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Antecedentes del Acuerdo GOBIERNO-FARC (1-2)
PROCESOS
DE PAZ
EN COLOMBIA
(UNO)
Este
es un recorrido por los diferentes procesos y diálogos de paz, desde
1953 hasta los actuales diálogos de la Habana, con el fin de reflexionar
sobre la necesidad de una salida negociada a los conflictos y que los
ciudadanos comprendamos el papel central que cumplimos para garantizar
el éxito de dichos procesos de diálogo y para avanzar en la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
1953
Amnistía a las Guerrillas Liberales (1953)
Antecedentes
El
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, fue parte de
un proceso de violencia política que venía imponiéndose en Colombia
desde los primeros años de la década de los cuarenta. Signos del ascenso
del descontento social y de la polarización en las élites, fueron
entonces numerosas huelgas y movilizaciones agrarias y, en la alturas,
el intento de golpe militar para derrocar a Alfonso López Pumarejo quien
había sido elegido Presidente para un segundo mandato. La oposición
conservadora había advertido que de darse ese triunfo mercería desde el
atentado personal hasta la guerra. Los conservadores del sector
encabezado por Laureano Gómez, en alianza con voceros de la jerarquía
católica y poderosos latifundistas y empresarios cafeteros,
radicalizaron la oposición al reformismo liberal iniciado con la
“revolución en marcha” y no fue suficiente que para conciliar con ellos y
con los reclamos de la propia elite liberal, con el gobierno de Eduardo
Santos se declarara la “pausa” en reformas, incluido el desmonte de la
pretendida reforma agraria de 1936. La retórica de los partidos durante
este periodo, retomó por el lado conservador los discursos del
franquismo y su dictadura impuesta en España y, por el lado liberal se
pasó de la influencia republicana y del New Dial de Roosevelt al
panamericanismo alineado con Estados Unidos en contra del nacismo o la
amenaza comunista. La declaratoria de guerra de Colombia a Alemania en
1943, en medio de una grave crisis interna y de debates por corrupción
gubernamental, fue respondida con agresividad desde el lado laureanista:
en febrero de 1944 el diario El Siglo publicó una declaración del
Directorio Nacional Conservador afirmando que “…existen razones
suficientes para declarar una guerra civil”. HYPERLINK "http://www.banrepcultural.org /blaavirtual/revistas/credenci al/enero2006/cuartelazo.htm" http://www.banrepcultural.org/ blaavirtual/revistas/credencia l/enero2006/cuartelazo.htm
En estos años se agudizó la oposición conservadora, hubo intento de
golpe militar, el propio Laureano fue acusado penalmente y obligado al
exilio y el presidente obligado a retirarse de su cargo antes de las
elecciones de 1944 que ganaría el candidato conservador Mariano Ospina
Pérez. Las expectativas populares se ampliaron con los anuncios de la
“revolución liberal en marcha” proclamada en 1934 y chocaron con la
realidad de tibias reformas modernizantes que estaban en función de la
naciente industria y de las exportaciones cafeteras. Las reformas en
educación y trabajo fueron importantes pero en otros campos fueron de
tono menor. La presión campesina por la realización efectiva de la
reforma agraria y la emergencia del sindicalismo y de capas medias
urbanas en busca de espacios económicos y políticos fue defraudada por
la dirigencia liberal “oligárquica” y canalizada por la corriente
encabezada por Jorge Eliecer Gaitán en ese partido. Las protestas
campesinas y de trabajadores fueron reprimidas violentamente en varias
regiones. El partido liberal se dividió en las elecciones de 1944 y le
tocó al gaitanismo hacer la oposición no solo al nuevo régimen sino a la
jefatura de López, Santos, Echandía y Lleras en su propio partido.
