Privatización de la política (1-4) PERÚ: PUGNA POR EL DESPOJO, PRIVATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y SIMULACRO ELECTORAL

                                                                            -0-

Privatización de la política (1-4)

 

PERÚ:

 

PUGNA POR EL DESPOJO,

 

PRIVATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y SIMULACRO ELECTORAL

 

Las elecciones no son una alternativa al neoliberalismo, pero deben usarse para desarrollar la conciencia política y abrir espacios para continuar la lucha en sus diversas modalidades.

Jorge Lora Cam

22/03/2021

peru_elecciones_vero.jpg

 

INTRODUCCIÓN

Un tema que ha resultado invisible para los analistas políticos e intelectuales es la privatización de la política, el complemento perfecto de la política del despojo neoliberal lumpen burgués y de las corporaciones trasnacionales. Se trata de la política colonial en un país riquísimo donde, sin embargo, los pueblos viven en la miseria. Este proceso comenzó en la economía, con las privatizaciones empresariales por Fujimori en los 90, mas tarde continuaron con el interminable despojo de los “bienes baratos” (territorios, recursos naturales, aguas, bosques, amazonia, mares, espacio aéreo, etc.), siguieron los servicios financieros, educativos, de salud, pensiones y otros. Para cerrar el entramado de traspaso estructural necesitaban las instituciones y lo que se conoce como sociedad civil: poderes estatales (judicial, Banco central, Congreso, organismos electorales, fuerzas armadas y policiales) y partidos, sindicatos, ONG, etc. Todo quedaría sellado y garantizado con la Constitución de 1993 y cambios en la legislación civil y penal.

La educación y los medios se encargaron de buscar la hegemonía necesaria al proyecto y se centró en justificar el saqueo usando las políticas de shock, combatir la resistencia manejando el exitoso uso que tuvo para combatir a la rebelión armada de la década de los 80 y utilizar la pobreza como herramienta clientelar. Este proceso pasó por seis administraciones gubernamentales corruptas y cada cual se fue apoderando de algún segmento del poder hasta cumplir su ciclo. Con Fujimori se reinicio y se generalizó la tradicional corrupción del poder político, empresarial y militar. Se calcula que, con los procesos del 2001 en adelante, quedaron presos 200 de cuatro mil gobernantes, empresarios, funcionarios y militares en redes delincuenciales, que con el tiempo se fueron rearticulando en defensa de todo un conglomerado de mafiosos. Alan García (en sus dos administraciones) y PPK-Vizcarra, agregaron nuevas mafias a las anteriores.[1]

El poder económico con la CONFIEP a la cabeza, las FFAA e instituciones fueron la estructura mas permanente y los protagonistas de la gran política. De este modo los poderes políticos (judicial, ejecutivo, congreso) contaminados e instrumentalizados se privatizaron y fragmentaron. Con ellos los partidos se convirtieron en franquicias; las ONG se politizaron en favor de segmentos del poder; el congreso quedó en manos de varios patrones; los asesores, consultores, firmas de abogados, académicos caviares se vendieron al mejor postor; las fuerzas armadas y policiales buscaron fuentes ilegales de ingresos; las instituciones podían ser compradas. Esta telaraña del poder hoy se nos presenta como la privatización de la política con sus funestas secuelas.

Hoy en día, ha corrido mucha agua bajo el puente y el despojo y la corrupción, develan un antisistema político permanentemente reconstruido por el poder colonial reestablecido, en medio de la pandemia y la crisis de un Estado neoliberal, deslegitimado e inerme, pero, activo en su descomposición y a la defensiva frente a la amenaza de la prisión de sus ineficaces protegonistas. Las confrontaciones entre catervas, inherentes a su naturaleza mafiosa, pretenden resolver la crisis tratándola como hechos y soluciones coyunturales, cuando los problemas son estructurales e históricos. Por otro lado, sus avances en el dominio y la sumisión popular, con alcances represivos, han logrado formas de sociabilidad individualistas y consumistas, racializadas y feminicidas, religiosas y conservadoras; han impedido la conformación de un sujeto con organización popular, de resistencia articulada en el plano nacional.

