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La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) para poner fin al conflicto armado más antiguo del continente el pasado 26 de septiembre, ha hecho resucitar una esperanza en la que los colombianos ya habían dejado de creer.
"Una
paz que no siembre esperanzas es un espejismo, hecho para satisfacer la
vanidad de unos políticos y la hegemonía de unos poderes".
(William Ospina, escritor colombiano)
Hasta el 26 de septiembre, Colombia era considerada como el corazón
de América Latina, que, durante 52 años, sintió sus trágicos latidos
debido a la guerra interna que consumía a sus habitantes día tras día.Todo esto explica la reacción moderada de la mayoría de los colombianos y la ausencia del jolgorio y el bullicio en las calles de su capital, Bogotá, o especialmente, en Cartagena de Indias, donde ante una plaza llena, vestida de blanco y custodiada por 16.000 agentes de Policía se firmó el acuerdo final entre las FARC y el Gobierno colombiano, que podría ser vital para el futuro del país. En un acto simbólico y ante la presencia de 17 jefes de Estado, 27 cancilleres, incluyendo a John Kerry, representantes de 10 organizaciones multilaterales, entre ellos el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el máximo líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, conocido como Timoleón Jiménez 'Timochenko', y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos firmaron con un 'balígrafo' (una pluma hecha de una bala usada en la guerra) el Acuerdo de Paz.
#LaPazGerminaYa con el poder de salvar vidas y vivir sin miedo. Abramos nuestras mentes y corazones a la nueva era que inicia para Colombia. pic.twitter.com/GAJ4Zr0CLh— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 27 de septiembre de 2016
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Los combatientes de las FARC
Audio: Gobierno de Colombia y las FARC firman la paz
Pensarán también en la frustración que le habían traído los anteriores acuerdos de paz. El primer acuerdo de paz fue firmado entre Movimiento Guerrillero 19 de Abril (M-19) y el Gobierno de Virgilio Barco, que culminó con la entrega de armas el 8 de marzo de 1990 en su campamento de Santo Domingo, poniendo el punto final a 20 años de la lucha. Después de la desmovilización, el M-19 se convirtió en un movimiento político de centro-izquierda Alianza Democrática M-19 (AD-M19). Muchos de los militantes del M-19 consideraron una traición la desmovilización, otros se pasaron a las filas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que sigue existiendo. El máximo comandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, fue asesinado el 26 de abril de 1990, un mes y medio después de la desmovilización. Muchos de sus partidarios de la AD-M19 también fueron asesinados por el Estado.
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Mientras en Cartagena firmábamos #AcuerdoDePaz, Bogotá se contagiaba del espíritu de fraternidad por un futuro de oportunidades y progreso. pic.twitter.com/2DzGN1RLNk— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 28 de septiembre de 2016
El quinto diálogo de paz lo trataron de realizar el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y los representantes de las FARC. Inclusive fue suscrita en 1999, la 'Agenda Común' denominada 'Por el Cambio hacia una Nueva Colombia'. También este intento fracasó debido al creciente paramilitarismo en forma de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creado por Álvaro Uribe ya en los años 1990. Precisamente, el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), llamado por uno de los más importantes centros de investigación del narcotráfico "The Narco News", el 'precursor del Narco-Estado en Colombia' y mimado por Washington está organizando las marchas y campañas en apoyo al voto NO en el próximo plebiscito en Colombia.
Todo esto explica que, de lograr el voto SÍ la mayoría el próximo 2 de octubre en Colombia, la puesta en marcha del Acuerdo de Paz tomará tiempo y tendrá que superar muchos obstáculos para implementar los cinco principales puntos del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno y las FARC. No hay que olvidar que para lograr el entendimiento, los líderes de las FARC tuvieron que sacrificar su plan de la Asamblea Constituyente rechazada tajantemente por el presidente Santos. Precisamente la Asamblea hubiera podido encausar el sistema político actual colombiano diseñado para la guerra hacia la paz. Pero esto no ocurrió y la participación popular fue limitada al plebiscito.
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El cese del fuego y el desarme definitivo, que durará 180 días supervisado por las Naciones Unidas y resguardado por 16.500 soldados del Ejército, será también un proceso complicado. Recientemente, en los llanos de Yari, antes de la firma del acuerdo, se celebró el último Congreso de las FARC, donde los 200 delegados de todas las unidades, columnas, brigadas y frentes dieron su visto bueno a su contenido y discutieron la reorganización de las FARC y la celebración antes de mayo del 2017 de un congreso para formar un partido político y delinear su agenda. En la reunión también discutieron numerosos problemas que surgirán con la inserción de no menos de 15.000 combatientes en la vida civil, muchos de los cuales no tienen ninguna profesión.
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En Ciénaga, Magdalena, adelantamos pedagogía de #AcuerdoDePaz. Queremos abrir un capítulo de oportunidades y progreso diciendo #SíALaPaz. pic.twitter.com/dTN4jINKvP— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 28 de septiembre de 2016
En estas condiciones, la participación de excombatientes en la vida política como una fuerza de la oposición estará llena de problemas, especialmente cuando para el Ejército los disidentes o la oposición política son considerados enemigos internos del Estado. Los cinco escaños en el Senado y los cinco en la Cámara de los Representantes que ofrece el Gobierno a las FARC hasta 2027 tras la firma del acuerdo y luego después de la deposición de las armas no podrán aportar mucho a la puesta en marcha de los planteamientos de los exmiembros de las FARC.
También el sistema de Jurisdicción Especial para la Paz, encabezada por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros, tendrá que aplicar justicia tanto a los miembros de las FARC como a los agentes del Estado que han cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado. Quienes confiesan delitos de lesa humanidad o de guerra ante la Jurisdicción Especial recibirán sanciones con restricción de la libertad de cinco a ocho años. Esta cláusula ya recibió la crítica del director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien acusó al presidente Santos por los beneficios jurídicos otorgados a las FARC, pero cree al mismo tiempo que fueron peores que los que dio el anterior Gobierno al paramilitarismo.
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Los comandantes del Frente 29 y del Frente Daniel Aldana de las FARC, recientemente entrevistados, explicitaron el deseo de sus combatientes de incorporarse a la vida civil pero, al mismo tiempo, expresaron su preocupación por su seguridad, conociendo antecedentes históricos de las promesas de los gobiernos de turno y su olvido. Ahora toda la atención está concentrada en el próximo plebiscito, cuyos resultados podrían dar tan anhelado espacio a la paz o negarlo continuando la guerra, como está clamando Álvaro Uribe exigiendo "ni perdón ni olvido".
Mientras el país se está preparando para el
plebiscito, viene a la memoria lo que dijo alguna vez el ministro de
Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Andréi Gromico, al afirmar
que "siempre mejor diez años de conversaciones que 10 minutos de
guerra".
Fuente: Sputnik
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