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Nuestra América Nativa. Puerto Rico
(3-3)
PUERTO RICO
ENAJENACIÓN COLONIAL Y LIBERACIÓN
Nils Castro
13/09/2019
puerto_rico.jpg
Incluso en EEUU puede esclarecer
Hasta
mediados de 2019 este modo de ver pudo tacharse de iluso, dando por
sentada la tradicional obtusidad del establishment estadunidense. No
obstante, la publicación
de otro enfoque del tema por Foreign Affairs, la influyente revista del
Consejo de Relaciones Exteriores ha hecho ver, desde Washington DC, qué
tanto pueden evolucionar las preocupaciones (y propuestas) sobre la
crisis colonial puertorriqueña y sus consecuencias,
desde el punto de vista de los intereses norteamericanos.
Los
redactores de ese estudio, titulado “America’s Forgotten Colony: Puerto
Rico’s Crisis”, son Antonio Weiss y Brad Setzer, investigadores de
Harvard y del propio
Consejo de Relaciones Exteriores, a quienes puede considerarse
intelectuales orgánicos del “gobierno permanente” de Estados Unidos25.
La formulación de su texto apunta a destrabar y promover el debate sobre
el status de Puerto Rico para legitimar y abrirle
campo a la alternativa de la descolonización.
Los
autores empiezan por recordar que Puerto Rico no es parte de Estados
Unidos sino un territorio “no‑incorporado”, pues desde que la Isla fue
tomada a España su soberanía
se transfirió al Congreso. Es este, bajo el Artículo 4 de la
Constitución norteamericana, quien tiene poder plenario sobre todos los
“territorios u otras propiedades pertenecientes a los Estados Unidos”.
Aunque en 1917 una ley del Congreso otorgó la ciudadanía
estadunidense a los puertorriqueños, en 1947 el mismo Congreso emitió
una ley que les permitió elegir a su propio gobernador, y en 1952 le
aprobó una Constitución local que oficialmente designó a Puerto Rico
como un Commonwelth en inglés (o Estado Libre Asociado
‑‑ELA‑‑ en español), la mencionada “cláusula de territorialidad” sigue
definiendo el status del país. Uno que, al decir de Weiss y Setzer,
establece la relación colonial que Estados Unidos tiene con esa posesión
y “el dañino purgatorio que representa el actual
status de la Isla”.
Reconocen,
además, que la cuestión del status asimismo define la propia política
puertorriqueña, y que los dos principales partidos de la Isla se definen
por apoyar
la continuidad del ELA o preferir la estadidad26. En el país se han
celebrado cinco referendos no vinculantes sobre el su status político:
los dos primeros (en 1967 y 1993) indicaron una preferencia por el
régimen del ELA, pero en 1998, en el tercero, más
de la mitad de los votantes marcó una preferencia por la opción
“ninguno de los anteriores”. Unos años después ‑‑observan los autores‑‑,
la tendencia parecía favorecer a la estadidad, pero en 2017 un gobierno
estadista convocó a un referendo que ganaría ampliamente,
pero que fue boicoteado tanto por los independentistas como por los
partidarios del ELA, con lo cual concurrió apenas un 23 por ciento de
los electores (con el agravante de que dos años después ese gobierno
estadista fue defenestrado por multitudinarias manifestaciones
ciudadanas bajo acusaciones de corrupción).27
Luego
de realizar un meticuloso examen histórico del caso puertorriqueño, el
ensayo de Weiss y Setzer analiza las limitaciones estructurales,
económicas, jurídicas
y políticas del colonialismo estadunidense en Puerto Rico,
estudiándolos como factores causales tanto de la persistencia del
subdesarrollo como de la bancarrota del país. Y al examinar las
alternativas usualmente planteadas, descarta o admite las respectivas
opciones según su capacidad para satisfacer los necesarios objetivos.
Si bien hace años algunos intelectuales y dirigentes puertorriqueños
habían expuesto tesis similares, en este caso lo notable es que el
análisis y las propuestas vienen del interior del
establishment washingtoniano.
Los
autores empiezan por examinar la expectativa que generalmente se
consideraba preferida por los votantes, la de mejorar el Estado Libre
Asociado (ELA) y su aprovechamiento,
liberándolo de las restricciones derivadas de la cláusula territorial.
