Un Tema de Actualidad
I
EL
"BAGUAZO": LA COMPLEJIDAD DE UN JUICIO
EN EL
QUE LOS CARGOS NO TIENEN TRADUCCIÓN
Nelly Luna Amancio
Perú. Viernes, 6 de junio de 2014
El primer
trabajo de la joven indígena Dina Ananco Ahuananchi como traductora del wampi,
su lengua originaria, la llevó a un importante rol en el juicio por el llamado
"Baguazo", uno de los enfrentamientos más violentos de la historia
reciente de Perú, del que este jueves se cumplieron 5 años.
El 5 de junio de
2009, dos etnias del norte peruano, los wampi y los awajún, cumplían más de un
mes de protestas en la provincia de Bagua contra decretos que afectaban el uso
de los recursos naturales de la Amazonia y las tierras de los indígenas.
Amazonía peruana: ¿la ley de la selva?
El gobierno del
entonces presidente Alan García envió policías para controlar las
manifestaciones y la situación derivó en un enfrentamiento que causó la muerte
de 23 agentes y 10 indígenas, y la desaparición del mayor de la policía Felipe
Bazán.
Por el número de
procesados (52, 23 de ellos indígenas), la distancia geográfica y el hecho de
que tendrá que ser traducido a dos lenguas nativas, se considera que es el
juicio más complejo del siglo en Perú.
Para Ananco, la
traductora oficial del proceso en la lengua wampi, se trata de un reto
profesional: ¿cómo traducir términos legales que no existen en el idioma
originario de manera que los acusados entiendan la magnitud de los delitos que
la fiscalía les imputa?
"Lo más
difícil es interpretar los delitos de los que se les acusa a los procesados,
homicidio calificado, rebelión, motín y agravio del Estado, porque no tienen un
equivalente en nuestro idioma", explica Ananco en conversación con BBC
Mundo.
El Ministerio
Público ha pedido cadena perpetua para ocho de los acusados. Y aunque se trató
de un enfrentamiento, del lado de la policía y las autoridades no hay
procesados hasta ahora.
La dificultad de
los términos
"Nunca
imaginé que mi primer trabajo sería en un proceso tan importante como el juicio
por el 'Baguazo'", dice Ananco, quien es intérprete oficial del wampi
desde el año pasado.
Ananco, de 29
años, reconoce que estuvo nerviosa durante la primera audiencia, el pasado 26
de mayo. Había muchos periodistas en la sala y ella nunca antes había asistido
a un juicio.
A los indígenas se
los acusa de siete delitos: homicidio calificado, lesiones graves,
entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, motín, disturbios,
tenencia ilegal de armas y arrebato de armamento de uso oficial.
"No tengo
conocimientos de derecho, por eso la traducción es aún más complicada",
dice la traductora, quien desconocía muchos de los términos legales y en varios
momentos de aquella primera audiencia tuvo que consultarle al fiscal los
significados exactos de esos delitos.
"Me han
criticado por preguntarle mucho al fiscal, pero esos delitos no existen como
conceptos en el idioma wampi", explicó a BBC Mundo.
Un lento proceso
"Me han criticado por preguntarle mucho al fiscal, pero esos delitos no
existen como conceptos en el idioma wampi" Dina Ananco, traductora
Cinco años
después de los hechos de Bagua, aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó.
El juicio del
caso Bagua debió comenzar el 14 de mayo, pero se suspendió, precisamente porque
no había intérpretes oficiales para los indígenas procesados, a pesar de que la
Defensoría del Pueblo lo había recomendado ya un mes antes.
Días después, el
Poder Judicial solicitó el apoyo del Viceministerio de Interculturalidad, que
cuenta con una recién creada lista de intérpretes indígenas especializados en
procesos de diálogo previos a la realización de aguna activida minera y
petrolera. De esa lista fue seleccionada Ananco para el idioma wampi e Isaac
Paz, para el awajún.
Las premuras
para armar el proceso no permitieron que Ananco y Paz recibieran capacitación
previa, como reconoció a BBC Mundo la viceministra de Interculturalidad,
Patricia Balbuena.
Además, los
intérpretes tuvieron que organizar su traslado y debieron hacer un largo
recorrido de 20 horas en autobús hasta Bagua, porque con lo que les pagarían
por su trabajo no alcanzaba para viajar en avión y además cubrir alimentación y
hospedaje.
