jueves, 19 de septiembre de 2019

Nuestra América Nativa. Puerto Rico (3-3) PUERTO RICO ENAJENACIÓN COLONIAL Y LIBERACIÓN

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Nuestra América Nativa. Puerto Rico (3-3)
 
PUERTO RICO
 
ENAJENACIÓN COLONIAL Y LIBERACIÓN
 
Nils Castro
13/09/2019
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         Incluso en EEUU puede esclarecer
         Hasta mediados de 2019 este modo de ver pudo tacharse de iluso, dando por sentada la tradicional obtusidad del establishment estadunidense. No obstante, la publicación de otro enfoque del tema por Foreign Affairs, la influyente revista del Consejo de Relaciones Exteriores ha hecho ver, desde Washington DC, qué tanto pueden evolucionar las preocupaciones (y propuestas) sobre la crisis colonial puertorriqueña y sus consecuencias, desde el punto de vista de los intereses norteamericanos.
         Los redactores de ese estudio, titulado “America’s Forgotten Colony: Puerto Rico’s Crisis”, son Antonio Weiss y Brad Setzer, investigadores de Harvard y del propio Consejo de Relaciones Exteriores, a quienes puede considerarse intelectuales orgánicos del “gobierno permanente” de Estados Unidos25. La formulación de su texto apunta a destrabar y promover el debate sobre el status de Puerto Rico para legitimar y abrirle campo a la alternativa de la descolonización.
         Los autores empiezan por recordar que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos sino un territorio “no‑incorporado”, pues desde que la Isla fue tomada a España su soberanía se transfirió al Congreso. Es este, bajo el Artículo 4 de la Constitución norteamericana, quien tiene poder plenario sobre todos los “territorios u otras propiedades pertenecientes a los Estados Unidos”. Aunque en 1917 una ley del Congreso otorgó la ciudadanía estadunidense a los puertorriqueños, en 1947 el mismo Congreso emitió una ley que les permitió elegir a su propio gobernador, y en 1952 le aprobó una Constitución local que oficialmente designó a Puerto Rico como un Commonwelth en inglés (o Estado Libre Asociado ‑‑ELA‑‑ en español), la mencionada “cláusula de territorialidad” sigue definiendo el status del país. Uno que, al decir de Weiss y Setzer, establece la relación colonial que Estados Unidos tiene con esa posesión y “el dañino purgatorio que representa el actual status de la Isla”.
         Reconocen, además, que la cuestión del status asimismo define la propia política puertorriqueña, y que los dos principales partidos de la Isla se definen por apoyar la continuidad del ELA o preferir la estadidad26. En el país se han celebrado cinco referendos no vinculantes sobre el su status político: los dos primeros (en 1967 y 1993) indicaron una preferencia por el régimen del ELA, pero en 1998, en el tercero, más de la mitad de los votantes marcó una preferencia por la opción “ninguno de los anteriores”. Unos años después ‑‑observan los autores‑‑, la tendencia parecía favorecer a la estadidad, pero en 2017 un gobierno estadista convocó a un referendo que ganaría ampliamente, pero que fue boicoteado tanto por los independentistas como por los partidarios del ELA, con lo cual concurrió apenas un 23 por ciento de los electores (con el agravante de que dos años después ese gobierno estadista fue defenestrado por multitudinarias manifestaciones ciudadanas bajo acusaciones de corrupción).27
         Luego de realizar un meticuloso examen histórico del caso puertorriqueño, el ensayo de Weiss y Setzer analiza las limitaciones estructurales, económicas, jurídicas y políticas del colonialismo estadunidense en Puerto Rico, estudiándolos como factores causales tanto de la persistencia del subdesarrollo como de la bancarrota del país. Y al examinar las alternativas usualmente planteadas, descarta o admite las respectivas opciones según su capacidad para satisfacer los necesarios objetivos. Si bien hace años algunos intelectuales y dirigentes puertorriqueños habían expuesto tesis similares, en este caso lo notable es que el análisis y las propuestas vienen del interior del establishment washingtoniano.
