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Perú: Conflictos Sociales
CONFLICTOS SOCIALES
SIN TREGUA…SIN PAUSA
21/10/2016
Opinión
Lamentable
que a dos meses y medio de gobierno se produzca la muerte del comunero
Quintino Cereceda Huisa de un certero balazo de fusil como consecuencia
de la acción de desbloqueo de la carretera desde la comunidad de
Quehuira hasta Las Bambas. El bloqueo, como sabemos, había sido impuesto
por cuatro comunidades afectadas por el uso de la carretera comunal por
parte del proyecto minero Las Bambas y por el cual exigían a la empresa
minera el pago de una compensación económica. No era la única demanda.
Los comuneros tenían una larga lista de reclamos, siendo el factor
dinamizador que impulsó el bloqueo y los enfrentamientos con la policía
el tema de la carretera.
El
desenlace era previsible. Los representantes de los comuneros en estas
tres últimas semanas había sido intensa: una delegación llegó al
Congreso de la República para denunciar no solo el tema de la carretera
sino otros puntos de su plataforma, así como cuestionar las mesas de
diálogo que se habían instalado y a los representantes del gobierno. Las
mesas de diálogo habían perdido credibilidad, no obstante, se insistía
en ellas; precisamente una semana del enfrentamiento se había realizado
una mesa de diálogo, pero, al parecer, ya nada podía contener la
confrontación. Había un antecedente reciente que los comuneros
recordaban: en septiembre del 2015, se produjo un enfrentamiento
violento en medio de un paro indefinido en el distrito de Chalhuahuacho
que arrojó el saldo de tres comuneros muertos: Betto Chahuallhua
Huillca, Alberto Cárdenas Challco y Esequiel Huamaní Mío); y en esa
ocasión, después de este fatal enfrentamiento se instaló una mesa de
diálogo que empezó a funcionar en enero del 2016.
Es
inevitable hacer comparaciones de este trágico conflicto con los que me
tocó lidiar cuando era Jefe de la Oficina de Prevención de Conflictos
Sociales de la PCM. Características similares se presentaron en los
conflictos de Espinar – Conga – Paita – Andahuaylas – Puerto Maldonado;
en estos conflictos las muertes por el conflicto social se produjeron
por dos factores: por un lado, la predisposición de líderes que llevan a
la población a un enfrentamiento violento; y por otro, a una mala
práctica de la policía en la contención y disuasión de las poblaciones
movilizadas. En conflictos de tan alta tensión, a veces resulta
inevitable que se impongan liderazgos que buscan ex profesamente la
confrontación, con el pleno conocimiento que un saldo de víctima provoca
una crisis política, del cual es difícil salir.
Cuando
ese factor no se controla; cuando se deja que los mandos operativos de
la Policía Nacional actúen a su criterio sin medir las consecuencias
políticas de la confrontación; o, lo que es peor: actúen sin contar con
los instrumentos de disuasión y prevención, el resultado es el saldo
inevitable de víctimas; y como consecuencia de ello, la apertura de una
crisis política que afecta al gabinete y a los ministros involucrados en
el conflicto. Lamentablemente es así, y cuando eso sucede, pocos
recuerdan el problema que originó el conflicto porque ya es otra agenda y
son otros los actores en esa crisis.
A
dos meses y medio de gobierno de PPK los conflictos sociales han
estallado sin pausa ni tregua. No es que considere que haya un plan
concertado de desestabilización del gobierno por los conflictos
sociales. Lo que existe en el país es un modus operandi de las
organizaciones sociales con demandas incumplidas o con plataformas de
lucha que buscan imponerse en la agenda nacional.
Por
experiencia sabía que todo inicio de gobierno es una oportunidad para
que los diferentes grupos y organizaciones sociales consideren oportuno
imponer una agenda al gobierno entrante; una agenda en la que se
legitime liderazgos y se impongan condiciones al diálogo. Así pasó en el
2006 cuando el 3 de agosto estalló el conflicto social en la localidad
de Combayo – Cajamarca contra la empresa Yanacocha con el resultado de
un rondero muerto por la intervención de las fuerzas de seguridad de la
empresa; lo mismo pasó el 3 de agosto del 2011 en los valles de Huaura y
Cañete, cuando los productores de algodón bloquearon la carretera
panamericana imponiendo una negociación respecto del pago del quintal de
algodón en los términos que habían pactado con el gobierno aprista
apenas unas semanas antes de dejar el gobierno. Eso mismo pasó el 3 de
agosto del 2016 con el conflicto en Urubamba. De ese conflicto a la
fecha, sin pausa, se han reactivado conflictos en diferentes escenarios
del país; y de ellos, lo que estaba pasando en las provincias de
Cotabambas y Grau, era, sin duda, el más crítico.