Pero al repasar la cadena de requerimientos demandados por la enmienda
constitucional que eso exigiría, que requiere contar con el respaldo de
dos tercios del Congreso y de tres cuartos
de las legislaturas de todos los estados de la Unión, ambos autores
concluyen que ello sería un empeño imposible.
Enseguida,
ellos auscultan la opción de la estadidad. Aparte de valorar los
enormes obstáculos políticos y socioculturales que sería indispensable
superar dentro de
Estados Unidos, agregan que, incluso consiguiéndolo, acto seguido el
efecto empobrecedor de los impuestos federales sería insoportable. Lo
que también obliga a descartar esa alternativa.
Finalmente,
al examinar la opción de la independencia, reconocen que ella
actualmente es la que cuenta con menor apoyo plebiscitario, pero
asimismo sostienen que es
la que puede dotar a Puerto Rico de los instrumentos necesarios para
poder darse un futuro económico sustentable. Lo que, sin embargo,
agregan, requiere negociar una transición económica, así como un
conjunto de previsiones sobre la ciudadanía y otros asuntos.
Esto
es, que mientras un ELA no territorial o la estadidad representan
ficciones políticas irrealizables ‑‑por mucho que obtengan mayores
apoyos plebiscitarios‑‑, ya
que en la práctica solo la independencia haría posible dotar a Puerto
Rico de los instrumentos indispensables para desarrollar un camino
económico viable. Al fin y al cabo, como plantea el estudio, “el status
es una cuestión de ideología e identidad” y, como
observa Fernando Martín, la formación de mayorías y minorías es asunto
de tiempos y circunstancias, y de las opciones que pueden percibirse
como factibles en las condiciones disponibles.28
Y
nada como las circunstancias de la presente bancarrota económica, del
descrédito del sistema político existente y de la indignación
sociocultural ante las miserias
morales, políticas y materiales de la reconstrucción del país, como
sobrados motivos para rediscutir las ya dudosas preferencias ciudadanas
legadas por el ELA.
Y ahora ¿qué?
Menos
de dos meses después de publicarse “America’s Forgotten Colony: Puerto
Rico’s Crisis”, en la Isla empezó la crisis iniciada por el destape de
la cloaca de chats
que el gobernador Roselló intercambiaba con sus principales
colaboradores. Doce días de bravas y masivas movilizaciones ciudadanas
forzaron la renuncia del mandatario, maliciosamente maquinada, sin
embargo, para manipular la sucesión y retener el gobierno
en manos del mismo grupo político, una fracción del anexionista Partido
Nuevo Progresista, sombra del Partido Republicano estadunidense.
Eso
fue un suceso inaudito en un país donde, desde la instauración del ELA,
las protestas públicas eran escasas en número y afluencia. Como lo
reseñó el New York Times,
a simple vista los manifestantes protestaban ante los arrogantes y
groseros chats del gobernador y sus colaboradores íntimos, y el arresto
por el FBI de varios políticos de alto nivel, acusados de corrupción.
“Pero las demostraciones […] eran más bien un rechazo
a décadas de escándalos y malos manejos que involucran a líderes
adinerados y desconectados que una y otra vez se han beneficiado a costa
del sufrimiento de los puertorriqueños”.29
Tanto
más luego de la multidimensional e inacabada tragedia que siguió al
huracán María, más la reveladora insensibilidad de Washington y la
incapacidad del gobierno
de San Juan para atender sus consecuencias. Cuestionado, el presidente
Trump, sin pensarlo dos veces desvió toda crítica hacia los líderes de
la Isla, a quienes culpó de incompetentes y corruptos, negándoles así
cualquier amparo político a los más obsecuentes
aliados del Partido Republicano.
Enseguida
de María, nadie salió a protestar; todos estaban demasiado atareados en
sobrevivir: el pueblo en su desamparo y los políticos en sus cargos.
Pero, como el
mismo reportaje del Times añadió, tras la detención de varios
funcionarios corruptos y el escándalo del chat de la cúpula gobernante,
toda esa acumulación de agravios detonó una explosión de
inconformidades: “este ha sido un proceso traumático”, dijo una
profesora
entrevistada; tras “muchos años de soportar y aguantar”, al fin “todo
ese trauma ha salido, todo ese dolor”.
Ese
escándalo expansivo acopló súbita e inesperadamente a diversos sectores
de la sociedad puertorriqueña, para expresar “una honda insatisfacción
con el modo en que
la Isla es gobernada”.
