URL corto
Desde
hace un año, cuando AMLO asumió la Presidencia, sus opositores lanzaron
una feroz campaña mediática para crear condiciones de golpe de Estado o
una intervención militar de EEUU, tratando de mostrar a México como un
'Estado fallido', dominado por los carteles de narcotráfico y gobernado
por un presidente que está llevando el país al comunismo.
"La desgracia de México es estar lejos del cielo y muy cerca de Estados Unidos". (Dicho popular mexicano)
Los estrategas de Washington, inspirados por el golpe de Estado que orquestaron en Bolivia, han intentado varias veces desestabilizar el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), utilizando a la derecha representada por panistas y priistas.
Para dar un empuje 'paternal' al conservadurismo mexicano, Donald Trump aprovechó el horrendo asesinato ocurrido el pasado 4 de noviembre en el norte de México de tres mujeres y seis menores de edad de la familia mormona LeBarón, ligada al senador republicano Mitt Romney, para amenazar con designar a los carteles de narcotráfico mexicano como "organizaciones internacionales terroristas", al igual que Al Qaeda o el Estado Islámico. Lo que en realidad estaba tratando de explorar la Casa Blanca es la posibilidad de crear justificaciones para las operaciones militares dentro de México y en cualquier país de América Latina y así mantenerlos como su 'patio trasero' en el futuro.
Para reforzar su amenaza, según el sitio Whatdoesitmean.com, el Gobierno norteamericano ha emplazado a sus tres portaviones, el USS Nimitz (CVN-68), USS Harry S. Truman (CVN-75) y USS Theodore Roosevelt (CVN-71) para patrullar la costa mexicana del Pacífico y el Golfo de México para encerrar a los narcotraficantes mexicanos en su territorio sin poder salir del país. Sin embargo, esta información fue desmentida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que informó el pasado 9 de diciembre que no existe reporte de movilización de barcos o aviones de EEUU hacia México. En realidad, nadie sabe la verdad y lo único que se conoce es que hay 15.000 tropas mexicanas en la frontera con EEUU y 5.000 militares norteamericanos emplazados en la parte opuesta del muro que separa a los dos países.
Por
supuesto, Donald Trump y su Administración ni pensaban mandar sus
tropas especiales para poner fin a los carteles mexicanos de
narcotráfico. El propósito principal de la retórica belicosa del
mandatario norteamericano era dar un mensaje implícito a AMLO de tener
cuidado con su progresismo y populismo y no olvidar que la economía de
México depende de Estados Unidos, su principal socio comercial y que
AMLO debe firmar el nuevo tratado de libre comercio T-MEC.
Respecto a los narcocarteles, ya es de conocimiento público, como lo
confirmó hace poco el periodista mexicano Jesús Esquivel: "aunque
oficialmente lo niegue, el Gobierno norteamericano negocia con los
narcotraficantes mexicanos, tal y como quedó demostrado con documentos y
testimonios presentados por el departamento de Justicia de EEUU durante
el juicio del año pasado en Nueva York en contra del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los líderes del cartel de Sinaloa".
Y no solamente está negociando la Administración norteamericana con los carteles, sino tiene lazos de larga duración con los capos mexicanos. Los líderes y sicarios más siniestros del cartel Los Zetas son exmilitares del grupo aerotransportado de las Fuerzas Especiales Mexicanas (GAFE), que fueron entrenados en los 90 por los Snake Eaters, el séptimo grupo de las Fuerzas Especiales de EEUU en Fort Bragg. Los prepararon para la contrainsurgencia y la lucha contra el narcotráfico. Lo interesante fue que originalmente las GAFE fueron creadas en 1994 para combatir a los Zapatistas, pero terminaron como narcotraficantes y mercenarios dando protección al cartel del Golfo.
