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Ejemplo de investigación
INFORME. LAS ESTRATEGIAS DESTITUYENTES
DE LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA
POR Javier Calderón, Silvina Romano y Gisela Brito / Investigadores Observatorio de Coyuntura CELAG /
Resumen Latinoamericano, 4 noviembre 2016.-
El
calendario electoral de la República Bolivariana de Venezuela es el más
activo de la región, con un promedio de año o año y medio entre cada
llamado democrático para elegir en las urnas alcaldes, gobernadores,
diputados o presidente. La Constitución de 1999 introdujo la figura del
revocatorio de mandato a los funcionarios elegidos por voto popular. Se
trata de una figura novedosa en la región utilizada por primera vez en
2004 para consultar a las mayorías si el presidente Hugo Chávez debía o
no continuar en el cargo.
En
18 años de gobierno bolivariano se llevaron a cabo 18 elecciones. A
pesar de esta innegable práctica democrática, el chavismo ha estado bajo
permanente sospecha antidemocrática por parte del poder mediático
hegemónico [1].
Además, en reacción a las continuas derrotas electorales, la oposición
ha reaccionado organizando acciones desestabilizadoras como el intento
de golpe cívico-militar en el 2002, el paro petrolero en 2002-2003 y las
más recientes medidas de fuerza callejera en febrero de 2014.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) es el nombre que reúne a 18 partidos políticos [2]
de la derecha venezolana entre los que destacan Un Nuevo Tiempo,
Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y el COPEI, que
tienen como principal objetivo candidaturas unitarias en los procesos
electorales para contrarrestar el poder comunal y electoral del Partido
Socialista Unido de Venezuela-PSUV. Lo fundamental es que estos partidos
también gobiernan en diferentes niveles, con gobernadores y alcaldes
electos y conforman el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional,
realidad que impide desde cualquier perspectiva racional hablar de
dictadura.
El referendo revocatorio
A
comienzos del 2016, la oposición empezó el proceso revocatorio del
presidente Nicolás Maduro, tramitado por el Consejo Nacional Electoral –
CNE, órgano rector de los procesos electorales, que establece las
condiciones de tiempo y forma que deben cumplirse para realizar el
referendo. El proceso, durante el 2004, demoró cerca de un año y
cuatro meses para ser legalizado, puesto que no es un trámite notarial,
sino un proceso electoral que pretende la participación ciudadana y pone
en juego derechos adquiridos de los elegidos y los electores. En el
referendo propuesto por la MUD este año, los procedimientos que deben
seguirse son los mismos que en el anterior:
1. Recolección y posterior validación de firmas del 1% del padrón electoral en cada Estado,
2. Recolección
y posterior validación de firmas y huellas del 20% de los electores de
cada Estado que desean revocar el mandato del presidente de la República
3. Convocatoria y realización del referéndum según los plazos legales.
El
CNE explicó el 26 de abril -cuando emitió los formularios para
recolección de firmas que daría inicio al proceso- que el tiempo
constitucional para el aval de las firmas era de 170 días hábiles, lo
cual indicaría que en el mejor de los casos el referendo se realizaría a
finales de Enero de 2017, eso sin contar los días corridos por el
análisis de quejas, reclamos o denuncias ciudadanas sobre el proceso.
El
último 20 de octubre, los Tribunales Penales de los Estados de
Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure sentenciaron la anulación de
la primera etapa del proceso de recolección de firmas del referendo, por
encontrar razón a las demandas interpuestas por ciudadanos quienes
demostraron falsedad en la identidad de los firmantes, suplantación de
identidad y utilización de identidades de personas fallecidas. Estas
decisiones judiciales obligaron al CNE a posponer la segunda fase del
referendo revocatorio.
Se
trata de hechos judiciales emanados de un poder público que tiene
procedimientos y leyes establecidas, a las cuales acuden los ciudadanos
para tutelar sus derechos constitucionales. Estos Tribunales deben velar
por la protección de los derechos de todos los ciudadanos, tanto los de
derecha como los que apoyan al actual gobierno.
De
realizarse, el referendo revocatorio tendría lugar en el 2017. Esto
siempre bajo la condición de que la oposición logre conseguir las firmas
necesarias sin acudir a las irregularidades detectadas por la justicia
de los cinco estados mencionados. En tal caso, las elecciones se
realizarán 20 días después de la certificación del 20% del padrón
electoral. Este es el meollo de la cuestión, pues la derecha encuentra
insostenible esta situación, ya que, de acuerdo a las normas
constitucionales, de darse un referendo revocatorio pasados los tres
años de gobierno y de resultar consumado el mandato revocatorio, el
vicepresidente asumirá el cargo de presidente para finalizar el mandato.