         Los autores empiezan por examinar la expectativa que generalmente se consideraba preferida por los votantes, la de mejorar el Estado Libre Asociado (ELA) y su aprovechamiento, liberándolo de las restricciones derivadas de la cláusula territorial. Pero al repasar la cadena de requerimientos demandados por la enmienda constitucional que eso exigiría, que requiere contar con el respaldo de dos tercios del Congreso y de tres cuartos de las legislaturas de todos los estados de la Unión, ambos autores concluyen que ello sería un empeño imposible.
         Enseguida, ellos auscultan la opción de la estadidad. Aparte de valorar los enormes obstáculos políticos y socioculturales que sería indispensable superar dentro de Estados Unidos, agregan que, incluso consiguiéndolo, acto seguido el efecto empobrecedor de los impuestos federales sería insoportable. Lo que también obliga a descartar esa alternativa.
         Finalmente, al examinar la opción de la independencia, reconocen que ella actualmente es la que cuenta con menor apoyo plebiscitario, pero asimismo sostienen que es la que puede dotar a Puerto Rico de los instrumentos necesarios para poder darse un futuro económico sustentable. Lo que, sin embargo, agregan, requiere negociar una transición económica, así como un conjunto de previsiones sobre la ciudadanía y otros asuntos.
         Esto es, que mientras un ELA no territorial o la estadidad representan ficciones políticas irrealizables ‑‑por mucho que obtengan mayores apoyos plebiscitarios‑‑, ya que en la práctica solo la independencia haría posible dotar a Puerto Rico de los instrumentos indispensables para desarrollar un camino económico viable. Al fin y al cabo, como plantea el estudio, “el status es una cuestión de ideología e identidad” y, como observa Fernando Martín, la formación de mayorías y minorías es asunto de tiempos y circunstancias, y de las opciones que pueden percibirse como factibles en las condiciones disponibles.28
         Y nada como las circunstancias de la presente bancarrota económica, del descrédito del sistema político existente y de la indignación sociocultural ante las miserias morales, políticas y materiales de la reconstrucción del país, como sobrados motivos para rediscutir las ya dudosas preferencias ciudadanas legadas por el ELA.
         Y ahora ¿qué?
         Menos de dos meses después de publicarse “America’s Forgotten Colony: Puerto Rico’s Crisis”, en la Isla empezó la crisis iniciada por el destape de la cloaca de chats que el gobernador Roselló intercambiaba con sus principales colaboradores. Doce días de bravas y masivas movilizaciones ciudadanas forzaron la renuncia del mandatario, maliciosamente maquinada, sin embargo, para manipular la sucesión y retener el gobierno en manos del mismo grupo político, una fracción del anexionista Partido Nuevo Progresista, sombra del Partido Republicano estadunidense.
         Eso fue un suceso inaudito en un país donde, desde la instauración del ELA, las protestas públicas eran escasas en número y afluencia. Como lo reseñó el New York Times, a simple vista los manifestantes protestaban ante los arrogantes y groseros chats del gobernador y sus colaboradores íntimos, y el arresto por el FBI de varios políticos de alto nivel, acusados de corrupción. “Pero las demostraciones […] eran más bien un rechazo a décadas de escándalos y malos manejos que involucran a líderes adinerados y desconectados que una y otra vez se han beneficiado a costa del sufrimiento de los puertorriqueños”.29
         Tanto más luego de la multidimensional e inacabada tragedia que siguió al huracán María, más la reveladora insensibilidad de Washington y la incapacidad del gobierno de San Juan para atender sus consecuencias. Cuestionado, el presidente Trump, sin pensarlo dos veces desvió toda crítica hacia los líderes de la Isla, a quienes culpó de incompetentes y corruptos, negándoles así cualquier amparo político a los más obsecuentes aliados del Partido Republicano.
         Enseguida de María, nadie salió a protestar; todos estaban demasiado atareados en sobrevivir: el pueblo en su desamparo y los políticos en sus cargos. Pero, como el mismo reportaje del Times añadió, tras la detención de varios funcionarios corruptos y el escándalo del chat de la cúpula gobernante, toda esa acumulación de agravios detonó una explosión de inconformidades: “este ha sido un proceso traumático”, dijo una profesora entrevistada; tras “muchos años de soportar y aguantar”, al fin “todo ese trauma ha salido, todo ese dolor”.
