PERU. SENILIDAD Y TURBULENCIA

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PERU. SENILIDAD Y TURBULENCIA

Tomado de la revista MARKA

Por Gustavo Espinoza M.

Una extraña mezcla de senilidad y turbulencia parece asomar en el escenario político peruano en la coyuntura actual.

La primera, se define habitualmente como una pérdida progresiva de la normalidad psíquica y moral y de las reacciones nerviosas de un individuo a consecuencia de enfermedades adquiridas o hereditarias; y la segunda, como un estado transitorio de desequilibrio que puede derivar en daños sicológicos o físicos que perjudican a algunas o a muchas personas. Pues bien, la mezcla de ambos elementos puede explicar la extraña conducta del Parlamento peruano en el sugerente escenario político nacional.

Tres han sido los acontecimientos que han dado que hablar a los peruanos en los últimos días. En ellos, se ha perfilado el comportamiento de una mayoría legislativa prepotente y abusiva que no busca sino derribar a como dé lugar al Jefe del Estado; y que no trepida, por tanto, en usar todo tipo de subterfugios, independiente que ellos contengan, o no, una elemental base de razón. Veamos:

Las movilizaciones del 5 y el 10

El 5 de noviembre tuvo lugar una marcha convocada por los partidos y colectivos de la oposición al gobierno peruano. La jornada se inició en el Paseo de los Héroes Navales, y concluyó en la cercanía del Palacio Legislativo. Allí se produjeron esporádicos episodios de violencia que permitieron a los organizadores del evento rasgarse las vestiduras alegando contra una “represión brutal” que nunca existió.

En verdad, la marcha que congregó unas veinte mil personas, superó largamente a las anteriores convocadas con el mismo propósito. La diferencia estuvo signada, quizá, porque en este caso todos los medios de comunicación hablada escrita y televisada publicitaron la acción convocando a ella en nombre de “la democracia”, la “libertad” y “los derechos ciudadanos” presuntamente conculcados por el régimen actual.

A la profusa propaganda se sumaron ingentes recursos económicos así como una descomunal parafernalia expresada en banderas, carteles, diseños, fotografías y gráficos que “adornaron” la movilización con el propósito de otorgarle una connotación mayor.

A la cita, convocaron adicionalmente diversos parlamentarios, que se hicieron presentes para patentizar su identificación con los “objetivo de la marcha”. Ellos, modestamente, se orientaban a asegurar que “había llegado la hora decisiva” y que, en consecuencia, “Castillo sería sacado por el pueblo” y que “no estaría un minuto más en el Poder”. Como un modo de “calentar” el escenario para alcanzar tales propósitos, las consignas de la Marcha se centraron en el Primer Mandatario, llenándolo con una retahíla de denuestos, procacidades e insultos cada vez más violentos y agresivos.

Ambos elementos fueron el distintivo de la movilización: la radicalización del verbo, y el centro al que estuvieron dirigidos los improperios lanzados

Lució sin embargo marcadamente el contraste entre la violencia del verbo, con la pasividad de la concurrencia. Mientras carteles y banderolas anunciaban un diluvio el comportamiento de la gente diseñaba una tenue garúa. Y es que el grueso de los manifestantes no se identificaba con el discurso agresivo de los convocantes. Los marchantes parecían haber ido allí por otras razonas. Eso explica que apenas se lanzaron algunas bombas lacrimógenas, los asistentes se dispersaran sin ofrecer la menor resistencia. No se sintieron nunca en voluntad de luchar, porque no habían ido para eso.

Estuvo allí una de las diferencias más notables entre la movilización del 5, convocada por la extrema derecha; y la del 10, que tuvo lugar a iniciativa de los Colectivos populares la prensa alternativa, los sindicatos y las fuerzas progresistas y revolucionarias. En esta última jornada, el entusiasmo de la multitud fue evidente. Y si claro, se produjeron conatos de violencia, cuando los activistas de la Marcha quisieron llegar al Congreso.

Las autoridades parlamentarias mostraron pavor en la circunstancia. De hecho cancelaron la sesión del Pleno, que estaba programada para ese día, por “razones de seguridad”. Y por las mismas, dieron asueto a los trabajadores del Legislativo. Para sentirse protegidos, diseñaron un antes visto “operativo” que congregó hombres y armas para actuar “en caso necesario”. Dispusieron originalmente cerrar materialmente el Palacio Legislativo, pero cuando alguien les advirtió que eso sería visto como una “fuga”, decidieron que Presidente y Vice Presidente de la Cámara “se inmolaran” , sin renunciar a la profusa protección armada dispuesta.