Es un detalle
que ilustra los problemas que tiene el sistema de justicia peruano para
garantizar el debido proceso a miembros pueblos amazónicos.
A pesar de las
condiciones en las que Ananco debe viajar y trabajar, cree "que es una
forma de asumir un compromiso con mi pueblo wampi y apoyar a que se conozca la
verdad".
Dina Ananco, de
29 años, reconoce haber estado muy nerviosa en la primera audiencia.
De hecho, nunca
antes en Perú un juicio contra un indígena contó con un intérprete oficial en
idioma aborigen a pesar de que la constitución establece que "todo peruano
tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un
intérprete".
La viceministra
Balbuena aseguró a BBC Mundo que "la administración de justicia debería
contar con sus propios intérpretes y traductores especializados en
justicia".
No ocurre
siempre así, señala Dina Ananco, quien asegura que "a veces se llama a
cualquier persona para que ayude, y no traducen bien y aumentan las
costas".
En ese sentido,
Balbuena recuerda el caso de Uchuraccay, en los Andes peruanos, en 1983 cuando
un grupo de comuneros de la etnia quechua mató a ocho periodistas y dos guías
tras confundirlos con miembros del entonces activo grupo extremista Sendero
Luminoso.
"En ese
juicio no hubo intérpretes. Y lo que ese proceso debió enseñarnos es a incluir
la interculturalidad en los juicios, pero no hemos aprendido y seguimos
cometiendo los mismos errores", sostiene Balbuena recordando que no hubo
un debido proceso, en buena parte porque los acusados no comprendían las
acusaciones que hacía el fiscal y no había quien les tradujera los cargos.
_peru_baguazo_interprete_en.shtml
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VIERNES, 6 DE JUNIO DE 2014
II
PERÚ:
LOS
LÍMITES DE LA JUSTICIA ORDINARIA Y EL BAGUAZO
Luis Hallazi Méndez (ALAI)
“Derrotar las
ideologías, absurdas, panteístas que creen que las paredes son dioses, y el
aire son dioses en fin. Volver a esas formas primitivas de religiosidad, donde
se dice: no me toques ese cerro porque es un Apu y están lleno de espíritus
milenarios y no sé qué cosa…; bueno, si llegamos a eso no haremos nada, no
toques esos peces porque son criaturas del Dios Poseidón, volvemos a ese
animismo primitivo. Yo pienso que necesitamos más educación, pero ese es un
trabajo de largo plazo, eso no se arregla así nomas. Porque usted puede ir a
cualquier lugar y la población dice no me toquen a mí esa zona, porque es un
santuario. Y uno se pregunta ¿santuario de qué? Sí, es un santuario porque ahí
están las almas de los antepasados. Oiga, las almas de los antepasado están en
el Paraíso seguramente. No están ahí” (1)
Recordar esas
palabras del máximo representante de una nación, en el momento cuando ocurrían
los violentos enfrentamientos entre la etnia Awajún- Wampis y las fuerzas
policiales, con las terribles consecuencias que ya todos conocemos; no solo
puede indignar, si no también puede ser la síntesis histórica de la
incomprensión cultural de una nación; o los absurdos de una comunidad imaginada
que no puede salir de su confusión, que se niega y resiste a reconocer su
historia.
Parece ser la
vuelta al eterno retorno en palabras de un primer mandatario del siglo XXI que
podrían haber salido de alguna crónica del siglo XVI y que va repitiendo
sucesivamente hasta nuestros días. Pero además, sin echar una mirada al pasado,
estas palabras son la necesidad de hacer evidente la doctrina del perro del
hortelano, como una política económica no solo de Gobierno, sino de Estado, sin
que importe la forma de ser expresada y que posea en cada frase una
trasparencia espeluznante.
