La ambición está más descontenta de lo que no tiene, que satisfecha con lo que tiene (Fénelon, 1651-1715).
El horrendo crimen de tortura y asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia,
Rodolfo Illanes,
el pasado 25 de agosto por cooperativistas mineros ha sido, según Evo
Morales, "una parte importante de una permanente conspiración". En su
alocución al pueblo, el presidente declaró que "otra vez hemos derrotado
un intento de golpe de Estado". En realidad, ha sido el cuarto intento
de golpe desde que Evo Morales asumió la Presidencia en 2006.
El primer intento de golpe lo tuvo que afrontar Evo Morales en 2008,
cuando los prefectos departamentales opositores de la región conocida
como la 'Media Luna' (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca)
exigieron la autonomía y declararon un paro, lo que llevó a realizar un
referéndum revocatorio de los mandatos del presidente y de los prefectos
departamentales que tuvo lugar en agosto 2008. La población confirmó
por una amplia mayoría del 67% al presidente Morales. También fueron
confirmados los prefectos como una muestra de la peculiaridad del
pensamiento de los bolivianos.
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Nueve días después, los prefectos opositores llamaron al "paro
cívico" por tiempo indefinido con el bloqueo de rutas contra el Gobierno
nacional. En septiembre de aquel año hubo atentados contra el gasoducto
en Tarija y varios simpatizantes de Evo Morales fueron asesinados. Se
detectó también la intromisión del embajador norteamericano, Philip
Goldberg, en el conflicto, y sus encuentros con los líderes de la
oposición. Goldberg, finalmente, fue expulsado de Bolivia. En respuesta,
el Gobierno de George W. Bush puso Bolivia en la 'lista negra' de los
países narcotraficantes. El segundo intento de sacar a Evo Morales del
poder se produjo durante la marcha de la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB), en agosto de 2011, cuando sus dirigentes
declararon que "esta marcha es para tumbar a Evo". El pueblo no permitió
a la CIDOB realizar su plan que, fue inspirado por las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) auspiciadas por Washington.
No
pasó ni un año que la oposición guiada por los globalizadores intentó
un golpe en 2012 utilizando el Movimiento sin Miedo (MSM), afiliado a la
Internacional Socialista. Los líderes del MSM organizaron el paro
armado de policías de rango inferior reclamando mejoras salariales, que
coincidió sospechosamente con una marcha de los indígenas del Parque
Nacional Isiboro Sécure. Morales afirmó que tanto los policías como
indígenas son rehenes del Movimiento sin Miedo. En referencia a los
defensores del orden público, cuyo paro paralizó al país durante seis
días, el presidente acusó a los policías de "no tener doctrina, no tener
valores y no tener disciplina, quedándose muy mal frente al pueblo".
Evo Morales pudo lidiar con aquellos tres intentos de golpe y pudo
neutralizarlos rápidamente. Sin embargo, el actual intento de 'tumbarlo'
por el sector del cooperativismo minero, que estaba dando un fuerte
respaldo a Evo Morales y a su Movimiento al Socialismo (MAS) desde el
2005, podría debilitar seriamente al Gobierno boliviano. Los
cooperativistas están afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas
Mineras (Fencomin), que ya cumplió 47 años. El Fencomin tiene siete
legisladores elegidos con la sigla del MAS, el viceministro de
Transporte, Pascual Guarachi, es cooperativista y también la
organización tiene su representante en la superintendencia del ramo.
Bolivia
es un país minero que exporta estaño, plata, oro, complejos de plomo y
es sexto productor mundial de zinc. Resulta también que posee un 50% de
las reservas mundiales de litio, que todavía no empezó a explotar
intensivamente por falta de la infraestructura. La minería representa la
segunda riqueza del país después del gas natural. Ambas están exentas
de impuestos y son consideradas por leyes nacionales entidades no
lucrativas. En total, la minería aporta un 6% al Producto Interno Bruto
(PIB). Lo interesante es que en la minería estatal y privada laboran en
total unos 15.500 trabajadores (7.500 y 8.000, respectivamente),
mientras, en 1.700 cooperativas hay entre 150.000 y 180.000 mineros.