         Ese escándalo expansivo acopló súbita e inesperadamente a diversos sectores de la sociedad puertorriqueña, para expresar “una honda insatisfacción con el modo en que la Isla es gobernada”.
         La cadena de manifestaciones, autoconvocadas a través de las redes digitales y abanderadas por varios artistas muy populares, pronto fue fortalecida por la insólita participación de una multitud de puertorriqueños de las barriadas y caseríos pobres. Marginales y anónimos en la contabilidad de los partidos políticos y de la clase media educada, y carentes de sus propios medios de expresión cívica, en esta coyuntura encontraron amplia oportunidad de participación.
         No obstante, ese alud ciudadano carecía de un proyecto y un liderazgo que les diera un propósito de mayor alcance ‑‑sin limitarse a echar del gobierno al cabecilla de esa camada de retoños del sistema, engreídos desconocedores del país real‑‑ y movilizarse por objetivos soberanos más sustantivos y, por lo tanto, más democráticos y duraderos.
         Sin duda, se obtuvo un triunfo de gran valor simbólico y, por el momento, demostrativo del poder de la movilización ciudadana. Sin embargo, esta al cabo de poco tiempo se dispersó, sin haber cumplido mayores posibilidades. La falta de esa propuesta inmediata de mayores trasformaciones viables, a su vez, le dio tiempo y oportunidad a la vieja casta política para apelar a sus añejos ardides mediáticos y legales para controlar la sucesión, al menos al corto y mediano plazos. Las reglas del poder quedaron en las manos de siempre.
         Para explicarlo es preciso comprender que, en las calles, junto a la gran masa de puertorriqueños indignados que anhelaban una reforma moral y cívica, también desempeñó su rol la cultura colonial. Nutrido del complejo de inferioridad y su consiguiente cortedad de horizontes, el “sentido común” que esa cultura cultiva y recicla, aún siguió resignando a gran parte de los ciudadanos a creer que, tras el acierto de expulsar a un gobernador incompetente, lo más oportuno y “realista” es remplazarlo por otro mejor aceptado en Washington y tanto más idóneo para limosnear en Estados Unidos otras “ayudas” para la Isla.
         En pocas palabras, hace falta que las movilizaciones sociales alcancen a generar estructuras incluyentes y duraderas, que aseguren la continuidad de sus luchas ‑‑culturales, ideológicas y políticas‑‑. Y, con esto, a proponer y conquistar cambios estructurales en el tejido y en las instituciones sociales, para que el entusiasmo y energía de los grandes acontecimientos no se diluya, ni le permita a la élite local y al régimen colonial reiterar su viejo juego de recuperación de la “normalidad” colonial, en este caso nombrando nuevo gobernador a una persona o electa.
         La crítica a las incompetencias y corrupciones, si bien cumple la necesaria función de revelar las realidades que hay tras los mitos y el conformismo, no basta. Mientras no se construyan organizaciones y acontecimientos que cuestionen esa “normalidad” y produzcan nuevos avances del proceso, la sola denuncia incluso puede servirle al sistema imperante. Porque la incompetencia y la inmoralidad del sistema también da pretextos al régimen para justifica nuevas intervenciones, alegando que acude a remediar incompetencias y corruptelas de los funcionarios locales.
         Es el caso de la llamada Junta de Supervisión y Administración Financiera ‑‑la Junta‑‑, maquillada como un mal menor y transitorio mientras realiza su brutal intervención expoliadora, con el pretexto de venir a reparar daños causados por la ineptitud de los líderes y funcionarios nativos.30
         Tras la experiencia de gran movilización social de julio de 2019, tras una confluencia de voluntades sin precedente en la historia del país, y frente a la demanda de darle continuidad, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) propuso una doble iniciativa. En conferencia de prensa, Rubén Berríos, su líder, y María de Lourdes Santiago, ex senadora y vicepresidenta del PIP, llamaron a convocar un amplio frente para, por un lado, demandar unas enmiendas de urgencia a la Constitución puertorriqueña, para que estén vigentes antes de las próximas elecciones. Y, por el otro, plantear una nueva relación con Estados Unidos, a discutirse en una “Asamblea para un Nuevo Puerto Rico”, electa por votación popular, “que garantice la participación de los más amplios sectores de la sociedad”.