Sin embargo, lo realmente posible, solo está parcialmente predeterminado. Esto se debe a que la sociedad produce sus propias vidas de la misma manera que hace su propia historia. La dimensión activa de la lucha define, una zona de transición entre lo que es material, social e históricamente posible y lo que no. Un campo que pueden aparecer como materialmente imposible, pero su realización depende de la práctica humana concreta. Esta práctica no emerge ni automática ni simultáneamente de la existencia de esa posibilidad material. Por lo tanto, la realidad histórico-material es siempre una totalidad abierta, una totalidad incompleta, que incluye desarrollos posibles diferentes. Algunas de estas posibilidades se realizarán, otras no. Nada es más ajeno al marxismo que el fatalismo histórico o el determinismo mecánico y economicista, tan ajeno como el voluntarismo. Pero lo realmente posible, a su vez, solo está parcialmente predeterminado. Esto se debe a que la sociedad produce sus propias vidas de la misma manera que hacen su propia historia. De allí la importancia de la teoría, que no nace de las especulaciones librescas, sino de la praxis. Estas perspectivas deben basarse en un análisis correcto de la realidad y no en fantasías, deben partir de un análisis de las contradicciones socioeconómicas reales y revelar su dinámica, deben examinar si y por qué estas contradicciones disminuyen o, por el contrario, se intensifican, y no partir de un desarrollo abstracto y deseado.

Se avecinan las elecciones generales entre nubarrones, amenazadas por la anti política del voto en blanco viciado y el abstencionismo, por el voto obligado, por la indecisión, por la acechanza del fraude, por candidatos impresentables que van por la defensa de la impunidad y continuar con el saqueo, por que las listas están plagadas de corruptos, por que casi todos los candidatos a la presidencia son neoliberales, por que Keiko tiene al menos tres candidatos y por que el poder económico bajo la dirección de la CONFIEP controlan el proceso.

LA GUERRA ENTRE CARTELES POLÍTICOS POR EL CONTROL DEL ESTADO COLONIAL

Muchos han llegado a pensar que el futuro no esta en el sufragio, en las elecciones, sino en los levantamientos, insurrecciones, en las calles y caminos, y que la esperanza viene desde abajo. Examinemos el por qué de una desconfianza marcada por las reducidas posibilidades de que las fuerzas progresistas ganen en una segunda vuelta, e incluso, de lograrlo, creen que continuaran las políticas prevalecientes impuestas por la economía.

La realidad peruana, es un complejo de incertidumbres donde se entrecruzan tendencias que apuntan y posibilitan estrategias diferenciadas de acuerdo con la conjunción de intereses particulares, cuya matriz común es el neoliberalismo y su complemento: la corrupción. Cuando llega la crisis o cuando los pueblos se mueven, los poderes tienen miedo, se organizan, se movilizan y los corruptos se dotan de un plan alternativo. Uno es el del poder en general, del sistema, otros son los de las fracciones de clase en el poder. En esas estamos desde hace años, desde la apertura del caso Lava Jato, el 2017. Un sistema político o un régimen, si se prefiere, podría continuar su degradación durante un largo periodo mientras no exista una alternativa que lo sustituya. Esta alternativa puede surgir al parecer, únicamente, desde el exterior mediante el poder destituyente, de una ruptura que puede ser pacífica o violenta; sin desconocer, que el poder monopoliza esta violencia y que las violencias generadas por ella son su subproducto. Marx ha sido capaz de observar que la violencia excedente en la historia, originariamente motivada por la escasez, ha generado instituciones que, cosificadas, la legitiman y prolongan más allá de la época histórica en que pudo tener algún sentido, y la presentan falsamente como paz. La principal y central de esas instituciones en Perú es el Estado colonial y sus FFAA. El otro lado de la moneda es la posición dominante sobre el mercado, en la definición usada por Milciades Ruiz, quien puntualiza que la dominancia requiere poder en y sobre el mercado y que exista un comportamiento independiente en grado suficiente. Sin embargo, lo mas importante será el control de un poder político que obstaculice el desarrollo de la competencia efectiva o potencial que supongan una amenaza para su negocio.[2] Es el falso libre mercado de los países recolonizados.