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Sin embargo, la participación de la minería cooperativista en el PIB
es mínima. Resulta que en estas 1.700 cooperativas hay unos 10.000
socios que, prácticamente, son dueños de sus cooperativas, que utilizan
la mano de obra barata de peones o 'makunkus', que carecen de todos los
derechos laborales. Según los datos oficiales, solo el 16% de los
cooperativistas aportan al seguro obligatorio. Durante el auge de los
precios de los minerales, que duró hasta 2012, los socios de estas
empresas acumularon riqueza sin aportar nada sustancial al Estado o a
sus propios trabajadores. Según el Ministro de Gobierno, Carlos Romero,
"la cooperativa no hace nada más que recibir su título de concesión
minera, lo entrega a una empresa privada y recibe un porcentaje de las
utilidades por una operación de intermediación entre una empresa y el
Estado. Si el Estado hubiera firmado el contrato directamente con una
empresa privada, los ingresos que el país recibiría por la explotación
de los recursos naturales serían del 39% de la ganancia de la empresa,
mientras que en la actualidad es solo del 1%".
A
pesar de esta situación, las cooperativas registraron un significativo
crecimiento desde que Evo Morales llegó al poder en 2006. En 1990,
existían en el país 454 cooperativas, que crecieron a 778 empresas en
2005. Actualmente, hay unas 1.700 cooperativas. Si desde el punto de
vista económico las cooperativas no son rentables para Bolivia,
entonces, ¿cuál es la razón de su crecimiento y del apoyo del Gobierno a
estas empresas? Siempre cuando falla la razón económica para la
existencia de una empresa, habría que buscar la justificación política. Y
allí está la explicación.
La minería cooperativa surgió a nivel mundial durante la crisis
económica de 1929, provocada por el desplome de la Bolsa de Valores de
Nueva York. En Bolivia, el crecimiento de las cooperativas mineras había
sido lento hasta 1980, cuando el presidente, Luís García Meza,
(1980-1981) invitó al famoso 'gurú' de la 'terapia de choque' económico,
el profesor de Harvard Jeffrey Sachs, que fue recibido en Bolivia como
un héroe que prometió que el país "experimentará un boom económico en
1986". En aquel entonces, la inflación había llegado a un 25.000%.
Durante el Gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), las recetas de
Sachs lograron a detener la inflación y el modelo de la 'terapia de
choque' fue recomendado para todos los países latinoamericanos.
Precisamente, en este período empezó el proceso de desmantelamiento del
sector productivo estatal y la privatización de las empresas nacionales.
©
AFP 2016/ Rodrigo Buendia
El
mismo partidario en los años 1950 de las empresas estatales, Víctor Paz
Estenssoro, que en 1952 había creado la Corporación Minera de Bolivia
(Comibol), en 1985, después de ganar las elecciones presidenciales,
aprobó el decreto 21060 a instancias de Sachs para "la flexibilización
laboral". La Comibol fue desmantelada y 23.243 mineros estatales del
total 30.518 perdieron su trabajo. El desempleo subió al 22% y el
subempleo al 75% debido a las reformas de choque a cargo del ministro de
Finanzas, Gonzalo 'Gony' Sánchez de Lozada. Las protestas y paros se
apoderaron del país. Mientras tanto, parte de los mineros despedidos se
convirtieron en cooperativistas y la otra parte se volcó en la
producción de las plantas de
coca. Así, la
cocaína
se convirtió en el más importante producto de exportación, que suponía
700 millones de dólares de ingreso para el Estado anualmente. Jeffrey
Sachs atribuyó el fracaso económico de Bolivia a los factores políticos y
abandonó su experimento en el país para expandirlo a Polonia y
posteriormente a la Unión Soviética.
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Mientras tanto, las cooperativas seguían fortaleciéndose y
convirtiéndose, poco a poco, en unas empresas privadas al asociarse sus
socios con el capital privado y las transnacionales. Sin embargo, sus
dirigentes percibieron el neoliberalismo como un peligro para su
existencia, aliándose la Fencomin con el Movimiento al Socialismo de Evo
Morales. Precisamente, los cooperativistas fueron los que, en los
momentos difíciles del Gobierno de Morales, le dieron su apoyo
incondicional, logrando que el Ejecutivo fuera un protector y benefactor
del cooperativismo. En 2006, al inicio del Gobierno del MAS, las
cooperativas mineras tenían 56.359 hectáreas concesionadas, cuya
extensión creció para 2014 a 428.628 hectáreas. A medida que corría el
tiempo, las ambiciones de los socios para obtener más riqueza empezaron a
pasar los límites, afectando los intereses de Estado, mientras crecía
también la explotación desmesurada tanto de los recursos nacionales,
como de los trabajadores.
