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Perú al Pie del Orbe
CIERRE DEL CONGRESO (2-2)
1.- ¿QUIÉN GOBIERNA EN PERÚ?:
LO QUE PASA EN LIMA TRAS LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO
El presidente Vizcarra convocó a elecciones parlamentarias para
el 26 de enero, aunque el Congreso disuelto por el Ejecutivo desconoce
su autoridad. ¿Y ahora qué?
¿Quién gobierna en Perú?: Lo que pasa en Lima tras la disolución del Congreso?
El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció la disolución del
Congreso en un mensaje televisado en Lima, el 30 de septiembre de 2019.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ordenó este lunes la
disolución del Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para el
próximo 26 de enero. En contrapartida, aquel órgano legislativo
unicameral, de mayoría opositora, votó suspender al mandatario
de sus funciones por 12 meses y la vicepresidenta, Mercedes Aráoz,
juramentó en su lugar de manera interina.
Al día siguiente, las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso
del Parlamento, luego de expresar su apoyo incondicional a la
investidura presidencial de Vizcarra.
Poco después, la recién juramentada Aráoz presentó su renuncia, tanto a la Vicepresidencia como a la posición de jefa interina del Gobierno.
“He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de
Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico
en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria
de elecciones generales en el más breve plazo por el bien
del país”
Así, el país andino afronta una de las mayores crisis
institucionales en toda su historia, y la sociedad permanece desde hace
horas atravesada por un manto de incertidumbre: ¿quién gobierna? ¿Hay o
no hay Parlamento? ¿Cómo se forma el Tribunal Constitucional?
¿En qué se relaciona el terremoto político con las causas de corrupción
que salpican a la clase dirigente? ¿Debería intervenir algún organismo
internacional en los asuntos de Lima?
Primero, repasemos lo que pasó.
Ejecutivo vs. Parlamento
Según el decreto publicado el 30 de septiembre, que lleva la
firma del propio Vizcarra, se tomó la decisión de disolver el Congreso
peruano porque este habría vuelto a rechazar la "cuestión de confianza",
tal como sucedió en 2017. En efecto, el artículo
134 de la Constitución establece que si la negativa parlamentaria
ocurre contra dos Gabinetes del mismo Gobierno, el Ejecutivo tiene la
potestad de suspender las funciones de aquel establecimiento y sus
legisladores.
Pero, ¿qué es la cuestión de confianza? Se trata de un
mecanismo presente en varios países democráticos donde la Presidencia
solicita el respaldo del Congreso para implementar alguna medida
puntual, ante el eventual riesgo de que peligre la calidad
institucional de una nación. En el caso peruano, el oficialismo
considera que el sistema para la elección de jueces en el Tribunal
Constitucional (TC) es poco transparente, o ilegítimo, entonces pidió la
"confianza" de los legisladores para impulsar una reforma
en el proceso de selección.
Dicho en términos políticos, Vizcarra percibía que la mayoría adversaria del Parlamento buscaba poner magistrados afines en el TC:
"La oposición, liderada por Fuerza Popular (FP) y el Partido Aprista
Peruano (PAP), llevaba días maniobrando para
hacerse con el control de la Corte", nos dicen desde el equipo
comunicacional del presidente. Así, a sabiendas de que el Congreso no
podía rechazar su planteo de confianza dos veces, el Ejecutivo ingresó
el pedido "de modo urgente".
No obstante, según el relato oficialista, el planteo fue
rechazado: "Al premier y a su Gabinete les cerraron las puertas y por
varios minutos permanecieron sin acceso a la Oficialía Mayor del
Parlamento", cuentan a RT. En contrapartida, mientras el Gobierno
proponía suspender la elección de seis jueces, el Congreso continuó con
la votación para nombrar a nuevos funcionarios en el Tribunal
Constitucional, crispando más las aguas.
Por ello, el Ejecutivo interpretó que su pedido de confianza fue
desoído, y vio la luz verde para anular al Congreso y convocar a
elecciones parlamentarias en enero para reemplazar las bancas hasta
julio del 2021, cuando finaliza el actual mandato. La
medida fue celebrada en las calles por miles de peruanos.
Sin embargo, mientras Vizcarra anunciaba la disolución del
Congreso, los legisladores atendieron el pedido de confianza y lo
aprobaron, para intentar seguir en funciones. Luego, los diputados
votaron para suspender al mandatario de su cargo por un año,
y en su lugar juramentó la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como
"interina".
No obstante, apenas transcurridas unas horas, Aráoz renunció a
la Vicepresidencia, que ocupaba desde julio de 2016, y rechazó al mismo
tiempo reemplazar a Vizcarra. En aquella nación, el cargo de "usurpación de función pública" puede castigarse
con la prisión.