Awajún-Wampís o
la gente de las colinas
Una dimensión de
nuestra humanidad se expresa en mitos, sin ellos el sentido de nuestra
existencia sería más vacío de lo que para muchos suele ser; para los
Awajun-Wampis las cascadas que bajan de los grandes cerros de la Cordillera del
Cóndor constituyen los lugares privilegiados para encontrar a un espíritu
llamado Ajutap, una figura central en la cosmovisión de los pueblos Awajún–Wampis,
que puede ser descrita como una poderosa esencia impersonal transmitida por los
ancestros para proporcionar fuerza a sus almas. Hoy en día en muchos de estos
pueblos, los rituales de búsqueda del Ajutap siguen siendo practicados. Este
espíritu poderoso es buscado sobre todo por los jóvenes varones, quienes acuden
a las tunas (cascadas en el dialecto regional) que bajan de los cerros entre la
Cordillera del Cóndor, allí construyen una pequeña choza llamada Ayamtai. Allí
toman brebajes alucinógenos de ayahuasca, toé o tabaco y esperan pacientemente
la visión del Ajutap, bañándose en las aguas sagradas. Los que reciben el don
de la visión obtienen el estatus de Waimako, “grandes guerreros visionarios”,
gozando de ciertos privilegios sociales dentro de sus comunidades (2).
Los Awajún y
Wampís son etnias de la familia etnolingüística jíbara, aunque esta
denominación de jibaro fue dada por los españoles en la época de la conquista
de manera despectiva, sin embargo no tardó en hacerse popular, siendo sinónimo
del espíritu guerrero de las etnias Ashuar, Awajun-Wampis y otros; lo cierto es
que ni en medio de la expansión de la civilización Inca, los pudieron someter,
se cuenta que el Inca Tupa Yupanqui trató de conquistar a los Awajún-Wampis de
la ceja de selva en un lugar llamado Bracamoros, pero fracasó, el mismo
cronista español Pedro de Cieza de León, refieren que Huayna Capac, también
fracasó y que volvió huyendo de la furia de los hombres que en esos territorios
moraban (3). Los Awajún-Wampis también se resistieron a ser colonizados por los
españoles durante toda la etapa de la conquista, ya en plena Republica en que
recién se instalan los Nazarenos 1925, primeros misioneros que realmente logran
tener un contacto con dichos pueblos, y después llegarían los jesuitas que se
establecieron a partir de 1949 (4).
En ese fatídico
5 de junio se podía divisar a lo lejos rostros pintados de genipa, lanzas de
todo tamaño y canticos guerreros a lo largo de la Curva del Diablo; la
reminiscencia de un tiempo de conflictos, donde los Awajún–Wampis, evocaron la
tradición guerrera de los pueblos jíbaros y la resistencia histórica a
cualquier intento de invasión de sus territorios, cobraba vigencia. Sin
embargo, no solo podemos reducir a la etnia Awajun–Wampis como un pueblo
guerrero, las instituciones del Estado, empezando por el Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, para este caso en
concreto deberían reconocer que los territorios donde se desarrolla el pueblo
Awajun-Wampis ha tomado protagonismo no de la noche a la mañana; sino a lo
largo de miles de años donde el pueblo ha logrado una adaptación al entorno
ecológico, a través de una estrategia eficaz de subsistencia, basada en la
horticultura, caza, pesca, recolección y otras formas de interacción con su
medio; además de poseer un sofisticado conocimiento de la flora y fauna local,
que le permite un uso racional y sostenible de los recursos naturales y que se
ha trasmitido de manera distinta a toda la población colindante. En buena
cuenta dichos recursos, forman parte de su territorio, de su hábitat y por
tanto son ellos los llamados a protegerlos y defenderlos.
La
judicialización de Bagua
Los nefastos
hechos en Bagua tuvieron como resultado la muerte de 33 personas, 5 indígenas,
5 mestizos de descendencia indígena, 23 policías, muchos de ellos también de
descendencia indígena y el desaparecido Mayor Bazán; además de más de 200
heridos provenientes de la represión policial en la Curva del Diablo. Como
cualquier sistema que se precie de democrático, se tenía que esclarecer los
hechos, analizar por ejemplo bajo qué situación se produce el desalojo, si
acaso se pudo prever el desenvolvimiento de estos hechos, cual es la
responsabilidad de las autoridades implicadas, es apropiada la justicia
ordinaria para juzgar a indígenas Awajun-Wampis y en función de todo ello poder
establecer las responsabilidades individuales y colectivas.
