-0-
Privatización de la política (2-4)
PERÚ:
PUGNA POR EL DESPOJO,
PRIVATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y SIMULACRO ELECTORAL
Jorge Lora Cam
Perú vivió una verdadera guerra de mafias. Los viejos y nuevos empresarios mafiosos financian y ponen congresistas para la defensa de sus intereses. Los congresos y los gabinetes de Vizcarra y Merino fueron los canales de sus intereses y de la corrupción. Merino, como Vizcarra y otros no tienen respaldo partidario, compraron sus nominaciones. Merino fue producto de cinco mil votos, colocó como primer ministro a Ántero Flores-Araoz, quien cuando fue candidato presidencial obtuvo 0,4% de los votos. Los congresistas que llevaron a Merino a la presidencia buscaban terminar con investigaciones judiciales. Los financistas del poder y de la política peruana arriesgan desestabilizar su Estado de derecho con tal de que el Estado no se inmiscuya en sus negocios. Parece que el objetivo principal de la coalición de la vacancia fue desmantelar al ejecutivo y mantener sus privilegios e impunidad. Casi todos los titulares de las carteras ministeriales están ligados a estudios de abogados “de alcurnia”, o forman parte de acreditados núcleos conservadores. Flores Araoz, el titular del Gabinete tiene oscuros antecedentes, fue ministro de Toledo, y de García. Estuvo involucrado en la represión de Bagua que dejo como estela, decenas de muertos. Abogado, además, de Telesud, esa Universidad-lucro que buscó engañar al país construyendo la fachada en una institución académica. Y abogado también del rector de la Universidad Garcilaso, famoso porque ganaba dos millones de soles (60 mil dólares-mes).
Por eso el objetivo inmediato y desesperado de las mafias coordinadas por la CONFIEP era nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y ejercer su pleno control del poder judicial. No son prácticas defensivas, pues paralelamente luchan por seguir manejando el presupuesto público para el 2021, el BCR y el Ministerio de economía. Ambos bandos se disputaban las Fuerzas Armadas y policiales, que hace mucho han dejado de lado la defensa de la soberanía, ahora solo son defensoras de las corporaciones y en su tiempo libre colaboran en el orden público.
Vizcarra, también contaba con un apoyo condicionado de la CONFIEP y los grandes mineros. Estos y todos los extractivistas, siempre a salvo; siguen sosteniendo que la minería es el único sector económico genuino, aunque su participación en el valor agregado total del país sea ridícula, lo mismo que en la generación de empleo total, con una tasa de informalidad laboral escandalosa. No acepta la imposición de mayores gravámenes por su ventaja productiva natural al acceder a bienes “baratos”. Los mitos derivados de la “gracia divina” de la extraordinaria dotación de factores naturales, no justifica que algunos propietarios de esa riqueza y sus dirigentes crean que por eso son los dueños del país. Sin embargo, a la CONFIEP no le agradaba el apoyo de Vizcarra a las investigaciones que afectaban a todo su sistema de poder: el caso Lava Jato, amenazas de investigación a Graña y otros constructores privados. El proceso al lavado de dinero de los Romero y otros grupos, la intervención de la Fiscalía en sus cuentas, al descubrirse aportes a KeIko no declarados; su renuencia a liberar Tía María, Conga y otras inversiones. Vizcarra se sentía útil y necesario, pero la CONFIEP ya no confiaba en el, de allí que en septiembre del 2019 apoyaron abiertamente el golpe parlamentario de Mercedes Araoz. Estos dueños del país cuentan con el apoyo indeclinable del mafioso grupo El Comercio de José Graña Miro Quesada, uno de los principales acusados, que forma opinión pública con sus noticias falsas, mitos y fetiches.
Los nuevos ricos son los que quieren parte del poder. El propósito es usar a su favor el Estado de derecho y sus instituciones, un negocio de los mas rentables en este capitalismo colonial es la educación y en ella, las universidades privadas de mala calidad. El Congreso y gabinete de Merino empezaron el debate sobre la derogación de la ley universitaria, la autorización de cinco universidades, el licenciamiento de las no calificadas. Luchan por liberarse de una reforma universitaria que los limita en su fraudulento crecimiento. El partido Acción Popular, uno de cuyos líderes principales es Raúl Diez Canseco, magnate dueño de universidades; el abogado Flores-Araoz ha defendido a la universidad Telesup, cuyos dueños poseen el partido llamado Podemos. Tras ellos, hacen cola transportistas informales, mineros ilegales, iglesias y ONG contra la “ideología de género”, conservadores aristocráticos y otros populares, etc.