Entre 1944 y 1947 el pueblo liberal se agrupó bajo las banderas
gaitanistas y se movilizó contra la represión en movilizaciones
multitudinarias como la marcha del silencio que colmó la Plaza de
Bolívar para acompañar la Oración por la Paz. Bajo el lema “Contra la
oligarquía liberal y conservadora”, el gaitanismo desplazó a la elite
liberal y se proyectó como seguro triunfador en las elecciones
presidenciales. El asesinato de Gaitán desató el levantamiento del
pueblo liberal en Bogotá y en casi todo el país. La insurrección en
Bogotá, como en otras ciudades, fue ahogada en sangre y, desde el
gobierno y bajo ley marcial, fue respondida con una cruzada de represión
y guerra implacable. Los jefes liberales no gaitanistas entraron al
gobierno de Ospina para intentar una conciliación pero la dinámica de
terror y el llamado a imponer el orden a sangre y fuego los llevó al
exilio. El asesinato de los parlamentarios liberales en plena sesión del
Congreso de la República presidió la disolución de esa corporación y
señaló la dimensión que había cobrado el sectarismo y el llamado a la
guerra civil. Lo que siguió fue la dictadura del terror impuesta desde
las cúpulas del Estado. Las elecciones para nuevo presidente se dieron
en medio de la persecución implacable para asesinar gaitanistas y
opositores y el liberalismo dio la orden de abstención. El nuevo
gobierno elevó a política la guerra de exterminio y amparó la acción
inmisericorde de la policía, los servicios de inteligencia, las bandas
de paramilitrares y de civiles encargados de asesinatos en masa. La
insurrección frustrada fue respondida con la dictadura y la dictadura
con la multiplicación de guerrillas especialmente en los llanos
orientales, Cundinamarca, Tolima, Santander, Huila y Antioquía. El
levantamiento guerrillero fue respaldado en campos y ciudades por el
pueblo liberal que había puesto sus esperanzas en el triunfo de Gaitán y
ahora era sometido al genocidio y obligado a la guerra civil. Al
comienzo de la década de los cincuenta, la clase dirigente, es decir,
los jefes políticos de los partidos Conservador y Liberal se dieron
cuenta de que habían perdido el control del país y este se sumía cada
vez más en caos y la incertidumbre. Habían permitido o desatado una
violencia feroz que se les había salido de las manos. Recurrieron
entonces a los militares para poner orden y eligieron al general Gustavo
Rojas Pinilla para salvar la situación. Lo llevaron al poder y lo
declararon nuevo libertador del pueblo tras un incruento golpe de Estado
contra Laureano Gómez Castro, quien saldría expulsado del país con sus
hijos, los ya jefes conservadores, Enrique y Álvaro Gómez Hurtado. El
Partido Liberal y la otra facción del Partido Conservador dirigida por
el ex presidente Mariano Ospina Pérez, apoyaron el llamado “golpe de
opinión”, al tiempo que los conservadores laureanistas nunca
reconocieron a Rojas. Pero de hecho, la violencia disminuyó en algo
durante los primeros meses de la dictadura militar de Rojas Pinilla. A
los guerrilleros liberales de los Llanos, se les convenció para que
depusieran las armas y volvieran a la vida civil, cosa que hicieron
millares de alzados en armas a quienes se les ofreció toda suerte de
garantías de libertad. El retorno a la normalidad se vio alterada por
nuevos hechos de violencia y por las redadas de la Policía Montada, el
DAS y el propio Ejército. Las guerrillas resurgieron y se vivió lo que
Monseñor Guzmán y los autores del Informe sobre la violencia,
denominaron la segunda ola. Años después del amnisticio, en junio de
1957, el más destacado jefe de la “revolución del llano”, Guadalupe
Salcedo, fue asesinado inerme en Bogotá en el momento de su detención.
Buena parte de los ex comandantes de la guerrilla del llano corrieron la
misma suerte.