El
exministro de Régimen Interior y Policía, Rafael Puente, afirmó que
estas empresas no tienen nada que ver con las cooperativas y sus dueños,
los llamados socios "manejan y explotan una enorme masa de obreros que
no tienen ni seguro social, ni jubilación, ni nada. Son empresas
capitalistas del más primitivo estilo explotador, del que se supone que
este nuevo Estado Plurinacional quiere liberarse". Según los informes
oficiales, la protección del medio ambiente no significa nada para los
cooperativistas. La mayoría del pueblo considera el cooperativismo como
un "capitalismo termita", sus trabajadores ingresan a los yacimientos
como termitas, los perforan desordenadamente, dejan galerías inundadas a
su paso, contaminan la naturaleza y, tan pronto como llegan, igual se
van dejando destrucción a su paso.
Entonces es lógico que desde que el Gobierno empezó en 2014 a
intentar 'ajustar las tuercas' al cooperativismo a través de la
publicación de un proyecto de la nueva Ley de Minería, surgió el
descontento dentro del Fencomin. Si en 2006, su líder, Alejandro Santos,
solía decir que "las cooperativas mineras y sus 150.000 cooperativistas
siempre hemos apoyado a nuestro presidente Evo Morales porque su
política es excelente", en 2014, el mismo líder declaró que "si bien
Fencomin y todos los cooperativistas hemos elevado a Evo Morales a
presidente de Bolivia, así también podemos bajarlo". Por mucho que ha
tratado el Ejecutivo de suavizar la tensión y no perder a su fuerte
aliado político, las exigencias de los cooperativistas han estado
poniéndose cada vez más drásticas y radicales.
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Lo que quieren los cooperativistas es modificar la Ley de Minas para
que les permita hacer los contratos con las empresas privadas y con las
transnacionales libremente. Se calcula que ya tienen entre 50 a 100
contratos con las transnacionales, a pesar de que la Ley de Minería y la
Constitución Política de Bolivia no lo permiten. Los cooperativistas
están rechazando rotundamente la sindicalización de sus trabajadores,
que en realidad son sus peones. Exigen también la flexibilización de las
licencias ambientales, a pesar de que un 80% de los cooperativistas no
están cumpliendo con estos trámites. Y, para el colmo, están reclamando
la reinversión de las regalías, aunque pagan al Estado solo el 2,5%,
frente al 8,5% que aportan las empresas privadas. También quieren, entre
muchas otras demandas, que el Estado instale el tendido eléctrico en
todos los lugares donde tienen concesiones y que la tarifa sea
subvencionada.
El
viceministro boliviano del Régimen Interior y de Policía, Rodolfo
Illanes, se convirtió en la primera víctima de la radicalización de la
Fencomin. El 25 de agosto pasado fue al encuentro con los
cooperativistas, que bloquearon la carretera Oruro-La Paz en la
localidad de Pandurao, donde fue rodeado por unos 300 mineros que
amenazaron con 'carnearlo' —descuartizarlo—. En realidad lo
hicieron. Después de torturarlo, fue asesinado a golpes, pedradas y
palos. También en los días anteriores murieron en circunstancias
extrañas cuatro cooperativistas, a pesar de que los 200 policías
enviados al lugar estaban desarmados. Los cooperativistas minaron
también un cerro aledaño para hacer una emboscada a la policía. Es
decir, la cosa fue seria.
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Por el momento, hay una calma, aunque tensa, en el país, y la
Fiscalía ya identificó a los autores del asesinato de Illanes y dio
orden de captura de 18 cooperativistas y del presidente del Fencomin,
Carlos Mamani, y del vicepresidente, Agustín Choque. Sin embargo, las
futuras acciones de los cooperativistas mineros son impredecibles,
particularmente en las condiciones cuando las transnacionales los están
incentivando a radicalizarse para poner fin al programa 'Vivir Bien',
que Evo Morales ha tratado de promover en el país y con buenos
resultados, haciendo alianzas, ofreciendo concesiones, firmando
compromisos prácticamente con todos los actores políticos del país. Esta
estrategia funcionó por un tiempo, especialmente en los períodos de la
bonanza extractiva. Apenas terminó este período surgieron los problemas.
Lo que anhelan los cooperativistas es lograr mayor acceso a riqueza con
el mínimo de esfuerzo, aunque sea a costa de los intereses nacionales
de Bolivia.
De allí viene la conclusión: no se puede luchar
contra el neoliberalismo aplicando las políticas neoliberales aunque
suavizadas o modificadas, pero quedándose siempre neoliberales, como lo
estaba haciendo el Gobierno del Movimiento al Socialismo.