La importancia del Tribunal Constitucional en la política peruana
La Justicia suele ser parte del equilibrio entre los poderes del
Estado, o así debería ser en cualquier sistema republicano. Sin embargo,
cooptar al máximo órgano judicial de un país puede ser la obsesión de
la clase política o empresaria, y Perú no
es la excepción. Actualmente, el TC está compuesto por siete jueces, y
seis de ellos deben ser reemplazados por el fin de sus períodos, que
duran cinco años. En gran medida, el futuro político del país
sudamericano depende de la actuación de la Corte en diversos
casos de corrupción.
Por un lado, la líder opositora de Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, tiene prisión preventiva desde octubre del 2018. En efecto, su
partido domina el Parlamento y si se mantiene el sistema actual de
elección de jueces, será esta fuerza partidaria -junto
a algunos votos aliados- la que determine quiénes impartirán justicia
sobre el caso de su referente, investigada por haber recibido presuntos
aportes irregulares de la constructora Odebrecht para su campaña
electoral.
Entre tanto, la Fiscalía avanza y se espera que tome nuevas
declaraciones a importantes empresarios de dicha firma, que revelarían
más nombres de congresistas involucrados en la aparente trama de
irregularidades. A su vez, el TC actual ya rechazó el
indulto al expresidente Alberto Fujimori, que había sido otorgado por
el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017.
Antecedente destituyente
Para comprender la medida determinante del Ejecutivo, vale
repasar que el Congreso peruano protagonizó en marzo del 2018 el segundo
pedido de vacancia contra el entonces mandatario, Kuczynski, con la
intención de destituirlo.
A los pocos días, un congresista presentó videos donde se ve que
lo intentaban sobornar para votar en contra de la destitución de
Kuczynski, a cambio de obras públicas. Por el escándalo generado, el
mandatario se vio obligado a renunciar el día 21, y
Vizcarra lo reemplazó dos jornadas después.
Opiniones cruzadas
La complicada coyuntura local produce posturas encontradas. Por
su parte, Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, nos cuenta sus
argumentos para apoyar la disolución del Parlamento, es decir, el Poder
Legislativo que ella misma integra.
Al respecto, señala que aunque se aprobó la cuestión de
confianza, en la práctica se hizo todo lo opuesto: "La Constitución dice
que no se puede favorecer el fraude del derecho. Tú no puedes decir por
un lado que das la cuestión de confianza en un mecanismo
formal, pero no como un sustento material. Lo que quedaba clarísimo es
que el pedido planteaba la suspensión del proceso de selección de
magistrados, no para quitarle al Congreso la competencia de elección,
pero sí para que sea transparente"
Sin embargo, "el Parlamento decidió empujar a la elección de por
lo menos uno de los miembros del TC". De esta forma, "generó una
situación de mayor conflictividad". Y cierra su justificación: "En el
fondo es una negación de la parte material de la consulta
de confianza presentada".
Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú. "La elección de jueces
para el Tribunal Constitucional carecía de legitimidad. Varios de los
candidatos tenían procesos penales pendientes, y se aprobaron sus
postulaciones de forma sospechosamente veloz. El fujimorismo
sabe que el TC es su único límite de poder".
Además, explica por qué el presidente tendría motivos para
reformar el proceso de elección de magistrados: "Desde el primer
momento, el fujimorismo quiso tomar el TC. De hecho, la propia Keiko
Fujimori dijo que era la puerta grande para lograr la libertad
de su padre. Era un momento oportuno porque el Tribunal requería seis
nuevos miembros de los siete totales".
En sintonía, asegura que esa fuerza política "tiene claro que el
TC era el único 'stop' a sus pretensiones de usurpar otras funciones del
Estado desde su mayoría absoluta en el Parlamento". Asimismo, señala
que aquel órgano judicial ya limitó varios
intentos de la oposición por sancionar leyes, a su juicio,
inconstitucionales.
Por otro lado, subraya que el proceso de votación de jueces era
irregular. "Carecía de legitimidad porque en media hora revisaron,
supuestamente, 11 currículums vitae. Firmaron un acta diciendo que
cumplían con todos los requisitos, pero ni siquiera
tuvieron la mínima diligencia de que la comisión seleccionadora pudiera
reunirse con los supuestos candidatos". Y sigue: "Seis de los 11
participantes tenían procesos penales pendientes. De los cinco que
quedaban relativamente limpios, dos renunciaron antes
de que sus nombres se utilizaran por parte del Parlamento".
