El
60 % de los líderes ambientales
muertos provienen de América Latina,
según el último
informe publicado por la ong internacional
Global
Witness.
- Brasil y Colombia son los países que encabezan la lista de dirigentes asesinados
- La principal causa de estas muertes es la oposición a proyectos extractivos que afectan al medio ambiente y a territorio indígena
América Latina vuelve a cobrar relevancia en este nuevo informe de Global Witness, sobre todo si tomamos en cuenta que el 60 % de las muertes se concentraron en esta región y que 120 países son considerados en todo el estudio. Además, la población más vulnerable a los asesinatos es la indígena porque 40 % de las víctimas provienen de los pueblos originarios.
El informe también ha podido identificar que los asesinatos a los defensores del medio ambiente y la tierra están vinculados a la oposición de estos grupos minoritarios a proyectos extractivos y grandes infraestructuras, que impactan de manera negativa su territorio. Se sabe que 33 de los líderes que murieron, previamente se opusieron o cuestionaron proyectos relacionados con el sector minero y petrolero; que 23 antes de morir enfrentaron actividades vinculadas a la extracción forestal; 23 al sector agroindustrial; 18 se opusieron a la caza ilegal; 7 a proyectos relacionados con el agua y las represas y; finalmente, 4 víctimas más relacionadas con otras actividades.
Otro de los hallazgos importantes del informe, es que los inversionistas están “alimentando la violencia al financiar proyectos y sectores abusivos, y al no apoyar a las y los activistas locales amenazados”. Y esto incluye, detalla el estudio, a los bancos de desarrollo.
La criminalización de la protesta también ha sido considerada por los especialistas que han elaborado el último informe de Global Witness, porque sostienen que se usa para “reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo”. Incluso en países como Estados Unidos.
Mongabay Latam se comunicó con Billy Kyte, líder de la campaña de Global Witness, quien explicó la metodología aplicada. “Usamos fuentes públicas como artículos en los medios de comunicación e informes de organismos no gubernamentales (ONG), y de Naciones Unidas. Además, esa información la verificamos con los datos de organizaciones de monitoreo en los países analizados como Brasil, Colombia, Honduras, Filipinas, y los demás”, explicó el especialista.
Kyte también señaló que Global Witness define a los defensores como las personas que toman medidas pacíficas para proteger sus derechos a la tierra o al medio ambiente, ya sea a título personal o profesional. Además, como se explica en el informe, también se toman en cuenta entre los casos analizados los asesinatos y las desapariciones forzadas.
La muerte es la punta del iceberg
Los homicidios de los defensores del medio ambiente y la tierra en el mundo solo son la punta del iceberg de una gran montaña de ataques pasados, es decir, se trata del resultado final. De acuerdo al informe de agosto del 2016 de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, citado por el estudio de Global Witness, antes de ser asesinados, los defensores han sido víctimas de una serie de agresiones que incluyen la desaparición forzada, las amenazas y ataques a la familia, el acoso sexual, chantajes, la vigilancia ilegal, acoso judicial, prohibición de viajes, uso de la fuerza como represión en manifestaciones pacíficas, entre otras.Las amenazas mencionadas son ejecutadas por agentes que han podido ser identificados por Global Witness. En el caso de Colombia y Filipinas, los grupos armados ilegales como los paramilitares están vinculados a 35 casos; la Policía está relacionada con 33 homicidios; los terratenientes a 26 ataques y la seguridad privada a 14 casos. Los cazadores furtivos, generalmente, en el continente africano, están inmiscuidos en 13 casos.
Los militares, colonos, madereros, sicarios y representantes empresariales son otro grupo de actores asociados a los asesinatos de algunos defensores.
Seguridad privada vigilando el proyecto de la presa de Agua
América Latina: La región más golpeada
El país que lidera la lista con más defensores ambientales asesinados es Brasil con 49 muertes. Para Billy Kyte de Global Witness, la trágica situación se debe a un retroceso en la protección ambiental y un debilitamiento de las instituciones de derechos humanos, a esto se suma la creciente expansión de la tala y la agroindustria en la Amazonía brasileña. “Estas actividades son las principales fuentes de conflicto”, enfatizó.