         Esas enmiendas constitucionales prevén: autorizar la celebración de un referendo revocatorio para que el pueblo pueda destituir a un mal gobernador; elegir por votación al nuevo gobernador si el cargo queda vacante; y disponer realizar una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados si ninguno obtiene la mayoría absoluta.
         Y sobre la nueva relación con Estados Unidos, la propuesta señala que la Asamblea a elegirse tendrá dos encomiendas: la primera, redactar una nueva Constitución para Puerto Rico, que emane del poder soberano de su propio pueblo31. La segunda, elaborar alternativas no coloniales y no territoriales para la nueva relación con Estados Unidos, para ser presentadas y negociadas en el Congreso antes de someterlas a votación popular.
         Ambas propuestas deben votarse a más tardar a inicios de 2020, para corregir algunas importantes deficiencias constitucionales que la crisis política de 2019 puso en evidencia, antes de celebrarse las próximas elecciones locales. Como, asimismo, corregir las demás deficiencias de la Constitución actual, y enfrentar democráticamente el problema de la relación colonial con Estados Unidos.
         Esta propuesta se caracteriza por su amplio realismo político: no demanda de la masa ciudadana más de aquello por lo cual su mayoría se manifestó en julio de ese año; a la vez, plantea unos términos que no contradicen los del discurso de los líderes “soberanistas” del Partido Popular Democrático (PPD). A la vez, es una propuesta abierta a modificarse al tenor de su debate con los demás sectores congregados ‑‑ojalá con una práctica y un lenguaje que igualmente atraiga a los sectores barriales que también se sumaron a aquellas manifestaciones‑‑.
         La necesaria transición
         El Estado Libre Asociado hace mucho dejó de encajar entre los inventos que hoy el derecho internacional considera justificables. Hace décadas el Comité de Descolonización de la ONU anualmente pone a Washington en el banquillo de las potencias coloniales, y le da tribuna a una creciente lista de portavoces latinoamericanos que allí examinan el status de Borinquen. Cada año esa instancia global reconoce a Puerto Rico como “Nación Latinoamericana y Caribeña, y su derecho inalienable a la libre determinación e independencia, su soberanía, y a la integridad de su territorio nacional”, Y además ratifica que el pueblo puertorriqueño tiene el inalienable derecho a su autodeterminación, como lo acreditan ya más de 34 Resoluciones, reiterando que el status de la Isla debe discutirse en la Asamblea General, donde Estados Unidos difícilmente podrá encontrar voces que lo secunden, ninguna gratuitamente.
         Desde el punto de vista norteamericano ¿a quién le sirve prolongar esos inconvenientes? Solo los clichés de una vieja inercia, y un desfasado orgullo imperial, pueden ocasionarlo. Al cabo, terminada la Guerra Fría, tras la experiencia de Vieques la Armada estadunidense abandonó todos sus demás baluartes y operaciones en la Isla, la que así perdió lo que devengaba como plaza militar. Como también sigue perdiéndolo como plaza de interés económico, desde que Washington prefirió explotar acuerdos de libre comercio con otros países del área, que hoy aprovechan las ventajas de acceso al mercado estadunidense que antes el ELA retenía.32
         En los años 30 a 50 del siglo pasado ‑‑en tiempos de Albizu Campos‑‑, la cuestión de la independencia de Puerto Rico gozaba de amplias simpatías en la opinión pública hispanoamericana. Pero después el tema fue arrollado por el frenesí de la Guerra Fría, y el patriotismo borinqueño se vio estigmatizado como un instrumento de las agencias soviéticas. No obstante, ahora la raíz del asunto ha vuelto a su dimensión real, aunque algunas de sus consecuencias subjetivas aún demoren en sanarse.
         De hecho, Washington hace mucho ha venido agotando los motivos para retener la propiedad de la Isla, donde solo va quedándole la obligación federal de costear la subsistencia del régimen, y la de lograr que los acreedores estadunidenses consigan recuperar la enorme deuda del gobierno boricua, que es lo que más interesa a los burócratas norteamericanos. Aunque Puerto Rico contó con buenas infraestructuras ‑‑hoy en día tan deterioradas‑‑, en la última década la Isla perdió sostenibilidad tras haberla especializado en actividades económicas que al cabo dejaron de ser atrayentes para Estados Unidos.