Y eso es nada, en 2011, la CBS Evening News reveló la existencia del programa Traficantes de Armas puesto en marcha por el Buró Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos para supuestamente mantener las armas provenientes de Norteamérica fuera de las manos de carteles. Con este propósito, el ATF permitió la entrada a México de más de 5.000 rifles semiautomáticos con microchips incorporados para detectar en qué carteles caerían. En los cinco años que duró la operación, los agentes del ATF no lograron detectar a nadie y las armas se quedaron sin rastro, simplemente desaparecieron porque los carteles tenían sus topos también en el ATF y lo primero que hicieron fue desactivar los microchips. La misma historia se repitió con el operativo Rápido y Furioso llevado a cabo por el ATF, el FBI y dirigido por el Departamento de Justicia de EEUU al introducir clandestinamente más de 2.000 armas sofisticadas a México entre 2006 y 2011, que terminaron finalmente en manos del crimen organizado pues los narcotraficantes sabían todos los detalles del operativo. Al salir pública esta información, se supo también que el FBI y la DEA permitiron al cartel de Sinaloa introducir droga a EEUU con la condición de informar sobre la actividad de otros carteles. El hombre fuerte del cartel, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que fue extraditado a EEUU, lo confirmó.
El tráfico de armas de EEUU a México no es el único vínculo entre EEUU y el crimen organizado mexicano. No hay que olvidar el vasto mercado estadounidense para droga proveniente de México y para trata de blancas, además de entidades financieras de Wall Street y el sector inmobiliario que se usan para el lavado de dinero procedente de las actividades ilícitas. El gobierno norteamericano sabe perfectamente sobre estas actividades pero las mantiene ocultas debido a una ley que prohíbe por "motivos de seguridad nacional divulgar esta información y revelar los nombres de los padrinos estadounidenses del crimen organizado”. Lo único que se le permite saber a la opinión pública internacional es que todos los narcotraficantes y sus líderes son extranjeros y de preferencia latinoamericanos, que periódicamente después de ser utilizados por el FBI, la CIA, la DEA, la ATF son sacrificados como pasó con el colombiano Pablo Escobar, con el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y ahora con el exjefe de la Secretaría de la Seguridad Pública (SSP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, quien amasó millones de dólares colaborando con los carteles de Sinaloa, los Zetas y el Golfo. Lo hacía con el conocimiento de las autoridades norteamericanas y no cabe duda que simplemente cumplía sus órdenes. Desde que El Chapo empezó a hablar, Washington decidió deshacerse de García metiéndolo en la cárcel, así de simple.
Lo
mismo le esperará al jefe del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
Nemesio Oseguera Cervantes, por cuya cabeza el Departamento de Justicia y
el del Tesoro están ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares
y a quien tratan de capturar desde octubre de 2018. Resulta que este
cartel está presente en 22 estados mexicanos y 35 estados
norteamericanos, con sedes importantes en Los Ángeles, Chicago y
Atlanta. Recientemente, el CJNG adquirió lingotes de oro por un valor de
100 millones de dólares para el lavado de dinero. Sin duda alguna no lo
hubiera podido conseguir sin la participación de las instituciones
financieras de Wall Street y sin conocimiento del Departamento del
Tesoro.
Y así va a seguir toda esta imitación de la lucha contra el tráfico
de narcóticos y de las armas, porque la cocaína, la heroína, el
fentanilo (50 veces más potente que heroína), las metanfetaminas tienen
un mercado en crecimiento en Estados Unidos valorado en cientos de miles
de millones de dólares y las armas procedentes del norte son muy
solicitadas por los carteles mexicanos. Según la estadística oficial, en
los últimos 10 años entraron en forma ilegal a México dos millones de
armas, es decir 200.000 al año, de los cuales el 70% proviene de EEUU y
el resto de Italia y Austria, mientras que las Fuerzas Armadas y
Policiales adquirieron en el mismo período de tiempo 468.000 armas.