Esto quiere decir que aún con un resultado adverso para el oficialismo
en el referéndum, el mandato del PSUV continuaría hasta el 2019.
Las divisiones en la oposición, ¿gobernar o desestabilizar?
La
MUD surgió en el 2006 como un conglomerado de fuerzas cuyo único punto
de acuerdo era –y es– la alianza electoral con la intención de poner fin
al gobierno de la Revolución Bolivariana. La pretendida “unidad” de la
oposición venezolana es desde entonces solo un eufemismo: en la alianza
opositora coexisten tendencias irreconciliables que se manifiestan en
estrategias políticas divergentes, las cuales van atravesando ciclos de
tensión variable.
Actualmente,
a cada comunicado de la MUD publicado supuestamente en representación
de todas las fuerzas que la integran, le siguen un gran número de
denuncias desde distintos sectores opositores que acusan a la dirigencia
de la Mesa de tomar decisiones inconsultas. A lo anterior hay que sumar
la disputa por el liderazgo. Hasta la actualidad, la MUD no cuenta con
un liderazgo claro y unificado, ni tampoco con un perfil potencialmente
candidato en el hipotético escenario de unas elecciones anticipadas. Así
lo señala un reconocido opositor que dirige una empresa de
investigación social: “La oposición tiene fuertes divisiones internas
alrededor de cómo enfrentar al gobierno para provocar su salida y quién
se quedaría después (…) Las batallas entre los líderes opositores por
capitalizar el liderazgo no son secundarias, son un problema real” [3].
Durante todo el año 2016 la oposición trabajó en tres frentes, en los que también se observan estas diferencias internas:
1. La Asamblea Nacional
El
rol de la AN durante el 2016 no fue proponer un proyecto alternativo de
gobierno, sino que se redujo a la utilización de los resortes
institucionales para forzar una salida anticipada del gobierno de
Nicolás Maduro. En la misma sesión de instalación de la nueva Asamblea,
Henry Ramos Allup estableció un plazo de seis meses para terminar con el
gobierno.
En
el proceso eleccionario para la Asamblea Nacional, la oposición
advirtió a nivel nacional e internacional sobre las acciones
fraudulentas que llevaría a cabo el partido en el gobierno para mantener
mayoría en el Parlamento [4]. Esto no sucedió.
Primera
acción: denunciar al Poder Ejecutivo (23 diciembre 2015). Luego de ser
conocidos los resultados, que dieron mayoría a la oposición en la
Asamblea Nacional, la oposición comenzó advertir sobre “golpe judicial”
contra el Parlamento.
Primer proyecto vetado: la ley de emergencia promulgada por el Poder Ejecutivo [5].
En ese momento quedó claro que la oposición apostaría por la
desestabilización, en lugar de apoyar los caminos para una salida
conjunta de la crisis.
Primer
proyecto aprobado: Amnistía a presos políticos (30 marzo 2016). Esta
amnistía abarcaba desde enero de 1999 hasta el 2016, incluyendo a
personas “…injustamente presas o perseguidas por motivos políticos, de
su responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria o
tributaria” (art. 2). Esto implica todo tipo de delito (por ejemplo el
uso de menores para delinquir o el porte ilegal de armas de fuego) y
abre el cuestionamiento de cómo se garantizaría que los que apelen a la
amnistía sean los –supuestos– presos políticos y no lisos y llanos
estafadores, delincuentes o gente que se haya enriquecido de manera
ilícita [6] [7].
“Juicio político”:
La MUD convocó el pasado domingo 23 de octubre a la Asamblea Nacional
para iniciar un “juicio político” en contra del presidente Maduro, como
forma de sustituir el referendo revocatorio. Se trata de un
procedimiento que evoca los aplicados en Honduras, Paraguay y Brasil,
pero que no existe jurídicamente en la legislación venezolana. En esa
sesión, la oposición suscribió una declaración titulada “Acuerdo para la
restitución del orden constitucional en Venezuela” [8]
en la que se afirma que el país vive una “ruptura del orden
constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el
régimen de Nicolás Maduro”. En el texto, se desconocen abiertamente las
instituciones y los poderes públicos de Venezuela, especialmente al
Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral y se hace
un llamado explícito a la desobediencia de las FFAA.
