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Los que pensaban que en el siglo XXI Bolivia, que en sus 191 años de independencia ha sufrido más de 100 golpes de Estado, se había ya liberado de este oscuro legado histórico, se equivocaron rotundamente. En realidad, la democracia en este país vive en constante peligro de ser aniquilada.
La ambición está más descontenta de lo que no tiene, que satisfecha con lo que tiene (Fénelon, 1651-1715).
El horrendo crimen de tortura y asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Rodolfo Illanes,
el pasado 25 de agosto por cooperativistas mineros ha sido, según Evo
Morales, "una parte importante de una permanente conspiración". En su
alocución al pueblo, el presidente declaró que "otra vez hemos derrotado
un intento de golpe de Estado". En realidad, ha sido el cuarto intento
de golpe desde que Evo Morales asumió la Presidencia en 2006.
El primer intento de golpe lo tuvo que afrontar Evo Morales en 2008,
cuando los prefectos departamentales opositores de la región conocida
como la 'Media Luna' (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca)
exigieron la autonomía y declararon un paro, lo que llevó a realizar un
referéndum revocatorio de los mandatos del presidente y de los prefectos
departamentales que tuvo lugar en agosto 2008. La población confirmó
por una amplia mayoría del 67% al presidente Morales. También fueron
confirmados los prefectos como una muestra de la peculiaridad del
pensamiento de los bolivianos.
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Nueve días después, los prefectos opositores llamaron al "paro cívico" por tiempo indefinido con el bloqueo de rutas contra el Gobierno nacional. En septiembre de aquel año hubo atentados contra el gasoducto en Tarija y varios simpatizantes de Evo Morales fueron asesinados. Se detectó también la intromisión del embajador norteamericano, Philip Goldberg, en el conflicto, y sus encuentros con los líderes de la oposición. Goldberg, finalmente, fue expulsado de Bolivia. En respuesta, el Gobierno de George W. Bush puso Bolivia en la 'lista negra' de los países narcotraficantes. El segundo intento de sacar a Evo Morales del poder se produjo durante la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en agosto de 2011, cuando sus dirigentes declararon que "esta marcha es para tumbar a Evo". El pueblo no permitió a la CIDOB realizar su plan que, fue inspirado por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) auspiciadas por Washington.
No pasó ni un año que la oposición guiada por los globalizadores intentó un golpe en 2012 utilizando el Movimiento sin Miedo (MSM), afiliado a la Internacional Socialista. Los líderes del MSM organizaron el paro armado de policías de rango inferior reclamando mejoras salariales, que coincidió sospechosamente con una marcha de los indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure. Morales afirmó que tanto los policías como indígenas son rehenes del Movimiento sin Miedo. En referencia a los defensores del orden público, cuyo paro paralizó al país durante seis días, el presidente acusó a los policías de "no tener doctrina, no tener valores y no tener disciplina, quedándose muy mal frente al pueblo". Evo Morales pudo lidiar con aquellos tres intentos de golpe y pudo neutralizarlos rápidamente. Sin embargo, el actual intento de 'tumbarlo' por el sector del cooperativismo minero, que estaba dando un fuerte respaldo a Evo Morales y a su Movimiento al Socialismo (MAS) desde el 2005, podría debilitar seriamente al Gobierno boliviano. Los cooperativistas están afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que ya cumplió 47 años. El Fencomin tiene siete legisladores elegidos con la sigla del MAS, el viceministro de Transporte, Pascual Guarachi, es cooperativista y también la organización tiene su representante en la superintendencia del ramo.
