones dependen directamente de la
cantidad y la calidad de agua que hoy logremos proteger y garantizar a largo
plazo.
Con
la actividad minera sin control se presenta la contaminación de fuentes
hídricas por vertimientos de mercurio, cianuro, grasas, residuos de
combustibles y sólidos suspendidos que son arrojados tras la actividad de las
máquinas en los cauces de los ríos, lo que contribuye al deterioro de la
calidad del agua.
5. Derecho a la seguridad alimentaria
Este derecho se ha visto afectado por la expansión de la actividad minera sin
control, debido a la contaminación de suelos, el levantamiento de la capa
orgánica básica para la agricultura, y el aporte de alta cantidad de sedimentos
a los cuerpos de agua, colmatando las ciénagas y lagunas de desove de los
peces.
6. pasando de una economía de producción
autosuficiente a depender del flujo de dinero para la adquisición de los
productos necesarios. Pasan de ser productores a jornaleros, y no todos tienen
las mismas oportunidades para ser contratados como mano de obra.
7. Derecho a la salud Existe una alta
vulnerabilidad de la población trabajadora de la minería sin control, definida
en grandes carencias socioeconómicas, falta de educación, informalidad laboral,
ausencia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
pensiones y riesgos laborales, así como una baja información sobre sus derechos
a la salud.
8. Derecho al territorio y a la consulta
previa El desarrollo de la minería ilegal y la titulación indiscriminada, sin
tener en cuenta los límites de los territorios colectivos, violan los cánones
constitucionales y los tratados internacionales que obligan al Estado a
respetar el derecho de las comunidades étnicas a la consulta previa. Se vulnera
este derecho cuando el Estado adjudica títulos mineros en territorios étnicos,
desconociendo los derechos de los grupos protegidos sobre sus territorios.
3.
Conclusiones: desarrollos alternativos y alternativas al desarrollo mejor”40.
Este punto nos lleva al segundo elemento, a saber, que la transición sólo será
posible a través de un proceso de democratización profundo en el que se amplíen
los espacios de participación para que el conjunto de la población pueda
decidir sobre el uso de los recursos, la producción industrial y agrícola o la
capacidad financiera, ampliando las bases de consenso. Tercero, para que este
proceso sea realmente viable y efectivo debe articularse además a nivel local,
regional y global. Finalmente, las actividades económicas y el uso de recursos
deben limitarse al campo de la sustentabilidad, en los términos que los define
Gudynas, como “el conjunto de actividades que permiten disfrutar de una
adecuada calidad de vida y aseguran la integridad de la naturaleza.”41
A continuación, exponemos un
conjunto de tareas vinculado a los actores participantes en la explotación
minera de Las Bambas
1. Las comunidades campesinas deberán:
• Realizar una amplia convocatoria a
sociedad civil organizada en defensa de los intereses de la nación
• Denunciar los atropellos y abusos de
la empresa y de las instituciones públicas coludidas en desmedro de sus
intereses;
• Realizar seminarios y otros eventos
para analizar, discutir y difundir la situación existente y sus consecuencias;
• Realizar frente a los abusos de la
empresa y la anomia del Estado, movilizaciones de protesta, paros y huelgas
informando de los hechos a la opinión pública.
• Elaborar una plataforma de lucha
campesina y emitir comunicados dando cuenta de los acontecimientos;
• Mejorar la organización campesina y
crear un Comité de Lucha de carácter permanente, con participación de
instituciones y personalidades principalmente del entorno apurimeño.
• Demandar ante la Corte Internacional
de Derechos Humanos sobre los fallecidos, heridos, denunciados y perseguidos.
• Desconocer la modificatoria del
estudio de Impacto ambiental por carecer de sustento técnico, legal y social.
2. Exigencias a la Empresa MMG el
cumplimiento de:
• Las leyes peruanas y acuerdos de
explotación respectivos.
• Mitigación de impactos ambientales
provocados por el uso del agua, transporte de concentrados y el uso de
explosivos,
• Compensaciones por el daño causado a
las viviendas, la producción agropecuaria y el bienestar de las personas.
• Retomada de la construcción del
mineroducto como acordado inicialmente,
• Pago justo y oportuno de los impuestos
a las transacciones financieras.