El sistema político se ha transparentado y podemos identificar con Francisco Durand los tres pivotes de la élite económico-política que gobierna el país desde las sombras desde 1990, aunque, cada vez se vea más obligada a exponerse. Incluye a todos los presidentes influenciados, controlados, financiados, es decir capturados (Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, Vizcarra y Merino) por ellos, recurriendo a diversos mecanismos de influencia, asegurándose que el manejo de la economía sea dirigido por tecnocracias, que rotan en este cargo como ministros, asesores, viceministros. Encargados de servir a las grandes corporaciones de la minería, agroindustria, finanzas, servicios y las obras subsidiarias estatales. Decididos a rebajar los requisitos y controles de la inversión y la tributación, acabar con los estándares de regulación ambiental, impedir la formación de sindicatos, generar amnistías tributarias, buscando siempre mayores rentas e intereses, con el objeto de “estimular el crecimiento” por encima de todo.
Estos tres pivotes son: Uno, los grandes empresarios que agrupa la CONFIEP, el gremio de gremios liderado por los intereses extractivistas y financieros. Dos, la tecnocracia neoliberal que rota entre grandes empresas, organismos internacionales y altos puestos de gobierno. Véase la trayectoria de Fernando Zavala, el caso más representativo de “puerta giratoria”: fue del grupo Apoyo al MEF, del MEF a Backus, de Backus de vuelta al MEF, y ahora en Intercorp. Tres, los grandes medios de comunicación de masas (El Comercio, Cadena Correo, RPP, Wilax, este último muy comprometido con el golpe) que inciden en la opinión pública para evitar el debate sobre un cambio económico de la Constitución, al mismo tiempo que, en caso de los conflictos, acentúan las tomas de violencia de los manifestantes y justifican el llamado al orden y la violencia policial. Estado de derecho, dicen. Su Estado, su derecho.[6]
LA LUMPEN BURGUESÍA NEOLIBERAL CONTINÚA PRIVATIZANDO LA POLÍTICA. DE LA ILEGALIDAD DE VIZCARRA AL GOBIERNO DE TRANSICIÓN.
Este caso es único en la historia reciente del país. Nunca un presidente de la República en ejercicio había sido investigado por la fiscalía y la procuraduría, que cuentan con testimonios y delaciones de coimas recibidas en las múltiples veces que fue funcionario público y otros delitos como obstrucción de la justicia e influir en la política para conseguir sucesores “confiables”. De hecho, Intervino descaradamente en el Ministerio Público para colocar o Zoraida Ávalos y usó a un grupo de fiscales adeptos para perseguir a sus adversarios. Incluso el cierre del Congreso y las amenazas veladas de intervención de las fuerzas armadas en su favor, de ocurrir la vacancia. Sus errores lo obligaron a la suspensión de funcionarios, cambios de magistrados y burócratas judiciales y a la reiterada mentira. Se convirtió en símbolo de inestabilidad política. Solo en la administración de la pandemia, tuvo tres ministros de Salud, cuatro del Interior y tres jefes de gabinete. Los audios, como los videos de Fujimori, fueron contundentes pruebas de manejar una organización criminal formada hace una década en Moquegua. Vizcarra solicito ser investigado y su amiga Zoraida Avalos, de la JNJ en un acto de colusión agravada, accedió, pero condicionado a que sea después del 28 de julio 2021.
Vizcarra se vinculó con la corrupción desde que era presidente regional de Moquegua. Como ministro de transportes favoreció a las empresas que le dieron coimas en su región. Ahora que se conoce más de su recorrido, podemos deducir que no había obra de la que no obtuviese réditos. El ingeniero José Manuel Hernández, exministro de Agricultura 2016-2018, confesó ante el fiscal del equipo Lava jato, Germán Juárez Atoche, a cargo de la investigación del Club de la Construcción, según La República, corroborando la existencia de una coima, hasta por S/ 1.3 millones que había pactado el empresario Fernando Castillo Dibós, de la constructora ICCGSA (asociado con INCOT), con Martín Vizcarra Cornejo por la obra del Hospital Regional de Moquegua por S/ 123.5 millones (18/12/13) durante su gestión como presidente regional de Moquegua (2011-2014). La historia viene desde el 2005 hasta el 2011 cuando la empresa del presidente y sus hermanos C y M Vizcarra se convirtió en proveedor del consorcio Conirsa, conformado por Odebrecht, ICCGSA y Graña y Montero a cargo del tramo 2 y 3 de la Interoceánica del Sur. Luego de un conflicto de competencias creado por Avalos.
