¡NO PUEDE IMPONERSE LA IMPUNIDAD…!

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¡NO PUEDE IMPONERSE LA IMPUNIDAD…!

Editorial de la revista MARKA / 18 de marzo 2023

Mientras en distintos sectores y regiones del país continúa la resistencia popular al Golpe reaccionario del 7 de diciembre, la cúpula gobernante -aferrada con uñas y dientes al precario Poder que detenta- busca extender su capacidad operativa en connivencia con el Congreso de la República. Sueña, entonces, con confirmar su dominio hasta el 2026 como si se tratara de un gobierno legítimo y una administración popularmente consentida.

Lo real es que la crisis -unida a la convulsión social- ni ha concluido, ni se ha atenuado. Ella se expresa en muy variadas formas, pero aflora siempre por una sola razón: porque no ha variado un ápice el punto de vista del movimiento popular respecto a lo que ocurre en el país. En otras palabras Dina Boluarte y su corte, no tienen la menor aceptación ciudadana, y la resistencia contra su política sigue en ascenso.

Lo ocurrido recientemente en Ayacucho y Andahuaylas, donde “altos mandos” del régimen –Ministros o Vice Ministros-se vieran precisados a huir de la población enardecida; o en otras ciudades, donde la propia Dina Boluarte ha sido duramente repudiada por la ciudadanía, confirman una tendencia que se mantiene enhiesta.

Es verdad que las formas de expresión han variado en función de las circunstancias. Pero quienes creían que la celebración de los Carnavales y las lluvias torrenciales de marzo iría a distraer la atención de las masas, se equivocaron en todos los planos. En Puno, Juliaca, Arequipa Cusco y otras ciudades, las fiestas lugareñas permitieron que afloraran miles de danzantes y conjuntos musicales, con bailes y canciones que expresaban categóricamente el repudio popular a quienes hoy se aúpan en el Palacio Presidencial como si fuera gobernantes. Algo similar ha ocurrido en el marco de los daños ocasionados recientemente por la naturaleza. La protesta popular se ha hecho sentir vigorosamente.

En verdad, lo el dúo siniestro Boluarte/Otárola busca, no es propiamente gobernar. Pretende simplemente mantenerse en la gestión gubernativa y durar en ella el mayor tiempo que le sea posible porque saben que, finalmente, tendrán que dar cuenta de sus actos y pagar por sus crímenes. Las casi 70 muertes formalmente reconocidas, más las otras aún no registradas, no habrán de quedar impunes. Y es que la violación de derechos humanos y los asesinatos a mansalva, ejecutados con la anuencia del poder en estos días aciagos, no serán olvidados.

El núcleo que hoy se dice “Gobierno”, adicionalmente, busca restaurar plenamente el rancio Poder Oligárquico a la sombra de la Mafia siniestra que lo ampara. Pero, además, despilfarrar el dinero del Estado a manos llenas y aún robar a su antojo.

Por eso, desde el Congreso, pretende poner bajo su control a todos los organismos del Estado y someter a su capricho a los funcionarios que ejercen una determinada cuota de gestión. Así, un Congreso que tenga capacidad de decidir sobre el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central y otras estructuras administrativas, es poco menos que el sueño que pergeña la clase dominante, empeñada en perpetuar su control sobre la sociedad peruana.

Y el Congreso se usa ahora para pagar deudas a consorcios internacionales, liberar de obligaciones tributarias a las empresas acreedoras del Estado y concederles beneficio de todo tipo, al tiempo que llena de privilegios, beneficios y prebendas a sus integrantes. De ese modo, los congresistas tienen todo: sueldos desmedidos, ingresos especiales, gastos remunerados, servicios de telefonía de alta calidad, pasajes al exterior, viáticos a mano abiertas y hasta costosos buffets pagados por los contribuyentes. Por eso, se niegan a cualquier pedido de adelanto de elecciones, no obstante que hoy el Poder Legislativo tiene un 93% de rechazo ciudadano.