¿Por
qué, entonces, conociendo estos antecedentes, las autoridades del
gobierno nacional y regional, y los negociadores de las mesas de diálogo
dejaron escalar el conflicto hacia una confrontación? ¿Por qué no se
pudo encontrar salidas consensuadas entre la empresa, los comuneros y
los sectores del gobierno regional y nacional?
Creo que, a manera de hipótesis, que existen tres razones que pueden explicar esto:
La primera:
los tres actores: comuneros y organizaciones sociales y políticas –
Proyecto Las Bambas (sus tres administraciones) - representantes de los
gobiernos regional y nacional, pusieron en prácticas diferentes
estrategias en los procesos de diálogo que no se basaron en la confianza
y en su desarrollo no construyeron credibilidad de los acuerdos por el
incumplimiento de compromisos. Los recursos que se obtuvieron
provenientes del proyecto minero, nunca fue suficiente; los proyectos de
inversión que se comprometieron tanto el gobierno nacional y regional,
tardaron demasiado en concretarse o simplemente no se concretaron; los
recursos del canon o los proyectos de inversión aprobados por el
proyecto minero beneficiaron a unos y excluyeron a otros. Así, sin
consensos de por medio, y sin la confianza en los actores, la
confrontación no solo era inevitable, sino que la posibilidad de
evitarlas ya no podía lograrlo por esos medios de las mesas de diálogo
con los mismos actores, por lo demás.
La segunda;
porque, en cierta forma, la expectativa por obtener el máximo de
beneficio de la confrontación no era solo de los pobladores y sus
líderes, sino también de la empresa. Es cierto que en las comunidades y
en las poblaciones aledañas hay un sobredimensionamiento de
expectativas, alejadas de cualquier ideología o de pretensiones
programáticas; pero siendo así, la empresa también se guiaba por la
reducción de sus costos; y, ciertamente, no atender la demanda de las
poblaciones vecinas era una forma de reducir costos. El camino de la
confrontación, por tanto, era la forma de imponer condiciones, porque
los pobladores entendieron que la mejor forma de obtener sus demandas
era con la confrontación. Y por ello fueron permisibles a los discursos
radicales que se ofrecieron e impusieron en la conducción de la
movilización. Lo que no valoraron en esta estrategia es que la violencia
y el saldo de víctimas generan una crisis política y una vez en ella,
cambia de plano la agenda de negociación y los comuneros pueden quedar
al margen de la salida a la crisis porque ya son otros los actores los
que se apropian de la representación comunal.
La tercera,
porque la estrategia de confrontación y la violencia usada tiene en el
fondo un objetivo político que va más allá del conflicto en sí. Nadie
debe ignorar que en torno a los conflictos existen intereses políticos
que desde la confrontación y violencia buscan imponer liderazgos con el
propósito de controlar espacios locales, territorios, gobiernos locales.
No incluir en el análisis este factor es pecar de inocencia o de
ingenuidad.
Lo
que me asombra, y preocupa, que los equipos del gobierno, conociendo el
proceso del conflicto hacia la crisis política generada por la
exacerbación de la violencia, no cuenten con las herramientas que
permitan impedir que se llegue a ese desenlace; me alarma que, ante esas
circunstancias, sea la policía la que tenga el rol protagónico y que
siendo ellos los protagonistas, el conflicto fácilmente puede terminar
con el saldo de víctimas ya conocido. Es lamentable, pero los hechos han
mostrado que los negociadores del gobierno desaparecieron en la hora
crítica de la confrontación.
¡Qué
mal todo! Ahora este conflicto de Las Bambas ha pasado a otro
escenario. Son otros los actores los que tratarán de sacar ventaja de
las víctimas producidas en este lamentable enfrentamiento.
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24 de octubre 2016
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