La
cadena de manifestaciones, autoconvocadas a través de las redes
digitales y abanderadas por varios artistas muy populares, pronto fue
fortalecida por la insólita
participación de una multitud de puertorriqueños de las barriadas y
caseríos pobres. Marginales y anónimos en la contabilidad de los
partidos políticos y de la clase media educada, y carentes de sus
propios medios de expresión cívica, en esta coyuntura encontraron
amplia oportunidad de participación.
No
obstante, ese alud ciudadano carecía de un proyecto y un liderazgo que
les diera un propósito de mayor alcance ‑‑sin limitarse a echar del
gobierno al cabecilla
de esa camada de retoños del sistema, engreídos desconocedores del país
real‑‑ y movilizarse por objetivos soberanos más sustantivos y, por lo
tanto, más democráticos y duraderos.
Sin
duda, se obtuvo un triunfo de gran valor simbólico y, por el momento,
demostrativo del poder de la movilización ciudadana. Sin embargo, esta
al cabo de poco tiempo
se dispersó, sin haber cumplido mayores posibilidades. La falta de esa
propuesta inmediata de mayores trasformaciones viables, a su vez, le dio
tiempo y oportunidad a la vieja casta política para apelar a sus añejos
ardides mediáticos y legales para controlar
la sucesión, al menos al corto y mediano plazos. Las reglas del poder
quedaron en las manos de siempre.
Para
explicarlo es preciso comprender que, en las calles, junto a la gran
masa de puertorriqueños indignados que anhelaban una reforma moral y
cívica, también desempeñó
su rol la cultura colonial. Nutrido del complejo de inferioridad y su
consiguiente cortedad de horizontes, el “sentido común” que esa cultura
cultiva y recicla, aún siguió resignando a gran parte de los ciudadanos a
creer que, tras el acierto de expulsar a
un gobernador incompetente, lo más oportuno y “realista” es remplazarlo
por otro mejor aceptado en Washington y tanto más idóneo para limosnear
en Estados Unidos otras “ayudas” para la Isla.
En
pocas palabras, hace falta que las movilizaciones sociales alcancen a
generar estructuras incluyentes y duraderas, que aseguren la continuidad
de sus luchas ‑‑culturales,
ideológicas y políticas‑‑. Y, con esto, a proponer y conquistar cambios
estructurales en el tejido y en las instituciones sociales, para que el
entusiasmo y energía de los grandes acontecimientos no se diluya, ni le
permita a la élite local y al régimen colonial
reiterar su viejo juego de recuperación de la “normalidad” colonial, en
este caso nombrando nuevo gobernador a una persona o electa.
La
crítica a las incompetencias y corrupciones, si bien cumple la
necesaria función de revelar las realidades que hay tras los mitos y el
conformismo, no basta. Mientras
no se construyan organizaciones y acontecimientos que cuestionen esa
“normalidad” y produzcan nuevos avances del proceso, la sola denuncia
incluso puede servirle al sistema imperante. Porque la incompetencia y
la inmoralidad del sistema también da pretextos
al régimen para justifica nuevas intervenciones, alegando que acude a
remediar incompetencias y corruptelas de los funcionarios locales.
Es
el caso de la llamada Junta de Supervisión y Administración Financiera
‑‑la Junta‑‑, maquillada como un mal menor y transitorio mientras
realiza su brutal intervención
expoliadora, con el pretexto de venir a reparar daños causados por la
ineptitud de los líderes y funcionarios nativos.30
Tras
la experiencia de gran movilización social de julio de 2019, tras una
confluencia de voluntades sin precedente en la historia del país, y
frente a la demanda de
darle continuidad, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)
propuso una doble iniciativa. En conferencia de prensa, Rubén Berríos,
su líder, y María de Lourdes Santiago, ex senadora y vicepresidenta del
PIP, llamaron a convocar un amplio frente para,
por un lado, demandar unas enmiendas de urgencia a la Constitución
puertorriqueña, para que estén vigentes antes de las próximas
elecciones. Y, por el otro, plantear una nueva relación con Estados
Unidos, a discutirse en una “Asamblea para un Nuevo Puerto
Rico”, electa por votación popular, “que garantice la participación de
los más amplios sectores de la sociedad”.