Los dueños del Perú pese a sus cíclicas renovaciones y contradicciones internas y a su confrontación con la dispersa oposición al neoliberalismo, se mantiene en el poder como lo veremos a continuación. Sumamos seis expresidentes, poderes institucionalizados, miles de funcionarios gubernamentales en todos los niveles, trasnacionales y grandes empresarios, militares, etc. corruptos, que teniendo diverso origen y distintas ideologías en la practica van organizando defensas para cada coyuntura y así, evitar llegar a la cárcel. Este escándalo histórico de corrupción protagonizada por la empresa Odebrecht, constructora brasileña que forma a la vez parte del Caso Lava Jato, marca la vida política de las últimas décadas. Involucra a políticos, funcionarios y empresarios en coimas en licitación de obras públicas a favor de las constructoras cometiendo delitos de formación de organizaciones criminales, hasta lavado de activos cometiendo ilícitos de cohecho, colusión, trafico de influencias, puertas giratorias, negociación incompatible, asociación ilícita, financiación de campañas y tráfico de influencias. El último escándalo del negociado de las vacunas es una nueva expresión genocida de una enorme capacidad para organizar mafias criminales en poco tiempo, sin importar las decenas de miles de muertos. El problema menor es que se hayan vacunado el Presidente y su clientela política, que no deja de tener una enorme gravedad ética. El Estado en su carácter subsidiario es protegido para que no cambie; de allí que las medidas sanitarias sean coyunturales: contratos temporales vía service de médicos y otro personal de salud, compra de oxigeno por tiempos definidos, etc. No se proyecta un cambio radical en salud, lo mismo en educación, vivienda, salarios. Primero es la empresa, la inversión privada, el resto es inaceptable.

Desde hace tres décadas, la historia se repite bajo el mismo formato, siempre como farsa, el fujiaprismo y Lava Jato (2017-2021), siguen definiendo la coyuntura y la izquierda oficial mantiene su ambigüedad. Las siguientes cuatro páginas narran hechos que muestran la complicidad de las corporaciones y el poder político delincuencial, pedimos disculpas por insertar tan larga narrativa de este enredoso y vomitivo proceso. Políticos, partidos, poderes como el ejecutivo, judicial, electoral, Congreso forman parte de las instituciones capturadas por la lumpen burguesía y trasnacionales a través de organizaciones criminales. Una institución clave es la de justicia (y la propia Constitución) al garantizar impunidad: Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia), Fiscalía General de la Nación, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Corte Suprema. Junto a ellas esta el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva que asegura contar con el apoyo estatal sin pagar impuestos; y el Ministerio de transporte y obras públicas que garantizan que el Estado sea subsidiario de las corporaciones. Con este Estado recolonizado, este chiquero fallido, la política es un asco, no existen opciones oficiales, sin proyecto de país, no hay esperanza en la supervivencia como nación. Prevemos que continuarán el genocidio, ecocidio, los privilegios, la desigualdad, la discriminación. El complejo periodo de creciente saqueo y corrupción 1990-2016 lo dejaremos a un lado; solo describiremos el lustro coyuntural que redefine los conflictos en la pequeña política.