1957
Plebiscito: Frente Nacional (1957)
Antecedentes
El
plebiscito de 1957 fue un pacto de paz después de una década de
violencia generalizada, dictaduras, genocidios, levantamientos
guerrilleros y guerra civil. El gobierno militar impuesto el 13 de junio
de 1953 por las direcciones de los partidos liberal y del sector
ospinista del conservatismo, después de un año de luna de miel, fue
cobrando autonomía de las direcciones tradicionales de esas
colectividades. La Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, conformada en
1952 bajo hegemonía conservadora, abandonó la tarea de elaborar una
nueva constitución corporativista y consagró al T. General Rojas Pinilla
como Presidente de la República para el periodo 13 de junio de 1953 a 7
de agosto 1956. Pero Rojas, en lugar de preparar la transición para el
retorno de los que Gaitán llamó la “oligarquía liberal–conservadora”, se
propuso mantenerse en el poder sin nuevas elecciones “hasta que termine
la lucha fratricida” y formar su propio proyecto. Para ese cometido
convirtió a la ANAC en su reemplazo del Congreso de la República, se
prolongó el periodo hasta 1958 y promovió varias reformas que no estaban
en la agenda del bipartidismo: voto para la mujer, tributos a las
fortunas mayores y a los industriales. Asumiendo un discurso
nacionalista católico se acercó al populismo que estaba en ascenso en
Latinoamérica con Perón en la Argentina, Getulio Vargas en el Brasil. El
Movimiento de Acción Popular que proclamó Rojas Pinilla fue respondido
con creciente oposición desde el partido liberal antes de que el nuevo
régimen hubiera realizado reformas de fondo. La dictadura se desplegó
con la ofensiva militar, apoyada por los “pájaros” y “contrachusma” en
los campos, y con la imposición de restricciones y represión en los
centros urbanos. La oposición liberal y del laureanismo fue respondida
con la persecución a sus jefes y el cierre de la prensa. Fueron
clausurados El Tiempo, El Espectador, El Siglo y La República. En esas
circunstancias se formó el Frente Cívico, encabezado por Alberto Lleras
Camargo, Presidente del Directorio Nacional Liberal, Guillermo León
Valencia por el conservatismo y finalmente contaron con el apoyo de
Laureano Gómez y sus seguidores. Cuando el T. General intento otra
reelección, la huelga general marcó el momento cumbre del levantamiento
cívico contra Rojas y el Pacto firmado en Sitges, donde se encontraba
exiliado Laureano, sello el acuerdo bipartidista que llevó al Frente
Nacional. El 10 de mayo de 1957 se retiró el dictador y transitoriamente
asumió el poder una Junta Militar que gobernó hasta agosto de 1958.
Mayo 28, 1984
El Pacto de la Uribe FARC-EP (1984)
Antecedentes
El
pacto de la Uribe con las FARC-EP, firmado el 28 de mayo de 1984, fue
un acuerdo de cese al fuego y tregua entre la guerrilla de las FARC-EP. A
través de éste las partes se comprometieron a un cese bilateral del
fuego y a la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto
armado colombiano. El documento fue suscrito por la Comisión de paz,
diálogo y verificación en representación del gobierno y por el Estado
Mayor de las FARC-EP, y firmado en el campamento conocido como Casa
Verde en el municipio de La Uribe (Meta). Ese mismo día, las FARC
ordenaron el cese al fuego a sus 27 frentes, mientras que el presidente
Betancur también hizo lo mismo a todas las autoridades civiles y
militares del país. En la Comisión de paz, se acordó que cuando hubieran
cesado los enfrentamientos armados, se abriría un período de prueba de
un año para que los integrantes de las FARC-EP se organizaran política,
económica y socialmente, y se acogieran a los beneficios de la ley 35 de
1982 y decretos complementarios. El gobierno les otorgaría, de acuerdo
con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos
pertinentes. Sin embargo, el pacto nunca contempló la entrega de armas
por parte de la insurgencia y además el gobierno debía impulsar una
serie de reformas políticas, económicas y sociales que el congreso
aprobaría mediante leyes de la república. Un año y medio después de la
