El
experto en recursos naturales, Oscar Campanini, advierte que los
alcances del calentamiento global están presentes en varios países de la
región. También analizó otros factores: los intereses del sector minero
y el extractivismo en esta parte del mundo.
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18/12/2016.- El pasado 22 de noviembre, el presidente de Bolivia, Evo
Morales, declaró “emergencia nacional” por la escasez de agua. El
mandatario llamó a la población a “estar preparados para lo peor” luego
de ampliar el racionamiento ante la peor sequía en 25 años.
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Se estima que cinco
de las nueve regiones del país están afectadas, pero con preocupación
se pone atención en centros urbanos como La Paz y El Alto.
En medio de esta
“crisis del agua”, se advierte que los glaciares de Bolivia se han
reducido en un 40 por ciento. El nivel de agua del Lago Uru Uru en Oruro
desciende dramáticamente mientras hace algunos meses se confirmó que el
Poopó quedó sin agua, el segundo lago más grande del país.
Pero este escenario
también preocupa en otro país de la zona andina. A principios de
diciembre, el gobierno peruano extendió la emergencia por déficit
hídrico a 17 regiones. Esto, por la falta de lluvias en la sierra norte y
sur de nuestros vecinos. Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Puno, Tacna y
Tumbes, son algunos de los departamentos que se incluyeron en esta nueva
declaratoria oficializada mediante un Decreto Supremo en el diario
oficial El Peruano.
Bolivia fue
declarada por la ONU como uno de los países más vulnerables a las
consecuencias del calentamiento global de la Tierra. Para el presidente
Morales “el problema del cambio climático no solo es en Bolivia, sino en
todo el mundo”.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Oscar Campanini,
Coordinador general
del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB, Cochabamba),
comentó las cifras, historia y proyecciones del tema que pone en la mira
a todos los países en este sector del continente.
Este tema, ¿era una bomba de tiempo?
En el caso de
Bolivia, la sequía es algo que ha afectado a algunas regiones de forma
regular aunque cada vez más intensa. Por ejemplo, en el caso del Chaco,
un ecosistema particular que está limítrofe con Paraguay y Argentina,
lamentablemente está cada vez más afectado por la sequía y hace varios
años sufre con el desabastecimiento de agua para consumo doméstico. Pero
también se presentan importantes impactos en la actividad agropecuaria.
Este año no solo ha
afectado esta zona por la falta de precipitación fluvial sino que ha
afectado a grandes centros poblados, entre ellos, Cochabamba, La Paz,
Potosí, Sucre y Tarija. Ese desabastecimiento ha ocasionado esta crisis y
esta medida de emergencia nacional.
¿Cuál es el contexto de esta emergencia hídrica?
Hay un tema de
calentamiento global que está presente en varios países de la región.
Este año, Bolivia ha sido uno de los más afectados. Para dar una idea,
aunque son datos preliminares, la precipitación fluvial ha disminuido en
un 38 por ciento en La Paz y en un 33 por ciento en Cochabamba.
También hay fenómenos regionales como El Niño, pero que afectan de forma más interna por el cambio climático a nivel global.
Sin embargo,
podemos comentar otros factores más locales. Todavía no existen estudios
científicos muy precisos al respecto, pero con seguridad sí tienen
impacto las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio
boliviano que están basadas en la extracción de materias primas.
La deforestación,
por ejemplo, es una de las actividades que más preocupa. No solo de un
importante ecosistema como el bosque amazónico sino también de zonas
forestales cercanas a las ciudades.
Las medidas que se
toman desde el Gobierno no necesariamente disminuyen estos impactos. En
la deforestación, hay una política de fomento que se aplica desde hace
años sobre el monocultivo para exportación principalmente de soya.
Hace dos años se
presentaron diferentes acuerdos con el sector empresarial para
incrementar en forma considerable esta área cultivada: pasar de
alrededor de 3 millones de hectáreas cultivadas a 2025 con 9 millones de
hectáreas. Y la única forma de ampliar es deforestando…avanzando sobre
el Amazonas.
En noviembre pasado
se presentaron los resultados de su estudio “La Agenda gubernamental
del agua”. En el texto, se advierte que “recién con la crisis y
racionamiento la población entendió que el tener un tubo y un grifo no
garantiza ese derecho humano al agua, sino que se debe tener la cantidad
y calidad”.