Odebrecht le dio a la Comisión Bartra información sobre contratos de PPK que dispararon su renuncia. La familia Fujimori y la organización criminal de Vizcarra, estando implicados en la delincuencia política fomentada por Odebrecht usaron información para las vacancias. Luego de hacerse pública información que lo vinculaba con la empresa brasilera Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski, elegido presidente el año 2016, enfrentó dos intentos de vacancia por incapacidad moral, impulsados desde el Parlamento fujiaprista. En el primero, Kuczynski logró mantenerse en el cargo gracias al retiro de diez parlamentarios de Nuevo Perú del hemiciclo y al voto en contra de otros diez fujimoristas, liderado por Kenji Fujimori, a cambio del indulto a Alberto Fujimori. El 24 de diciembre del 2017, Fujimori quedó en libertad. Poco después, salió más información del caso Lava Jato, que relacionaba a Kuczynski con esta empresa durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y se planteó una segunda moción de vacancia. Se desató el escándalo cuando se difundió un video grabado por el hoy difunto Moisés Mamani, congresista leal a Keiko Fujimori, que registró al ministro Bruno Giuffra negociando un intercambio con los fujimoristas: sacar del cargo a Saavedra para frenar la reforma educativa. La moción fue presentada por el Frente Amplio, coincidiendo con Fuerza Popular, pero por motivos diferentes. El interés de Keiko era conseguir la presidencia y por ello los ambiguos sectores de izquierda llamaron a una marcha contra el golpe. Recordemos que Gorriti, Glatzer Tuesta, ambos de IDL asesoraron a PPK.

El video obligó a renunciar a Kuczynski y asumió su lugar el primer vicepresidente, Martín Vizcarra.  A Kuczynski viejo político de prestigio como tecnócrata, se le recordó todo un prontuario delictivo contra el Estado desde fines de los sesenta. Se utilizó información hasta ese momento oculta, como el apoyo a la petrolera trasnacional USA, la IPC, 50 años atrás. Se supo que fue lobista toda su vida, trabajo para las empresas norteamericanas contra el Perú. Primer ministro y ministro de Economía de Alejandro Toledo, prófugo en EE. UU., con una orden de captura en su contra por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. A Kuczynski se le acusa por haber recibido dinero de esta empresa como una forma de ganar sus favores y facilitar la entrega de obras públicas de gran envergadura. La forma en que Kuczynski habría recibido sobornos sería mediante la contratación de consultorías con la empresa personal del exministro.[3] Como en el caso Vizcarra, las acusaciones fueron por delitos menores, las causas no fueron seguidas con celeridad. Ambos siguen libres, como otros dos expresidentes: Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

Martín Vizcarra, hijo de aprista y ex gobernador de Moquegua, asumió el cargo de Presidente a fines de marzo de 2018, necesitaba tiempo para limpiar sus expedientes y buscaba legitimidad, tomó riesgos y desde el inicio chocó con la mafia fujiaprista: el 11 de julio de 2018, anunció la reforma del Poder Judicial y en fiestas patrias -28 de julio- propuso un referéndum sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y una superficial reforma política sobre no reelección, financiamiento y bicameralidad y aspectos electorales menores. Dos poderes ejecutivos en uno. El Congreso fujiaprista no acataba el referéndum y en su lugar blindaba al juez Hinostroza y al fiscal Chávarry, presuntos jefes de los Cuellos Blancos que controlan parte importante del poder judicial. Vizcarra anunció entonces la presentación de una cuestión de confianza logrando que el Congreso apruebe los proyectos en octubre de 2018. El referéndum finalmente se realizó el 8 de diciembre de 2018, en el que la ciudadanía aprobó tres de los proyectos, incluida la reforma judicial. El gobierno envió al Congreso el proyecto de ley orgánica para la implementación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura. El pleno del Congreso aprobó el proyecto el 1 de febrero de 2019. Y el 18 de febrero de 2019, el presidente Vizcarra promulgó la Ley Orgánica de la JNJ, creando ese organismo. La guerra estaba decidida. Gano Vizcarra dando la apariencia de combatir al crimen políticamente organizado, pero Keiko y sus Cuellos Blancos estaban agazapados esperando o creando la oportunidad.  