El fiscal Juárez, abrió investigación directa a Martín Vizcarra, dejando de lado a la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos, que había dispuesto que sea la fiscalía Anticorrupción, los fiscales Omar Tello y Elmer Chirre quiénes investiguen este explosivo caso. Ante este conflicto de competencias, según la norma, tendría que dirimir un Fiscal Supremo -que no incluye a la Fiscal de la Nación- por lo que serían: Pablo Sánchez o Betsabé Revilla que estaban por que siga investigando el equipo Lava jato. Vizcarra firmó el contrato con el consorcio ICCGSA-INCOT, el 18/12/2013 -que también, como el de Obrainsa-Lomas de Ilo y otras tres obras de su gestión en la región- y creyó estar a salvo por haber sido fue certificadas por la agencia de las Naciones Unidas (UNOPS), cuyo funcionario Fernando Cotrim participó del proceso. Un hombre clave en la relación de las empresas del Club de la Construcción con UNOPS es Aldo Belaunde Gensollén, (implicado en el caso Vladimiro Montesinos-Congreso 2002), sindicado además por el colaborador eficaz de la brasileña OAS, Valfredo de Assis, en el caso Hospital Lorena del Cuzco como el "operador de UNOPS" que les habría cobrado el 8% del presupuesto de esta obra para repartirlos entre los actores claves que facilitarían que la agencia internacional les allanará el camino hacia la buena pro. [7]
El hospital fue la gran obra de la gestión de Vizcarra en Moquegua. El gerente general del gobierno regional era el ingeniero Edmer Trujillo, exministro de Vivienda y Transporte 2016-2019, que fue el que autorizó los desembolsos, mientras que el jefe del proyecto del hospital era Carlos Estremadoyro, también ministro de ese rubro, que fuera sindicado como "el cajero" por la exsecretaria del presidente Karen Roca. Así tenemos que, Edmer Trujillo, Carlos Estremadoyro, José Manuel Hernández, funcionarios de la UNOPS, los hermanos Tejeda de Obrainsa, funcionarios de Odebrecht, Aterpa, (que aporto a la campaña de Toledo) todos los presidentes regionales de la promoción "Martín Vizcarra" 2011-14, que recurrieron a estas artimañas, salvo el de Madre de Dios, y otros están en calidad de sentenciados, presos, fugados, o a punto de la condena. Forman parte de esta organización criminal y se los asocia principalmente con las empresas constructoras CASA, ICCGSA y OBRAINSA, COSAPI, Constructora Durán SA (Codursa), miembros VIP del Club de la Construcción y la española Construcciones y Promociones Balzola, que fueron favorecidas cuando Vizcarra ocupó el ministerio de Transporte 2016-18.[8]
Vizcarra, como presidente, siguió con sus actos ilícitos, a pesar de denuncias y testimonios que lo involucran. En tiempos de pandemia más imputaciones aparecen, en la compra de pruebas rápidas, material medico y la denuncia sobre las vacunas VIP y los negociados con las mismas. Reparto de apoyo a grandes empresarios, dispendio incontrolado de fondos públicos. El fiscal Reynaldo Abia, a cargo del caso, indica que Vizcarra se reunió con la ministra de Economía y otros altos funcionarios para decidir esa compra, la direccionaron. No se compraron pruebas moleculares, las únicas que detectan la enfermedad. En la corrupción está la respuesta. Luego mintió sobre acuerdos con los fabricantes de vacunas y cerca de fines del 2020 nos enteramos de que no existen acuerdos.
