Un Tema de
Actualidad
I
LOS
MITOS DE LA INDEPENDENCIA
Por Jair Vega
Todos los años,
cada 20 de julio, la población colombiana es llamada desde las élites del poder
a participar en los actos conmemorativos a propósito de la celebración del
denominado “Día de la Independencia”
"No quiero
ver un solo indígena en las bases militares” Esa es la orden que dio Santos a través
de su cuenta de Twitter.
“A él le decimos
que no queremos ver ni una sola transnacional en nuestro territorio ni ningún
actor armado”
Ejercer la
palabra y la acción es el camino para Defender la Madre Tierra. ACIN
Todos los años,
cada 20 de julio, la población colombiana es llamada desde las élites del poder
a participar en los actos conmemorativos a propósito de la celebración del
denominado “Día de la Independencia”. Ello incluye la reivindicación tanto de
los próceres como de los símbolos patrios, que en su conjunto implican los
referentes simbólicos que encarna esta Independencia, asociados a la libertad,
la soberanía, la riqueza, el orden institucional e inclusive la sangre
derramada en su búsqueda.
Sin embargo, más
allá de la propia celebración, de los distintos espacios en los cuales se
entona el himno nacional, de la izada de la bandera en balcones y ventanas y de
paradas militares, esta celebración
encarna algunos mitos, que apuntan a la cohesión social de la población,
pero que en el fondo siguen legitimando las desigualdades sociales en un país
con uno de los índices de Gini más altos del planeta.
El
primer mito es el de que la independencia significa libertad y
que todos estamos incluidos en ella. Y es que la paradoja de los procesos de
sometimiento es que se van dando a escala. Mientras en España una Junta Suprema
defiende la legitimidad de Fernando VII frente a la invasión napoleónica, un
sector de la élite criolla mediante la promulgación de un Acta de Independencia
instituía la creación de una Junta Suprema de Gobierno que sustituía al
Virreinato. Sin embargo, ese pueblo que es llamado mediante “un grito” a la
insurrección y a la revuelta, no está directamente incluido en la pretendida
libertad que traía consigo esta Independencia.
Se transformaban
las relaciones de poder entre la oligarquía criolla y la Corona Española, pero
no entre esa élite y el resto de la población. De hecho, a pesar de que ya en
el año 1810 se prohibiera la trata de esclavos negros en la creación del Estado
de Cartagena, tan sólo hasta el año de 1851 se decretó la libertad de los
esclavos a partir del primero de enero de 1852, con un compromiso estatal de indemnización
a los propietarios.
Es curioso que
precisamente en el año de 1853 aparece la tan difundida publicación de Manuel
Antonio Carreño, titulada “Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres”, la cual,
según argumentación de Gabriel y Santiago Restrepo constituye un conjunto de
dispositivos de distinción y exclusión de la élite respecto a las masas
ignorantes. Mientras legalmente se
avanza en el reconocimiento de algunos derechos, social y culturalmente se
profundizan mecanismos de discriminación.
Un
segundo mito es el de la riqueza de todos. En cada evocación a
la patria se habla de nuestro territorio, nuestros paisajes, nuestra fauna y
nuestra flora, en fin de nuestros recursos naturales. Sin embargo, la
utilización de ese posesivo en primera persona del plural, es tan sólo mítica.
En realidad “nuestro” territorio y
“nuestros” recursos han sido feriados a las élites nacionales o las
multinacionales.
Clemencia
Rodríguez, en el libro “Lo que le vamos quitando a la guerra” retoma a
Catherine Legrand y Leon Zamosc quienes muestran cómo familias de la élite
colombiana acumularon extensiones de tierra imposibles de explotar en toda una
vida, tierras que se adquirieron “legalmente” mediante adjudicación de los
denominados baldíos o ilegalmente mediante la guerra. Esta expansión de la
frontera agrícola ha ido reduciendo a la población indígena a pequeños
resguardos y desplazando a la población campesina.
Mientras tanto
la intervención gubernamental, legalizando mecanismos fraudulentos, orienta los
subsidios a la producción agrícola para pagar favores políticos.
Pero también la
élite criolla ha seguido vendiendo paulatinamente la población a las grandes
multinacionales a manera de clientes acumulados en sus empresas, luego
esclavizados a través de créditos con el sistema financiero, monopolios de las
telecomunicaciones o dependientes de los servicios públicos. El mismo Estado
colombiano ha feriado la explotación minera de los recursos naturales con el sofisma de la “confianza inversionista”,
tal como señala Marcela Anzola en Razón Pública cuando afirma que la inversión
extranjera en Colombia está dirigida a sectores con bajo impacto en valor
agregado y generación de empleo calificado y con profundos cuestionamientos en
materia de impacto ambiental.
