“… cuando no hay crítica
materialista de las instituciones políticas y no se comprende el
carácter de clase del Estado moderno, del radicalismo político al
oportunismo político no hay más que un paso.”
― Lenin
Con la excusa de proteger a las empresas
del espionaje industrial, el parlamento europeo votará el próximo 14 de
abril una “Directiva relativa a la protección del saber hacer y la
información empresarial no divulgada”, que constituye una herramienta
más que las instituciones públicas otorgan a sus amos, la oligarquía,
para acabar con la libertad de expresión y evitar el control
periodístico sobre el ya de por sí impune funcionamiento de la empresa
privada.
Hace unos días denunciábamos en éste
medio cómo desde las instituciones públicas españolas se daba carta de
naturalidad al quehacer diario de los corruptores de sobornar a los políticos, cansados de tener que ocultarse de la luz pública, otorgándoles una denominación oficial, la de Lobbies,
término importado de otras democracias burguésas más veteranas en el
refinamiento de la lucha de clases como son EEUU y UK, donde llevan años
legalizadas tales actividades criminales.
En éste caso, en Europa, los abogados del lobby industrial han “sugerido” una redacción de la
norma que deja desamparados a los periodistas que se atrevan a difundir
cuestiones que las empresas consideren que les perjudican, así como con
los trabajadores que filtren la documentación, permitiendo a
las empresas a someterlos a demandas millonarias y a procesos judiciales
prolongados, quedando supeditadas en última instancia a la decisión de
un juez, o lo que es lo mismo, acotando el número de representantes
públicos que hay que corromper para ejercer su dictadura, donde una vez
sorteado el poder legislativo, sólo queda hacer lo mismo con el
judicial, tal es el funcionamiento de la democracia burguesa: la
dictadura del capital a golpe de talonario.
Por si no queda claro que la norma persigue el interés de la oligarquía, también dispone de la capacidad para tomar medidas cautelares,
y permitir la paralización de la información filtrada, no sea que la
amenaza contra los periodistas no sea suficiente para disuadirlos de su
pretensión de publicar lo filtrado, y así proteger de los posibles
perjuicios de las revelaciones. El interés general queda así
ilegalizado.
Y no es casual que la fecha de la
votación aparezca sospechosamente cercana al ya olvidado escándalo del
fraude de las emisiones del grupo Volkswagen, suceso del que quedaría
salvaguardado semejante multinacional si hubiese estado al amparo de
esta ley protectora de los fuertes. La reacción de las autoridades
europeas y alemanas en corregir el problema de salud y medioambiente que
tal fraude supone dicta mucho de ser la que les corresponden como
representantes del bien público, y la premura de las investigaciones que
los gobiernos Alemán, Francés, o Español anunciaron, parece no salir a
la luz, ahora que el foco mediático ha salido del problema. Otro ejemplo
más del Estado como herramienta de dominación de clase.
Pero tal votación no puede ser más oportuna, habida cuenta de la cercanía con las “revelaciones” de los panama papers. Una vez que la oligarquía ha llevado a cabo las filtraciones que les han interesado,
ahora quieren cerrar el grifo, no sea que otros no pertenecientes a su
clase quieran emularles. Dejan pues bajo su control, el de la
oligarquía, el criterio de qué filtraciones son permitidas y cuáles
proscritas. La sola propuesta de tal normativa es la constatación de que
la corrupción es la forma natural de funcionamiento del capitalismo,
que lo revelado es sólo la punta del iceberg, y que el mayor interés que
se persigue con la norma es la de controlar las revelaciones, la
impunidad para la burguesía, perpetuar la corrupción como forma de
proceder, permitiéndola a todos los niveles, a la vez que utilizándola
de forma hipócrita para deshacerse de los peones ya desechables o
arrojándolas a sus rivales, difundiendo la falsa idea de la regeneración
desde el sistema para así fortalecerlo y apuntalarlo.
Fuente: Pravda Internacional
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