Bolivia es un país minero que exporta estaño, plata, oro, complejos de plomo y es sexto productor mundial de zinc. Resulta también que posee un 50% de las reservas mundiales de litio, que todavía no empezó a explotar intensivamente por falta de la infraestructura. La minería representa la segunda riqueza del país después del gas natural. Ambas están exentas de impuestos y son consideradas por leyes nacionales entidades no lucrativas. En total, la minería aporta un 6% al Producto Interno Bruto (PIB). Lo interesante es que en la minería estatal y privada laboran en total unos 15.500 trabajadores (7.500 y 8.000, respectivamente), mientras, en 1.700 cooperativas hay entre 150.000 y 180.000 mineros. Le puede interesar: Policía boliviana detiene a principal dirigente cooperativista minero
Sin embargo, la participación de la minería cooperativista en el PIB es mínima. Resulta que en estas 1.700 cooperativas hay unos 10.000 socios que, prácticamente, son dueños de sus cooperativas, que utilizan la mano de obra barata de peones o 'makunkus', que carecen de todos los derechos laborales. Según los datos oficiales, solo el 16% de los cooperativistas aportan al seguro obligatorio. Durante el auge de los precios de los minerales, que duró hasta 2012, los socios de estas empresas acumularon riqueza sin aportar nada sustancial al Estado o a sus propios trabajadores. Según el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, "la cooperativa no hace nada más que recibir su título de concesión minera, lo entrega a una empresa privada y recibe un porcentaje de las utilidades por una operación de intermediación entre una empresa y el Estado. Si el Estado hubiera firmado el contrato directamente con una empresa privada, los ingresos que el país recibiría por la explotación de los recursos naturales serían del 39% de la ganancia de la empresa, mientras que en la actualidad es solo del 1%".
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El mismo partidario en los años 1950 de las empresas estatales, Víctor Paz Estenssoro, que en 1952 había creado la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en 1985, después de ganar las elecciones presidenciales, aprobó el decreto 21060 a instancias de Sachs para "la flexibilización laboral". La Comibol fue desmantelada y 23.243 mineros estatales del total 30.518 perdieron su trabajo. El desempleo subió al 22% y el subempleo al 75% debido a las reformas de choque a cargo del ministro de Finanzas, Gonzalo 'Gony' Sánchez de Lozada. Las protestas y paros se apoderaron del país. Mientras tanto, parte de los mineros despedidos se convirtieron en cooperativistas y la otra parte se volcó en la producción de las plantas de coca. Así, la cocaína se convirtió en el más importante producto de exportación, que suponía 700 millones de dólares de ingreso para el Estado anualmente. Jeffrey Sachs atribuyó el fracaso económico de Bolivia a los factores políticos y abandonó su experimento en el país para expandirlo a Polonia y posteriormente a la Unión Soviética. Más aquí: Bolivia decreta tres días de duelo por asesinato de viceministro
Mientras tanto, las cooperativas seguían fortaleciéndose y convirtiéndose, poco a poco, en unas empresas privadas al asociarse sus socios con el capital privado y las transnacionales. Sin embargo, sus dirigentes percibieron el neoliberalismo como un peligro para su existencia, aliándose la Fencomin con el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Precisamente, los cooperativistas fueron los que, en los momentos difíciles del Gobierno de Morales, le dieron su apoyo incondicional, logrando que el Ejecutivo fuera un protector y benefactor del cooperativismo. En 2006, al inicio del Gobierno del MAS, las cooperativas mineras tenían 56.359 hectáreas concesionadas, cuya extensión creció para 2014 a 428.628 hectáreas. A medida que corría el tiempo, las ambiciones de los socios para obtener más riqueza empezaron a pasar los límites, afectando los intereses de Estado, mientras crecía también la explotación desmesurada tanto de los recursos nacionales, como de los trabajadores.