A cinco años de
los hechos, se ha iniciado uno de los tres procesos abiertos, el primer juicio
oral por los sucesos en la Curva del Diablo; los otros dos son los casos de la
Estación 6 y el caso de la desaparición del Mayor Bazán. Se trata de un proceso
judicial que involucra al menos a 80 procesados, 53 en la Curva del Diablo y 26
en la Estación 6 (5), casi la totalidad de los procesados son de comunidades
indígenas Awajún- Wampis, que en su mayoría tienen como lengua materna el
Awajún; muchos de ellos no entienden ni hablan el castellano, poseen sus
propias prácticas y costumbres tradicionales que conforman su derecho
consuetudinario que además cuentan con sus propias estructuras institucionales (6)
las cuales poseen normas que les han permitido vivir en armonía; son aunque al
Estado le cueste admitir: una sociedad culturalmente distinta a las peruanos de
las urbes.
Bajo esta lógica
no se trata de un proceso judicial cualquiera o llamado ordinario, donde una
organización criminal delinque en las ciudades o alrededor de ellas, no se
trata de un juicio donde a través de procedimientos establecidos se puede
individualizar la responsabilidad de los 80 procesados escogidos de manera
aleatoria, sin ni siquiera tener resultados objetivos de las pruebas balísticas
que demuestren su culpabilidad. El proceso judicial ordinario que enfrenta los
53 procesados se enfrenta a una lógica distinta, una lógica que pone a prueba
los instrumentos jurídicos vigentes, que a todas luces son insuficientes para
tratar de esclarecer la verdad de los hechos de Bagua. No obstante, este
sistema judicial ordinario, si tiene las capacidades para establecer un proceso
judicial a los responsables políticos que dieron las órdenes para reprimir de
manera desproporcional y generar estas consecuencias (33 muertos 1
desaparecido) de la misma manera como para establecer avances efectivos y
transparente de un proceso abierto a los responsables militares; sin embargo,
recordemos que la Sala Penal y de Apelaciones descartó la presentación de los
testimonios del ex presidente Alan García de los ex ministros Mercedes
Cabanillas, Yehude Simon y Mercedes Araos, así como del ex director de la PNP,
José Sánchez Farfán; sólo admitió los testimonios de dos miembros militares
Javier Uribe y Elias Muguruza. Esta situación de trato discriminatorio y
evidente desequilibrio a la hora de juzgar a los implicados, demuestran que el
sistema judicial ordinario lo que busca es culpables; culpables que le permitan
cumplir con procedimientos penales de mero trámite y que mejores candidatos que
aquellos que están fuera del sistema.
Límites de la
justicia ordinaria hacia una justicia intercultural
Parece estar
claro que los más de 80 implicados en los hechos de Bagua están tratando de ser
juzgados con un sistema de justicia que no es el adecuado. Un sistema judicial
que hace 200 años juzga a indígenas en una lengua distinta a la suya, sin las
garantías de un debido proceso culturalmente adaptado a realidades de los sujetos
a juzgar, un sistema judicial que todo peruano de la urbe conoce sus
deficiencias.
Recordemos que
tanto la justicia ordinaria como la justicia comunal gozan de autonomía
Constitucional en el caso de la justicia comunal amparada en artículo 2 inciso
19, la pluralidad étnica y cultural de la nación, art. 89, la existencia legal
y autonomía de las comunidades campesinas y comunidades nativas y art. 149, el
derecho a la Justicia Comunal de las comunidades campesinas, comunidades
nativas y rondas campesinas; además el nuevo Código Procesal Penal, en el
artículo 18, inciso 3, reconoce el derecho de una Justicia Comunal. Sin embargo
por razones prácticas y asimilacionistas el Estado solo ha fortalecido a una;
hechos como el de Bagua demuestran que es necesario identificar los elementos
que la justicia comunal hubiera aportado para intentar reconstruir los hechos y
llegar a una verdad jurídica, que respete las diferencias culturales.
No es un
problema de leyes, el Perú cuenta con normas suficientes pero nadie las cumple,
el Poder Judicial desde 2009 comenzó́ un proceso importante de reformas para
darle mayor reconocimiento y validez a la administración de justicia comunal y
la justicia de paz (Ley 29824) y teniendo un proyecto de Ley de coordinación de
instancias entre la administración de justicia estatal y la administración de
justicia comunitaria. Por otro lado, es cierto que ningún sistema te brinda
todas las garantías necesarias, pero debemos partir que ambas justicas son
incompletas y que un sistema judicial intercultural es el que permitiría
establecer las conexiones de ambas realidades y tener la posibilidad de juzgar
en mejores condiciones.
