¿PREPARAN FUGA DE USURPADORA DINA BOLUARTE?

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¿PREPARAN FUGA DE USURPADORA DINA BOLUARTE?

Carlos Angulo Rivas

Existen muchos ciudadanos preguntándose si el Perú vive todavía la democracia imperfecta iniciada con Alejandro Toledo el año 2001 o una dictadura después del derrocamiento y secuestro del presidente Pedro Castillo. Bueno, debido al manejo arbitrario e ilegal del Congreso y sus satélites Dina Boluarte, la fiscal Patricia Benavides, el juez supremo César San Martín, todos bajo la sombrilla de la Fuerza Armada, vivimos no sólo una dictadura sino una tiranía despótica, corrupta y criminal. Esta usurpación del poder es producto de la conspiración urdida por la mayoría fujifascista del Congreso, la Fuerza Armada, Dina Boluarte y la embajadora USA Lisa Kenna; complot culminado en el Golpe de Estado del 7 diciembre 2022. A partir de ahí se viene gobernando con la ley de la selva imponiendo métodos ya conocidos, creados por la dupla abominable Fujimori-Montesinos. Si dudan, escuchen la verdad en las marchas y desfiles con el estribillo musical “esta “democracia” ya no es democracia Dina asesina el pueblo te repudia...”

La DICTADURA en el Perú no es una casualidad. Ella obedece a la urgencia de capturar todos los poderes del Estado Mafioso hasta constituir una Administración burocrático-legal absolutista duradera, un proyecto conservador fascista DUEÑO del país, a fin de mantener el saqueo transnacional de las riquezas naturales y al Perú convertido en cabeza de playa de la geopolítica estadounidense. Ya la debilidad de la democracia anti-nacional, con Kuczynski a la cabeza, cedió la política exterior peruana mediante la creación del Grupo de Lima, iniciativa destructiva de Donald Trump contra la proyectada integración regional CELAC, y contra Venezuela, Cuba y gobiernos progresistas. Para estos propósitos se cuenta con la Constitución 1993, instrumento diseñado por el FMI para el despojo y saqueo de recursos naturales (cobre, oro, plata, litio, etc), energéticos (gas, petroleo) y los servicios públicos (electricidad, transporte terrestre, aéreo y marítimo, etc.) Además, esa constitución viene siendo modificada a capricho de los congresistas golpistas, asaltantes del poder, quienes haciendo de las suyas se burlan de la legislación vigente de manera inconstitucional a cada rato. ¿Y si los congresistas se burlan de la constitución a sus anchas, por qué Pedro Castillo no podía patear el tablero por encima de una constitución trucha e inválida? Sí, por imitación a ellos lo hizo con su mensaje al país cometiendo una leve infracción constitucional.

La usurpación del poder ha sido un desastre de más de 70 muertos, centenas de heridos de bala muchos de ellos graves y/o lisiados de por vida, incontables presos y perseguidos políticos; resultado de la barbarie cometida contra el pueblo levantado en protesta contra la dictadura cívico-militar, tal como señalan los informes nacionales e internacionales sobre la violación de los Derechos Humanos. Curso de sucesos lamentables que Dina Boluarte explica soslayando el aterrador efecto de sus decisiones, por lo que confiesa: “se incendiaba el Perú, no estábamos preparados para tremenda violencia,” crueldad que la ciudadanía atribuye a las fuerzas militares y policiales. Por consiguiente, resulta ridículo el intento de lavarle la cara en el exterior a la dictadura a través de una gira internacional, gastando tres millones de soles; viaje inconstitucional de Dina Boluarte que más huele a fuga ante la cercana acción de la justicia contra ella; y donde se enfrenta a un imposible mejoramiento de imagen cuando está manchada de sangre por todos sus contornos. Sin embargo, la insanía extravagante en el Congreso con apenas 5% de aprobación quiere violar la constitución mediante ley ordinaria con nombre propio, autorizando a Dina Boluarte su salida del país con un encargo muy difícil de cumplir, dada la mochila cargada de crímenes de lesa humanidad.