Este mandatario convocó a elecciones para abril de 2021. Se inició una secuencia de confrontaciones, incluyendo la censura al gabinete Cateriano, los pedidos de interpelación a los titulares de Educación y Economía y Finanzas, y las denuncias por el caso Swing y el intento fallido de vacancia. El Jurado Nacional de Elecciones sentenció que Vizcarra interfería en los comicios. En febrero 2020 declaró que apoyaría a candidatos afines a sus ideas. Al desacreditar la política con psicosociales contra el Congreso, logró que la gente odie aún más a los parlamentarios. Fueron 24 las organizaciones políticas en carrera electoral para el 2021; casi todas son solo logos colocados en el mercado. La corrupción campeó desde un inicio, se encarceló a los opositores y se arruinó la economía. Se estima que el PBI caerá 14.8%. El mal manejo de la pandemia colocó al Perú como el primer país con más muertos por millón del planeta. En febrero 2021 busca la impunidad del congresista, postulando a ser parte del Congreso.
Vizcarra se fue con una supuesta aprobación de mas del 50%, pero no se dice que el ministerio del interior con sus prefectos y gobernadores son un instrumento político del Ejecutivo y que gastó decenas de millones en los medios para lograr que en el papel aparezca legitimado. Entre el 2018 y el 2020 habría gastado alrededor de 70 millones de dólares en publicidad, según Transparencia Economía [9] Al margen de las maniobras de otros mafiosos, el país no podía continuar siendo gobernado por un corrupto que persistía en actos delictivos, continuaba impune e inmune, y su mayor tiempo lo dedicaba a borrar las huellas de su prontuario de ilícitos. El hecho de que otra mafia lo impugnara y pidiese la vacancia distorsionó la clamorosa demanda de que se vaya. Vizcarra entendió los tiempos políticos y se centro en su legitimidad e imagen, como bien anota Monereo:
El mundo del capitalismo financiero concede poco a la política y prefiere a gestores de imagen y potentes aparatos de comunicación. Los tiempos están cambiando y lo harán más, mucho más y rápidamente. La figura que emerge es el intelectual sistémico. Su papel es definir lo políticamente correcto; lo que se puede debatir y lo que no; sacar de la esfera pública los intelectuales críticos, condenarlos al ostracismo y vetar su presencia en los medios. Sus instrumentos son emitir discursos disciplinarios, criminalizar al disidente y etiquetarlos.[10]
Perú vive un enfrentamiento entre piratas y corsarios modernos de la economía y la política. Son la llamada gran burguesía y la nueva burguesía, ambas dedicadas al saqueo. Con naturales intereses de grupos: unos en el extractivismo de abolengo histórico: banca, minería, agroindustria (el neolatifundismo esclavista), pesca, servicios y cervecerías y otro sector inversor en competencia en sectores lucrativos: cemento, educación, servicios, comercio, correspondiente a la industria marginal, periférica, de alimentos y artículos de consumo cotidiano como refrescos o leche. Mientras estos últimos están agrupados en una sociedad de medianos empresarios Asociación de Empresas Familiares del Perú -AEP- bajo el liderazgo del grupo Añaños, entre otros.
Los primeros concentran su poder en la CONFIEP – fundada en 1986, que incluye a las corporaciones extranjeras y a las viejas sociedades: SIN-industria, CCL-comercio, ADEX-exportadores, SNMPE-minería. Son más continuidad que ruptura con el mundo colonial, del cual provienen, como todo. En este nuevo ciclo de recolonización neoliberal, estos pillos están a ambos lados de la legalidad. Estos viejos y experimentados piratas son los Romero, Brescia, Rodríguez-Pastor, Benavides, Graña, etc. Controlan la banca y finanzas, el sector extractivo y urbano-industrial. El control del MEF y el BCRP es fundamental para todos ellos. Los políticos son “construidos” (Fujimori, los Kucsinsky, los García, los Toledo, Vizcarra) o absorbidos (Humala, Villarán) por ellos y algunos ingresan a su férula como la familia del difunto Alan García (accionista del grupo Rodríguez Banda) o la familia Fujimori en grandes mineras como Antamina, Volcán y Morococha.
Los que nacieron como piratas, fueron después corsarios y cuando es necesario retoman la piratería, ocupan nichos de inversión “innovadores”, algunos ingresan a la política y terminan con cuentas off shore. Son los Añaños, los Acuña y su red de universidades, los jefes militares y policiales involucrados con los narcos, los mineros ilegales, los nuevos empresarios, comerciantes, constructores, etc. Dedicados a las actividades informales o ilegales, las transforman en lo contrario. Los corsarios -antes piratas y luego, después, parte del Estado, lo que es la verdadera puerta giratoria- actúan con permiso estatal, buscan controlar el Estado desde el ejecutivo y los otros poderes, ocupan las instituciones, crean partidos y financian sicarios. Al ingresar a los poderes del Estado los piratas se convierten en corsarios, acumulan de lo que robaron y continúan defraudando al país, en relaciones personales y de grupo con el poder judicial, el Congreso o la presidencia.