Algo que preocupa
es la falta de prevención que ha existido en las políticas por esta
variabilidad climática y sus impactos. Hay un incremento de inversiones
en el tema de agua, pero no corresponde con la inversión pública total
en Bolivia.
Se han priorizado
otros sectores como la gran infraestructura, caminos, explotación de
hidrocarburos y minería. Estos criterios que se han asumido, no han sido
los más certeros.
¿Cuál es el alcance de las “presiones” ante la demanda de la minería e hidrocarburos?
Hay una apuesta,
desde los gobiernos de nuestra región, centrada en un importante grado
de dependencia de la extracción de materias primas en las economías. Las
políticas para el incentivo en la exploración de hidrocarburos tienen
impactos ambientales y sociales. Incluso, para eso se dio la apertura de
áreas protegidas…
Muchas de estas
exploraciones se realizan en territorios de pueblos indígenas que deben
contar con un mecanismo de la consulta previa.
Durante las últimas
semanas, en varias notas de prensa se informa que pobladores del
municipio boliviano de Chipaya “migran a Chile por falta de agua”. A
esto, se suman las emergencias hídricas que sufren también nuestros
vecinos del Perú. ¿Cómo se enfrenta en conjunto el tema de “los
refugiados climáticos”?
Es algo que
lamentablemente no es fácil visibilizar. En las áreas rurales de Bolivia
han tenido que implementar una estrategia de sobrevivencia de
migraciones temporales. No solo por los impactos del clima sino la falta
de atención de algunas necesidades básicas que ha hecho que esta
población, en determinadas épocas del año, tenga que emigrar a las
ciudades. Incluso a otras actividades fuera del país, como en Argentina.
Este año ha sido
evidente, en el caso de los Uru. Es un pueblo indígena que habita en
tierras altas y vive de las actividades del lago Uru Uru (en el
departamento de Oruro). Este lago, que pertenece al sistema del cual
forma parte el Titicaca, y el Poopó han sido afectados por las faltas de
precipitaciones pero también por algunas actividades humanas (agrícolas
y mineras).
No son lagos
profundos, pero son estratégicos para resguardar el microclima de esta
zona. El que se seque pone a los pueblos en emergencia. En 2013, ellos
protagonizaron una marcha hasta La Paz y eso logró que el Gobierno
sacara una ley de atención a pueblos vulnerables-no contactados para
evitar estos impactos.
Esta norma no ha
sido implementada y entre la sequía y la falta de precipitaciones, es
seguro que buena parte de este pueblo emigre hacia el lado de Chile.
Algunas de estas migraciones parece que van a ser definitivas.
¿Cuán importante
es que en nuestros países reconozcan el derecho de acceso al agua a
nivel constitucional? Cómo lo aprobó el Pleno del Congreso en Perú en
una Reforma Constitucional, mientras en Chile se debate una Reforma al
Código de Aguas.
Un ejemplo.
Cochabamba fue protagonista de la guerra del agua en el 2000 y en un
momento se quiso privatizar con una gran empresa transnacional que
pretendía incrementa las tarifas, en algunos casos, en un 200 por
ciento. Pero hoy persiste un problema: la población no atendida por los
sistemas de agua tiene que abastecerse a través de cisternas que
transportan el recurso de un lado a otro.
Según el escenario,
los privados que prestan este servicio suben el precio del barril.
Estos costos llegan a ser entre 5 a 8 dólares el metro cubico lo que, a
nivel internacional, es muy elevado y la que no está conectada es la
población más pobre de la ciudad. Es un problema de inequidad. En la
actual sequía, los camiones cisterna atienden también a la población que
sí tiene sistema, porque por el racionamiento recibe menos agua. Y para
complementar, solicita agua de cisternas. El agua ha subido de manera
impresionante a 20 dólares el metro cúbico. Eso comparado con cualquier
país del mundo es muy alto.
El derecho humano
al agua establece principios normativos que deben implementarse desde
todas las instituciones públicas. En el caso de Bolivia, sí existe este
principio constitucional desde 2009 y es un referente para regular la
distribución del agua.
Una recomendación:
es fundamental para este cumplimiento que existan no solo disposiciones
en las normativas sino que las instituciones tengan la capacidad
efectiva de cumplir ese derecho humano.
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