Desde
el momento en que el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia iba a ser firmado, las
grandes mineras, los cocaleros y los paramilitares empezaron
inmediatamente a moverse hacia las zonas de las Reservas Campesinas para
ocupar el espacio que estaban por dejar las FARC.
"Más claro no canta un gallo". (Refrán popular)
Igualmente, a medida que avanzaba el acuerdo aumentaba la violencia,
tal como pronosticaron los habitantes de esos territorios que estuvieron
durante 53 años bajo el control y protección de la guerrilla. Los
violentos no eran 'bandas criminales', como aseguraba el Gobierno, sino
las organizaciones paramilitares que nunca fueron erradicadas en su
totalidad por el Estado que los había creado en 1990.
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REUTERS/ John Vizcaino
Según la Agencia Prensa Rural, desde la implementación del Acuerdo de Paz,
en 26 Zonas Veredales de la geografía nacional que sirvieron para la
concentración de los guerrilleros de las FARC, en proceso de
desmovilización, se han registrado 24 asesinatos
entre integrantes de la guerrilla y sus familiares. A eso se suman los
homicidios de 187 líderes sociales, en su mayoría defensores de los
derechos de las comunidades. También se han registrado unas 500 amenazas
contra los activistas y líderes que habitan en las zonas donde actuaban
las FARC.
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REUTERS/ Jaime Saldarriaga
El
representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, declaró que el Gobierno debe
reconocer el paramilitarismo y brindar protección a los líderes
sociales. Expresó también que tenía un miedo "muy grande de que la
esperanza del Acuerdo de Paz no vaya a producir la No Repetición de las
violaciones de derechos humanos para la gente que vive y ha vivido por
décadas afectada por el conflicto, porque la realidad de la gente que
vive en las áreas de influencia de las FARC, ya está cambiando, y no es
para mejor". Lo que le preocupa a Howland es el destino de dos millones
de habitantes de estas zonas. Según el Alto Comisionado, el Gobierno
debe interferir para que este segmento de la población no repita el
destino de "los ocho millones de víctimas que existen en el país".
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Foto: Youtube / TeleSUR TV
Al
abandonar los integrantes de las FARC las zonas tradicionales de
influencia, el Estado no está llenando estos vacíos con su presencia,
sino los está dejando irresponsablemente a merced de los productores de
coca y de la minería ilegal, todos acompañados por el paramilitarismo.
Las grandes corporaciones tampoco se quedan atrás. La corporación
canadiense Continental Gold, la AngloGold Ashanti de Sudáfrica y la
colombiana Carboandes S.A., entre muchas otras empresas, ya están
entrando al municipio de La Vega, Cauca, para la extracción de oro en
las Reservas Campesinas. Lo trágico ha sido que inmediatamente con su
ingreso en la zona han aparecido 'pintas' de las que se suponía ya
habían sido erradicadas y no existentes, según aseveraciones del
Gobierno. Las Autodefensas Unidas de Colombia, por ejemplo, han
declarado objetivo militar a "todos los sapos, colaboradores,
guerrilleros y promotores de la consulta popular y a todo proceso
campesino". Ya son dos miembros de la Sección de Investigación Criminal
(SIJIN) de la Policía Nacional de Colombia los asesinados en la zona que
investigaban la minería ilegal.
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AFP 2017/ Carlos Julio Martinez
El
narcotráfico también está en proceso de expandirse a los nuevos
territorios que estaban anteriormente bajo el control de las FARC. De
acuerdo con The Wall Street Journal, la extensión de tierra para los
cultivos de coca aumentó de 2016 a mayo 2017 en 43,3%. Lo interesante es
que el famoso Plan Colombia, puesto en marcha por EEUU en 1999 y que ya
ha costado al fisco norteamericano en los 18 años más de 10.000
millones de dólares, ha fracasado completamente respecto a uno de sus
propósitos principales de erradicación de plantaciones de coca. De
acuerdo al Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes de 2002, la superficie de cultivo del arbusto de coca
para 1999 abarcaba 160.000 hectáreas.
Después de los 'exitosos' 18 años de trabajo de 'erradicación' en el marco del Plan Colombia,
durante los cuales los aviones norteamericanos rociaron
irresponsablemente sobre el 'pulmón colombiano' de nuestra Madre Tierra
millones de litros del tóxico glifosato, The Wall Street Journal anunció
recientemente que la superficie para cultivos de coca ha aumentado a
180.000 hectáreas. Lo que no explicaron los medios de comunicación
globalizados ha sido que más de seis millones de colombianos fueron
forzados de abandonar sus casas en las áreas afectadas. Actualmente,
esta tierra está en manos de la agroindustria nacional y extranjera
lista para expandirse a las zonas que estaban bajo el control de las
FARC.
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Sin embargo, cada expansión, como lo explicó el presidente de la Confederación de Juntas de Acción Comunal, Ceferino Mosquera, representa un peligro "porque quienes llegan a ocupar esos territorios que dejaron las FARC quieren hacerlo a sangre y fuego". Esto significa que la vida de unos 45.000 líderes comunales del país está en permanente peligro. Dice Mosquera que "necesitamos que el Estado tenga presencia en el 100% del territorio". Previamente, las FARC solían resolver todos los conflictos en los territorios bajo su control eficazmente a través del 'consejo de seguridad' encabezado por el comandante guerrillero de la zona, que "controlaba el hurto, mantenía normas de convivencia en la comunidad y, en general, garantizaba el funcionamiento de diferentes economías ilegales e informales", de acuerdo a los especialistas en la materia Sergio Guarín y Patricia Bulla.
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AFP 2017/ ELN's Portal Voces de Colombia
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REUTERS/ John Vizcaino
Fotos: Histórica entrega de armas de las FARC
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AP Photo/ Luis Benavides
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No será tarea fácil la incorporación del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC) a la vida política colombiana para abrir su propio camino político económico y promover su propia agenda después de celebrar su primer congreso el próximo 27 de agosto al que asistirán 1.200 delegados. Ya se están voceando las propuestas para que Iván Márquez, el negociador de paz de las FARC, encabece la lista por el nuevo partido al Senado y Pablo Catatumbo a la Cámara de Representantes. Según el Acuerdo de Paz, las FARC tendrán en el Congreso un mínimo de cinco curules en la Cámara Alta y otros cinco en la Cámara Baja.
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