La concentración del diez fue quizá más numerosa que la anterior porque realmente copó las avenidas principales -Abancay y Colmena- , partiendo de Dos de Mayo y pasando por San Martín. Por lo demás, fue mucho más entusiasta, aguerrida y combativa que la del 5.

La confianza y la desconfianza

La otra arista de la confrontación entre el Legislativo y el Gobierno, giró en torno a los denominados “pedidos de confianza” contemplados en la Constitución del Estado.

Ella faculta al Jefe del Estado a disolver el Congreso si este le niega en dos ocasiones consecutivas un expreso pedido de “confianza”. Sabedor de eso, el Congreso, “se cuida” y obra con cautela, pero nunca va más allá.

En el caso sin embargo aprobó en abril pasado una ley que “regula” ese procedimiento, anulando en la práctica tal posibilidad. Luego de esperar seis meses para que la Mesa Directiva del Parlamento debata un proyecto del Ejecutivo destinado a restituir aunque fuera parcialmente esta facultad; el Presidente del Consejo de Ministros solicitó al Parlamento asistir a una Plenaria para plantear allí el tema de la “confianza”. Este temperamento fue rechazado de plano.

Esta decisión fue rectificada luego, pero sin la menor concesión. Como prueba de ello, la Cámara “envió al archivo” el proyecto del Ejecutivo. Haciendo en la práctica inútil la asistencia del Gabinete así solicitada.

Es claro que el Poder Legislativo no tiene la menor intención de retroceder en el tema ya abordado. Es más, persistirá en la voluntad de cerrar cualquier debate referida a la materia. Para la actual Mesa Directiva del Congreso, lo único válido es aquello que fortalece al Legislativo, y debilita al gobierno central.

Con ese propósito, no sólo persistirá en lo ya aprobado en la materia, sino que irá más allá: la Comisión de Constitución aprobó ya un Proyecto de modificación del texto constitucional en alrededor de 60 artículos; lo que constituye un giro radical en la brújula del Estado. La Constitución vigente –la del 93- se orienta a consolidar el peso del Ejecutivo, en tanto que el nuevo texto hará honor a la idea que “el primer Poder del Estado”, es el Legislativo.

Y este cambio no lo decide una Asamblea Constituyente, ni se consulta al pueblo mediante un referéndum. Simplemente lo acuerda así un pequeño contingente de parlamentarios miembros de la Comisión de Constitución.

De ese modo, mientras por un lado la Ultraderecha se erige en defensora suprema de la Carta del 93 y rechaza toda posibilidad de que ella sea cambiada por la voluntad popular; por otro, busca cambiarla radicalmente para colocar el peso del Poder en la estructura que ella domina en la coyuntura.

La traición delirante

Pero lo que constituye realmente un sueño delirante es el acuerdo de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, asumido el pasado viernes 11 de noviembre, y mediante el cual se propone considerar “traición a la patria” la conducta del Jefe del Estado y se plantea suspenderlo de su función e inhabilitarlo por cinco años, Se trata, ciertamente, de un despropósito incalificable.

Contra Pedro Castillo se han lanzado cargos y acusaciones de todo orden. Sólo en el dictamen de la Fiscalía se arguyen 192 “cargos” que pueden ser considerados. A más de ellos, los medios de comunicación, los congresistas y otros, han levantado muchos otros del mismo signo.

Es claro que todas esas acusaciones se basan en indicios, referencias o declaraciones de “colaboradores eficaces” o supuestos “testigos”. No hay prueba alguna realmente consistente que pueda ser mostrada como evidencia incontrastable. No obstante, algunas de las acusaciones vertidas pueden ser consideradas como “posibles”.

Resulta hipotéticamente posible, por ejemplo, que el Jefe del Estado “proteja” s sus sobrinos u otros allegados requeridos por la justicia y que no son habidos. También es posible considerar la idea que el Presidente haya conocido de la actividad delictiva de alguno de sus colaboradores, y no la haya denunciado. Hechos de este orden pueden despertar sospechas y ellas deben ser investigadas y deslindadas, de acuerdo a ley.