         Antes de la invasión norteamericana, la Isla produjo azúcar y derivados, café, legumbres y otros alimentos, cuya producción el régimen colonial descartó en beneficio de la cañaveralización. Comer se volvió caro; del 85 al 90 por ciento de los alimentos se importan congelados o enlatados, generalmente de Estados Unidos. Pero, “la Ley Jones […] con frecuencia detiene cargamentos del territorio continental porque solo las empresas de envío estadounidenses pueden transportar legalmente alimentos de un puerto estadounidense a otro”.33
         A su vez, en la actividad turística Borinquen hoy es superada por varios competidores del Gran Caribe, donde es menos costosa. Por largos años el status colonial ha impuesto legislaciones estadunidenses ajenas a la naturaleza de la Isla, que impiden aprovechar otras ventajas de su ubicación geográfica, como desarrollar una diversidad de servicios marítimo‑portuarios y aeroportuarios, y de ser parte de los proyectos de cooperación para el desarrollo y de integración mesoamericana y caribeña.
         Con eso tanto el ELA como los dos partidos políticos que le son funcionales hace mucho han perdido las razones de existencia que antaño les dieron propósito, mientras que al gobierno de Washington DC aún no encuentra oportunidad ni discurso para justificar cómo deshacerse de la Isla, en lugar de pretender anexarla como un Estado extraño, costoso y problemático para la Unión Americana y la idiosincrasia estadunidense.
         En tales circunstancias, solo queda proponer el necesario proceso de transición a cierto número de años plazo, a fin de reestructurar la institucionalidad y el modelo económico puertorriqueños, para culminar la constitución de una nueva república latinoamericana y caribeña. Esta, como nación independiente y viable, podrá tener un apropiado esquema de relaciones con Estados Unidos y con las demás naciones de la región y del mundo.
 
1. Carlos (Taso) Zenón, pescador. “Canción para Vieques”, en Memorias de un pueblo pobre en lucha: manual de lucha para los jóvenes que quieren transformar a Puerto Rico, Editorial El Antillano, 2018.
2. La literatura suele referirse a Puerto Rico como una isla, que los nativos prehispánicos llamaban Borinquen. Pero Puerto Rico es un archipiélago, cuyas cuatro porciones más evocadas son la “isla grande”, la mayor, más poblada y de mayor peso económico; la contigua isla de San Juan, asiento histórico de la capital del país, donde radica el gobierno; y las islas de Culebra y de Vieques, municipios dedicados sobre todo a la pesca y el turismo, parte de las cuales hasta hace unos años fueron explotadas, a la par, como polígonos de tiro de la Marina militar estadunidense, con los riesgos y daños que eso acarreó.
3. El principal dirigente de aquel socialismo fue el inmigrado gallego Santiago Iglesias Pantín, quien había militado en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y mantenía contacto con su líder, Pablo Iglesias, quien, a finales del régimen colonial español, lo alentó a fundar el Partido Obrero Socialista de Puerto Rico, afiliado al PSOE. Luego, bajo la dominación estadunidense, en 1915 Santiago Iglesias lideró su conversión en el Partido Socialista Puertorriqueño, afiliado al Partido Socialista de Estados Unidos, y fue uno de los creadores de la Federación Libre de Trabajadores, afiliada, a su vez, a la American Federation of Labour (AFL). Iglesias opinaba que las posibilidades del movimiento obrero puertorriqueño y de su partido eran más favorables en el ámbito político norteamericano que frente a la reaccionaria oligarquía puertorriqueña y, por consiguiente, fue anexionista, partidario de incorporar a Puerto Rico como estado federal de la Unión estadunidense. Por lo mismo, respaldó dentro del movimiento obrero y la izquierda puertorriqueña la política de americanización del país.
4. Antecesor de los actuales Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
5. Ver Bolívar Pagán, La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico. En internet: http://seminarios-pnp.com/2015/08/historia-de-los-partidos-politicos-pue... Capítulo 7 sección 3.
