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Antecedentes del Acuerdo GOBIERNO-FARC (2-2)
PROCESOS
DE PAZ
EN COLOMBIA
(DOS)
Julio 1998
Proceso de Paz del Caguán FARC-EP (1998)
Antecedentes
El
Caguán, como se le conoce popularmente a este proceso, es tal vez el
más famoso intento de paz que hayan realizado la guerrilla de las
FARC-EP y el gobierno colombiano. Se desarrolló desde 1998 hasta 2002,
teniendo como principal escenario una zona de despeje comprendida por
los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San
Vicente del Caguán, con una dimensión de 47.000 kilómetros cuadrados.
Inició a partir de un encuentro que sostuvo el recién elegido presidente
de la república, Andrés Pastrana Arango con el máximo dirigente de las
FARC, Manuel Marulanda Vélez, en donde manifestaron sus intenciones de
iniciar diálogos para lograr una salida negociada al conflicto armado en
Colombia. Las principales características de este proceso fueron:
La negociación avanzó en medio de la confrontación militar (a excepción de la zona de despeje).
Se
definió la “Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia”, que
incluyó temas como el empleo, los derechos humanos, la política agraria,
los recursos naturales, el modelo de desarrollo económico y social, la
reforma a la justicia y al Estado, las relaciones internacionales, entre
otros.
Se
realizaron “audiencias públicas”, transmitidas por televisión, en las
que participaron más de 25.000 delegados y en las que se presentaban
propuestas de distintos grupos y sectores sociales.
Representantes
de gobiernos europeos y americanos, participaron en calidad de
observadores y facilitadores. Este proceso se dio a través de una
dinámica participativa, a través de la cual diferentes representantes de
organizaciones sociales, líderes comunitarios, movimientos políticos y
ciudadanos del común tuvieron la posibilidad de dar sus aportes y
presentar sus propuestas concretas para avanzar y llegar a acuerdos en
los diferentes asuntos que FARC y gobierno negociaban. Sin embargo, y a
pesar de las expectativas y esperanzas puestas en este proceso, el
contexto en el que se desarrollaron las conversaciones en El Caguán
siempre fue muy complejo y tenso.
Durante
los años de negociación la agenda fue difícil de desarrollar y avanzó
muy lentamente, debido a diversos obstáculos ocasionados por graves
incidentes que hirieron la confianza de las dos partes. El desarrollo de
las conversaciones en medio de confrontaciones armadas no contribuyó
con la construcción de confianza, vital en este tipo de procesos. Así
mismo, no fue fácil llegar a acuerdos ni avanzar en la agenda temática
debido a las grandes diferencias de posiciones y a la dificultad para
pasar del diálogo a la negociación. Hechos como el asesinato de tres
estadounidenses; la renuncia del Ministro de Defensa y 14 oficiales
descontentos con el proceso; la dificultad para la verificación
internacional de la zona; el secuestro de un avión en San Vicente del
Caguán; las acusaciones sobre el uso de la zona para dirigir ataques,
esconder secuestrados o ampliar cultivos de coca; las denuncias sobre el
fortalecimiento de los paramilitares; las diferencias sobre el
intercambio de “prisioneros”, entre muchos otros hechos contribuyeron
con la disolución de estas conversaciones. La ruptura definitiva de este
proceso se produjo el 20 de febrero de 2002, cuando la columna móvil de
las FARC Teófilo Forero, desvió un avión de una aerolínea comercial y
lo obligó a aterrizar en plena carretera nacional para secuestrar al
senador Jorge Gechem, quien iba como pasajero. Este episodio fue el
detonante para que el presidente Andrés Pastrana Arango rompiera el
proceso de paz con las FARC y
Julio 12, 1998
El Acuerdo de Puerta del Cielo (1998)
Antecedentes
En
1998, un año después del Mandato Ciudadano por la Paz, se organizó y
llevó a cabo una reunión entre la sociedad civil y el ELN en la ciudad
de Mainz (Maguncia) en Alemania, en la que se firmó el Acuerdo de Puerta
del Cielo el 12 de julio. Este tratado, sin tratarse de un acuerdo de
paz en el sentido estricto de la palabra, fue muy importante porque
pretendía regular el conflicto armado en Colombia en cinco puntos
concretos:
-La humanización de la guerra.