Oscar Urviola, exjuez del Tribunal Constitucional (2010-2016):
"La decisión de Vizcarra de disolver el Parlamento es
anticonstitucional. Aquella determinación, junto a la intervención de
las Fuerzas Armadas para bloquear el Congreso, podría interpretarse
como un golpe de Estado".
Desde la vereda de enfrente, Oscar Urviola, exjuez del TC
(2010-2016), opina que la decisión de disolver el Parlamento "viola
flagrantemente el orden constitucional después de 20 años". Más en
detalle, considera: "La cuestión de confianza fue considerada
como denegada de una forma bastante particular. El presidente ha
considerado que eso ocurrió de manera tácita, lo cual no concuerda con
nuestro ordenamiento legal ni con los principios universales del
derecho". Para el presidente, aunque se aprobó su cuestión
de confianza, se rechazó en la práctica.
El entrevistado continúa: "La disolución es una decisión
arbitraria, y por los hechos que se han visto a continuación, con el
apoyo de las Fuerzas Armadas, incluso la toma del Palacio Legislativo
podría considerarse como un golpe de Estado".
Ante la idea de que la oposición pretende colocar magistrados
según su propia conveniencia, el exdiputado del Movimiento Libertad
-partido fundado por el escritor de centro derecha Mario Vargas Llosa-
dice que "es una posición exagerada". Si bien reconoce
que le gustaría que el proceso de elección fuese más transparente,
destaca que se trata de "un procedimiento establecido en la ley orgánica
del TC, y así ha venido aplicándose incluso para los magistrados
actuales que van a ser reemplazados".
Urviola, que llegó al Tribunal por concurso, critica que se
coloque a jueces por invitación. No obstante, aclara que "si es una
elección que se decide en el Congreso, son las fuerzas políticas las que
toman la decisión". También destaca que los magistrados
deben evitar devolver favores a los legisladores que los colocaron en
funciones. Además, repasa que se necesitan 87 votos de los 130 escaños
parlamentarios para proponer a un juez, es decir, "se requieren votos de
otros bloques".
El presidente de Perú, Martín Vizcarra.Vizcarra aplica la
disolución parlamentaria en Perú y el Congreso juramenta a la
vicepresidenta como "mandataria interina"
¿Quién resuelve el conflicto?
En los papeles, la disputa política podría ser resuelta por el
TC, aunque sería extraño porque es parte central del problema. "Esta
situación es tan inédita, que no hay una solución jurídica, sino una
solución política", dice Urviola.
Para finalizar, manifiesta: "Sería necesario que la Organización
de Estados Americanos (OEA) muestre su preocupación por lo que pasa en
Perú, aplicando la Carta Democrática". Por su parte, el organismo
internacional consideró que le corresponde al Tribunal
peruano expresarse sobre la anulación del Congreso.
Con este marco, si no hay elecciones parlamentarias dentro de
cuatro meses, el Congreso disuelto debería retomar funciones, haciendo
peligrar la gobernabilidad de Vizcarra. Mientras tanto, el Parlamento
permanece sitiado por las fuerzas de seguridad,
muchos peruanos no saben quién gobierna y las causas de aparente
corrupción hacen tambalear el sistema político.
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Sputnik. Publicado: 1 oct 2019 23:29 GMT |
Última actualización: 2 oct 2019 11:39 GMT
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2.- PERÚ SE ALISTA PARA ELECCIÓN DE CONGRESO
EL 26 DE ENERO DE 2020
Publicado 2 octubre 2019
La semana pasada los peruanos salieron a las calles a respaldar el cierre del Congreso de mayoría fujimorista.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú avanza con los
preparativos de elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020,
convocadas por el presidente Martín Vizcarra, tras disolver del Congreso
el pasado lunes.
Este miércoles el JNE publicó la resolución que establece el 30
de septiembre como fecha para el cierre del padrón electoral de cara a
las parlamentarias.
De esta manera, se pone en marcha en la nación suramericana el
cronograma electoral para el sufragio que permitirá elegir a los
congresistas que completen el periodo 2016-2021.
El ente legislativo peruano fue disuelto por Vizcarra, luego de
que este le negara por segunda vez una moción de confianza a sus
Consejos de Ministros.
El mandatario peruano intentaba impedir el nombramiento de los
miembros del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de mayoría
fujimoristas. No obstante, el ente legislativo se plantó ante esta
pretensión, ejecutó un proceso de vacancia presidencial
y nombró a la vicepresidente Mercedes Aráoz como sucesora de Vizcarra.