Finalmente el
límite de ambos sistemas, son los derechos humanos. Sin embargo el caso Bagua
está obedeciendo a una lógica contraria, por lo que es necesario primero
identificar los diferentes vulneraciones a los derechos humanos y los vicios de
nulidad que está trayendo el proceso, para lo cual se necesita una coordinación
permanente entre los acusados y principalmente los abogados de estos. A la vez,
es necesario abrir otro frente para que el Estado reconozca las
particularidades de este proceso y busque darle un trato diferente que permita
al menos llevar un juicio que derive en la absolución de los implicados o en la
aplicación de la Ley de Amnistía para los indígenas acusados. Los diferentes
actores deben incidir en el Estado para que sepa que esta es una oportunidad
más para la reconciliación con los pueblos indígenas del Perú y aplicación con
buena fe de todas las prerrogativas que le corresponden, para que Bagua no se
repita.
Luis
Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en
mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente consultor
en el Instituto del Bien Común.
Notas:
1) Entrevista a Alan García realizada
por Cecilia Valenzuela: http://www.youtube.com/watch?v=2Vf4WfS5t08.
2) Garra Simone, El despertar de
Kumpanam: Historia y mito en el marco de un conflicto socioambiental en la
Amazonia, Revista Anthropológica /Año XXX N° 30 2012 pp2-28.
3) Ibid pag. 10.
4) Valoración Cultural de los Awajun-
Wampis, Documento 10, Conservación Internacional Peru. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Awajun%20wampis.pdf.
5) Castillo Fernandez Marlene, ¿Justicia
o Injusticia que lleva 59 meses?: el Juicio a los 53 procesados del caso Curva
del Diablo, sin juicio a los responsables políticos y militares.
6) Convenio N°- 169 OIT artículo 8,
artículo 9
de: ARGENPRESS
<argenpress@gmail.com>
responder a:
argenpress+owners@googlegroups.com
fecha: 6 de junio de 2014, 13:20
enviado por: googlegroups.com
firmado por: googlegroups.com
Nota.- Hace cinco años, el 5 de junio de
2009, tras la incursión policial ordenada desde el Ejecutivo (Alan García) en
la zona de la Curva del Diablo, Bagua, hubo un enfrentamiento con un saldo
fatal de un número indeterminado de civiles (entre indígenas y habitantes
locales) y 23 policías muertos. Los nativos afirmaron que los policías
dispararon primero. La policía, que los nativos dispararon primero, luego de
quitarles algunas armas. En la carretera estaban unos 2.500 civiles
protestando, entre indígenas y habitantes locales. Los sucesos fueron conocidos
luego como el Baguazo.
Los nativos
amazónicos: Pueblos Achuar, Aguaruna, Amahuaca, Asháninka, Bora, Candoshi,
Cashibo-Cacataibo, Cashinahua, Chayahuita, Cocama-Cocamilla, Culina, Ese Eja,
Harakmbut, Huambisa, Huitoto, Jebero, Matsiguenga, Ocaina, Quechua del Napo,
Quechua Pastaza-Tigre, Secoya, Sharanahua, Shipibo, Shipibo-Conibo, Urarina, Yagua,
Yaminahua, Yanesha, Yine, representados por la Confederación de Nacionalidades
Amazónicas Peruanas (CONAP) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP) cuestionaban los decretos legislativos 1015, 1073, 994,
1020, 1064, 1081 y 1090, así como las leyes del Congreso 840, 1770 y 1992, impulsados
por el segundo gobierno de Alan García y su primer Ministro Yehude Simon para
su adecuación con el TLC con Estados Unidos. Este conflicto fue descrito como
la peor violencia política del Perú en años. Previamente (28.10.07) Alan García
había escrito El síndrome del perro del
hortelano, donde indicaba que algunas comunidades nativas del Perú
mantenían improductiva su tierra, oponiéndose al progreso. Su objetivo era
lotizar la Amazonía peruana y entregársela a las transicionales, incluidos sus siervos de la gleba, como en el
feudalismo.
Este fue el
mayor agravio a los pueblos amazónicos, y sólo se compara con el feroz accionar
de la Casa Arana cuando Leguía. Y
ahora enfrentan el juicio, que tiene que ser traducido a sus idiomas nativos. Aprendamos la lección.
Ragarro
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