-El control de los abusos por parte de los actores en conflicto.
-El no uso de minas antipersonales (Convención de Ottawa).
-La prevalencia y la participación de la Sociedad Civil para la construcción de la paz.
-La
realización de una Convención Nacional como un lugar para la solución
de los problemas sociales y políticos, para la negociación y la
reconciliación nacional.
Así,
el Acuerdo de Puerta del Cielo reveló la voluntad del ELN para
contribuir a la construcción de la paz y la humanización de la guerra
con hechos concretos como ponerle fin a la voladura de oleoductos o no
secuestrar menores de edad ni adultos mayores de 65 años. Este acuerdo,
además revelaba el interés por parte del ELN para la realización de una
Convención Nacional como un espacio de diálogo, con la participación de
representantes del Estado, la sociedad civil y la guerrilla con miras a
la elaboración de las bases de un acuerdo político de profundas reformas
y transformaciones sociales. . Sin embargo, a pesar de esta muestra de
voluntad por parte del grupo guerrillero, el proceso de paz que se
sugería debía iniciar a partir de ese momento no se concretó debido a la
existencia de fuertes tensiones generadas por las diferencias frente a
los resultados que debía arrojar el mismo. Adicionalmente, el ELN exigía
la elaboración de una agenda de carácter político a través de la
convocatoria a una Convención Nacional que permitiera una reforma
estructural de la problemática del país, para que posteriormente se
produjera el cese de hostilidades y su reinserción a la vida civil;
mientras para el gobierno la desmovilización era
Septiembre 2005
Las Rondas de La Habana (2005)
Antecedentes
Desde
diciembre de 2005 hasta agosto de 2007 se llevaron a cabo ocho rondas
exploratorias con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional
–ELN- que buscaban una negociación con el gobierno colombiano para
lograr la paz. En septiembre de 2005, el presidente Álvaro Uribe
autorizó la salida de prisión del portavoz del ELN, Francisco Galán, con
el fin de iniciar exploraciones formales en Cuba durante el mes de
diciembre, con el acompañamiento de los países Noruega, España y Suiza. A
partir de ahí, en 2006 se dieron otros encuentros en La Habana, con el
acompañamiento de estos mismos países y con la participación de Antonio
García, Ramiro Vargas y Francisco Galán como los interlocutores y
voceros del ELN, para lo cual el gobierno nacional les levantó las
órdenes de captura. Durante ese año, el ELN realizó un cese unilateral
de acciones ofensivas durante el periodo electoral, anunció el inicio de
una campaña política por la paz y desarrolló el IV congreso interno,
máximo evento de este grupo guerrillero en el que participaron los
comandantes y delegados de todas sus estructuras. Las conclusiones de
dicho congreso resaltaron la necesidad de seguir buscando una solución
política al conflicto y reiteraron que la lucha política era la
principal forma de lucha para y acceder así a gobiernos locales y
regionales. En octubre de 2006, el gobierno y el ELN celebraron en Cuba
la cuarta ronda exploratoria, en donde se avanzó en el proceso con la
definición de dos ejes estructurales hacia un Acuerdo Base: ambiente
para la paz y participación de la sociedad En los primeros meses de
2007, el gobierno nacional le otorgó la libertad condicional a Francisco
Galán para que continuara con su gestión y Pablo Beltrán fue autorizado
para que también fuera miembro representante de la delegación
negociadora del ELN. En marzo de ese mismo año se realizó la quinta
ronda de conversaciones, contando con los buenos oficios del premio
Nobel, Gabriel García Márquez. A mediados de abril, el gobierno y el ELN
iniciaron la sexta ronda de conversaciones en la Habana, en la cual, a
diferencia de las anteriores, las partes se comprometieron a llegar a un
acuerdo significativo (Acuerdo Base) para avanzar en un proceso de paz,
empezando por lograr un cese de fuego y de hostilidades. De esta forma,
al cierre de la ronda, el ELN propuso un cese al fuego temporal y de
carácter experimental y exigió al gobierno la congelación de los
trámites para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC). En
agosto se realizó la octava ronda de conversaciones sin lograr
resultados ya que el gobierno y el ELN no lograron ponerse de acuerdo en
la forma de concentrar y verificar los guerrilleros del ELN, ya que
este grupo no estaba dispuesto a revelar la identidad de sus miembros ni