La privatización del sistema judicial queda al desnudo parcial, al conocerse a los implicados en el caso CNM-Audios [4]: el juez César Hinostroza, luego que el Congreso le destituyera, huyó a España, donde fue capturado. Walter Ríos en prisión preventiva. Chávarry fue removido de su cargo de Fiscal de la Nación, aunque siguió siendo fiscal supremo, pese a las denuncias constitucionales que pesaban sobre él. El Presidente esperaba una vendetta y sufrió la oposición del Congreso fujimorista, llegando a tal antagonismo que se decidió por el cierre del Congreso y su abierto apoyo al Equipo Especial Lava Jato, ganándose como potenciales enemigos a los propietarios de varios partidos políticos -más bien organizaciones para el delito- involucrados en las jugosas coimas de las constructoras brasileñas a cambio de un posterior favorecimiento en la concesión y después las adendas de grandes obras. El 30 de septiembre de 2019, decidió disolver el Congreso, ante la decisión de Keiko de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, generando crisis. También la convocatoria a elecciones y las reformas judicial y política, y principalmente el cierre del congreso, y el uso de los medios, le otorgó un apoyo a Vizcarra que le duró 13 meses, pues antes de su caída solo mantuvo legitimidad con enormes gastos en publicidad y encuestas. Es así como, teniendo como enemigos a la red mafiosa de Keiko, a parte del Club de la Construcción, a los dueños de las lucrativas universidades y otros adversarios ocultos; en medio de la pandemia, meses después, en septiembre de 2020, el Congreso tomo venganza mediante otros personajes. Congresistas liderados por Acción Popular, que mantenía una imagen positiva por el recuerdo del Presidente Paniagua que logró apresar a 200 (5% aprox.) delincuentes políticos de la red mafiosa de Fujimori-Montesinos, inició un proceso para declarar la permanente incapacidad moral de Vizcarra por haber obstruido las investigaciones del Ministerio público y el propio Congreso, y por sus recurrentes falsas declaraciones. Este intento ocurrió el 18 de septiembre y mes y medio después consiguieron vacarlo, con los 105 votos antes referidos.

El Perú, el 26 de enero 2020, eligió un Congreso tan corrupto como el anterior; de los 130 congresistas, 68 con juicios abiertos, mas del 50% tienen, con casos pendientes en el Poder Judicial: muchos de ellos por delitos graves. En su mayoría son miembros de Podemos, UPP y APP. Podemos busca obstruir y descarrilar las investigaciones que han generado una orden de detención para uno de sus fundadores, José Luna Gálvez. La cabeza de la bancada de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, tiene 36 procesos y apoyó la vacancia esperando que el nuevo presidente libere a su líder, Antauro Humala, preso por liderar una confusa asonada, con el saldo de varios policías muertos. Impresentables como Daniel Urresti, con 23 procesos incluyendo el asesinato del periodista Pedro Bustíos y la violación a mujeres campesinas o Meléndez, del partido Alianza para el Progreso (APP), con el record de 85 casos fiscales abiertos por peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación del ambiente, usurpación, estafa y lavado de activos. Esta organización política, es un verdadero nido de delincuentes, tiene el mayor número de parlamentarios con procesos abiertos.[5] Con la salida de Vizcarra, quien quedó a cargo de la presidencia del Congreso legislativo, Manuel Merino, militante AP. Apoyado por APP, liderado por César Acuña, dueño de un conglomerado de universidades privadas. El fujimorismo espera boicotear las investigaciones contra Keiko Fujimori y toda una tendencia política nacional de corruptos en todos los niveles de la administración pública y empresas.

En un juego perverso tipo bumerang, Vizcarra se arriesgo al apoyar abiertamente al Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, uno de cuyos miembros, el fiscal José Pérez, encargado de los casos de Keiko, Fujimori, Alan García y Kuczynski (caso Odebrecht), se mostró inusualmente activo, recibiendo la simpatía popular. Los medios le recordaron a Pérez que como fiscal en Moquegua habría sido protector de Vizcarra, que no repercutió por su alta aceptación. El primer caso en mostrar un gran avance fue el de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, por recibir dinero ilícito de parte de la empresa Odebrecht durante las campañas electorales de 2011 y 2016 (caso Cócteles). El juez Richard Concepción Carhuancho hizo suya la tesis del fiscal y ordenó detención preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular, en octubre de 2018. Dos años después ya conocemos la represalia.

Nota. Primera parte.

 

 

 

COLECTIVO PERÚ INTEGRAL

 

6 de abril 2021