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Nuestra América Nativa. Ecuador
ESTADO-DE-NEGOCIOS EN AMÉRICA LATINA
Juan J. Paz y Miño Cepeda
Análisis
09/09/2019
En los estudios históricos y sociológicos sobre América Latina
existe una amplia coincidencia en identificar como Estado oligárquico,
al que se levantó en la región durante el siglo XIX y particularmente
desde 1880 hasta mediados del siglo XX. Le caracterizó,
como base, la existencia de los latifundios, bien como plantaciones,
haciendas y estancias.
En ellas, esclavos, peones, sembradores, campesinos no
asalariados, o semi-asalariados e indígenas sujetos a variadas formas de
servidumbre, constituyeron la fuente social de la explotación que
enriqueció a reducidas elites de familias terratenientes,
marcando así la longevidad de las desigualdades latinoamericanas.
Aunque la oligarquía puede ser identificada en ese reducido grupo de
familias terratenientes, íntimamente aliadas con elites de comerciantes y
banqueros (que fueron los núcleos de una incipiente
“burguesía”), el Estado oligárquico fue la forma en que se ejerció la
dominación social de estas clases.
Se caracterizó por la exclusión de las mayorías nacionales de la
“democracia” formalmente consagrada a través de las Constituciones
republicanas (democracia censitaria); por la coerción y el uso de la
fuerza para reprimir y mantener subordinadas a las
clases trabajadoras; por la reproducción de los grupos dominantes a
través de las alianzas familiares, los clubes de notables llamados
“partidos”, el caciquismo, el clientelismo, el caudillismo y las
dictaduras.
En los regímenes oligárquicos las actividades económicas privadas
constituyeron un poder real, por el control del principal factor de la
producción (tierras) y el directo manejo de las condiciones del trabajo:
esclavitud, servidumbre, salarios y jornadas.
Ese poder se pareció, en mucho, al de los señores feudales europeos e
incluso hubo pensadores latinoamericanos que calificaron como “feudal”
el modo de producción vigente en América Latina durante la época
oligárquica.
No existió mala fe en esa caracterización, pero sin duda era
errónea, porque las formas de la dominación económica en la región
tuvieron su propia especificidad y, además, el Estado oligárquico abolió
el monarquismo (en México y en Brasil el Imperio
no logró mantenerse), proclamó la república presidencialista y la
tripartición de funciones estatales. En una serie de interesantes
artículos del historiador británico Eric Hobsbawm (1917-2012)
recientemente publicados en español en el libro “¡Viva la Revolución!”
(2018), no se duda en calificar como “medieval” a una gran parte de la
América Latina rural, anterior a la década de 1960.
La institucionalidad política, tomada de Europa y los EE.UU., no
funcionó como los teóricos del Estado burgués lo pensaron, sino que tuvo
que ser funcional al sistema económico privado, rentista, atrasado y
explotador.
Basados en el control económico particular y la sujeción de la
fuerza de trabajo, los poderes privados pretenden preservar a largo
plazo, en América Latina, su espacio de reproducción y dominio
coercitivo.
Con la existencia de poderes locales, directos, oligárquicos, el
Estado no intervino en la economía, protegió la propiedad latifundista,
era una extensión del espacio privado. Por eso, las formas de trabajo al
interior de los latifundios persistieron
largamente, ya que la esclavitud fue abolida desde mediados del siglo
XIX y las formas de servidumbre tan tarde como en la década de 1960,
cuando se impusieron reformas agrarias desarrollistas como en Ecuador
(1964).
De aquella época oligárquica hasta el presente, sin duda América
Latina se transformó. El proceso de consolidación capitalista se aceleró
en toda la región durante la segunda mitad del siglo XX y aún así
todavía hay países en los cuales la industria
es incipiente. Continúa el predominio de la economía primario
exportadora y el contraste entre el campo “atrasado” y las ciudades
“modernas”.
Hay diferencias innegables entre los “gigantes” Argentina,
Brasil, Chile o México, frente a países medianos como Colombia o Perú, y
un vasto conjunto del resto de países sin el desarrollo capitalista que
a veces se supone.
En el proceso de afirmación capitalista, los populismos clásicos,
que despegaron desde la década de 1920, como el julianismo en Ecuador
(1925), el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil o el
cardenismo en México, cumplieron el propósito histórico
de iniciar la larga marcha de superación de los regímenes oligárquicos.