Esas
enmiendas constitucionales prevén: autorizar la celebración de un
referendo revocatorio para que el pueblo pueda destituir a un mal
gobernador; elegir por votación
al nuevo gobernador si el cargo queda vacante; y disponer realizar una
segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados si ninguno
obtiene la mayoría absoluta.
Y
sobre la nueva relación con Estados Unidos, la propuesta señala que la
Asamblea a elegirse tendrá dos encomiendas: la primera, redactar una
nueva Constitución para
Puerto Rico, que emane del poder soberano de su propio pueblo31. La
segunda, elaborar alternativas no coloniales y no territoriales para la
nueva relación con Estados Unidos, para ser presentadas y negociadas en
el Congreso antes de someterlas a votación popular.
Ambas
propuestas deben votarse a más tardar a inicios de 2020, para corregir
algunas importantes deficiencias constitucionales que la crisis política
de 2019 puso en
evidencia, antes de celebrarse las próximas elecciones locales. Como,
asimismo, corregir las demás deficiencias de la Constitución actual, y
enfrentar democráticamente el problema de la relación colonial con
Estados Unidos.
Esta
propuesta se caracteriza por su amplio realismo político: no demanda de
la masa ciudadana más de aquello por lo cual su mayoría se manifestó en
julio de ese año;
a la vez, plantea unos términos que no contradicen los del discurso de
los líderes “soberanistas” del Partido Popular Democrático (PPD). A la
vez, es una propuesta abierta a modificarse al tenor de su debate con
los demás sectores congregados ‑‑ojalá con una
práctica y un lenguaje que igualmente atraiga a los sectores barriales
que también se sumaron a aquellas manifestaciones‑‑.
La necesaria transición
El
Estado Libre Asociado hace mucho dejó de encajar entre los inventos que
hoy el derecho internacional considera justificables. Hace décadas el
Comité de Descolonización
de la ONU anualmente pone a Washington en el banquillo de las potencias
coloniales, y le da tribuna a una creciente lista de portavoces
latinoamericanos que allí examinan el status de Borinquen. Cada año esa
instancia global reconoce a Puerto Rico como “Nación
Latinoamericana y Caribeña, y su derecho inalienable a la libre
determinación e independencia, su soberanía, y a la integridad de su
territorio nacional”, Y además ratifica que el pueblo puertorriqueño
tiene el inalienable derecho a su autodeterminación, como
lo acreditan ya más de 34 Resoluciones, reiterando que el status de la
Isla debe discutirse en la Asamblea General, donde Estados Unidos
difícilmente podrá encontrar voces que lo secunden, ninguna
gratuitamente.
Desde
el punto de vista norteamericano ¿a quién le sirve prolongar esos
inconvenientes? Solo los clichés de una vieja inercia, y un desfasado
orgullo imperial, pueden
ocasionarlo. Al cabo, terminada la Guerra Fría, tras la experiencia de
Vieques la Armada estadunidense abandonó todos sus demás baluartes y
operaciones en la Isla, la que así perdió lo que devengaba como plaza
militar. Como también sigue perdiéndolo como plaza
de interés económico, desde que Washington prefirió explotar acuerdos
de libre comercio con otros países del área, que hoy aprovechan las
ventajas de acceso al mercado estadunidense que antes el ELA retenía.32
En
los años 30 a 50 del siglo pasado ‑‑en tiempos de Albizu Campos‑‑, la
cuestión de la independencia de Puerto Rico gozaba de amplias simpatías
en la opinión pública
hispanoamericana. Pero después el tema fue arrollado por el frenesí de
la Guerra Fría, y el patriotismo borinqueño se vio estigmatizado como un
instrumento de las agencias soviéticas. No obstante, ahora la raíz del
asunto ha vuelto a su dimensión real, aunque
algunas de sus consecuencias subjetivas aún demoren en sanarse.
De
hecho, Washington hace mucho ha venido agotando los motivos para
retener la propiedad de la Isla, donde solo va quedándole la obligación
federal de costear la subsistencia
del régimen, y la de lograr que los acreedores estadunidenses consigan
recuperar la enorme deuda del gobierno boricua, que es lo que más
interesa a los burócratas norteamericanos. Aunque Puerto Rico contó con
buenas infraestructuras ‑‑hoy en día tan deterioradas‑‑,
en la última década la Isla perdió sostenibilidad tras haberla
especializado en actividades económicas que al cabo dejaron de ser
atrayentes para Estados Unidos.