Ambos campos forman una cambiante lumpen burguesía, tienen objetivos comunes y otros discrepantes, nombran presidentes, manipulan al Congreso, al sistema judicial y las instituciones; con las grandes corporaciones manejan la economía, las relaciones bancarias, financieras, fiscales, tributarias y; forman opinión pública con los medios. A través de los “cuellos blancos” tomaron el poder judicial, pero además con su capacidad de financiamiento pueden elegir a gran parte del Congreso y con ello elaborar la Constitución, institucionalizar y proteger la propiedad privada y estar siempre cubiertos. Al tener como únicas actividades económicas estatales las obras y servicios subsidiarios para las grandes corporaciones como la construcción o el de otorgar concesiones, utilizan al “club de la construcción”, para repartirse las obras y las correlativas adendas; entregan las minas, tierras, mares y bosques -territorios íntegros- para el despojo. Pero los nuevos empresarios, los nuevos piratas, quieren mas, quieren el Ministerio de Educación, el de Transportes y Comunicaciones, etc. Y ese es el caso de Manuel Merino y su grupo de congresistas dueños de universidades.[11]
El nuevo Congreso, producto de las elecciones de enero del 2019, después de un intento por vacar a Vizcarra lo consiguió con 105 votos contra 19 y el resto abstenciones, el 9 de noviembre y un día después asumió el mando quien era el presidente del Congreso, Manuel Merino. Este conformó un gabinete de abogados ligados a despachos de defensa de probados corruptos y otros recalcitrantes neoliberales o conservadores de derecha. El Premier Antero Flores Araoz, abogado de Telesud, Universidad-lucro que buscó engañar a la SUNEDU con la foto de una fachada y también del corrupto rector de la Universidad Garcilaso, ministro de Toledo y de García. Responsable de la represión en Bagua con un saldo de decenas de muertos.[12] La renuncia del presidente Manuel Merino, gracias a las enormes marchas populares del 12-14 de noviembre es consecuencia de la destitución del presidente Martín Vizcarra, a su vez, continuación del cierre del Congreso bajo dominio de la familia Fujimori, que a su vez estuvo precedida de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el suicidio del otro ex presidente Alan García Pérez. Todos implicados en el caso Lava Jato. Este gobierno duró solo 5 días y después del debate congresal fue electo por el mismo Congreso.
Este es un sistema político que está en descomposición y atraviesa una crisis en todos sus agentes y clases, incluyendo las instituciones electorales. Un sistema privatizado y mercantilizado ha afectado a derecha e izquierda, hasta hacer sus diferencias mínimas. Nos referimos a que los partidos son empresas electorales, de franquicias, cuyos propietarios convocan a emprendedores políticos que invierten en su negocio, solicitan los permisos correspondientes y entran al mercado publicitario. El negocio personal consiste en competir para seleccionar a quienes vivirán del Estado por toda la vida, se impone a las ideologías y proyectos políticos. Ser gobernador o alcalde, puede ser un mejor negocio, aunque signifique más trabajo y riesgo. Aquí los negocios se establecen desde la concesión de obras (negociando el diezmo y las adendas) y dar facilidades a las grandes corporaciones para apoderarse de territorios y bienes baratos. Hoy, ya no existen lealtades y el mejor ejemplo es Vizcarra que luego de hacer de las suyas como Gobernador de Moquegua, con un saldo de 48 procesos, traicionó a su amigo PPK que le había encargado sus negocios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que fracasó en la operación aeropuerto de Chincheros, alejándose en la embajada de Canadá. Volvió para reemplazar a PPK, ante su renuncia frente a su anunciada vacancia.