Entretanto, la víspera Aráoz renunció a su cargo y fue
denunciada por usurpación de funciones, un delito penado hasta con siete
años de cárcel
“Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones
generales en el más breve plazo por el bien del país", dijo la
exfuncionaria peruana al renunciar.
“Las elecciones (congresales) ya están convocadas, no hay marcha
atrás", afirmó el recién nombrado presidente del Consejo de Ministros,
Vicente Zeballos, durante una entrevista a un medio local.
El primer ministro aseguró que el mandatario continuará en
ejercicio hasta 2021 y no va a renunciar a su cargo, como lo pide la
oposición. Vicente Zeballos señala que "Al estar disuelto el Congreso,
no hay forma constitucional de convocar a elecciones
generales. Por tanto el presidente concluirá su mandato el 28 de julio
del año 2021"
.
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fecha: 2 oct. 2019 11:31
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3.- PERÚ: EL PODER CONSTITUIDO HA MUERTO
¡VIVA EL PODER CONSTITUYENTE!
Nicolás Lynch
Opinión
02/10/2019
El 30 de setiembre de 2019 podría ser recordado en el Perú como
el día en que se cruzó el Rubicón con el cierre del Congreso de la
República y la apertura de un proceso que ojalá continúe con la elección
de una Asamblea Constituyente y la aprobación
de una Nueva Constitución. Se trata de terminar con las consecuencias del golpe del cinco de abril de 1992
que cerró las instituciones de la época e impuso su propia
constitución, que continúa hasta el presente, e iniciar un nuevo período
para el Perú.
El cierre del Congreso de la República no es cualquier cosa. Es
el cierre de una institución que ha negado reiteradamente la confianza
al Poder Ejecutivo y encarna la quiebra moral de un orden que ha hecho
de sus prácticas corruptas la forma de manejar
la democracia. ¡Ojo! Cuando hablamos de una quiebra moral no hablamos
de una cuestión banal, sino de un quiebra profunda que deja desnudo al
régimen al mostrar su podredumbre y de esta manera herir mortalmente la
legitimidad de su mandato. El hartazgo ciudadano
mostrado en cada sondeo de opinión en el último, por lo menos año y
medio, y en decenas de manifestaciones en todo el Perú, culminadas ayer
en la Plaza Bolívar, es prueba patente de ello.
El cierre, sin embargo, no es un hecho revolucionario, ha
sido realizado por un Ejecutivo que pretende reformas, en el marco de
este régimen político, es decir que no supera los límites del poder
constituido por la constitución imperante. Por
lo tanto, hay necesidad de aprovechar la oportunidad, que es una
solución parcial, para plantear una solución de fondo, que no es otra
que la solución constituyente.
Esta supone un coraje especial porque la solución constituyente
no fluye del régimen anterior sino requiere de una ruptura con el mismo,
justificada por el devenir de los acontecimientos que demuestran la
inutilidad de las salidas anteriores y la urgencia
de soluciones integrales para el país. Las rupturas, sin embargo no
suceden automáticamente, requieren de actores: líderes, partidos y
frentes, que las pongan como el eje de su táctica. Para estos
actores no será fácil lanzar una iniciativa de este
tipo porque desde el sistema –políticos, partidos y medios adversos– la
estigmatización va a ser inmediata, tratando de identificar la
iniciativa con el chavismo o peor aún con algún régimen comunista
supérstite.
Hay una primera etapa, entonces, en el proceso constituyente en que hay que evitar el cerco que van a tratar de tender los defensores del orden actual desarrollando acciones en dos sentidos.
Primero, refiriéndose al origen histórico viciado del actual
orden constitucional que se basa en la represión a los movimientos
sociales y el bloqueo a los partidos políticos progresistas
y segundo, señalando cómo la nueva propuesta surge del fracaso de la actual constitución para
cuestiones fundamentales como la descentralización, el desarrollo económico, el
bienestar social y las relaciones Ejecutivo–Legislativo;
todas ellas que apoyan un orden en el que los derechos se entienden como
privilegios. De esta manera, teniendo clara la necesidad de una nueva
constitución, es que podremos lograr que esta
pase a ser parte central de la agenda pública nacional. La puesta en
escena del debate será el inicio del momento constituyente.
Las elecciones legislativas de enero próximo no pueden tener
entonces otro objetivo que no sea el de convertir ese congreso en
Asamblea Constituyente, para que los peruanos seamos capaces de revertir
la declaración de guerra contra el pueblo que fue
la constitución de 1993, por un acuerdo de paz, que se plasme en una
Nueva Constitución.
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fecha: 2 oct. 2019 12:35
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COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
3 de octubre de 2019
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