• Demolición y retiro inmediato de la
planta de molibdeno, plata de filtros y almacén de con centrados, por ser
altamente condicionantes al medio ambiente y a la salud.
• Construcción de la planta de
abastecimiento para la purificación de aguas servidas en el Distrito de Challhuahuacho.
3. Exigencias al Gobierno Peruano
• Cumplimiento de la Ley general de las
Comunidades Campesinas, Constitución Política y la Ley de Consulta Previa. Es
necesario que la participación y los procesos de consultas ciudadanas e
indígenas sean realmente procesos amplios e inclusivos.
• Revisar los estudios de impacto
ambiental y modificaciones realizadas para determinar su legalidad y
operatividad técnica, sancionando a los respectivos responsables.
• Mejorar los mecanismos de
transparencia del MEM. No se encuentran disponibles en la WEB informaciones
relativas a los ITS y respectivas resoluciones directorales.
• Definir claramente cuál es el
mecanismo de participación ciudadana que operará en el caso del ITS.
• Evitar el acumulo de tensiones en el entorno
minero propiciando el dialogo de las partes en conflicto y evitar la represión
indiscriminada contra los obreros y campesinos que ha generado saldo de
muertos;
• Revisar los acuerdos financieros y
transacciones de propiedad ya realizados y el montante de los impuestos
cobrados en función de los acuerdos básicos y sancionar a los culpables.
• Indemnización a la viuda e hijos por
la muerte de y de los heridos en los diferentes conflictos suscitados en la
provincia de Cotabambas y distrito de Progreso-Grau.
• Cese de persecución judicial y
policial a dirigentes de organizaciones civiles y comunidades de la provincia
de Cotabambas y del distrito de Progreso-Grau que a la fecha suman más de 400
implicados.
• Cese de la militarización en la
provincia de Cotabambas-Progreso y revocación del convenio de “prestación de
servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre la minera
las Bambas-PNP”, cuyo objetivo es la protección, vigilancia y seguridad del
proyecto minero.
• Nulidad del DS- N" 011-2016-MTC,
que declara vía nacional la carretera
Quehuira-Allahua-Choquecca-Antuyo-Pumamarca-Huancuire-Pamputa e indemnización
por daños y perjuicios a las comunidades de las zonas de área de influencia
directa e indirecta.
• Ejecución de proyectos educativos de
impacto Provincia-Ruralidad del tipo 1 inicial, primaria y secundaria,
fortalecimiento de capacidades de docentes y complejos educativos en los tres
niveles.
• Represamiento y riego tecnificado en
la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau.
• Declarar de interés y prioridad
nacional a la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso de la provincia
Grau, para fines de inversión pública y aprobada en presupuesto general de la
República de cada año.
• Modificación de la Ley general de
minería, reglamento y otras normas existentes que impiden el pago de impuesto
de canon de empresas mineras.
• Establecimiento de seguro agrario
catastrófico integral y seguro ambiental por inclemencias de la naturaleza en
la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso-Grau.
• Priorizar gestión integral de recursos
hídricos en todas las cabeceras de micro cuencas y respeto se su calidad y
cantidad y obligación de pago de Canon de agua para las empresas mineras
• Revisión de contratos, renegociación
de los terrenos comunales afectados en zonas de influencia directa e indirecta
de las comunidades campesinas como Huancuire, Pumamarca y otros e indemnización
por el atraso de compromisos firmados en el acuerdo marco del año 2013.
• Prioridad a los egresados de UNAMBA
sub sede en la provincia de Cotabambas e Institutos tecnológicos y pedagógicos
para realizar prácticas pre profesionales y empleo de los mismos en la empresa
minera MMG-Las Bambas.
• Reconocer a nueve comunidades del
distrito de Mara como zona de influencia directa e indemnización:
Congota-Arcospampa, Pisaccasa, Yuricancha, Andrés Avelino Cáceres, Huacuy, San
Miguel, Miraflores, Pitic y Ñahuimpugio.
• Zonificación económica y ecológica de
la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso-Grau al mismo tiempo
actualización de los planes de desarrollo comunales, distrital y provincial.