6. De hecho, así la Asamblea reflejó que la unidad del partido se debatía entre radicales independentistas y moderados autonomistas. La “temporalidad” de esa forma de posponer la decisión le daría largo de cobijo a la política gubernamental de “americanización” del país, respaldada por el proyanqui Partido Republicano, principal oponente del Unionista.
7. Particularmente, en apoyo al esfuerzo de la Unión Soviética para rechazar la invasión alemana.
8. Este Nuevo Trato o acuerdo social orientó el conjunto de políticas impulsadas por los gobiernos de Franklin D. Roosvelt (1932-45) para resolver las principales causas y efectos de la Gran Depresión, la crisis económica desatada a comienzos de los años 30. Incluyó la intervención del Estado en la economía, inversión pública en infraestructuras productivas, fomento del empleo y ampliación de las libertades políticas. Entre sus efectos estuvo el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de los valores democráticos antifascistas. Tras el fallecimiento de Roosvelt y la victoria en la II Guerra mundial, las grandes empresas y la derecha política impusieron el fin de la colaboración con la Unión Soviética y el inicio de la Guerra Fría, a la vez que el roll back contra las políticas sociales del New Deal, las organizaciones sindicales y las ideas y organizaciones progresistas, hasta llegar a los extremos del macartismo.
9. Eso ocurrió bajo la influencia del Browderismo, una extrapolación político‑ideológica de la estrategia frenteamplista de la III Internacional, que alentaba la colaboración antifascista con los partidos, gobiernos y organizaciones burguesas para combatir al nazi‑fascismo. El nombre de esa política derivó del de Earl Browder, jefe del partido comunista de Estados Unidos y de la Komintern para Centroamérica y el Caribe--, quien durante la Segunda Guerra Mundial postuló la aproximación de su partido al partido demócrata y el gobierno norteamericano, bajo las premisas de la prioridad de la lucha contra el fascismo y la invasión alemana a la URSS.
Este acercamiento se dio tras el pacto norteamericano-soviético para combatir a las potencias del eje nazi‑fascista, y la colaboración de clases que a partir de entonces se predicó. En el ambiente político del New Deal, Browder sostuvo que los partidos comunistas debían soslayar cualquier consideración ideológica y colaborar con los gobiernos democráticos existentes, cualquiera que fuese su signo político, para luchar juntos contra el fascismo en el mundo. Eso condujo incluso a la auto disolución del PC estadunidense y a que varios partidos comunistas latinoamericanos renunciaran a llamarse así, convirtiéndose en partidos policlasistas “populares”, reorientados a buscar el socialismo por medios pacíficos y graduales.
10. Lo que debe entenderse no solo respecto a un caso extremo como el de Puerto Rico, sino como realidad que igualmente incide, en diversas formas, sobre la cultura política, y la cultura general, de las repúblicas neocoloniales de América Latina y demás países en subdesarrollo.
11. Gatopardismo. Palabra derivada del italiano Gattopardo, título de la novela del siciliano Giuseppe Tomasi (1896-1957), que alude a la decadencia de la nobleza siciliana y relata el matrimonio del sobrino de un viejo príncipe con la hija de un comerciante plebeyo. Ante el inevitable ascenso de la burguesía, el añoso noble promueve ese matrimonio para enlazar a su clase social con sus enemigos mortales, convertidos en la nueva fuerza política dominante. La expresión gatopardismo señala la filosofía de quienes piensan que es necesario que algo cambie para que lo demás permanezca intocado en la organización social. Como las reformas meramente cosméticas o de distracción que se proponen para mantener incólumes los privilegios sociales y económicos de sus manipuladores. Tomado de la Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja. Ver www.enciclopediadelapolitica.org
12. El territorio de Estados Unidos está integrado por 50 estados, un distrito federal, 5 territorios importantes (entre ellos Puerto Rico) y 9 territorios menores, enumerados en https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_y_Territorios_de_los_Estados...
Al respecto, ver el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de Estados Unidos. A su vez, acto seguido, la Sección 3, en su Párrafo 2, determina que “El Congreso tendrá la facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarias con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos” [Cursivas del autor].