Por mucho que declare AMLO que "mientras esté en el Gobierno no se permitirá ningún operativo como Rápido y Furioso" y por mucho que prometa Donald Trump de luchar contra el tráfico de armas colaborando con Ciudad de México, este negocio lucrativo seguirá su curso porque la Asociación Nacional de Rifle (ANR) estadounidense es la organización que ha dado más apoyo al presidente Trump, por lo que jamás se atreverá a perjudicar a la ANR. A la vez, cualquier investigación a la banca en Norteamérica por el lavado de dinero procedente del narcotráfico provocaría una contracción económica en EEUU, lo que no convendría a ninguna Administración sea republicana o demócrata. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado haciendo todo lo posible para no enemistarse con EEUU por ningún motivo y no enfrentarse a los más ricos y poderosos de México. Su tarea principal es tratar de sacar su país del desastre social y económico que dejaron los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En estos 12 años, la pobreza aumentó del 37,3 al 41,5% y hoy día México y Honduras están como los países con más pobreza en la región, llegando el número de pobres en México a 52,3 millones de personas y la clase media representa apenas el 33% de la población.
Resulta que la reciente retórica belicosa de Trump respecto a los carteles mexicanos fue diseñada para presionar al Gobierno de México a aceptar todas las cláusulas del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en vez del anterior tratado TLCAN, que después de 24 años fue rescindido por Washington por ser "perjudicable e injusto” para los intereses norteamericanos, según Donald Trump. Lo triste de toda esta historia es que en 1994, en vísperas de la firma del TLCAN, se les convenció a los mexicanos de que aquel tratado sería muy beneficioso para la economía del país, que haría mejorar el bienestar social de su pueblo sustancialmente. Fue una ilusión porque el TLCAN ocasionó la pérdida de trabajo a más de dos millones de campesinos que tuvieron que emigrar a las ciudades y convirtió a México en una maquiladora, usando la mano de obra barata para satisfacer al consumidor norteamericano.
La pobreza no disminuyó, como fue prometido por el presidente Salinas de Gortari, quien firmó aquel tratado con Ronald Reagan, sino se incrementó, igual que la violencia y el consumismo mexicano. A la vez, se incrementó la dependencia económica y financiera del país a EEUU.
Ahora, como lo caracterizó el periodista mexicano Jorge Santibáñez, la misma idea del inminente beneficio económico al aprobar el T-MEC fue vendida al pueblo mexicano sin aclarar que "Trump con este tratado da mayor protección a los trabajadores norteamericanos contra la competencia de México y su mano de obra barata y sus proveedores de materia prima". El nuevo tratado de cientos de páginas, que muy pocos mexicanos han leído, sería muy perjudicial, especialmente para los campesinos mexicanos, porque obligaría a México a aumentar la compra de granos en EEUU, donde este sector está subsidiado con 867.000 millones de dólares. Las cláusulas de la propiedad intelectual y las del "secreto comercial" permitirían a las corporaciones de productos transgénicos y a las empresas contaminadoras no divulgar los químicos que están usando o las manipulaciones genéticas que están realizando.
Sería interesante cómo en estas condiciones podría México poner en marcha el Plan Ayala Siglo XXI, prometido por AMLO, quien aseguró a su pueblo que prohibirá la siembra de transgénicos y suspenderá el uso de pesticidas. Por lo pronto, lo que se presenta como un gran éxito del Gobierno mexicano, la firma del T-MEC, podría resultar a mediano plazo como una nueva ilusión a costa de seguir perdiendo cada día más la soberanía del país bajo el pretexto de no hacer enojar o irritar a su poderoso vecino del norte.
Los estrategas de Washington, inspirados por el golpe de Estado que orquestaron en Bolivia, han intentado varias veces desestabilizar el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), utilizando a la derecha representada por panistas y priistas.
Para dar un empuje 'paternal' al conservadurismo mexicano, Donald Trump aprovechó el horrendo asesinato ocurrido el pasado 4 de noviembre en el norte de México de tres mujeres y seis menores de edad de la familia mormona LeBarón, ligada al senador republicano Mitt Romney, para amenazar con designar a los carteles de narcotráfico mexicano como "organizaciones internacionales terroristas", al igual que Al Qaeda o el Estado Islámico. Lo que en realidad estaba tratando de explorar la Casa Blanca es la posibilidad de crear justificaciones para las operaciones militares dentro de México y en cualquier país de América Latina y así mantenerlos como su 'patio trasero' en el futuro.
