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¡ASÍ DE SIMPLE!: “Planificación familiar” contra nativoamericanos
PERÚ. ESTERILIZACIONES FORZADAS:
LAS CICATRICES DE LA BARBARIE NO SE BORRAN
Liz Tasa
La candidata presidencial Keiko Fujimori declaró que las cirugías de ligadura de trompas y vasectomías realizadas durante el régimen autoritario de su padre Alberto Fujimori, son «mal llamadas esterilizaciones forzadas» y que fueron parte de la «planificación familiar» de ese gobierno. Con estas declaraciones, la lideresa de Fuerza Popular ignora a las víctimas y el actual proceso penal que se encuentra en fase de acusación contra el expresidente y tres exministros de Salud, incluido Alejandro Aguinaga, virtual congresista electo por su partido y médico de cabecera del exmandatario. En este portafolio exploramos las heridas abiertas de un proceso que lleva dos décadas de impunidad.
En la segunda mitad de los años noventa, el médico peruano Héctor Chávez Chuchón se presentó ante el Congreso de Estados Unidos para denunciar un crimen masivo ocurrido en el Perú. En esa época, Chávez era presidente de una federación que agrupaba a 200 médicos de tres regiones andinas y había recibido la información de que colegas suyos de Huancavelica, una de las zonas más pobre del país, estaban siendo obligados a esterilizar mujeres y hombres por la fuerza. Según los galenos denunciantes, el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori les había impuesto cuotas mensuales de personas a operar: los médicos nombrados, que gozaban de estabilidad laboral, tenían que practicar la ligadura de trompas a un mínimo de dos mujeres; los contratados, cuyo vínculo es temporal, al menos a tres.
Todos debían conseguir las pacientes necesarias a costa de jugarse el puesto si no cumplían. Chávez hizo público el caso ante la prensa internacional. Poco después fue contactado por una misión del Capitolio que llegó a Lima para investigar los hechos y su posible vínculo con EE.UU. El médico fue invitado a contar los detalles en Washington. La sesión del subcomité que lo recibió fue tensa: se discutió si fondos públicos de ese país habían servido para financiar abuso a los derechos humanos. A su regreso a Perú, Chávez fue despedido junto con su esposa, odontóloga del mismo hospital. Ni siquiera, cuando tiempo después llegó a ser congresista, logró que se sancionara a los responsables. Pasarían veinte años antes de que una denuncia fiscal señalara a los principales sospechosos del crimen. A veces la justicia parece un experimento clínico fallido: mientras más tarda su efecto menos alivio trae.
Más de 20 años después, esta historia sigue impune. En este momento el exmandatario Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, enfrentan una denuncia formal de parte del Ministerio Público por el caso de las esterilizaciones forzadas. A todos ellos se los acusa de ser autores mediatos de esta afectación contra más de 1.300 mujeres, que fueron esterilizadas, como parte de algo que ese régimen denominó “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”. El médico Alejandro Aguinaga es actualmente virtual congresista y médico personal del expresidente Fujimori. También es uno de los profesionales vacunados irregularmente con las dosis extras de Sinopharm en el caso Vacunagate.
VÍCTIMAS. De todas las mujeres a las que el Estado les ligó las trompas sin su consentimiento, 1.300 de ellas denunciaron a los funcionarios responsables.
A inicios de los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se elaboró un Plan Nacional de Población que señalaba a las mujeres de la sierra y la selva por tener una tasa de fecundidad dos veces mayor que las de Lima. El documento planteaba como meta reducir la tasa de fecundidad a 2% anual, lo que suponía bajar el promedio de nacimientos a 3.3 hijos por mujer hacia mediados de esa década.
En 2002, la subcomisión del Congreso que investigó el caso declaró probado que entre 1990 y 1999 el Gobierno aplicó la esterilización a 314.605 mujeres y 24.563 hombres, cientos de ellos fueron intervenidos sin su consentimiento informado.
CICATRICES DEL HORROR. Muchas de las mujeres que se atrevieron a denunciar al régimen de Fujimori viven en comunidades quechuas del Cusco como Ocobamba y Pampaconga, todas llevan consigo las cicatrices de esa barbarie.
Este fin de semana la candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori -hija de Alberto Fujimori, condenado por corrupción y por crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional- negó que se hayan cometido esterilizaciones forzadas durante el régimen autoritario de su padre, ignorando con ello las denuncias de cientos de mujeres, muchas de ellas campesinas que llevan la cicatriz de la intervención que les realizaron sin su consentimiento.
Las secuelas físicas de las esterilizaciones forzadas han causado sufrimiento por décadas a las víctimas. Muchas de las mujeres presentan intenso dolor en el vientre, pérdida de fuerza, dolores de cabeza o malestar general, además de secuelas psicológicas como la depresión.
De acuerdo a un informe del Congreso elaborado en esa época, las muertes de las mujeres que fueron sometidas a estas prácticas se produjeron en las siguientes regiones: Áncash (1), Huancavelica (2), La Libertad (2), Piura (3), San Martín (2), Ayacucho (1), Cajamarca (1), Ica (1), Loreto (1), Lima (3), Lambayeque (1).
DATOS. La Defensoría del Pueblo identificó que durante el programa que impulsó Fujimori se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías.
El proceso de investigación de las esterilizaciones forzadas lleva más de 20 años y tiene más de 1.200 casos pendientes de ser formalizados o archivados dentro del Ministerio Público.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías durante el gobierno de Alberto Fujimori en el marco de su programa.
DOCUMENTO. La fotógrafa Liz Tasa ha acompañado y recogido el testimonio de decenas de mujeres a las que se les ligó las trompas sin su consentimiento.
El caso más emblemático de las esterilizaciones forzadas impulsadas durante el régimen fujimorista fue el de Mamérita Mestanza Chávez, una mujer de 33 años que fue presionada desde 1996 hasta 1998 para que accediera a ligarse las trompas. No recibió ningún tipo de asistencia médica, ni antes ni después de la operación, y las secuelas de esta intervención ocasionaron su muerte. Su caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) en 2003.
Este caso ha sido archivado tres veces por la fiscalía, pero luego reabierto. Sin embargo, hasta el momento no se ha sentenciado a los responsables.
ESPERAN JUSTICIA. Muchas de las mujeres esterilizadas fueron campesinas quechuahablantes del Perú. Ellas llevan las cicatrices de las intervenciones que realizaron sin su consentimiento.
Keiko Fujimori ha sostenido en diversas presentaciones que indultará a su padre. Niega los cargos de la sentencia de 25 años establecida por el Poder Judicial y niega también los hechos documentados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como las denuncias de las mujeres víctimas de las esterilizaciones, y que en este momento forman parte de una investigación penal que incluye a Alejandro Aguinaga, miembro de su equipo en temas de salud y virtual congresista.
El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el 2016, registra más de 8.000 personas, entre mujeres y hombres, que señalan haber sido esterilizados sin su consentimiento.
FUENTE: Ojo Público
de: Resumenrebel <resumenrebel@gmail.com> a través de listas.nodo50.org
responder a: resumen@nodo50.org
fecha: 16 may 2021 23:14
lista de distribución: Boletín de Resumen Latinoamericano
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20 de mayo 2021
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