Por si faltara, dicho estatus fue ratificado por una sentencia que la Corte Suprema estadunidense dictó en 1901 (a los tres años de la ocupación norteamericana de la Isla), por la cual Puerto Rico le “pertenece a” pero no es “parte de” Estados Unidos, dado que no es un Estado de la Unión sino un territorio de la misma o, como se dice en el resto del mundo, es una colonia.
Ninguno de esos textos jurídicos fue modificado al adoptarse en 1952 la ficción del llamado Estado Libre Asociado (ELA).
13. Luego de más de cuatro años de protestas encabezadas por Rubén Berríos, en 1975 los borinqueños lograron sacar a la Marina estadunidense de su base y campo de tiro en la isla puertorriqueña de Culebra. En el 2000, Berríos completó casi un año acampando, bajo soles y tormentas, sobre la playa de la isla de Vieques para impedir que la Marina continuara sus bombardeos sobre ese territorio, que usaba como polígono. Ambas islas conservaban numerosa población civil, amenazada por esas actividades.
Durante esa segunda gesta, que logró movilizar a la mayor parte de la sociedad puertorriqueña, con gran parte de la dirigencia independentista en prisión, Berríos y sus compañeros, recibieron amplia solidaridad de personalidades e instituciones cívicas, políticas religiosas e intelectuales estadunidenses y latinoamericanas.
Al cabo, la Armada también tuvo que retirarse definitivamente de Vieques. Y poco tiempo después las fuerzas armadas estadunidenses decidieron retirarse asimismo de Roosvelt Roads, la mayor y más valiosa de sus bases militares en Puerto Rico, adelantándose a que los independentistas la pudieran bloquear. Con esto, desapareció el último de los emplazamientos bélicos estadunidenses en el archipiélago puertorriqueño.
14. Así denominada por las siglas de Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, nombre que leído en español porta una maliciosa ambigüedad que solo puede descifrarse en inglés.
15. El Partido Republicano escogió cuatro y el Demócrata tres, de los cuales Obama designó uno. Mayoritariamente, ciudadanos nacidos en Puerto Rico pero que hace mucho se habían integrado al establishment estadunidense, a excepción de la Directora Ejecutiva, Natalie Jaresko, una ucranio‑norteamericana que fue ministra de finanzas del gobierno que siguió al golpe de Estado en su país de origen.
16. La ilusa expectativa de algunos ingenuos de que la Junta vendría a hacer justicia sobre los corruptos que antes engendraron esa deuda no pasó de brevísima quimera.
17. La tecnología y concepciones militares dominantes al concluir la II Guerra Mundial dominaron la forma de organizar y dotar los baluartes estadunidenses establecidos en Puerto Rico y en la Zona del Canal de Panamá. Pero, en la práctica, la rápida evolución de los medios aeroespaciales de la Guerra Fría iría devaluando dichos baluartes, al extremo de que, cuando Omar Torrijos y Jimmy Carter negociaron el nuevo tratado del Canal interoceánico, Washington admitió que ya era tiempo de dejar sus bases militares en ese lugar, incapaces de impedir un eventual ataque transoceánico.
Otro tanto sucedería en Puerto Rico, donde la desobediencia civil independentista llevó a la Armada estadunidense a admitir que la alternativa de evacuar sus cuarteles y polígonos en Culebra, Vieques y Roosvelt Roads ya no impedía a las fuerzas norteamericanas mantener su control estratégico de la región.
18. En Puerto Rico muchos servicios son prestados por empresas estatales y, por motivos electorales, el gobierno busca prever un presupuesto que minimice el despido de empleados públicos.
19. Como el mismo periódico relató el 20 de mayo de ese año, José Marrero, director de finanzas del Hospital de Niños San Jorge, informó que el gobierno le adeuda a esa institución US$ 350,000 por servicios prestados en marzo, y que a esta suma se agregan US$ 1,200,000 por servicios prestados en abril, más otros US$ 250,000 por los ya prestados en mayo. A su vez, Pedro Meléndez, director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, añadió que, aparte no de contratar especialistas para servicios indispensables, se usaban “tarifas de hace dos o tres años” y “se redujo los fees de los médicos hasta un 33 por ciento”. Similares consecuencias ahogaban a los hospitales de todo el país.