Para reforzar su amenaza, según el sitio Whatdoesitmean.com, el Gobierno norteamericano ha emplazado a sus tres portaviones, el USS Nimitz (CVN-68), USS Harry S. Truman (CVN-75) y USS Theodore Roosevelt (CVN-71) para patrullar la costa mexicana del Pacífico y el Golfo de México para encerrar a los narcotraficantes mexicanos en su territorio sin poder salir del país. Sin embargo, esta información fue desmentida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que informó el pasado 9 de diciembre que no existe reporte de movilización de barcos o aviones de EEUU hacia México. En realidad, nadie sabe la verdad y lo único que se conoce es que hay 15.000 tropas mexicanas en la frontera con EEUU y 5.000 militares norteamericanos emplazados en la parte opuesta del muro que separa a los dos países.
©
REUTERS / Victor Ruiz Garcia
Y no solamente está negociando la Administración norteamericana con los carteles, sino tiene lazos de larga duración con los capos mexicanos. Los líderes y sicarios más siniestros del cartel Los Zetas son exmilitares del grupo aerotransportado de las Fuerzas Especiales Mexicanas (GAFE), que fueron entrenados en los 90 por los Snake Eaters, el séptimo grupo de las Fuerzas Especiales de EEUU en Fort Bragg. Los prepararon para la contrainsurgencia y la lucha contra el narcotráfico. Lo interesante fue que originalmente las GAFE fueron creadas en 1994 para combatir a los Zapatistas, pero terminaron como narcotraficantes y mercenarios dando protección al cartel del Golfo.
Y eso es nada, en 2011, la CBS Evening News reveló la existencia del programa Traficantes de Armas puesto en marcha por el Buró Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos para supuestamente mantener las armas provenientes de Norteamérica fuera de las manos de carteles. Con este propósito, el ATF permitió la entrada a México de más de 5.000 rifles semiautomáticos con microchips incorporados para detectar en qué carteles caerían. En los cinco años que duró la operación, los agentes del ATF no lograron detectar a nadie y las armas se quedaron sin rastro, simplemente desaparecieron porque los carteles tenían sus topos también en el ATF y lo primero que hicieron fue desactivar los microchips. La misma historia se repitió con el operativo Rápido y Furioso llevado a cabo por el ATF, el FBI y dirigido por el Departamento de Justicia de EEUU al introducir clandestinamente más de 2.000 armas sofisticadas a México entre 2006 y 2011, que terminaron finalmente en manos del crimen organizado pues los narcotraficantes sabían todos los detalles del operativo. Al salir pública esta información, se supo también que el FBI y la DEA permitiron al cartel de Sinaloa introducir droga a EEUU con la condición de informar sobre la actividad de otros carteles. El hombre fuerte del cartel, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que fue extraditado a EEUU, lo confirmó.
El tráfico de armas de EEUU a México no es el único vínculo entre EEUU y el crimen organizado mexicano. No hay que olvidar el vasto mercado estadounidense para droga proveniente de México y para trata de blancas, además de entidades financieras de Wall Street y el sector inmobiliario que se usan para el lavado de dinero procedente de las actividades ilícitas. El gobierno norteamericano sabe perfectamente sobre estas actividades pero las mantiene ocultas debido a una ley que prohíbe por "motivos de seguridad nacional divulgar esta información y revelar los nombres de los padrinos estadounidenses del crimen organizado”. Lo único que se le permite saber a la opinión pública internacional es que todos los narcotraficantes y sus líderes son extranjeros y de preferencia latinoamericanos, que periódicamente después de ser utilizados por el FBI, la CIA, la DEA, la ATF son sacrificados como pasó con el colombiano Pablo Escobar, con el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y ahora con el exjefe de la Secretaría de la Seguridad Pública (SSP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, quien amasó millones de dólares colaborando con los carteles de Sinaloa, los Zetas y el Golfo. Lo hacía con el conocimiento de las autoridades norteamericanas y no cabe duda que simplemente cumplía sus órdenes. Desde que El Chapo empezó a hablar, Washington decidió deshacerse de García metiéndolo en la cárcel, así de simple.