Además, otro factor que ha llevado a este país a encabezar la lista elaborada por Global Witness, es el debilitamiento institucional que se evidencia con solo recordar una de las primeras decisiones tomadas por la administración de Michel Temer: el desmantelamiento del Ministerio de Derechos Humanos.
Colombia: ¿la paz trajo nuevas muertes?
El número de defensores ambientales asesinados en Colombia se ha disparado. Un factor central es el proceso de paz y el posterior desarme de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Si en el 2015 se registraron 26 muertes, en el 2016 la cifra se elevó a 37.Billy Kyte, quien también tiene a su cargo los resultados del informe en la región, afirma que en Colombia hay comunidades indígenas que reclaman las tierras que perdieron durante el conflicto interno. “Después del proceso de paz están siendo atacadas y asesinadas por paramilitares e industrias que han acaparado sus tierras”, explicó a Mongabay Latam. Esta es una de las razones que ayuda a entender la creciente tasa de homicidios.
Esta defensora ambiental, así como su familia, han sido amenazados en más de una oportunidad, pero esto no la ha apartado de su lucha: “Para la gente Wayúu, nosotros estamos pagando con nuestras vidas. Estamos pagando con nuestra cultura. Estamos pagando con la amenaza de ser eliminados… Simplemente porque defendemos este pequeño pedazo de tierra que solía darnos de comer”, dice en su testimonio del informe de Global Witness.
Las tragedias de Centroamérica
Otros países latinoamericanos que resaltan en el estudio son Nicaragua y Honduras. El primer caso es preocupante, porque los 11 asesinatos registrados en el 2016, convierten a Nicaragua en el país más peligroso del mundo per cápita para los defensores ambientales.Aquí resalta la historia de Francisca Ramírez, de 39 años y madre de cinco hijos, quien lucha para evitar que su país sea dividido en dos por un canal interoceánico que será tres veces más grande que el de Panamá. El proyecto afectará numerosas áreas protegidas del país centroamericano y desplazará a 29 000 pobladores indígenas de sus territorios.
Ramírez ha sido amenazada en diversas oportunidades, el menor de sus hijos se salvó de morir en un intento de asesinato y el mayor escapó de un secuestro, según narró la líder campesina en una entrevista concedida a Mongabay Latam.
El 2 de marzo de 2016, unos sicarios rompieron la puerta de su casa y la mataron a balazos, porque le dijo “NO” a la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca en el territorio de su comunidad. El proyecto no había sido consultado con la población indígena.
Tras dos años de investigaciones de Global Witness y de estudiar quiénes estarían detrás de estas muertes en Honduras, Billy Kyte declaró que han descubierto que los proyectos que son la causa de los conflictos socioambientales están vinculados con las élites poderosas del país, entre ellas algunos miembros de la clase política.
Además, Kyte le contó a Mongabay Latam que en su investigación “se sacan a la luz acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos y acallar a la oposición. Además, analizamos detenidamente cómo Estados Unidos está financiando a las fuerzas estatales de Honduras, que son responsables de algunos de los peores ataques”.
¿Cómo se puede defender a los defensores?
Las principales recomendaciones que Global Witness tiene para los gobiernos, en especial para los latinoamericanos, según Kyte, son las siguientes: primero, combatir las causas de las amenazas al permitirles a las comunidades que puedan elegir de forma libre e informada si sus tierras y recursos pueden ser utilizados o no, y no solo convocarlos para consultarles sobre la extracción de sus recursos naturales.En segundo lugar, se debe proteger a las personas defensoras a través de leyes, políticas y prácticas específicas. Y, finalmente, que los gobiernos hagan un seguimiento y una rendición de cuentas de los abusos cometidos contra los defensores. “Esto va más allá de procesar judicialmente a las personas responsables de ordenar o perpetrar un ataque. Se extiende a asegurar que los actores que no apoyan ni protegen a las y los defensores enfrenten consecuencias por su falta de acción”, concluyó Kyte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario