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Construcción de Perú Integral
Perú. La lucha de clases del capital
y sus representantes de la derecha en el Congreso
Jan Lust
20/10/2021
Los ataques a Castillo y su gobierno perdurarán, aun cuando implemente cambios que busquen un consenso con los representantes del empresariado en el Congreso. La inestabilidad política y económica puede socavar o acabar con la agenda progresista prometida.
Se puede argumentar que la victoria electoral de la izquierda en las últimas elecciones presidenciales no fue una sorpresa. Algo de historia. Las elecciones de 2011 fueron ganadas por el candidato nacionalista Ollanta Humala (julio de 2011-julio de 2016). Respaldado por la izquierda, venció a Keiko Fujimori. En las elecciones de 2016, la izquierda llegó a cerca del 20% de votación sin ninguna inserción organizativa política real, en forma masiva, en la población, por ejemplo, a través de múltiples comités de sus organizaciones en los distritos populares. Es la victoria electoral de un líder sindical, apoyado por partido de orientación marxista que apunta a crear un país socialista, el que sorprendió a muchos líderes de opinión.
Desde la década de 1990, partidos políticos de derecha y organizaciones populares que luego se volvieron a la derecha -como el partido nacionalista de Humala en 2011- han gobernado el Perú. De ahí que, a primera vista, parezca muy extraño que el empresariado haya permitido que la izquierda marxista gane las últimas elecciones; en tal sentido, un fraude electoral sofisticado podría haber pasado desapercibido. Además, cabe mencionar que cuando resultó que Castillo competiría con Fujimori en la segunda vuelta electoral, la derecha en pleno puso en práctica un feroz y continuo ataque a lo que simbolizara Castillo. Sin embargo, cuando miramos un poco más a fondo, es posible entender por qué la derecha aceptó la victoria electoral de la izquierda, incluso de la izquierda marxista.
El progreso electoral de la izquierda marxista es principalmente el resultado de su éxito en captar el voto de las masas insatisfechas con el actual modelo de desarrollo extractivo neoliberal. El hecho de que las personas que viven en los barrios pobres y populares representen la principal población afectada por el coronavirus, ha sido el detonante para que la misma haya dado su espalda a las propuestas de la derecha, por primera vez desde la década de 1990. El Covid-19 ha demostrado no ser un virus democrático, aunque todos los seres humanos pueden infectarse, algunos seres humanos tienen más posibilidades de infectarse que otros. El Covid-19 es un virus de clase.
El reducido papel del Estado en la economía y la preferencia por el mercado al momento de procurar soluciones a los problemas sociales o un sistema de salud -que por una parte se basa en el mecanismo privado y por otra parte es público-, es en gran parte la situación responsable del colapso de la atención médica pública en la era del coronavirus. La permanente escasez de unidades de cuidados intensivos y camas en los centros de salud públicos determinó que muchas personas infectadas se quedaron en sillas de ruedas fuera de los edificios del hospital o en tiendas de campaña en los estacionamientos del hospital o se vieran obligadas a quedarse en casa con balones de oxígeno medicinal a su costado.
La incapacidad del Estado y las promesas incumplidas de cuidado a sus ciudadanos parecen haber contribuido a la decisión electoral de la población de proyectar sus esperanzas en una transformación radical del Estado, la economía y, tal vez, de la sociedad.
La fuerza de la derecha
Las razones para que la derecha acepte una victoria de la izquierda están principalmente relacionadas con su capacidad para controlar el Gobierno. En primer lugar, controla el Congreso y, desde allí, puede impedir cualquier ley que genere cambios en las prácticas políticas y económicas actuales. En segundo lugar, el monopolio del capital sobre los medios de comunicación facilita la manipulación y movilización de la población, quien acaban actuando inconscientemente en contra de sus propios intereses económicos y sociales. En tercer lugar, el poder económico de la derecha puede utilizarse para sabotear las posibilidades de progreso económico, especialmente a través de la fuga de capitales. El aumento del valor del dólar, ya directamente después de la elección de Castillo como nuevo presidente del Perú, no solo se debe a circunstancias internacionales, sino también a la especulación y el temor del capital a una revisión de los tratados de libre comercio y una nueva constitución, junto con el alza de impuestos para el capital minero y la renegociación del contrato Camisea. En cuarto lugar, treinta años de políticas económicas neoliberales han creado una burocracia profesional en los aparatos estatales que no solo responde a los intereses de la derecha, sino que también abraza el pragmatismo de la ideología neoliberal. Finalmente, en quinto lugar, aunque la izquierda haya ganado las elecciones, su situación es débil puesto que no logró conquistar la consciencia de la población. La victoria política de la izquierda no va acompañada de una victoria social. Frente a treinta años de manipulación y dominación neoliberal que no se pueden eliminar solo con una victoria electoral, la izquierda debe desarrollar las bases sociales conscientes para una transformación real y revolucionaria de la sociedad, donde la fuerza laboral y la naturaleza ya no sean mercancías.
La fuerza de la derecha se hace sentir claramente con la caída del Nuevo Sol y el aumento de la inflación. Estos problemas económicos son principalmente el producto de la inestabilidad política. Se debe subrayar que de acuerdo con los actuales fundamentos económicos del país, en un entorno políticamente estable habría estabilidad monetaria. La inestabilidad política es causada por la derecha mayoritaria en el Congreso, dada su capacidad para presionar al gabinete. El poder de fijación de precios por parte de las empresas es una práctica útil para crear inflación como una medida desestabilizadora para alienar y enfurecer a las clases trabajadoras que deben gastar sus ingresos de inmediato y no pueden especular moviéndose a dólares estadounidenses y luego nuevamente a nuevos soles (devaluados) a medida que pasa el tiempo.
La derecha parece haber decidido aislar al presidente del partido gobernante y convertirlo en su títere. Están logrando deshacerse de los ministros claramente de izquierda. La primera víctima de su ofensiva fue el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, exguerrillero e intelectual de izquierda, que se atrevió a iniciar un proceso de ajuste en la política de relaciones internacionales que desembocara en una política exterior independiente, es decir, sin injerencia norteamericana. La segunda y la tercera víctima fueron el ministro de Trabajo Íber Maraví y el premier Guido Bellido. El ministro Maraví estaba encargado de ejecutar la decisión de eliminar el Decreto Supremo (DS) referido a la suspensión perfecta de labores y los trabajadores CAS. Definitivamente, la eliminación del mencionado DS y el CAS no es de agrado de todo aquellos que viven del trabajo ajeno. El premier Bellido fue la cara visible del partido gobernante Perú Libre y un claro defensor de los principios socialistas. Su renuncia resolvió la incomodidad del empresariado y reorienta, en parte, esta cartera hacia sus intereses.
Mantener una situación de inestabilidad política ayuda a mantener el Nuevo Sol bajo y contribuye a subir la inflación. De esta manera, la derecha espera enfurecer a las masas en los barrios populares de las urbes y en los baluartes rurales de Castillo y del Perú Libre en el interior del país. Una representación mayoritaria en el Congreso, junto con una mayoría manipulada en las calles, abre la posibilidad de una vacancia de Castillo, socialmente aceptada y respaldada por las masas inconscientes.
El Estado del capital
Hay al menos dos razones por las que será muy difícil, para el gobierno de Castillo y Perú Libre, cambiar el actual modelo de desarrollo neoliberal. Estas son también precisamente las mismas que utilizan las principales empresas del país y sus representantes en el Congreso para defender el modelo y que dan el carácter específico a la lucha de clases organizada por el capital.
La primera razón tiene que ver con el supuesto éxito económico del modelo en los últimos quince años. Sin embargo, no es precisamente el modelo basado en la exportación de los recursos naturales del país y las inversiones en, principalmente, el sector minero, el que ha provocado el crecimiento económico. Es la demanda de China (crecimiento de las exportaciones de materias primas) y también el aumento de los precios de estas materias primas, aspecto objetivo que provocó la “fortaleza” actual de la economía.
La posibilidad de obtener superbeneficios en el sector minero es el principal motivo de la ferocidad de la lucha de clases desde arriba, desde el legislativo, desde la prensa comprada por el capital, desde las principales empresas del Perú. El inminente fin de lo que se llama el pacto de estabilidad fiscal que impidió los cambios fiscales gubernamentales, significaría el fin de la bonanza que las empresas, especialmente las compañías mineras, han saboreado durante mucho tiempo.
Los economistas convencionales afirman que el actual modelo de desarrollo es clave para el crecimiento económico y el desarrollo social. Sin embargo, el modelo es esencial para la continuidad del clientelismo: políticas que extraen recursos fiscales del crecimiento económico para financiar programas que intentan aliviar la pobreza en vez de eliminar las causas de la pobreza. Al conectar un posible aumento de la pobreza con un cambio de modelo económico e incluso alegando que el gobierno pretende instalar un modelo de desarrollo estatal, similar al modelo económico de Venezuela, el capital está logrando la movilización de los pobres y explotados contra el Gobierno de Castillo.
La segunda razón tiene que ver con los planes del Gobierno, en torno al incremento de presencia e influencia de los aparatos estatales en la economía. Una revisión de la estructura económica del país muestra que alrededor del 95% de todas las empresas son microempresas, carecen de capital para invertir en tecnología y capacitación laboral. Estas empresas están sujetas a la competencia de precios, con nulas o bajas ganancias.
Se requiere un cambio de la estructura empresarial del Perú (reducción de microempresas y aumento de medianas y grandes empresas) para iniciar modificaciones fundamentales en la matriz productiva que contribuya al desarrollo de procesos productivos con mayores niveles de valor agregado. Solo el Estado puede liderar procesos que concreten el cambio de la estructura productiva a favor de un aumento de la independencia económica.
En el caso de la masa de microempresas, por ejemplo, el Estado podría ayudar a estas empresas a reorganizarse en cooperativas productivas y distributivas. La estructura cooperativa puede permitir inversiones de un tamaño considerable si son compartidas por varias microempresas. El Gobierno también está posicionado para proporcionar las condiciones infraestructurales que permitan a estas microempresas cooperar de manera efectiva en lugares definidos.
Un aumento de la influencia del Estado en la economía será difícil de lograr. Al utilizar el argumento de la corrupción y la ineficiencia inherente al Estado, y al mismo tiempo señalar los desastres económicos y financieros de las políticas económicas estatales en la década de 1980, el empresariado ha logrado limitar la presencia del Estado en la economía. Y sigue usando los mismos argumentos. Actualmente no existe una base política popular que permita un aumento de la presencia del Estado en la economía. La expansión masiva de la ideología del emprendimiento hace difícil crear la base política para un incremento de la participación del Estado en los asuntos económicos.
Aparte de la lucha ideológica de clases, organizada por el capital para impedir un aumento de la influencia de los aparatos estatales en la economía, también hay que señalar la condición de dependencia del Estado peruano al capital mundial. El origen histórico de las características dependientes del estado capitalista en la periferia del capitalismo mundial y los objetivos del estado capitalista dependiente de proporcionar los recursos y la mano de obra que necesitan las naciones industriales avanzadas o el Norte Global, además de ser un mercado para sus mercancías, no solo explica el contenido de clase, política y económica, de las políticas desarrolladas por la alta burocracia estatal dentro del estado dependiente, sino también la composición social de esta burocracia. La élite económica y social forma la alta burocracia. Defiende sus intereses económicos nacionales e internacionales, y es el garante político, ideológico y social que mantiene la continuidad y reproducción del sistema.
Es esta alta burocracia estatal, principalmente extraída de las familias que forman parte de la clase dominante, que hoy maneja los aparatos estatales del país. Es improbable que el actual gobierno pueda remover a estos engranajes tecnócratas de la institucionalidad estatal. El funcionamiento y estabilidad del aparato se encuentra determinado por la pericia técnica de esta burocracia que, en términos generales, ha internalizado posiciones y aspiraciones ideológicas y políticas similares a las de los grupos de capital dominantes del país, para quienes históricamente trabaja. Reemplazarlos con cuadros técnicos ideologizados y con valores de izquierda es una alternativa estratégica que debe ocurrir de manera escalada y concretarse en el mediano plazo. Sin embargo, esta tarea supone un gran esfuerzo de organicidad partidaria y en consideración de los frentes de lucha política actuales, aparece como una tarea necesaria y a la vez compleja.
