AGONÍA DE LA DICTADURA SANGRIENTA DE DINA BOLUARTE

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AGONÍA DE LA DICTADURA SANGRIENTA DE DINA BOLUARTE

Carlos Angulo Rivas

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH es típicamente “caviar” o sea ni con Dios ni con el Diablo; porque de una parte denuncia con severidad la violación de los Derechos Humanos, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, los excesos militares-policiales y la persecución política con cientos de presos, de la dictadura de Dina Boluarte; y de otra parte constituye una enorme MANIPULACIÓN de los hechos acontecidos en el Perú el 7 de diciembre 2022, pues no se posiciona de la verdad y transparencia. En este último acápite, fundamental para enjuiciar los hechos posteriores la CIDH NI CONCLUYE NI CONFIRMA la ruptura del Estado de Derecho a través del Golpe de Estado ejecutado por el Congreso y la Fuerza Armada. Es decir, no menciona ni tipifica el SECUESTRO de Pedro Castillo, un presidente en funciones capturado y encarcelado de manera abusiva e ilegal. El informe CIDH ni siquiera analiza la infracción a la Carta Democrática de la OEA frente a un gobierno de facto, ya que como es costumbre en ese organismo dependiente de Estados Unidos, se trata de legalizar la USURPACIÓN del gobierno por parte de Dina Boluarte burlando el voto popular que eligió a Pedro Castillo. Igual ocurrió en Bolivia con el reconocimiento OEA al gobierno de Jeanine Añez, dictadura impuesta tras el derrocamiento armado del presidente Evo Morales.

El terrorismo es una arma convincente utilizada por el Estado Mafioso, éste se fundamenta en el miedo colectivo impartido por Dina Boluarte, el Congreso y la Fuerza Armada, ante el reconocimiento interno de haber constituido un gobierno de facto contra la voluntad popular, el sentido común y la LEY desde el 7 de diciembre pasado. Motivo por el cual el gobierno desde inicio organiza una furiosa represión terrorista con la finalidad de sostenerse a la fuerza, cuyos sangrientos resultados han sido recogidos parcialmente en el informe CIDH que aun sesgado en lo político admite la verdad indiscutible de decenas de asesinados, heridos de bala y presos políticos durante la movilización social contra la dictadura cívico-militar. Y así sea con el característico lenguaje diplomático la CIDH acusa al gobierno de Boluarte de grave violación de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta verdad incontrastable no existe en la cabeza de Dina Boluarte que rechaza la realidad ante sus ojos, puesto que ella es una mentirosa compulsiva, una persona que miente con descaro oportunista según la ocasión que se presente, su audaz atrevimiento llega a la frescura impávida de defender la usurpación del cargo de presidente que ocupa con la desfachatez propia de creer que en el país existe “unidad y paz en un solo corazón” como dice; lo cual indica un cierto desequilibrio mental o ceguera política, pues sus palabras resultan una suerte de procacidad sin nombre, un insulto a la inteligencia de la gran mayoría de peruanos que la desaprueba en un 80% establecido su discurso criminal y deshonesto.

La polémica abierta alrededor del informe CIDH ayuda mucho para esclarecer el trasfondo político del Golpe de Estado del Congreso-Fuerza Armada-CIA, en tanto este suceso en el Perú obedece a una aspiración partidaria gestada de inmediato apenas fuera derrotada Keiko Fujimori el 2021. Y es que las fuerzas hoy unidas en el fuji-fascismo dictatorial no podían perder la manija del Estado Mafioso usufructuado a sus anchas; por eso se crea la consigna, amenaza permanente, de la vacancia presidencial en el tiempo hasta llegar al atropello del 7 de diciembre 2022 donde se derroca a Pedro Castillo de forma arbitraria, ilegal e inconstitucional, mediante una detención policial, secuestro y encarcelamiento. La defensa nacional e internacional de Pedro Castillo, la enorme movilización social contra la dictadura de Boluarte, el Congreso y Fuerza Armada, han hecho tambalear al Estado Mafioso envuelto en flagrantes delitos corrupción e inmoralidad, a los cuales se agregan las violaciones de los Derechos Humanos expuestas por la CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros, siendo Dina Boluarte, los ministros, congresistas y jefes militares los directos responsables. Entonces, la indispensable salida de la crisis política atraviesa por el despido de Dina Boluarte y la auto-disolución del congreso que sólo representa a sus empleados, compadres y amigos corruptos; en cuanto al Estado Mafioso este debe desaparecer destruyendo las estructuras de las mafias institucionales colegiadas y coaligadas, tarea difícil de lograr aunque no imposible.

En este contexto general, se lucha contra la dictadura cívico-militar y contra la permanencia de todas las “autoridades” civiles y militares comprometidas en la usurpación del poder público y estatal, que persisten en tratar de gobernar sin reconocimiento alguno. Situación precaria, agonizante, del régimen dictatorial de Boluarte impuesto para salvar al Estado Mafioso, proceder desconectado de la realidad social o de espaldas al pueblo movilizado, porque el afán de los golpistas es reforzar la tendencia partidaria fuji-fascista como modelo de sociedad en imitación de VOX en España. En esta dirección la Insurgencia Ciudadana multitudinaria, reprogramada, continúa firme en su propósito de transformación política, económica y social, de Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, Nueva República y Nuevo Estado; libertad de Pedro Castillo y de los presos políticos incriminados sin pruebas, y juicio a los violadores de Derechos Humanos. La confrontación es definitoria, única salida a la crisis política perenne en el país, allí el pedido de elecciones generales para un nuevo gobierno sobra por ser una tabla de salvación sólo para los políticos tradicionales NO para el Perú. Por esta razón, la polémica sobre diversas soluciones a la crisis política ha confundido al conjunto de partidos políticos y a sus líderes, todos desconcertados por el despertar nacional de los ciudadanos que exigen la Nueva República y el fin del Estado Mafioso. La confusión incluye a los “izquierdistas” electoreros quienes pasados cinco meses de dictadura aún no encuentran el camino a seguir, en tanto permanecen con la culpa de la traición de sus votos diseminados en el Congreso apoyando la irracional e ilegal vacancia del presidente Pedro Castillo; ni siquiera una mínima auto-crítica sincera de este increíble comportamiento de “izquierda” se ha escuchado. En cambio, los ciudadanos auto-convocados SÍ saben lo que quieren todavía dolorosamente SORPRENDIDOS por la aparición de la VERDAD construida poco a poco a través de los destapes diarios de la gigantesca corrupción e inmoralidad. El pueblo no está confundido porque la lucha contra el fuji-fascismo que quiere imponer la DICTADURA cívico-militar no sólo hasta el año 2026 sino hasta mucho después, prosigue en la acción concreta de las marchas, las huelgas, la desobediencia civil y el rechazo a los falsos políticos. Los arreglos inconstitucionales para el dominio total del tambaleante Estado Mafioso que Dina Boluarte y Alberto Otárola llaman "Estado de Derecho" de continuidad, persisten en un Congreso al margen de la ley. El Interinato de “autoridades” ilegítimas que nadie desea ni respeta debe concluir para bien del Perú, más ahora que se ha perdido por completo la fe pública.