firma del acuerdo, en noviembre de 1985, se conformó la plataforma de
lanzamiento de un nuevo y amplio movimiento político, denominado Unión
Patriótica (UP), en el que participaron integrantes de las FARC-EP,
miembros de partidos políticos, sociedad civil, sindicalistas, entre
otros. Este movimiento político participó en las elecciones para
corporaciones públicas de 1986, eligiendo 350 concejales, 23 diputados,
nueve representantes a la cámara y seis senadores, como resultado de una
exitosa y amplia gestión de alianzas políticas. Ese mismo año,
participó en las elecciones para la presidencia obteniendo más de
350.000 votos, hecho nunca antes visto en la historia de la izquierda
colombiana. Este movimiento se convirtió en un importante jugador de la
política colombiana, acostumbrada al bipartidismo de liberales y
conservadores. Así, se generaron airadas y radicales reacciones de los
sectores más militaristas de la oligarquía colombiana y se generó una
oscura alianza entre la mafia del narcotráfico, organismos de
inteligencia del Estado y paramilitares, quienes se propusieron a
exterminar a la Unión Patriótica (UP). A partir de ese momento se desató
una ola de asesinatos sin precedentes.
Agosto 24, 1984
El Diálogo Nacional M-19, EPL, la ADO (1984)
Antecedentes
El
acuerdo entre el gobierno de Belisario Betancourt y el M-19, el EPL y
el ADO (Movimiento Autodefensa Obrera) en 1984, se dio a través del
pacto de una tregua para desarrollar un eventual diálogo de paz. El 24
de agosto de ese año se firmó el acuerdo "Cese de Fuego y Diálogo
Nacional" con estos grupos guerrilleros, el cual generó tensiones dentro
del Estado y fue aprovechado por las guerrillas para fortalecerse
política y militarmente. Después de un año y tres meses de la firma del
pacto, el 6 de noviembre de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia
en Bogotá. La retención de rehenes por parte del M-19 y la posterior
“retoma” del Palacio por parte del ejército durante dos días, dejó un
resultado trágico de 11 personas desaparecidas y 95 muertas, de las
cuales 11 eran magistrados. De esta forma, el acuerdo de paz “Cese de
Fuego y Diálogo Nacional” tuvo un desenlace violento.
Marzo 9, 1990
Los Procesos de Paz, M-19, EPL, PRT y Quintin Lame (1989-1991)
Antecedentes
El
presidente Virgilio Barco, durante su gobierno, planteó la Iniciativa
para la Paz en 1988, a través de la cual hizo un llamado a los alzados
en armas a reincorporarse a la vida civil y negociar la paz. Como
consecuencia, varios grupos guerrilleros hicieron entrega de armas y
pactaron la paz, dentro de los cuales se resalta el M-19, el EPL, El
Movimiento Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT). Tal vez la principal implicación de estos procesos, además de
haber firmado la paz, fue el abono del terreno para la conformación de
la Asamblea Nacional Constituyente que redactó una nueva constitución en
1991. El proceso de paz con el M-19 se inició con la decisión que tomó
este grupo guerrillero de dejar voluntariamente las armas, una medida
asumida democráticamente por sus militantes. Posteriormente, durante
varios meses, se realizaron mesas de análisis y concertación de donde
surgieron diversas propuestas para reformas en temas políticos,
sociales, económicos y de justicia. El resultado del trabajo en las
mesas se plasmó en el Pacto Político por la Paz y la Democracia, firmado
en noviembre de 1989, el cual se complementó con un acuerdo sobre
favorabilidad política y una Ley de Indulto. El pacto se concretaría y
formalizaría a través de una reforma política que el congreso debía
aprobar, sin embargo, el gobierno, simultáneamente libraba una guerra
contra el narcotráfico, por lo cual vinculó la implementación del Pacto a
una reforma constitucional que también contenía instrumentos para
combatir al narcotráfico, incluyendo la institucionalización de la
extradición. En diciembre de ese mismo año, a la hora de votar la
reforma constitucional en el congreso, ésta se hundió ya que el tema de
la extradición se volvió principal punto de divergencia entre el