La lucha de clases desde arriba y la izquierda
La aceleración de la lucha de clases desde arriba es la consecuencia lógica de la elección de Pedro Castillo. El hecho de que la población esté sufriendo la inflación por el aumento del valor del dólar y la especulación, permite a la derecha política y al capital mantener su poder político y económico.
Es la misma lucha de clases organizada por los dueños de los medios de producción y su representación en el legislativo y la burocracia estatal que ha hecho, hasta ahora, que el Gobierno de Castillo no ha implementado las políticas y procesos que deberían llevar a cambios transformacionales en la economía peruana. También es esta misma lucha de clases desde arriba que ha resultado en cambios en la composición del gabinete, en contra de un proceso de cambios transformacionales.
Es la debilidad organizativa de la izquierda revolucionaria o socialista, expresada en la carencia de bases políticas y sociales, y de cuadros revolucionarios de alto nivel intelectual, que nos ha llevado a tener como ministro de Economía y Finanzas y como presidente del Banco Central de Reserva del Perú, a dos personajes que no están de acuerdo con políticas de cambio que lleven al mismo pueblo a determinar su propio destino. Mientras el primero trata de desarrollar políticas económicas que busquen humanizar el capitalismo peruano (y eso es, definitivamente un gran avance, un gran logro, si el empresariado le deja hacerlo), el segundo es un convencido de la validez del modelo neoliberal.
Suponemos que los ataques a Castillo y su gobierno perdurarán, aun cuando implemente cambios que trata de buscar un consenso con los representantes del empresariado en el congreso. La inestabilidad política y económica puede socavar o acabar con la agenda progresista prometida. Para que el resultado de las elecciones presidenciales de 2021 implique un punto de inflexión estructural en la correlación de las fuerzas de clase en Perú, el partido de gobierno y sus aliados deben iniciar el contraataque.
En primer lugar, eso significa organizar las bases políticas y sociales del cambio transformacional económico. Se debe explicar en todos los rincones de la nación las propuestas de cambio y organizar los comités a favor de este cambio. No es suficiente recoger firmas para una asamblea constituyente. Se debe llevar la politización y la consciencia de cambio histórico a los barrios populares en las ciudades y al campo. En segundo lugar, se necesita convocar a los profesionales de la izquierda revolucionaria para que apoyen, en términos concretos, el proceso que, al inicio del Gobierno en julio de 2021, se quiso llevar a cabo. En tercer lugar, se debe organizar amplios procesos informativos al pueblo peruano. Es decir, se debe asegurar que la prensa popular, escrita, televisiva y digital, llega a la población con contrainformación reflexiva, didácticamente orientada a generar una cultura crítica. Finalmente, en cuarto lugar, se debe internacionalizar la lucha de clases del pueblo peruano. Esto es tender hilos de intercambio de experiencias y cuadros con los procesos progresistas en el continente y el mundo entero. La lucha de clases en Perú es también la lucha de clases de los trabajadores campesinos, urbanos, indígenas, informales, mujeres, ancianos y toda la población explotada y oprimida por el capital en todo el mundo.
La lucha de clases desde arriba es una política natural (y permanente) del capital y sus representantes en el congreso. No debemos sorprendernos, tampoco quejarnos, menos desfallecer ante los reveses de esta lucha. Lo que debemos hacer es iniciar un proceso que haga que las ideas y propuestas de la derecha empresarial ya no encajen en el mundo popular.
https://www.alainet.org/es/articulo/214142
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de: América Latina en movimiento <alai-amlatina@alai.info> a través de alainet.org
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fecha: 20 oct 2021 10:10
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21 de octubre 2021
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