Un
tercer mito es el del orden institucional autónomo. Los
desarrollos institucionales que soportan nuestro Estado y nuestro sistema
político no se corresponden de ninguna manera con las características de
nuestra población, ni con procesos de inclusión. Con muy pocas excepciones
nuestras instituciones son malas adaptaciones de modelos foráneos que poco a poco
han fortalecido el proceso de apropiación de los sistemas de salud, educación,
servicios públicos, comunicación, por parte de la lógica del capital. Cada uno
de estos desarrollos institucionales se convierte en un gran negocio que
permite acumular riquezas en manos de unos pocos, mientras sus resultados
distan cada vez más de las necesidades y expectativas de la gente, en un ciclo
que reproduce la pobreza e incrementa la concentración de riqueza. Y qué decir
de los programas de gobierno que reproducen ese modelo de exclusión que hace
por ejemplo que las empresas del hombre más rico de Colombia reciban la mayor
proporción de utilidades de la inversión social orientada a las viviendas de
las familias más pobres del país.
Mientras tanto,
la justicia deambula entre el tráfico de influencias y la impunidad; entre la
mitigación y absolución de los delitos y crímenes de las élites y las condenas
o el desconocimiento de las denuncias de las masas. Y el sistema político, en
lugar de tener en el centro del debate, precisamente una agenda que involucre
todos estos problemas del país, a cuenta de nuestros impuestos, consume la
agenda legislativa buscando la forma de perpetuarse en el poder y urdiendo
mecanismos que de una manera impune los blinde frente a sus prácticas de
corrupción e interacción con actores al margen de la ley.
La
verdadera independencia sigue siendo entonces un reto por alcanzar, está en las
calles por donde marchan jóvenes besándose buscando educación, en las plazas
públicas donde hombres y mujeres demandan el derecho a la salud, está en las
redes sociales que como atisbos dejan ver pequeñas victorias que reconfortan al
menos esa pequeña reivindicación de dignidad, y está, de manera particular, en
la capacidad de poner un bastón de mando frente a un fusil, en la posibilidad
de reconfigurar un orden simbólico que nos permita reconocer una relación que
tenemos con un territorio de cuya historia también queremos hacer parte.
La verdadera
independencia está en la invitación del pueblo Nasa a “despojarse de la
violencia y caminar con el pueblo colombiano para defender nuestra patria del
modelo económico de agresión global que usa la guerra para despojarnos y nos
usa a todas y todos para que nos autodestruyamos”.
Martes, 29 Octubre 2013
Mitos de la Independencia
II
PACTO
DE CHICORAL
La movilización
campesina de 1972 polariza al país. Las clases dominantes se unifican para
condenar las aspiraciones por la tierra y acuerdan una suspensión inmediata de
la política reformista. En una pequeña población del departamento del Tolima,
llamada Chicoral, se dan cita los representantes del capital y la renta del
suelo, los partidos tradicionales y los Ministros del Despacho para acordar los
lineamientos básicos de una nueva política agraria, que se condensa en el
abandono de toda pretensión distributiva de la gran propiedad territorial.
Este acuerdo se
le conoce como el "Pacto de Chicoral". Los terratenientes se
comprometen por su parte a pagar impuestos al Estado -han sido tradicionalmente
los evasores más recalcitrantes del fisco- lo cual se plasmará en la renta
presuntiva introducida en la Reforma Tributaria de 1974 bajo la administración
López Michelsen; los grandes propietarios reciben a cambio la garantía de no
expropiación o pagos prácticamente de contado en el remoto caso de ser
intervenidos por el Incora; se les ofrece además el reforzamiento del aparato
de crédito por medio del Fondo Financiero Agropecuario. Estos acuerdos
programáticos se concretan en las Leyes 4ª y 5ª de 1973. La ANUC es debilitada
progresivamente por la represión y por el paralelismo de una segunda ANUC más
moderada y apoyada por el gobierno.
De: luisaPino
<1democratas@gmail.com>
Fecha: 23 de mayo de 2014, 12:38
Asunto: Pacto de CHICORAL
asunto: Fwd: Pacto de CHICORAL
de: Jairo Mayorga
<jairomayo@gmail.com>
para: (…)
fecha: 23 de mayo de 2014, 9:30
enviado por: gmail.com
firmado por: gmail.com
Nota.-
Jair
Vega, profesor del Departamento de Comunicación Social e investigador del Grupo
de Investigación en Comunicación y Cultura PBX de la Universidad del Norte
(Uninorte) Su pre-grado en Sociología (1996) lo obtuvo en la Universidad Simón
Bolívar (Colombia) Su ejercicio investigativo lo desarrolla en el campo de
comunicación, desarrollo y cambio social y de manera específica en comunicación
y ciudadanía y comunicación y salud.
Los
tres mitos que analiza tienen presencia en nuestra América Nativa. Y en todos
ellos subyace el problema de la tierra,
problema primario. El Pacto de Chicoral es muy expresivo al respecto. Y es que
una cosa es reforma agraria (dentro del sistema vigente, de los latinoamericanos)
y otra cosa es problema agrario (problema de la tierra, de los nativoamericanos), que sólo puede
resolverse con el cambio de sistema social.
Jamás
olvidemos que el régimen de propiedad de
la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación.
Ragarro
30.05.14
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