©
AP Photo / Marco Ugarte
Por mucho que declare AMLO que "mientras esté en el Gobierno no se permitirá ningún operativo como Rápido y Furioso" y por mucho que prometa Donald Trump de luchar contra el tráfico de armas colaborando con Ciudad de México, este negocio lucrativo seguirá su curso porque la Asociación Nacional de Rifle (ANR) estadounidense es la organización que ha dado más apoyo al presidente Trump, por lo que jamás se atreverá a perjudicar a la ANR. A la vez, cualquier investigación a la banca en Norteamérica por el lavado de dinero procedente del narcotráfico provocaría una contracción económica en EEUU, lo que no convendría a ninguna Administración sea republicana o demócrata. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado haciendo todo lo posible para no enemistarse con EEUU por ningún motivo y no enfrentarse a los más ricos y poderosos de México. Su tarea principal es tratar de sacar su país del desastre social y económico que dejaron los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En estos 12 años, la pobreza aumentó del 37,3 al 41,5% y hoy día México y Honduras están como los países con más pobreza en la región, llegando el número de pobres en México a 52,3 millones de personas y la clase media representa apenas el 33% de la población.
Resulta que la reciente retórica belicosa de Trump respecto a los carteles mexicanos fue diseñada para presionar al Gobierno de México a aceptar todas las cláusulas del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en vez del anterior tratado TLCAN, que después de 24 años fue rescindido por Washington por ser "perjudicable e injusto” para los intereses norteamericanos, según Donald Trump. Lo triste de toda esta historia es que en 1994, en vísperas de la firma del TLCAN, se les convenció a los mexicanos de que aquel tratado sería muy beneficioso para la economía del país, que haría mejorar el bienestar social de su pueblo sustancialmente. Fue una ilusión porque el TLCAN ocasionó la pérdida de trabajo a más de dos millones de campesinos que tuvieron que emigrar a las ciudades y convirtió a México en una maquiladora, usando la mano de obra barata para satisfacer al consumidor norteamericano.
La pobreza no disminuyó, como fue prometido por el presidente Salinas de Gortari, quien firmó aquel tratado con Ronald Reagan, sino se incrementó, igual que la violencia y el consumismo mexicano. A la vez, se incrementó la dependencia económica y financiera del país a EEUU.
Ahora, como lo caracterizó el periodista mexicano Jorge Santibáñez, la misma idea del inminente beneficio económico al aprobar el T-MEC fue vendida al pueblo mexicano sin aclarar que "Trump con este tratado da mayor protección a los trabajadores norteamericanos contra la competencia de México y su mano de obra barata y sus proveedores de materia prima". El nuevo tratado de cientos de páginas, que muy pocos mexicanos han leído, sería muy perjudicial, especialmente para los campesinos mexicanos, porque obligaría a México a aumentar la compra de granos en EEUU, donde este sector está subsidiado con 867.000 millones de dólares. Las cláusulas de la propiedad intelectual y las del "secreto comercial" permitirían a las corporaciones de productos transgénicos y a las empresas contaminadoras no divulgar los químicos que están usando o las manipulaciones genéticas que están realizando.
Sería interesante cómo en estas condiciones podría México poner en marcha el Plan Ayala Siglo XXI, prometido por AMLO, quien aseguró a su pueblo que prohibirá la siembra de transgénicos y suspenderá el uso de pesticidas. Por lo pronto, lo que se presenta como un gran éxito del Gobierno mexicano, la firma del T-MEC, podría resultar a mediano plazo como una nueva ilusión a costa de seguir perdiendo cada día más la soberanía del país bajo el pretexto de no hacer enojar o irritar a su poderoso vecino del norte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario