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SANGRE DERRAMADA NO SE OLVIDA CON ELECCIONES
Carlos Angulo Rivas
Dentro de la grave crisis política peruana se ha llegado a un enfrentamiento irreductible, propio del Bicentenario de una República despótica, marginadora, clasista y racista. De un lado se quiere convalidar la defensa del Estado Mafioso consolidado por la dupla Fujimori-Montesinos y continuado por Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra y Sagasti, habiendo sido Pedro Castillo una piedra en el zapato; del otro lado insurge la mayoría de la población rechazando la Dictadura Cívico-Militar constituida a través del Golpe de Estado ejecutado por el Congreso el 7 de diciembre pasado, cuando de forma irregular e ILEGAL fue destituido el presidente Castillo. Este Golpe de Estado del Congreso fue avalado por la Fuerza Armada y Policial presente en el hemiciclo del poder legislativo; ahí los altos mandos de los Institutos Armados se convirtieron in-constitucionalmente en DELIBERANTES; por consiguiente, no existe un régimen constitucional vigente, menos aún cuando fue DESTITUIDO Y SECUESTRADO el presidente constitucional de de la república Pedro Castillo Terrones. Entonces, lo que existe en realidad es un gobierno de facto al margen de la LEY, una DICTADURA SANGRIENTA CÍVICO-MILITAR que pretende mantener intacto el Estado Mafioso a punta de balazos, represión brutal, abuso de autoridad, secuestros y asesinatos. Sin embargo, esta dictadura quiere darse a sí misma la categoría de gobierno constitucional habiendo violado el ordenamiento jurídico del país; y lo peor de todo es que sigue actuando de espaldas al multitudinario rechazo a una administración que ni siquiera ha podido iniciarse.
Como se observa, esta CRISIS POLÍTICA tiene raíces bastante profundas en el tiempo, por tanto no puede ser solucionada apelando a reconocimientos inválidos como el de Dina Boluarte y el Congreso, pues ambos no poseen la facultad de gobernar el Perú al estar al margen de la LEY dada su condición de USURPADORES del Poder Político a través de un Golpe de Estado. Resulta un despropósito que esta “autoridades” sin autoridad posible quieran eludir el problema de fondo con la promesa de Elecciones Generales inmediatas, urgentísimas ante el desborde social auto-convocado exigiendo una Nueva República dejando atrás 200 años de oprobio, enormes desigualdades y de pobreza extrema en un país beneficiado por la naturaleza y los recursos naturales que posee. La movilización social emprendida por el Perú profundo y los sectores marginados constituye una Insurgencia Ciudadana contra el Estado Mafioso de los presidentes, ministros, congresistas, jueces, fiscales, tribunos del TC, procuradores, empresarios corruptores, medios de comunicación colonizados, periodistas inmorales, políticos corruptos, funcionarios ladrones y narco-traficantes; o sea la gran MAFIA que nos gobierna. La sangre derramada por más de 62 muertos y más de 1200 heridos de bala hospitalizados, no tiene precio; es un estigma imborrable no negociable con los responsables de tan execrable, abominable atropello en la vida nacional.
Se vive una agudización de la lucha de clases que en el país permanecía subterránea, oculta por el solo hecho de no mencionarla. Se trata de una revolución democrática del pueblo cansado de los abusos desmedidos del poder político construido paulatinamente por el Estado Mafioso. Debemos pensar con claridad porque hay mucho por discutir entre la multitud auto-convocada para construir una Nueva República y un Nuevo Estado, pues la pacificación del país lejos de las fantasías de los Fuji-fascistas en el Congreso defendiendo el gobierno postizo de Dina Boluarte, atraviesa el ya violento enfrentamiento del NO DIÁLOGO con la Dictadura Sangrienta Cívico-Militar instalada en el gobierno. La enorme movilización social en el Perú lo sabe de memoria, más aún ahora luego de la criminal arremetida de la policía y los militares, ordenada por el binomio Boluarte-Otárola. La renuncia inminente de Dina Boluarte define en parte la crisis política, ya que su salida de Palacio de Gobierno obliga a la convocatoria inmediata de elecciones generales sin arreglos piratas en ese Congreso impresentable dominado por lo peor de la política nacional, es decir, los Fuji-fascistas, siendo ELLOS el problema no la solución del mismo. Por eso en paralelo la disolución del Congreso también es inminente. ¿Por qué se queda Dina a pesar de los 62 asesinatos cometidos en su nombre? Simple, primero porque le gusta el cargo usurpado y segundo porque los Fuji-fascistas la necesitan para acomodar las elecciones a su regalado gusto y sacar adelante una presidencia a su favor mediante un fraude electoral de por medio. La señora Boluarte en realidad no defiende NADA políticamente en el Perú, excepto a la corrupción, las mafias en el Estado y a los grupos de poder hambrientos del saqueo acostumbrado, con quienes piensa en sueños pecuniarios renegociar los contratos-ley con las empresas transnacionales de servicios y las extractivas de nuestros recursos naturales.
En la situación actual de llegar a una Nueva República y Nuevo Estado se requiere, con la finalidad de PACIFICAR el Perú, de un Pacto Social acatado por todos; en esa perspectiva las elecciones generales toman un nuevo cariz, no hacia un poder constituido sino hacia uno constituyente. En esta posición de revolución democrática no se puede evocar a la espuria constitución de 1993; pero sí de pleno derecho a la de 1979 que jurídicamente nunca perdió vigencia. El papel de gobierno a jugar, sin Dina Boluarte y sin Congreso, correspondería al Poder Judicial y a los Gobernadores Regionales, estos últimos con mucha más vigencia LEGAL y CONSTITUCIONAL por haber sido elegidos recientemente POR EL VOTO POPULAR a fines del año pasado; serían ellos los únicos interlocutores válidos para dialogar con los pobladores INSURGENTES A NIVEL NACIONAL.
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