a concentrarse en un lugar en condiciones que les suponían desventaja
militar. De esta forma, no se pudo firmar el llamado Acuerdo Base. En
septiembre, delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron en Caracas,
al aceptar los buenos oficios ofrecidos por el presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, para ayudar a desbloquear el proceso. Por otro lado, el
Consejo Nacional de Paz, decidió crear otra comisión de carácter
permanente para el seguimiento a los diálogos de paz con el ELN. En este
contexto, el gobierno y el ELN decidieron realizar un nuevo encuentro
en diciembre, pero debido a la tensión y crisis diplomática que había
entre los gobiernos de Colombia y Venezuela se postergó dicha reunión
para el año siguiente (2008). Durante el primer trimestre de 2008 no se
llevó a cabo la ronda de conversaciones pactada. Iniciando abril, el
portavoz político del ELN, Francisco Galán, se reunió con el presidente
Álvaro Uribe con el propósito de destrabar el proceso y continuar con
las conversaciones de paz. Sin embargo, el ELN no estuvo de acuerdo con
dicho encuentro y decidió retirarle la vocería a Galán y su condición de
miembro de la delegación en los diálogos con el gobierno, porque sus
actos y puntos de vista no representaban la política del ELN. En junio
de ese mismo año, el ELN divulgó que no consideraba útil continuar los
acercamientos con el gobierno colombiano, por lo que no se preveía la
celebración de una nueva ronda. De esta forma, se cerraba este ciclo de
rondas que buscaban una salida negociada al
Mayo 13, 2008
Proceso de Paz AUC (2008)
Antecedentes
El
proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, se desarrolló a
partir del año 2002, durante el primer periodo presidencial de Álvaro
Uribe Vélez. En una carta pública enviada al presidente, las AUC
declararon un cese de hostilidades nacional a partir del primero de
diciembre de ese año, cumpliendo así con el requisito del gobierno
nacional para el inicio de conversaciones. Como respuesta a este gesto,
el 23 de diciembre de ese mismo año el Gobierno Nacional designó una
Comisión Exploratoria de Paz, para que adelantara diálogos exploratorios
con este grupo armado. Meses después, y después de varias reuniones
durante esta fase exploratoria, el 15 de julio de 2003, en Tierralta
(Córdoba), el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión,
delegados de la Iglesia Católica y los representantes de las
Autodefensas suscribieron el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, a través
del cual el gobierno y las AUC acordaron iniciar la etapa de
negociación, afirmando que el propósito de este proceso es “el logro de
la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos
del Estado”. En el acuerdo de Ralito, las Autodefensas Unidas de
Colombia se comprometieron a desmovilizar a la totalidad de sus miembros
antes del 31 de diciembre de 2005, en un proceso gradual que comenzó
con la desmovilización el 25 de noviembre de 2003 del Bloque Cacique
Nutibara en la ciudad de Medellín. Tiempo después, el 10 de diciembre de
2004, se produjo una de las entregas más importantes: la del Bloque
Catatumbo, en la cual se desmovilizó Salvatore Mancuso. Los desarmes
colectivos se extendieron hasta agosto de 2006. Según la oficina del
Alto Comisionado de Paz de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, durante
este periodo se desmovilizaron 31.671 combatientes y se entregaron
18.051 armas, en los 38 actos de desmovilización. Después del periodo de
desarme de las AUC, los jefes desmovilizados fueron recluidos en el
centro especial de La Ceja, Antioquia, y posteriormente fueron
trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagui, del mismo
departamento. Paralelo al proceso de desmovilización, el parlamento
colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz, la cual tiene por objeto
facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la
ley, en este caso los grupos de autodefensa. El componente más novedoso
de esta ley es la búsqueda de la garantía del derecho a la verdad, la
justicia y la reparación para las víctimas de estos grupos. Esta ley
establece además que las personas que se acojan a la misma, deberán
pagar una pena privativa de la libertad de mínimo 5 años, antes de
acceder a los beneficios. El compromiso de no volver a delinquir es una
de las condiciones para mantener los beneficios hacia el futuro.