• Ordenar el cierre de las emisoras
propietarias de la MMG por difundir informaciones contrarias a los intereses de
la comunidad y el Estado;
• Observar y renegociar la propiedad y
uso de las tierras comunales de las zonas de influencia de Cotabambas y Grau;
• Exigir el reconocimiento de zonas de
influencia del proyecto a las vías de transmisión eléctrica y las vías de
transporte de carga pesada para respectiva extensión de los beneficios;
• Monitoreo y vigilancia ambiental de
aire, agua y suelo con la participación de las comunidades campesinas y la
sociedad civil.
4. Exigencias al Banco Mundial y Otros del
Sistema de Naciones Unidas.
• Asumir su responsabilidad en la lucha
contra los flujos financieros ilícitos promoviendo mecanismos de transparencia
para las transnacionales a fin de que paguen los impuestos correspondientes en
los territorios donde obtienen renta. La atracción de inversiones extranjeras
no debe estar sustentada en estímulos y exoneraciones fiscales.
• Promover y hacer respetar las normas
laborales y el respeto de los derechos de los trabajadores en el nuevo Marco de
Alianza con el Perú.
• Promover y asegurar que no se debilite
el marco nacional de transparencia y acceso a la información pública en el
país, tal como ha sucedido con el actual gobierno a través del DL N°1353.
• Evitar la promoción de políticas de
privatización de los servicios públicos y la flexibilización socio-ambiental.
Las APP deben evaluar los costos para los sectores populares y la precarización
laboral, los impactos que genera, estableciendo mecanismos de transparencia en
los contratos a fin de facilitar el monitoreo ciudadano.
• Promover la participación ciudadana en
la aplicación de instrumentos de gestión ambiental (por ejemplo, ITS) evitando
dejar estos procesos solo en manos del Estado.
• Hacer respetar y cumplir las
operaciones técnicas y recomendaciones de políticas recomendadas por la OIT,
especialmente en cuanto a la promoción de trabajo digno y decente.
• Exigir a la OIT y la Comisión
Internacional de los Derechos Humanos para protección legal a las Comunidades
Campesinas y el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa.
Lima, 26 de abril de 2019
INVITACIÓN I CUMBRE LABORAL 2019
INVITACIÓN
I CUMBRE LABORAL 2019
La Comisión Organizadora del Frente de Defensa del Pueblo de Lima viene difundiendo la invitación a las masas trabajadoras del Perú de la organización y realización de: I Cumbre Laboral 2019 como homenaje en el pensamiento como en la acción al 1° de Mayo. La programación se realizará en dos foros en las fechas: 26 de abril a las 6pm y 28 de abril a las 3pm del presente año, en las instalaciones del local de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú-CATP. Hora 6:00 pm.
FORO I.
- Política Laboral de Productividad y Competitividad. Análisis del D.S. No.345-2018.
FORO II.
- Situación laboral en el Perú.
Breve comentario.
Ambos temas, vistos desde la superficie de la realidad peruana, tienen la apariencia de la facilidad con que se expiden los decretos para modificar una realidad que no le corresponde. Sin embargo, es de suponer el interés de los organizadores que hacen uso de esos temas como un medio para penetrar la realidad profunda del Perú, pues no se trata del trabajo como un tema equitativo o conciliador en el momento del reparto entre trabajador- patronal, del desgastado y demagógico “reparto de utilidades”. Se trata de un conflicto muy hondo, irreconciliable, entre el TRABAJO Y EL CAPITAL. Dos ideologías, dos teorías, dos políticas, es lo que existen detrás de aquellos temas en apariencia muy sencillos.
Lo que tenemos en nuestro país hasta hoy no ha sido otro que la legislación laboral hecho a imagen y semejanza del poder del capital. La reivindicaciones laborales logrados a costa de muchos sacrificios por los trabajadores organizados en Sindicatos, se convirtieron el ley; pero por el tiempo necesario que la patronal necesito para aflojar y relajar las energías de los trabajadores e inmediatamente cancelarlo todas aquellas reivindicaciones. La situación laboral en el Perú hoy es consecuencia de aquella dentro de una realidad nacional expresada en: DESINDUSTRIALIZACIÓN-DESAGRARIZACIÓN-INFORMALIDAD LABORAL.
1° DE MAYO.
-Movilización masiva de los trabajadores manuales como intelectuales, pues todo trabajo intelectual es trabajo manual y todo trabajo manual es trabajo intelectual.
.Concentración: Plaza San Martin: 10 am.
Colectivo Perú Integral
22 de abril de 2019
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