Antes
de la invasión norteamericana, la Isla produjo azúcar y derivados,
café, legumbres y otros alimentos, cuya producción el régimen colonial
descartó en beneficio
de la cañaveralización. Comer se volvió caro; del 85 al 90 por ciento
de los alimentos se importan congelados o enlatados, generalmente de
Estados Unidos. Pero, “la Ley Jones […] con frecuencia detiene
cargamentos del territorio continental porque solo las
empresas de envío estadounidenses pueden transportar legalmente
alimentos de un puerto estadounidense a otro”.33
A
su vez, en la actividad turística Borinquen hoy es superada por varios
competidores del Gran Caribe, donde es menos costosa. Por largos años el
status colonial ha
impuesto legislaciones estadunidenses ajenas a la naturaleza de la
Isla, que impiden aprovechar otras ventajas de su ubicación geográfica,
como desarrollar una diversidad de servicios marítimo‑portuarios y
aeroportuarios, y de ser parte de los proyectos de
cooperación para el desarrollo y de integración mesoamericana y
caribeña.
Con
eso tanto el ELA como los dos partidos políticos que le son funcionales
hace mucho han perdido las razones de existencia que antaño les dieron
propósito, mientras
que al gobierno de Washington DC aún no encuentra oportunidad ni
discurso para justificar cómo deshacerse de la Isla, en lugar de
pretender anexarla como un Estado extraño, costoso y problemático para
la Unión Americana y la idiosincrasia estadunidense.
En
tales circunstancias, solo queda proponer el necesario proceso de
transición a cierto número de años plazo, a fin de reestructurar la
institucionalidad y el modelo
económico puertorriqueños, para culminar la constitución de una nueva
república latinoamericana y caribeña. Esta, como nación independiente y
viable, podrá tener un apropiado esquema de relaciones con Estados
Unidos y con las demás naciones de la región y
del mundo.
1. Carlos (Taso) Zenón, pescador. “Canción para Vieques”, en Memorias de un pueblo pobre
en lucha: manual de lucha para los jóvenes que quieren transformar a Puerto Rico, Editorial El Antillano, 2018.
2.
La literatura suele referirse a Puerto Rico como una isla, que los
nativos prehispánicos
llamaban Borinquen. Pero Puerto Rico es un archipiélago, cuyas cuatro
porciones más evocadas son la “isla grande”, la mayor, más poblada y de
mayor peso económico; la contigua isla de San Juan, asiento histórico de
la capital del país, donde radica el gobierno;
y las islas de Culebra y de Vieques, municipios dedicados sobre todo a
la pesca y el turismo, parte de las cuales hasta hace unos años fueron
explotadas, a la par, como polígonos de tiro de la Marina militar
estadunidense, con los riesgos y daños que eso acarreó.
3.
El principal dirigente de aquel socialismo fue el inmigrado gallego
Santiago Iglesias
Pantín, quien había militado en el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) y mantenía contacto con su líder, Pablo Iglesias, quien, a
finales del régimen colonial español, lo alentó a fundar el Partido
Obrero Socialista de Puerto Rico, afiliado al PSOE. Luego,
bajo la dominación estadunidense, en 1915 Santiago Iglesias lideró su
conversión en el Partido Socialista Puertorriqueño, afiliado al Partido
Socialista de Estados Unidos, y fue uno de los creadores de la
Federación Libre de Trabajadores, afiliada, a su vez,
a la American Federation of Labour (AFL). Iglesias opinaba que las
posibilidades del movimiento obrero puertorriqueño y de su partido eran
más favorables en el ámbito político norteamericano que frente a la
reaccionaria oligarquía puertorriqueña y, por consiguiente,
fue anexionista, partidario de incorporar a Puerto Rico como estado
federal de la Unión estadunidense. Por lo mismo, respaldó dentro del
movimiento obrero y la izquierda puertorriqueña la política de
americanización del país.
4. Antecesor de los actuales Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
5. Ver Bolívar Pagán, La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico. En internet:
http://seminarios-pnp.com/2015/08/historia-de-los-partidos-politicos-pue... Capítulo 7 sección 3.
6.
De hecho, así la Asamblea reflejó que la unidad del partido se debatía
entre radicales
independentistas y moderados autonomistas. La “temporalidad” de esa
forma de posponer la decisión le daría largo de cobijo a la política
gubernamental de “americanización” del país, respaldada por el proyanqui
Partido Republicano, principal oponente del Unionista.