20. Según El Nuevo Herald, por ejemplo, hasta el 1 de junio de 2018 los sobrevivientes de María recibieron en promedio $ 1,800 para reparaciones, mientras que el año anterior los del ciclón Harvey, en Texas, en ese plazo recibieron $ 9,127.
Esa mezquina ayuda a cuentagotas favoreció formas negligentes y corruptas de manejarla, como después se evidenció.
21. La empresa de electricidad explica que parte del problema es que la reposición de los tendidos de la red eléctrica se ha hecho con cables de menor calibre que los anteriores, por falta del material adecuado.
Paradójicamente, durante más de un año la situación del servicio eléctrico en el territorio norteamericano de Puerto Rico ha sido notoriamente peor que la muy publicitada crisis eléctrica de la aislada Venezuela.
22. Parte de tales diferencias viene de que unos solo contaron las víctimas conocidas del primer impacto, mientras otros sumaron las registradas en las siguientes semanas, añadiendo los datos aportados por los hospitales y las agencias funerarias; después se agregarían, además, los decesos registrados en las incomunicadas poblaciones del interior del país.
23. Véase “Califica Trump de incompetentes y corruptos a políticos de Puerto Rico”, agencia EFE, Washington, 2 de abril de 2019, así como “Ataques de Trump a políticos puertorriqueños, más sal en la herida”, agencia Prensa Latina, de la misma ciudad y fecha.
Trump fue particularmente duro con Carmen Yulín Cruz, a quien se refirió como “la enloquecida e incompetente alcaldesa de San Juan [quien ha] hecho un trabajo muy malo para devolver la salud a la Isla”.
24. Citado por BBC Mundo el 12 de octubre de 2017.
25. Con el título “La colonia olvidada de los Estados Unidos” este estudio fue publicado en castellano por el diario El Nuevo Día, de San Juan, el martes 11 de junio de 2019.
Weiss fue asesor principal del Secretario del Tesoro en el gobierno de Barak Obama y arquitecto del vigente plan PROMESA. Setzer es “Senior Felow” del Consejo de Relaciones Exteriores.
26. El autonomista Partido Popular Democrático (PPD) de Muñoz Marín, y el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).
27. En Puerto Rico los comicios ordinarios se limitan fundamentalmente a la elección de funcionarios y legisladores locales, y en las campañas y debates electorales tienen poca prominencia los temas de la soberanía nacional y las políticas de desarrollo.
No obstante, estos temas sí alcanzan mayor relevancia en los referendos relativos al status. En este caso, la evolución de los resultados refleja un creciente desencanto respecto al ELA, pero el mal desempeño gubernamental –por la proliferación de casos de imprevisión, ineficiencia y corrupción‑‑ de ambos partidos tradicionales no ha permitido a los estadistas capitalizar políticamente el retroceso de las simpatías por el ELA.
28. Ver Fernando Martín, “La puerta hacia la descolonización”, en El Nuevo Día, Tribuna invitada, del viernes 14 de junio de 2019.
29. Ver Patricia Mazzei y Frances Robles, “El hartazgo de los puertorriqueños sale a las calles”, en el boletín en español del New York Times, del 18 de julio de 2019.
30. Ver Elvin Carcaño Ortiz, “¿Revolución en Puerto Rico?”, en ALAI, 13 de agosto de 2029.
31. La actual Constitución emana del poder del del Congreso de Estados Unidos.
32. El hecho de que ahora, con la Administración Trump, el gobierno de Washington decidiera incrementar el proteccionismo, restándole valor a los acuerdos de libre comercio, no le restituye a Puerto Rico aquel pasado privilegio.
33. Julia Moskin, “El éxito de la comida local que salvó a Puerto Rico”, en el diario The New York Times (edición digital en español) del 22 de mayo de 2019. La autora narra la aventura creativa de los borinqueños que ahora vuelven a cultivar la tierra con nuevas tecnologías, tras la ruptura de la cadena alimentaria y la escasez de alimentos que vinieron tras los huracanes de 2017.
- Nils Castro es escritor y catedrático panameño.
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Enajenación colonial y liberación
Nils Castro
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fecha: 13 sept. 2019 12:53
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COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
 
18 de septiembre de2019

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