congreso y el gobierno. Ante el hundimiento de la reforma, el M-19 buscó
como garantía el compromiso de todos los precandidatos liberales para
el cumplimiento de los acuerdos pactados, sobre todo en lo referente a
la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Así mismo, la
Registraduría Nacional accedió a inscribir las listas de los
desmovilizados del M-19 para las elecciones de Marzo de 1990, donde se
votaban para todos los cargos de elección popular -menos para
Presidente-. Es así como el 9 de marzo, en el caserío Santo Domingo
(Cauca), el M-19 realizó el acto simbólico de “dejación voluntaria de
armas”, con el liderazgo de Carlos Pizarro y la presencia de
observadores internacionales y prensa nacional e internacional como
testigos del hecho. A través de este hecho, el M-19 hacía realidad la
reinserción a la vida civil de sus integrantes. A partir de ese momento,
el M-19 comenzó su participación activa en la política colombiana a
través del Movimiento Alianza Democrática M-19, que tuvo como candidato a
Carlos Pizarro para las elecciones presidenciales de 1990. Sin embargo,
el candidato fue asesinado a tan solo unas semanas de haber firmado la
paz, en plena campaña electoral. Antonio Navarro lo reemplazó y
participó en la contienda presidencial logrando el tercer lugar. César
Gaviria fue elegido como presidente de Colombia ese año y en su gobierno
se concretó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, luego
de haber tomado fuerza con el impulso de los proceso de paz y por la
iniciativa de grupos de estudiantes y jóvenes universitarios que
lideraron el Movimiento conocido como “Séptima papeleta”. El proceso con
el M- 19, además, motivó a otros movimientos insurgentes a buscar una
paz negociada. De esta forma, el EPL, El Quintín Lame y el PRT iniciaron
conversaciones con el gobierno nacional las cuales se fueron
concretando de forma acelerada debido a la convocatoria a la Asamblea
Constituyente, ya que la desmovilización de estos grupos se convirtió en
condición para participar con varios escaños en la misma. El acuerdo
entre el gobierno y el Ejército Popular de Liberación comprendió la
participación de dos voceros del EPL en la Asamblea Nacional
Constituyente y condiciones para la promoción de su proyecto político.
Una parte del grupo se constituyó como Esperanza, Paz y Libertad y otra
parte participó en la conformación de la Alianza Democrática M-19. El
acuerdo del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) incluyó una
vocería en la Asamblea Constituyente. A diferencia del M-19 y del EPL,
este grupo guerrillero no conformó un partido político. Algunos de sus
miembros participaron en la Alianza Democrática M-19 y otros iniciaron
trabajos en sectores sociales, con énfasis en la promoción de la paz. En
cuanto al Quintín Lame, este grupo también tuvo participación en la
Asamblea Nacional Constituyente. Desde ese momento, el movimiento
indígena ha tenido presencia en diversos órganos de representación
política. Posteriormente a su desmovilización, el Quintín Lame conformó
un partido político denominado la Alianza Social Indígena (ASI), fuerza
política que aún cumple un papel importante en el escenario político
regional y nacional.
Mayo 15, 1991
Diálogos de Tlaxcala y Caracas (1990-1991)
Antecedentes
Los
Diálogos de paz de Tlaxcala (México) hicieron parte de una serie de
encuentros de paz entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) con el gobierno del
entonces presidente de Colombia, César Gaviria. Las guerrillas en ese
entonces hacían parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. La
primera reunión fue realizada el 15 de mayo de 1991 en Cravo Norte,
municipio del departamento de Arauca (Colombia) y la segunda se realizó
en Caracas, Venezuela, en el mes de junio. Esta ciudad había sido
escogida por las partes para seguir reuniéndose, sin embargo el golpe de
estado de febrero de 1992 en Venezuela originó el traslado de los
diálogos a la ciudad de Tlaxcala en México. A partir de marzo de 1992 se
inició con el proceso de negociación.