Adicionalmente, el Congreso alienta y promueve una nueva legislación orientada a reprimir salvajemente a la población. Con ese propósito incrementa las penas para ser aplicadas contra quienes -a juicio de los poderosos- “alteren el orden público” o se opongan a los designios del régimen impuesto contra la voluntad ciudadana. En esa misma línea, prohíben y reprimen violentamente cualquier manifestación popular en el centro de la ciudad y en los distritos; y usan partidas estatales no para asistir a la población duramente castigada por el cambio climático.

Es público que a los pobladores, Dina Boluarte les dice que “no hay recursos” para atender sus requerimientos; en tanto que el alcalde de Lima, el fascista López Aliada los exhorta a hacer “cadenas de oración para pedir al altísimo el fin de la crisis climática”.

En el plano represivo, sólo falta que extraiga del sarcófago en el que se hallan hoy, los llamados “decretos legislativos de pacificación” impuestos durante la dictadura fujimorista. Así, volverán los tribunales especiales, los procesos secretos, los jueces sin rostro, las sentencias anónimas; y, cómo no, las Cadenas Perpetuas destinada a encerrar de por vida a todos los que, a juicio de la Dincote y estructuras afines, sean “terroristas” o “rindan culto a la violencia”. Será un modo de imponer la paz de los sepulcros, que sustentarán, asegurando que se trata de “preservar la democracia”.

Y en el plano de “la fe” bien podría volverse el ciclo de Leguía, consagrando el Perú al Corazón de Jesús y alentar la beatería criolla y la huachafa cucufatería criolla ahíta de servilismo, perversión y doble moral.

Es claro que no se habla acá de ninguna “democracia”, como bien lo recuerda el himno puneño que lidera las protestas populares . Ni siquiera, de la Democracia Burguesa, cubierta siempre de oropeles y distintivos destinados a embellecer las más groseras formas de explotación capitalista. Se tratara, sin atenuantes, de un régimen fascista como nunca antes existiera en el Perú.

Las modalidades operativas sustentadas por los áulicos del Poder conquistado a la mala, nos muestran el agresivo rostro de la represión que espera a nuestro pueblo. El, sólo servirá para intimidar a los tímidos porque no arrendrará a quienes saben cómo enfrentar las crisis de este signo.

Hoy se sabe plenamente que la matanza de Ayacucho, ocurrida en diciembre pasado, fue ejecutada por un destacamento militar. Un contingente del Ejército -haciendo honor al “legado” fujimorista- asesinó vilmente a 10 personas. Los autores de este crimen, han sido identificados y sus nombres han sido colocados en las redes, para escarnio de los hombres de uniforme.

Igualmente se sabe que la matanza de Juliaca, ocurrida el 9 de enero- fue obra de la Policía Nacional. También se han identificado a los ejecutores de este alevoso hecho siniestros, que enlutó gravemente la vida nacional.

No obstante, el Ministerio Público –tan diligente para perseguir los supuestos “delitos” del Presidente Castillo- ha guardado ominoso silencio en la materia, en tanto que el Poder Ejecutivo ha hablado de “individualizar” las acciones, con la idea que paguen por los crímenes los autores materiales de los mismos y eludan toda responsabilidad los Mandos que dieron la autorización referida al uso de las armas de fuego contra la población. Por lo demás, el gobierno insiste en culpar a la población por las muertes ocurridas, como se ha hecho aún más evidente en los sucesos de Juli e Ilave, que costaran la vida a varios soldados.

Lo que buscan, es eludir la responsabilidad política que les corresponde y que sube desde el oficial que comandó el Grupo Operativo, hasta la Jefatura del Estado, pasando por los ministros del sector, así como el Gabinete Ministerial en pleno.

Nada de esto quedará impune. Cuando se restaura aunque fuere mínimamente el llamado “Estado de Derecho” volará por los aires todo el castillo de naipes, construido por los efímeros gobernantes. (fin)