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PERÚ. TERRORISMO DE ESTADO
La
expresión es cabal: "terrorismo de Estado". Solo así se puede aludir a
lo que está ocurriendo en el Perú de hoy. Pero la historia tiene
funestos y trágicos antecedentes. Veamos:
Las primeras
muestras del terrorismo de Estado, se pierden en el tiempo, pero en el
siglo XX se pueden ubicar en el régimen fascista del Almirante Horty, en
la Hungría de 1920; y en 1923 en Bulgaria, gobernada por el general
Tzhankov. No obstante, el término se acuñó en la Italia de Mussolini. El
“Duce”, que asumió el Gobierno en octubre de 1922, presionando al rey
con “la marcha sobre Roma”, unió en su accionar los dos conceptos:
"terrorismo" y "Estado".
El
episodio que lo puso de relieve, tuvo lugar veinte meses más tarde. Fue
el asesinato del diputado Socialista Giacomo Mateotti, en junio 1924.
Este parlamentario, firme adversario del fascismo, pronunció en la
Cámara una apasionada requisitoria contra Mussolini. Cuando concluyó su
exposición, les dijo a quienes lo felicitaron: “Yo ya hice el discurso.
Ahora les toca a ustedes preparar mi funeral”. Estuvo en lo cierto. Diez
días después, fue secuestrado por un grupo de fascistas al mando de
Américo Dumine. Sus restos fueron encontrados dos años más tarde.
Cuando
se produjo el hecho, Mussolini negó tercamente el delito, aunque
finalmente lo admitió. Para sustentar su postura, siendo incapaz de
explicarla, recurrió a una frase inescrutable: “razones de Estado”.
Nunca
dijo lo que ella ocultaba, pero el hecho quedó confirmado. El Estado
había consumado una acción terrorista para librarse de una figura
popular que le era adversa. “Razones de Estado” impulsaron ese ominoso
asesinato. De ahí en adelante, todos los crímenes del régimen fascista
tuvieron esa oscura explicación: “Razones de Estado”. Fue el Estado
fascista italiano el que introdujo el concepto y lo ligó a una práctica
perversa: el terrorismo de Estado.
En
nuestra patria las cosas no son siempre nítidas, ni se dirigen a
alguien en particular. Se proyectan a la población. Por eso el Estado,
bajo la administración de Dina Boluarte y Alberto Otárola, no sólo
recibe agradecido y genuflexo el beneplácito de la Casa Blanca, sino que
prepara una acción fascista por todo lo alto. Ella se grafica en
algunas ideas básicas.
Como
las leyes vigentes no le resultan suficientes, ni aplicables, busca
interpretarlas. La agenda que entregara al Congreso, distorsiona el
sentido de las expresiones. Configura delitos que existen en los
códigos, pero les otorga una connotación destinada a intimidar al
pueblo.
Es
el caso de “la resistencia a la autoridad”, en una circunstancia en la
que practicar esa “resistencia” implica enfrentarse a la policía y
desacatarla. La “resistencia” se convertirá en delito cuando la
población haga frente a la “autoridad”.
Igual
sucede con “la perturbación del orden público”, que tiene múltiples
motivaciones; pero que, en el caso, apunta al pueblo que “perturba el
orden”: hace marchas callejeras, por ejemplo.
Lo
mismo sucede cuando se habla de la “injuria a los símbolos patrios”.
Colocar un crespón negro a la bandera, tipifica el delito. También,
cambiarle los colores, trocando las bandas rojas por negras en señal de
duelo. Eso, es “terrorismo agravado”.
A
esto se suma la Prensa: exaltando las “victoriosas acciones
policiales”. Ellas se procesan en el marco de una sola idea: La Guerra.
Estamos en guerra contra la delincuencia, el tráfico de drogas, el
contrabando y el terrorismo.
En
consecuencia, quienes caen dentro de ese universo, culpables o no,
serán considerados terroristas o criminales de guerra. Y sufrirán penas
no menores de 15 años. Sus adversarios le responderán en el mismo
terreno. “Estamos en guerra, y en guerra actuaremos”.
El
telón de fondo es el mismo, se busca preparar una banda terrorista
ligada al régimen: la Policía del Orden y la Seguridad. Por lo menos,
bautizo tuvo. Se pretende incorporar a ella a personas que, apenas con 6
meses de preparación, tendrán la posibilidad de usar armas, participar
en acciones o incluso detener personas. En otras palabras, otorgar al
lumpen del proletariado prerrogativas referidas a la libertad y a la
vida.
El sentido de
esta propuesta se complementa con otra: devolverle a la policía el
titularato de la acción penal. Esto implica convertir el Parte Policial,
en prueba.
Así
se gestó la Gestapo en los años de Hitler, y las SS también. Todo
indica que los primeros en sumarse a esta “policía de segunda”, han de
ser las bandas paramilitares creadas por la derecha a la sombra de “la
resistencia”. También, sin duda el Comando Rodrigo Franco y el Grupo
Colina.
Todos
los que hoy gozan de impunidad, la tendrán definitivamente consagrada
para antiguos y nuevos delitos. Por lo pronto, Martha Moyano planteó ya
una Ley que declara “acciones terroristas” las protestas contra Dina
Boluarte.
Y,
a propósito de delitos, ¿no se considera delito contratar venezolanos
pobres, para hacerlos desfilar como supuestos ashaninkas en la parada
militar del 29 de julio? ¿plagiar tesis, hablar de los Ponchos Rojos o
engañar aviesamente a quienes estén dispuestos a comulgar con ruedas de
molino?
Puestas en acción estas truhanerías, se podrá afirmar lo que es incontrovertible: estamos frente a un terrorismo de Estado.
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