El objetivo neoliberal mas destacado fue la inversión y el crecimiento económico, que mejoraron, debido a las innumerables concesiones mineras y altos precios de las materias primas; que permitió que las grandes corporaciones, CONFIEP y sus corifeos tecnócratas, funcionarios, los medios, fetichicen el crecimiento económico e impongan el mito del progreso. Con ello el poder logra que la política solo sirva a esta exigencia y los candidatos se desvinculan de los reales problemas sociales. Montesinos, el ideólogo del fujimorismo, fue un militar y agente de la CIA que supo percibir lo que realmente era el Estado peruano y sobre esa base inicio un nuevo ciclo de recolonización y ocupación de los poderes. Un cuarto de siglo después el sistema llegó a sus límites y se expreso en la Operación Lava Jato, todo un sistema de sobornos de constructoras brasileñas que comprometió a representantes del gobierno y partidos de izquierda y derecha y que viene definiendo la conflictividad actual, pues los que no quieren llegar a la prisión intercambian intereses con quienes buscan apoderarse de espacios de poder para su beneficio.
Así como se reveló el manejo de la economía con el escándalo Lava Jato y el control de la política en el esquema Montesinos; el podrido sistema judicial se reveló en los involucrados en el caso Consejo Nacional de la Magistratura y los Audios que lo evidenciaron. Se imponía su cierre. Las organizaciones criminales están en la CONFIEP, en el Congreso y en el poder judicial (Los Cuellos Blancos del Puerto). Un sociólogo especializado en el estudio del poder nos dice:
La cúpula de esta nueva clase capitalista puede llegar a 40 conglomerados o “grupos de poder económico”, lista a la que debemos añadir unas 60 grandes empresas nacionales y multinacionales no conglomeradas. En total, grosso modo, son unas 100 corporaciones las que conforman esta cúpula dominante, donde destacan los conglomerados nacionales, extranjeros y asociados que manejan la economía formal del país. Los conglomerados ocupan una posición privilegiada debido a que coordinan cientos de empresas ubicadas en varios sectores, destacando los extractivos y el eje articulador de los poderes fácticos económicos: el poder financiero -bancos, fondos de pensiones, seguros y financieras-. Se trata entonces de un gran poder económico corporativo extractivo-financiero donde el comando lo tiene el capital financiero. En suma, estamos frente una cúpula capitalista moderna diversificada con dos grandes brazos, el financiero y el extractivo-exportador. A su interior se observan dos importantes tendencias: a la concentración continua que asume rasgos oligopólicos, y a la extranjerización, al ir siendo el capital nacional desplazado progresivamente. [13]
No estamos inaugurando una nueva época en el Perú y América Latina. Seguiremos atrapados en un mundo neoliberal del que es difícil escapar, no solo del interno sino rodeados de su presencia global que ha modificado las formas de vivir y pensar. Nos han convertido en esquizofrénicos colonizados, por un lado, pugnamos por “que se vayan todos”, “nueva constitución”, “refundar el país”, por otro, recibimos ordenes desde arriba, a través de los medios y nos sometemos a los manipulados procesos electorales y a las decisiones del poder a través de herramientas maniobradas por periodistas transformados en políticos y orientadores de la opinión pública. Esta esquizofrenia terminará cuando crezca la conciencia política y se vaya creando un nuevo ethos, una nueva cultura que lo construya y empuje una transformación estructural, que demanda ser internacional. La evidencia reside en que cuando ocurren estos procesos, no obstante rechazar el mundo en que vivimos, elegimos lo que hay en el mercado electoral: a sujetos cuya única intención es enriquecerse viviendo del erario y/o de las onerosas contribuciones corporativas. Los jóvenes manifestantes que reaccionan en América Latina no parecen conscientes de que la casta de esos políticos, empresarios y dueños de medios, han logrado naturalizar las privatizaciones, el poder financiero y de las megacorporaciones mineras, la idea de dar prioridad a la inversión externa y de la necesaridad del extractivismo, a pesar de que solo han conseguido la precariedad existencial resultante de la liberalización del comercio y la desregulación de los mercados financieros y laborales. Los jóvenes están indignados por la corrupción e impunidad de políticos rapaces, banqueros, lumpen empresarios, exacerbada por la fragilidad de los mecanismos de rendición de cuentas. Hubo un colapso en la producción y el comercio, forzado o impuesto por cierres pandémicos, que luego condujeron a una enorme caída de los ingresos, el gasto y el comercio. La irracionalidad, la exclusión y la sumisión caudillista, mantienen su continuidad y confirman lo que Adorno sostenía: la democracia no es una realidad; es un ideal que aún no se ha realizado y que seguirá generando movimientos de resentimiento y rebelión.
Nota. Segunda parte
COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
7 de abril 2021
No hay comentarios:
Publicar un comentario