7. Particularmente, en apoyo al esfuerzo de la Unión Soviética para rechazar la invasión
alemana.
8.
Este Nuevo Trato o acuerdo social orientó el conjunto de políticas
impulsadas por
los gobiernos de Franklin D. Roosvelt (1932-45) para resolver las
principales causas y efectos de la Gran Depresión, la crisis económica
desatada a comienzos de los años 30. Incluyó la intervención del Estado
en la economía, inversión pública en infraestructuras
productivas, fomento del empleo y ampliación de las libertades
políticas. Entre sus efectos estuvo el fortalecimiento de las
organizaciones sindicales y de los valores democráticos antifascistas.
Tras el fallecimiento de Roosvelt y la victoria en la II Guerra
mundial, las grandes empresas y la derecha política impusieron el fin
de la colaboración con la Unión Soviética y el inicio de la Guerra Fría,
a la vez que el roll back contra las políticas sociales del New Deal,
las organizaciones sindicales y las ideas y
organizaciones progresistas, hasta llegar a los extremos del
macartismo.
9.
Eso ocurrió bajo la influencia del Browderismo, una extrapolación
político‑ideológica
de la estrategia frenteamplista de la III Internacional, que alentaba
la colaboración antifascista con los partidos, gobiernos y
organizaciones burguesas para combatir al nazi‑fascismo. El nombre de
esa política derivó del de Earl Browder, jefe del partido
comunista de Estados Unidos y de la Komintern para Centroamérica y el
Caribe--, quien durante la Segunda Guerra Mundial postuló la
aproximación de su partido al partido demócrata y el gobierno
norteamericano, bajo las premisas de la prioridad de la lucha contra
el fascismo y la invasión alemana a la URSS.
Este
acercamiento se dio tras el pacto norteamericano-soviético para
combatir a las potencias del eje nazi‑fascista, y la colaboración de
clases que a partir de entonces se predicó.
En el ambiente político del New Deal, Browder sostuvo que los partidos
comunistas debían soslayar cualquier consideración ideológica y
colaborar con los gobiernos democráticos existentes, cualquiera que
fuese su signo político, para luchar juntos contra el
fascismo en el mundo. Eso condujo incluso a la auto disolución del PC
estadunidense y a que varios partidos comunistas latinoamericanos
renunciaran a llamarse así, convirtiéndose en partidos policlasistas
“populares”, reorientados a buscar el socialismo por
medios pacíficos y graduales.
10.
Lo que debe entenderse no solo respecto a un caso extremo como el de
Puerto Rico,
sino como realidad que igualmente incide, en diversas formas, sobre la
cultura política, y la cultura general, de las repúblicas neocoloniales
de América Latina y demás países en subdesarrollo.
11.
Gatopardismo. Palabra derivada del italiano Gattopardo, título de la
novela del siciliano
Giuseppe Tomasi (1896-1957), que alude a la decadencia de la nobleza
siciliana y relata el matrimonio del sobrino de un viejo príncipe con la
hija de un comerciante plebeyo. Ante el inevitable ascenso de la
burguesía, el añoso noble promueve ese matrimonio
para enlazar a su clase social con sus enemigos mortales, convertidos
en la nueva fuerza política dominante. La expresión gatopardismo señala
la filosofía de quienes piensan que es necesario que algo cambie para
que lo demás permanezca intocado en la organización
social. Como las reformas meramente cosméticas o de distracción que se
proponen para mantener incólumes los privilegios sociales y económicos
de sus manipuladores. Tomado de la Enciclopedia de la Política de
Rodrigo Borja. Ver
www.enciclopediadelapolitica.org
12. El territorio de Estados Unidos está integrado por 50 estados, un distrito federal,
5 territorios importantes (entre ellos Puerto Rico) y 9 territorios menores, enumerados en
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_y_Territorios_de_los_Estados...
Al
respecto, ver el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución
de Estados Unidos. A su vez, acto seguido, la Sección 3, en su Párrafo
2, determina que “El Congreso tendrá
la facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas
necesarias con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a
los Estados Unidos” [Cursivas del autor].