El exministro de Régimen Interior y Policía, Rafael Puente, afirmó que estas empresas no tienen nada que ver con las cooperativas y sus dueños, los llamados socios "manejan y explotan una enorme masa de obreros que no tienen ni seguro social, ni jubilación, ni nada. Son empresas capitalistas del más primitivo estilo explotador, del que se supone que este nuevo Estado Plurinacional quiere liberarse". Según los informes oficiales, la protección del medio ambiente no significa nada para los cooperativistas. La mayoría del pueblo considera el cooperativismo como un "capitalismo termita", sus trabajadores ingresan a los yacimientos como termitas, los perforan desordenadamente, dejan galerías inundadas a su paso, contaminan la naturaleza y, tan pronto como llegan, igual se van dejando destrucción a su paso. Entonces es lógico que desde que el Gobierno empezó en 2014 a intentar 'ajustar las tuercas' al cooperativismo a través de la publicación de un proyecto de la nueva Ley de Minería, surgió el descontento dentro del Fencomin. Si en 2006, su líder, Alejandro Santos, solía decir que "las cooperativas mineras y sus 150.000 cooperativistas siempre hemos apoyado a nuestro presidente Evo Morales porque su política es excelente", en 2014, el mismo líder declaró que "si bien Fencomin y todos los cooperativistas hemos elevado a Evo Morales a presidente de Bolivia, así también podemos bajarlo". Por mucho que ha tratado el Ejecutivo de suavizar la tensión y no perder a su fuerte aliado político, las exigencias de los cooperativistas han estado poniéndose cada vez más drásticas y radicales.
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Lo que quieren los cooperativistas es modificar la Ley de Minas para que les permita hacer los contratos con las empresas privadas y con las transnacionales libremente. Se calcula que ya tienen entre 50 a 100 contratos con las transnacionales, a pesar de que la Ley de Minería y la Constitución Política de Bolivia no lo permiten. Los cooperativistas están rechazando rotundamente la sindicalización de sus trabajadores, que en realidad son sus peones. Exigen también la flexibilización de las licencias ambientales, a pesar de que un 80% de los cooperativistas no están cumpliendo con estos trámites. Y, para el colmo, están reclamando la reinversión de las regalías, aunque pagan al Estado solo el 2,5%, frente al 8,5% que aportan las empresas privadas. También quieren, entre muchas otras demandas, que el Estado instale el tendido eléctrico en todos los lugares donde tienen concesiones y que la tarifa sea subvencionada.
El viceministro boliviano del Régimen Interior y de Policía, Rodolfo Illanes, se convirtió en la primera víctima de la radicalización de la Fencomin. El 25 de agosto pasado fue al encuentro con los cooperativistas, que bloquearon la carretera Oruro-La Paz en la localidad de Pandurao, donde fue rodeado por unos 300 mineros que amenazaron con 'carnearlo' —descuartizarlo—. En realidad lo hicieron. Después de torturarlo, fue asesinado a golpes, pedradas y palos. También en los días anteriores murieron en circunstancias extrañas cuatro cooperativistas, a pesar de que los 200 policías enviados al lugar estaban desarmados. Los cooperativistas minaron también un cerro aledaño para hacer una emboscada a la policía. Es decir, la cosa fue seria. Más: Gobierno bolivano denuncia una acción armada de cooperativistas mineros
Por el momento, hay una calma, aunque tensa, en el país, y la Fiscalía ya identificó a los autores del asesinato de Illanes y dio orden de captura de 18 cooperativistas y del presidente del Fencomin, Carlos Mamani, y del vicepresidente, Agustín Choque. Sin embargo, las futuras acciones de los cooperativistas mineros son impredecibles, particularmente en las condiciones cuando las transnacionales los están incentivando a radicalizarse para poner fin al programa 'Vivir Bien', que Evo Morales ha tratado de promover en el país y con buenos resultados, haciendo alianzas, ofreciendo concesiones, firmando compromisos prácticamente con todos los actores políticos del país. Esta estrategia funcionó por un tiempo, especialmente en los períodos de la bonanza extractiva. Apenas terminó este período surgieron los problemas. Lo que anhelan los cooperativistas es lograr mayor acceso a riqueza con el mínimo de esfuerzo, aunque sea a costa de los intereses nacionales de Bolivia.
De allí viene la conclusión: no se puede luchar
contra el neoliberalismo aplicando las políticas neoliberales aunque
suavizadas o modificadas, pero quedándose siempre neoliberales, como lo
estaba haciendo el Gobierno del Movimiento al Socialismo.
Fuente: Sputnik
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