Los desarrollismos de las décadas de 1960 y 1970 completaron ese
objetivo, que requirió de la activa intervención del Estado, la
planificación económica, la promoción estatal del empresariado
y hasta el ingreso del capital extranjero, que cumplía la estrategia de
avanzada de los EE.UU. en pleno auge de la guerra fría latinoamericana,
particularmente orientado contra Cuba.
En esa dialéctica, los poderes privados tradicionales perdieron
los espacios del control estatal. Los modernos empresarios resultaron la
avanzada de las economías capitalistas. Pero conservaron el carácter
rentista de las viejas oligarquías latifundistas
y comercial-bancarias, de las cuales nacieron o a las que se vincularon
fusionando intereses, en la medida en que los latifundios igualmente
tuvieron que introducir relaciones asalariadas, que dejaron atrás las
formas precarias del trabajo agrícola.
Así se conformaron las modernas burguesías latinoamericanas,
siempre resistentes al Estado interventor y reacias a admitir cambios
sociales orientados a crear sociedades más equitativas, que contemplen
la redistribución de la riqueza y afiancen el bienestar
colectivo. Profundamente clasistas, esas burguesías han obrado como las
oligarquías tradicionales: poder, propiedad y riqueza deben ser
garantizados por el Estado, ante un conjunto social de trabajadores,
desempleados subempleados y pobladores, en general,
que son vistos como una parte nacional automarginada, incapaz de altos
emprendimientos, que sobrevive gracias a la inversión empresarial, a los
programas y servicios estatales o a las actividades personales y
familiares de la “informalidad”, cuando no llega
incluso a lucir despreciable y hasta “peligrosa”.
En Guayaquil, durante la época oligárquica, la elite local
consideraba a los pobladores de la ciudad como una “horda peligrosa”,
según un estudio de la historiadora Camila Townsend.
Sustentado en poderes privados de unas elites a las que puede
identificarse como burguesías-oligárquicas, el modelo de economía
abierta (capitalismo puro) con Estado-De-Negocios echa por tierra los
logros del progresismo. Las experiencias actuales de
Argentina, Brasil o Ecuador, así lo demuestran.
La ideología neoliberal, que se instaló en América Latina durante
las décadas de 1980 y, sobre todo 1990, alimentó la visión rentista del
empresariado. El ciclo de los gobiernos progresistas no logró
superarla. De modo que renace con el nuevo ciclo conservador
que vive la región (exceptuando a Bolivia, Cuba, México, Nicaragua,
Uruguay y Venezuela, que no siguen la senda neoliberal).
En la renovada visión económica actual, el empresariado
latinoamericano clama por el retiro del Estado, la privatización de
bienes y servicios públicos, la disminución o supresión de impuestos y
la flexibilización laboral. Son los ejes de su concepción
del mundo, bajo la creencia de que el mercado “libre” es la garantía de
la competitividad, las inversiones y la prosperidad; y que, desde
luego, la empresa privada es la fuente natural para la generación de
empleo, crecimiento, riqueza, bienestar y futuro,
algo que históricamente resulta una falacia.
Del Estado oligárquico originario, América Latina ha girado al
Estado-De-Negocios. Los gobiernos progresistas pusieron las bases para
un Estado social, cuyo resultado más exitoso está en Bolivia. Pero el
conservadorismo contemporáneo ha impedido la continuidad
del modelo de economía social, allí donde triunfaron o se mantienen
gobiernos identificados con las derechas políticas y económicas.
En términos globales, América Latina vive un momento histórico
similar al de la época oligárquica. En la actualidad, los poderes
privados, basados en el control económico particular y la sujeción de la
fuerza de trabajo asalariada, pretenden preservar
su espacio de reproducción en el largo plazo, sin que el Estado
intervenga para regularlo a favor del conjunto más amplio de la
población. Han impuesto un dominio coercitivo, favorecido con la
hegemonía de medios privados de comunicación que blindan las nuevas
institucionalidades conservadoras. Y tienen el apoyo imperialista.
De modo que, en la perspectiva inmediata, el modelo de economía
abierta (capitalismo puro) con Estado-De-Negocios, está sustentado en
poderes privados de unas elites a las que bien puede identificarse como
burguesías-oligárquicas. En sus manos desaparecen
los logros sociales del progresismo y se afirman las diferencias
preexistentes, la inequidad se ahonda, crecen pobreza, desempleo,
subempleo, y se reconcentra la riqueza. Las experiencias actuales de
Argentina, Brasil o Ecuador, así lo demuestran.
Juan J. Paz y Miño Cepeda
Historiador y analista ecuatoriano.
Artículo original en Firmas Selectas de Prensa Latina
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