Por
si faltara, dicho estatus fue ratificado por una sentencia que la Corte
Suprema estadunidense dictó en 1901 (a los tres años de la ocupación
norteamericana de la Isla), por la
cual Puerto Rico le “pertenece a” pero no es “parte de” Estados Unidos,
dado que no es un Estado de la Unión sino un territorio de la misma o,
como se dice en el resto del mundo, es una colonia.
Ninguno de esos textos jurídicos fue modificado al adoptarse en 1952 la ficción del llamado Estado Libre Asociado (ELA).
13.
Luego de más de cuatro años de protestas encabezadas por Rubén Berríos,
en 1975 los
borinqueños lograron sacar a la Marina estadunidense de su base y campo
de tiro en la isla puertorriqueña de Culebra. En el 2000, Berríos
completó casi un año acampando, bajo soles y tormentas, sobre la playa
de la isla de Vieques para impedir que la Marina
continuara sus bombardeos sobre ese territorio, que usaba como
polígono. Ambas islas conservaban numerosa población civil, amenazada
por esas actividades.
Durante
esa segunda gesta, que logró movilizar a la mayor parte de la sociedad
puertorriqueña, con gran parte de la dirigencia independentista en
prisión, Berríos y sus compañeros,
recibieron amplia solidaridad de personalidades e instituciones
cívicas, políticas religiosas e intelectuales estadunidenses y
latinoamericanas.
Al
cabo, la Armada también tuvo que retirarse definitivamente de Vieques. Y
poco tiempo después las fuerzas armadas estadunidenses decidieron
retirarse asimismo de Roosvelt Roads,
la mayor y más valiosa de sus bases militares en Puerto Rico,
adelantándose a que los independentistas la pudieran bloquear. Con esto,
desapareció el último de los emplazamientos bélicos estadunidenses en
el archipiélago puertorriqueño.
14. Así denominada por las siglas de Puerto Rico Oversight, Management, and Economic
Stability Act, nombre que leído en español porta una maliciosa ambigüedad que solo puede descifrarse en inglés.
15.
El Partido Republicano escogió cuatro y el Demócrata tres, de los
cuales Obama designó
uno. Mayoritariamente, ciudadanos nacidos en Puerto Rico pero que hace
mucho se habían integrado al establishment estadunidense, a excepción de
la Directora Ejecutiva, Natalie Jaresko, una ucranio‑norteamericana que
fue ministra de finanzas del gobierno que
siguió al golpe de Estado en su país de origen.
16. La ilusa expectativa de algunos ingenuos de que la Junta vendría a hacer justicia
sobre los corruptos que antes engendraron esa deuda no pasó de brevísima quimera.
17.
La tecnología y concepciones militares dominantes al concluir la II
Guerra Mundial
dominaron la forma de organizar y dotar los baluartes estadunidenses
establecidos en Puerto Rico y en la Zona del Canal de Panamá. Pero, en
la práctica, la rápida evolución de los medios aeroespaciales de la
Guerra Fría iría devaluando dichos baluartes, al
extremo de que, cuando Omar Torrijos y Jimmy Carter negociaron el nuevo
tratado del Canal interoceánico, Washington admitió que ya era tiempo
de dejar sus bases militares en ese lugar, incapaces de impedir un
eventual ataque transoceánico.
Otro
tanto sucedería en Puerto Rico, donde la desobediencia civil
independentista llevó a la Armada estadunidense a admitir que la
alternativa de evacuar sus cuarteles y polígonos
en Culebra, Vieques y Roosvelt Roads ya no impedía a las fuerzas
norteamericanas mantener su control estratégico de la región.
18. En Puerto Rico muchos servicios son prestados por empresas estatales y, por motivos
electorales, el gobierno busca prever un presupuesto que minimice el despido de empleados públicos.
19.
Como el mismo periódico relató el 20 de mayo de ese año, José Marrero,
director de
finanzas del Hospital de Niños San Jorge, informó que el gobierno le
adeuda a esa institución US$ 350,000 por servicios prestados en marzo, y
que a esta suma se agregan US$ 1,200,000 por servicios prestados en
abril, más otros US$ 250,000 por los ya prestados
en mayo. A su vez, Pedro Meléndez, director ejecutivo del Sistema de
Salud Menonita, añadió que, aparte no de contratar especialistas para
servicios indispensables, se usaban “tarifas de hace dos o tres años” y
“se redujo los fees de los médicos hasta un 33
por ciento”. Similares consecuencias ahogaban a los hospitales de todo
el país.