Julio 4, 1991
La Constituyente (1991)
Antecedentes
La
Asamblea Nacional Constituyente es el resultado de una masiva expresión
ciudadana que pidió la redacción de una nueva Constitución en Colombia,
en reemplazo de la Constitución de 1886. El 9 de diciembre de 1990,
durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, los colombianos votaron
para la conformación democrática del grupo de líderes encargados de
discutirla y escribirla. El camino para llegar a esta Asamblea, se
materializó gracias a la exigencia de la ciudadanía ya que la nueva
Constitución fue una realidad gracias a la Séptima papeleta, propuesta
originada por un sector de académicos y líderes sindicalistas, la cual
fue fortalecida con el movimiento estudiantil que planteó la inclusión
de un séptimo voto en las elecciones del 11 de marzo de 1990 el cual
solicitaría la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La ciudadanía
respondió masivamente a la propuesta. De esta forma, se puede afirmar
que el movimiento ciudadano de la Séptima papeleta fue el origen de la
Constitución de 1991, sumado al exitoso proceso de paz con el M-19, el
cual tenía como acuerdo una constituyente. La constituyente estuvo
conformada por 70 miembros, que provenían de diversas corrientes
políticas. Ante la pluralidad de partidos políticos, se decidió elegir
una presidencia tripartita, con líderes de los tres partidos políticos
que más obtuvieron votación: El Partido Liberal Colombiano, la Alianza
Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional. De esta forma,
la Asamblea contó con la dirección de Horacio Serpa, Álvaro Gómez
Hurtado y Antonio Navarro Wolff. Dicha tarea fue realizada durante 150
días y fue culminada el 4 de julio de 1991. La Constitución de 1991 es
considerada la Constitución de los derechos, ya que reconoce y consagra
no sólo los Derechos fundamentales sino los derechos económicos y
sociales y los derechos colectivos, o de tercera generación. Además crea
los mecanismos necesarios para asegurarlos.
Abril 9, 1994
Proceso de Paz CRS (1994)
Antecedentes
La
Corriente de Renovación Socialista (CRS) fue una organización
proveniente del Ejército de Liberación Nacional –ELN-, de la cual hacían
parte un número muy significativo de antiguos militantes que decidieron
cuestionar la lucha armada y optar por la legalidad de la acción
política y social. El 9 de abril de 1994, durante el gobierno de César
Gaviria, los miembros de la Corriente de Renovación Socialista se
reincorporaron a la vida civil con la firma de un Acuerdo Político que
fue facilitado por el Embajador de los Países Bajos. En este proceso se
desmovilizaron 865 excombatientes que recibieron los beneficios de la
reinserción (701 personas) y los beneficios jurídicos (164 personas). A
pesar del acertado proceso de paz, los costos fueron altos. Mientras se
desarrollaba la negociación en Flor del Monte y se daba la concentración
de los guerrilleros de la CRS, fueron asesinados, en una extraña
operación militar, los negociadores Carlos Manuel Prada González y
Evelio Bolaños, el 23 de septiembre de 1993 en Carepa, Antioquia.
Adicionalmente, 77 integrantes más fueron desaparecidos en forma
violenta o fueron asesinados. Como resultado del Acuerdo de Paz suscrito
con el Gobierno Nacional, la CRS dio el paso a su constitución como
movimiento político legal con aspiraciones de consolidarse como fuerza
independiente, aglutinante de múltiples sectores de la sociedad
colombiana no vinculados a los partidos políticos tradicionales.
Fuente: Wikipedia
(Continúa en la siguiente entrega)
COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
30 de noviembre 2016
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