En corto tiempo Dina Boluarte se ha ganado el repudio ciudadano debido a su alianza golpista anti-natura con Keiko Fujimori, la ultra-derecha fascista y el crimen organizado. Motivos por los cuales tanto ella como sus ministros, representantes y congresistas, están imposibilitados de visitar las distintas regiones del país, puesto que son echados a gritos por la población aún en resistencia y lucha contra un gobierno usurpador al que no deben obediencia alguna y menos respeto (Derecho a la Insurgencia artículo 46 de la constitución) aunque el juez supremo César San Martín Castro llegue al genocidio jurídico de querer prohibir las protestas y movilizaciones sociales mediante la barbaridad temeraria de afirmar que “la protesta es un anti-valor” algo sorprendente porque es un derecho fundamental, allí se nota la colaboración con la dictadura y la falsa doctora Patricia Benavides a cargo de la Fiscalía de la Nación. Estamos, pues, ante la presencia de una “justicia” totalmente politizada que no es justicia en ninguna parte del mundo sino abuso de autoridad, arbitraria aplicación de la ley y prevaricato; esto se observa a diario en fiscales y jueces que actúan de acuerdo a un formato implícito de favoritismo hacia la frondosa red de corrupción existente en el Estado Mafioso y de brutal perjuicio para los luchadores sociales en busca de un país justo, equitativo y de bienestar general.

Y, como tenía que ser el “tremendo” juez San Martín Castro fue vapuleado nacional e internacionalmente por tan desafortunada sentencia prevaricadora, un delito funcional cometido intencionalmente en beneficio de la dictadura de Dina Boluarte asediada por las enormes protestas contra la usurpación del poder que padece el país. Aquí, le dieron una clase magistral de Derecho a San Martín donde le enmendaron la plana, ya que la protesta pacífica es un DERECHO consagrado implícitamente en la Constitución y en el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos que el Perú ha suscrito. Pero como en política no se echan cartas al azar se puede afirmar que el “tremendo” juez San Martín quería amenazar a los miles de manifestantes que organizan la tercera “toma” de Lima por la libertad del presidente Castillo, la renuncia de la usurpadora Dina Boluarte y la auto-disolución del Congreso, medidas indispensables para arribar a la paz social a través de una Asamblea Constituyente, Nueva Constitución y Nueva República.

Por lo observado hasta ahora con la dictadura Boluarte, Congreso, Fuerza Armada, podemos decir que jamás en su vida fue más claro el presidente Pedro Castillo que cuando el 7 diciembre 2022, leyó su Mensaje a la Nación, pues yendo NO a los modales de la controversial constitución 1993 sino al fondo de los problemas del país, ninguno de los anuncios hechos estaban fuera de lugar; por el contrario, ellos eran y son trabajos urgentes de ejecutar a fin de destruir de una vez por todas el Estado Mafioso dando a luz a la reconstrucción equitativa, justa, soberana y pluricultural del futuro Perú. ¿De qué vale una constitución cuando se arrastra a la mayoría de ciudadanos a la pobreza y miseria? Analicemos el contenido del Mensaje no la forma en que se dio; ahí Pedro Castillo se refirió a la nefasta labor obstruccionista del Congreso; al racismo, clasicismo y discriminación de los sectores pudientes; al caos creado por Keiko Fujimori al margen de la voluntad popular; a la defensa de los grandes monopolios y oligopolios; a los más de 74 proyectos de ley del Ejecutivo archivados por el Congreso impidiendo reducir la enormes brechas sociales; a la masificación del gas, a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al ingreso libre a las universidades, a la segunda reforma agraria, a la reforma tributaria, a la reforma integral del sistema de justicia, a la supresión de realizar inversiones empresariales del Estado; al recorte del poder soberano del pueblo (referéndum.) Además, Castillo acusó al Congreso por haber destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes; y de haber cambiado la Constitución a través de leyes ordinarias ejerciendo una dictadura congresal.

Un buen entendedor no necesita más palabras, Castillo dados los considerandos expuestos manifestó que frente a la situación política de intolerancia no se podía continuar y que en atención a los reclamos ciudadanos en todo el país, se tomaba la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado rescatar el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se necesitaban urgentes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República; convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses; declarar en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional; combatir la delincuencia, la corrupción y el narco-tráfico; llamar a la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar el enrumbamiento del país hacia su desarrollo sin discriminación alguna; garantizar la propiedad e iniciativa privada, la libertad de empresa y la participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores; conservar el medio ambiente y proteger a las poblaciones vulnerables. ¿No son ciertas estas necesidades impostergables? Viendo la realidad, Pedro Castillo ha desnudado al Perú colocándolo en la disyuntiva del cambio económico, político y social, frente a la continuidad del Estado Mafioso, sus lacras y sus vicios. Hoy está todo en manos del pueblo, la movilización, la protesta, la huelga y la desobediencia civil.