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LA FARSA DE LA JUSTICIA BURGUESA
(15 de julio de 2017)
Por Miguel Aragón
No hay que hacerse ilusiones con la función de la justicia burguesa, ni con las condenas a sus funcionarios públicos.
En
el país, el poder está en manos de la CLASE DOMINANTE, y no en manos de
sus ocasionales representantes políticos, como son los Fujimori,
Toledo, García, Humala o PPK.
La
cúpula de la clase dominante está formada por los propietarios de los
bancos, los propietarios de las grandes empresas comerciales y los
propietarios de la gran minería. Ese grupito reducido decide las
políticas de estado, políticas que son aplicadas fiel y servilmente por
sus funcionarios de turno, como los Fujimori, Toledo, García, Humala o
PPK. Todos ellos son empleados a sueldo de la clase dominante, todos
ellos trabajan para los mismos patrones, y las pugnas superficiales
entre ellos son por "quien sirve mejor al patrón", y quien recibe "más
limosnas de sus patrones".
Por
otro lado, la clase dominante financia las campañas políticas de todos
sus candidatos que están dispuestos a defender la permanencia del actual
orden social feudal burgués (así ha ocurrido con los Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK).
Después
que son elegidos "democráticamente" como funcionarios públicos
(presidentes, ministros, etc.), estos serviles funcionarios, además de
sus sueldos legales, reciben sobornos ilegales que les entrega la propia clase dominante,
es decir los corrompe. La corrupción de funcionarios públicos no es una
excepción, sino que es una regla de la actual política de estado.
Concluida
su función temporal de “gobernantes” al servicio de los grupos de
poder, la propia clase dominante los denuncia por "corruptos" (revisar
editoriales de El Comercio, principal vocero de la CONFIEP) y los entrega al grosero circo mediático, como el que estamos viviendo en estos momentos.
De
esa manera tienden una "cortina de humo", para que el pueblo
ingenuamente crea que los poderosos y los explotadores son “sus serviles
empleados”, y de esa manera el pueblo no se pueda dar cuenta que
quienes realmente tienen el poder son los grandes propietarios que
conforman la clase dominante en el país.
Si sumamos todos los ingresos económicos “legales” e “ilegales”, conseguidos durante toda su vida política, de
todos los últimos presidentes (Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK)
en su conjunto son “una ridiculez”, al lado de las ganancias, de un solo año, de cualquiera de los grandes grupos de poder (bancos, grandes empresas comerciales y gran minería).
Entonces decidamos de una vez.
O
seguimos perdiendo el tiempo, denunciando y acusando a los serviles
empleados de los grupos de poder; o de una vez, nos atrevemos a impulsar
la lucha de clases contra la clase dominante, para impulsar el cambio
social.
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