Pero el “cargo” de Traición a la Patria esgrimido en la circunstancia, y sustentado en la entrevista del Mandatario con la CNN en torno a la “salida al mar para Bolivia” carece absolutamente de fundamento.

El Código Penal señala con precisión cuáles son los delitos de “Traición a la Patria”. El Código de Justicia Militar, hace lo propio; pero por ningún lado podría deducirse que lo atribuido a Pedro Castillo, tenga ese carácter. Interrogado por la posibilidad de que se plantee una salida al mar en beneficio del país altiplánico, Castillo respondió simplemente que si se presentara esa propuesta, él la consultaría a la ciudadanía.

El mar para Bolivia es por cierto una legítima pretensión del país altiplánico. Históricamente siempre se ha considerado un deber plantear ese tema en el escenario continental, dado que Bolivia la perdió en la Guerra del Pacífico en 1879. A fines del siglo pasado, Alberto Fujimori, sin acuerdo de ningún organismo del Estado, cedió territorio para que Bolivia tenga acceso al mar por el sur peruano. Surgió así la zona que se denominaría Bolivia Mar y en la que Fujimori y Jaime paz Zamora -el presidente boliviano de entonces- se bañaran por primera vez juntos, en medio de la algarabía de la prensa nacional. Años más tarde, el mandatario aprista Alan García hizo lo propio e invito para el efecto a Evo Morales, quien era ya Presidente de Bolivia. A todos les pareció no sólo justo, sino también legítimo ese gesto.

Hoy asoma como “Traición a la Patria” el que Castillo diga en voz alta que primero consultaría al pueblo ante s de hacer una acción similar.

El cargo resulta tan ridículo que todos los juristas y personalidades consultadas por los medios, lo han juzgado inaceptable. Incluso los entrevistadores de la Televisión del Canal “N” o de “RPP”, para citar sólo a dos de los más cáusticos críticos del régimen; han considerado absurdo que se esgrima eso como fundamentación parlamentaria.

No obstante, eso lo ha aprobado -por 11 votos contra 10- la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, y lo ha puesto en consideración de la Comisión Permanente del Congreso la misma que podría derivarlo al Pleno de ese Poder del Estado.

En el extremo, y para “facilitar” ese acuerdo, la Sub Comisión que asumió esa decisión, hizo cambios en su composición, a fin de asegurar una votación mayoritaria en tal sentido. Congresistas como la señora Yarrow que sustentaba la tesis, pero no podría votar por ella dado que se hallaba inhabilitada por otra razón, fue sustituida por otra parlamentaria que sí pudiese votar en tal sentido. Esto ocurrió en 4 casos, y permitió “construir” la correlación de fuerzas que se evidenció en la circunstancia. Tal procedimiento resulta simplemente intolerable.

La OEA y el camino por delante

El 20 de noviembre arribará a nuestra capital la delegación de la Organización de Estados Americanos –la OEA-, en cumplimiento de la “Carta Democrática” invocada por el Presidente Castillo. Es claro que la ultra derecha ha decidido “quemar etapas” y acelerar al máximo los procedimientos un poco para colocar a esa delegación ante hechos consumados. Lo ideal sería -piensa- que cuando llegue la OEA, Castillo ya haya sido destituido.

La ultra derecha ha afincado la idea que las decisiones de la OEA, “no tienen carácter vinculante”, de modo que no resultan obligatorias. Como eso es así, entonces simplemente no hay que hacerle caso. Dejar que venga y luego se vaya, sin escuchar “las verdades”, que ella busca “revelar”.

En ese marco, el camino por delante luce complejo y encrespado. La decisión de la “mayoría parlamentaria” podría abrir campo a una confrontación de más alto nivel y generar un clima de ingobernabilidad absoluta. En todo caso, será ella la que genere tal situación.

En el fondo, busca crearla para que, ante la inminencia de una crisis de gobernabilidad, sea finalmente la Fuerza Armada la que tome el Poder, cerrando el camino político del conflicto. Por esa vía, buscan una ruta que conduzca al país por el derrotero de Pinochet o de Videla, que lo lleve, en suma, al fascismo. Senilidad y Turbulencia entonces. Es deber de todo el pueblo ser consciente de ello, y luchar para impedirlo. (fin)