Para
el 1 de noviembre se convocó a una comparecencia del presidente Maduro
en la AN. Durante la sesión se definió a pedido del representante de
Primero Justicia, Julio Borges, diferir la convocatoria a la espera de
los resultados de las mesas de diálogo instaladas a partir del 30 de
octubre con participación del Vaticano y Unasur, y convocar una nueva
sesión para el 8 de noviembre. Se busca declarar la “responsabilidad
política” del mandatario en la situación económica, lo cual no tendría
ningún efecto jurídico, sino que se trata de una declaración política.
En paralelo se estudia la aplicación de la figura de “abandono del
cargo” contemplada en el artículo 233 de la carta magna como uno de los
casos de “falta absoluta” del presidente (entre los que también están
incluidos el fallecimiento o la renuncia). Esta figura no procede en
términos jurídicos y sería, de ser aprobada, declarada inconstitucional,
por lo cual también tendría un efecto más político que legal. Ambas
iniciativas están destinadas a aumentar la presión mediática de la
“comunidad internacional”.
El
TSJ ha declarado inconstitucional seis de los diez proyectos de ley que
ha aprobado la Asamblea desde su formación en enero. Desde septiembre
la AN se encuentra “en desacato” por no cumplir una sentencia de la Sala
Electoral del TSJ referida la juramentación irregular de tres diputados
cuya elección está bajo investigación. Es decir sus actos son
considerados inconstitucionales y carentes de fuerza jurídica según la
sentencia 808 de la Sala Constitucional del TSJ [9].
2. La protesta en las calles
Primera
movilización: en abril Capriles lideró la convocatoria a un referéndum
revocatorio del presidente Maduro y adicionalmente la MUD pedía la
“renuncia voluntaria” del presidente [10].
Desde el gobierno se exigió que se cumplan los tiempos y formas
estipuladas en la constitución para el referéndum (como enunciamos más
arriba).
El 1 de septiembre se llevó a cabo la “Toma de Caracas”, primera manifestación multitudinaria de la oposición.
Ante
el pronunciamiento del CNE por las inconsistencias en la reunión de
firmas para el revocatorio, varios líderes de la oposición, entre ellos
Capriles y Machado, llamaron a “Tomar Venezuela” el 26 de octubre. La
marcha se desarrolló sin inconvenientes, “lamentablemente” para la
oposición, que auguraba represión e inconsistencias por parte del
gobierno.
3. Convocatoria a la comunidad internacional
OEA: En
mayo-junio, debido a la presión de la oposición, el Secretario General
de la OEA pide aplicar la Carta Democrática a Venezuela. A pesar de que
el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, consideró que estaba
activada desde el momento en que Almagro declaró su deseo de aplicarla [11], en la votación la aplicación fue denegada.
El
secretario General de la OEA prosigue su tarea de desestabilizar al
gobierno venezolano. El 28 de octubre se reunió con el ex presidente de
Bolivia José “Tuto” Quiroga quien le entregó un documento elaborado por
la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) en el que se
expresa la “preocupación por la situación de Venezuela” y pide acciones.
Mercosur:
desde el 13 de septiembre de 2016, los gobiernos de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay han dado a Venezuela un “ultimátum” hasta el 1 de
diciembre para cumplir con los pactos del Mercosur y se han negado a
reconocer que la presidencia del bloque es ejercida legalmente por el
país caribeño. Está pendiente ver cómo procederán para demostrar que hay
una “ruptura del orden institucional” en Venezuela que justifique una
suspensión del bloque, lo que no han podido probar hasta ahora.
Presión mediática:
Desde el primer gobierno de Hugo Chávez, medios locales,
latinoamericanos, estadounidenses y europeos se han ocupado de
reproducir una imagen negativa sobre Venezuela. Para ello recurren a
notas de opinión escritas incluso por miembros de la oposición
venezolana; notas editoriales; entrevistas a “expertos”, “informes” de
investigación; noticias varias que suelen carecer de fuentes razonables o
suficientes, e incluso información falsa [12].
Generalmente se repiten argumentos sobre: crisis económica, crisis de
gobernabilidad, indicadores de violencia, corrupción, incapacidad de los
gobernantes, etc. Algunos de los principales medios son: El Nacional,
El Universal, Diario de las Américas, Clarín, The New York Times, The
Washington Post, El País, El Mundo, ABC, entre otros [13].
Esto se refuerza con publicaciones de tanques pensantes y revistas de
relaciones internacionales y de negocios, como Foreign Affairs, The
Economist, Forbes cuyos discursos son legitimados por la voz de los
“expertos”.