20.
Según El Nuevo Herald, por ejemplo, hasta el 1 de junio de 2018 los
sobrevivientes
de María recibieron en promedio $ 1,800 para reparaciones, mientras que
el año anterior los del ciclón Harvey, en Texas, en ese plazo
recibieron $ 9,127.
Esa mezquina ayuda a cuentagotas favoreció formas negligentes y corruptas de manejarla, como después se evidenció.
21. La empresa de electricidad explica que parte del problema es que la reposición de
los tendidos de la red eléctrica se ha hecho con cables de menor calibre que los anteriores, por falta del material adecuado.
Paradójicamente,
durante más de un año la situación del servicio eléctrico en el
territorio norteamericano de Puerto Rico ha sido notoriamente peor que
la muy publicitada crisis
eléctrica de la aislada Venezuela.
22.
Parte de tales diferencias viene de que unos solo contaron las víctimas
conocidas
del primer impacto, mientras otros sumaron las registradas en las
siguientes semanas, añadiendo los datos aportados por los hospitales y
las agencias funerarias; después se agregarían, además, los decesos
registrados en las incomunicadas poblaciones del interior
del país.
23.
Véase “Califica Trump de incompetentes y corruptos a políticos de
Puerto Rico”, agencia
EFE, Washington, 2 de abril de 2019, así como “Ataques de Trump a
políticos puertorriqueños, más sal en la herida”, agencia Prensa Latina,
de la misma ciudad y fecha.
Trump
fue particularmente duro con Carmen Yulín Cruz, a quien se refirió como
“la enloquecida e incompetente alcaldesa de San Juan [quien ha] hecho
un trabajo muy malo para devolver
la salud a la Isla”.
24. Citado por BBC Mundo el 12 de octubre de 2017.
25.
Con
el título “La colonia olvidada de los Estados Unidos” este estudio fue
publicado en castellano por el diario El Nuevo Día, de San Juan, el
martes 11 de junio de 2019.
Weiss
fue asesor principal del Secretario del Tesoro en el gobierno de Barak
Obama y arquitecto del vigente plan PROMESA. Setzer es “Senior Felow”
del Consejo de Relaciones Exteriores.
26. El autonomista Partido Popular Democrático (PPD) de Muñoz Marín, y el anexionista
Partido Nuevo Progresista (PNP).
27.
En Puerto Rico los comicios ordinarios se limitan fundamentalmente a la
elección
de funcionarios y legisladores locales, y en las campañas y debates
electorales tienen poca prominencia los temas de la soberanía nacional y
las políticas de desarrollo.
No
obstante, estos temas sí alcanzan mayor relevancia en los referendos
relativos al status. En este caso, la evolución de los resultados
refleja un creciente desencanto respecto
al ELA, pero el mal desempeño gubernamental –por la proliferación de
casos de imprevisión, ineficiencia y corrupción‑‑ de ambos partidos
tradicionales no ha permitido a los estadistas capitalizar políticamente
el retroceso de las simpatías por el ELA.
28. Ver Fernando Martín, “La puerta hacia la descolonización”, en El Nuevo Día, Tribuna
invitada, del viernes 14 de junio de 2019.
29. Ver Patricia Mazzei y Frances Robles, “El hartazgo de los puertorriqueños sale a
las calles”, en el boletín en español del New York Times, del 18 de julio de 2019.
30. Ver Elvin Carcaño Ortiz, “¿Revolución en Puerto Rico?”, en ALAI, 13 de agosto de
2029.
31. La actual Constitución emana del poder del del Congreso de Estados Unidos.
32.
El hecho de que ahora, con la Administración Trump, el gobierno de
Washington decidiera
incrementar el proteccionismo, restándole valor a los acuerdos de libre
comercio, no le restituye a Puerto Rico aquel pasado privilegio.
33.
Julia Moskin, “El éxito de la comida local que salvó a Puerto Rico”, en
el diario
The New York Times (edición digital en español) del 22 de mayo de 2019.
La autora narra la aventura creativa de los borinqueños que ahora
vuelven a cultivar la tierra con nuevas tecnologías, tras la ruptura de
la cadena alimentaria y la escasez de alimentos
que vinieron tras los huracanes de 2017.
- Nils Castro es escritor y catedrático panameño.
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