El Diálogo y la oposición venezolana
Las
tensiones internas de la MUD volvieron a quedar en evidencia ante la
convocatoria al Diálogo del gobierno nacional, el cual cuenta con
participación de la comisión mediadora auspiciada por UNASUR y con
oficio del Vaticano. El secretario ejecutivo de la MUD (José Chúo
Torrealba) acudió a la primera reunión, mientras Voluntad Popular se
abstuvo y emitió un comunicado al respecto[14]. Incluso trascendió que Leopoldo López (líder de VP) afirmó que “no hay condiciones para dialogar” [15].
Una posición similar mantienen María Corina Machado (VV), Antonio
Ledezma (ABP) y al menos otras 12 organizaciones minoritarias.
En cuanto a los avances del diálogo gobierno-oposición, se acordó organizar el trabajo en las siguientes mesas temáticas: 1. Paz, Respeto al Estado de Derecho y a la Soberanía Nacional, coordinada por José Luis Rodríguez Zapatero; 2. Verdad, Justicia, Derechos Humanos, Reparación de Víctimas y Reconciliación, coordinada por el representante del Vaticano; 3.
Económico-Social, coordinada por Leonel Fernández; 4. Generación de
Confianza y Cronograma Electoral, coordinada por Martín Torrijos. Además
se estableció una nueva fecha de reunión para el 11 de noviembre. En
paralelo se produjeron reuniones por separado de la oposición y del
ejecutivo con el subsecretario para Asuntos Políticos del Departamento
de Estado estadounidense, Thomas Shannon.
Como
muestra de la “voluntad de diálogo”, la MUD decidió suspender la marcha
que tenía convocada con una clara intención destituyente hacia el
palacio de Miraflores para el jueves 3 de noviembre. Varios partidos y
dirigentes de la Mesa manifestaron su desacuerdo, entre ellos VP, aunque
acataron la decisión estableciendo un nuevo “plazo” para marchar a
Miraflores -el próximo 12 de noviembre- condicionado a los resultados de
las mesas de diálogo, de las que tampoco participan. Henrique Capriles
(PJ), quien parece en las últimas semanas estar más cercano a estos
sectores en cuanto a su estrategia política, fue uno de los convocantes
más activos la marcha del 3 de noviembre, aunque finalmente su partido
apoyó su suspensión.
Para
que exista una disputa política tiene que haber un reconocimiento del
adversario en tanto tal. En el contexto actual, un sector de la
oposición venezolana aglutinada dentro de la MUD sustenta su estrategia
política en el supuesto de que en el país gobierna una “dictadura” o un
“régimen”, aun cuando se trata de un gobierno elegido legítimamente bajo
los mismos mecanismos institucionales que le permiten a la misma
oposición ejercer gobierno en municipios, estados y obtener una
representación mayoritaria en la AN. De esta manera, no reconoce al
chavismo como un adversario político sino que lo asume como un enemigo a
aniquilar. Al hacerlo no solo pretende impugnar de raíz el proceso de
transformación profunda que vivió la sociedad venezolana en los últimos
18 años sino que además abandona todo cauce genuinamente democrático. De
ser un actor político pasa a erigirse como un sector obstinado en el
derrocamiento de un gobierno cuyas estrategias oscilan entre el
desconocimiento de las reglas de juego institucionales y la acción
violenta antisistema en las calles.
[2]Ver: http://www.celag.org/informe-
[4]Por ejemplo, http://www.el-nacional.com/
[7]http://www.celag.org/cinco-
[8]http://www.
[9]Sentencia 808. http://historico.tsj.gob.ve/
[10]http://laopinion.com/2016/
[11]http://www.
[12]Un
ejemplo paradigmático es el video del 11 de abril de 2002 (filmado en
ocasión del golpe de Estado) utilizado para difundir la versión de que
el gobierno bolivariano había ordenado reprimir una marcha opositora. El
autor del video fue galardonado con el “Premio Internacional de
Periodismo Rey de España”. Posteriormente, el propio “periodista” que lo
filmó reconoció que había sido manipulado. https://www.rebelion.org/
[13]Un
análisis documentado del tratamiento que la prensa hegemónica da a
Venezuela puede consultarse en el libro “Antiperiodistas. Confesiones de
las agresiones mediáticas contra Venezuela” de Fernando Casado (FOCA,
2015). http://www.akal.com/libros/
[14]https://www.lapatilla.com/
[15]http://quepasaenvenezuela.
de: Resumenrebel <resumenrebel@gmail.com> a través de listas.nodo50.org
responder a: resumen@nodo50.org
para: Resumen Latinoamericano <resumen@nodo50.org>
fecha: 4 de noviembre de 2016, 20:53
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11 de noviembre 2016
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