Adicionalmente, la Corte Constitucional implantó la exigencia de que
quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los
beneficios jurídicos que otorgaba la ley. Para garantizar los derechos
de las víctimas, los Tribunales deben ordenar medidas de reparación,
incluso en los casos en que no se ha individualizado al victimario. Con
el ánimo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas,
la ley creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el
Fondo para la Reparación de Víctimas y las Comisiones Regionales para la
Restitución de Bienes. Posterior al desarme de las AUC, el 13 de mayo
de 2008, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados
Unidos 14 jefes de las AUC que se habían sometido a la Ley de Justicia y
Paz. El gobierno argumentó que los exparamilitares incumplieron los
requerimientos del proceso, principalmente porque seguían delinquiendo
desde la cárcel. Varias organizaciones de víctimas y entidades
defensoras de derechos humanos, no estuvieron de acuerdo con esta medida
ya que en Estados unidos estos jefes son juzgados por el delito
2012
Diálogos de La Habana (2012)
Antecedentes
El
8 de octubre de 2012, en Oslo, Noruega, se realizó la instalación
formal de las mesas de conversación. Se anunció que los gobiernos de
Cuba y Noruega harían parte del proceso como garantes, mientras que los
de Venezuela y Chile actuarían como acompañantes. El Acuerdo general
para la terminación del conflicto establece sies puntos a negociar, así
como las reglas de funcionamiento del proceso. Dentro de las reglas, el
acuerdo plantea la participación de 30 personas por delegación, maximo
diez de ellas podrán participar en las mesas de conversación, en donde
cinco de ellos serán plenipotenciarios. También las delegaciones pordrán
realizar consultas con expertos en cada uno de los temas acordados
dentro de la agenda y se estableceran mecanismos para recibir propuestas
deasde los ciudadanos y las organizaciones. Para garantizar la
transparencia del proceso, se tiene pactado la elaboración de informes
periódicos y el establecimiento de canales de difusión para dar a
conocer los avances de la negociación. Las discusiones de las mesas no
serán públicas. Actualmente se está llevando a cabo el debate del
primero de los seis puntos de negociación, la política de desarrollo
agrario integral. Las partes han reconocido el desarrollo agrario
integral como eje fundamental para lograr un desarrollo social y
económico con equidad del paìs. El segundo trata de la participación
política, las garantías para la oposición, en especial para los nuevos
grupos que surjan del proceso, y medidas que garanticen y estimulen la
paraticipación cuidadana. El tercer punto se centra en el fin del
conflicto, los acuerdos para el cese bilateral definitivo al fuego y de
las hostilidades, dejación de armas y reincorporación a la vida civil
por partes de las Farc y las garantías por parte del gobierno. El cuarto
punto inquiere el tema de la solución al problema de las drogas
ilícitas, la sustitución de los cultivos respectivos y la recuperación
ambiental de zonas afectadas éstos; programas de prevención de consumo y
salud pública, así como solución a los fenomenos de producción del
consumo. Víctimas, en el quinto lugar, involucrando el resarcimiento de
sus derechos, incluyendo el de la verdad. Y el último versa sobre la
implementación, verificación, refrendación y acompañamiento
internacional. Este punto puede ser considerado como el inicio de la
tercera fase del proceso. La firma del acuerdo final dará incio a todos
los acuerdos pactados en los anteriores puntos. Los negociadores Por
parte del gobierno de Colombia, Humberto De La Calle Lombana es el jefe
de la delegación. También lo acompañan Frank Pearl, Sergio Jaramillo,
Luis Carlos Villegas y los generales Jorge E. Mora y Óscar Naranjo,
entre otros. Por parte de las Farc están Iván Márquez, Jesús Santrich,
Luciano Marín, Rodrigo Granda, Andrés París, Marcos Calarcá, Simón
Trinidad y recientemente se sumó Pablo Catatumbo.
Los
diálogos de La Habana son un nuevo intento entre el gobierno nacional y
la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-
por llegar a una salida negociada y pacífica al conflicto armado.
Delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de la
guerrilla se reunieron inicialmente en secreto en La Habana, Cuba, donde
los gobiernos de Noruega y Venezuela sirvieron de garantes. Allí los
delegados de las dos partes acordaron que el proceso se desarrollaria en
tres fases: encuentro exploratorio, mesas de conversaciones e
implementación, refrendación y verificación de los acuerdos. A estos
primeros acercamientos se les denominó encuentros exploratorios, y
dieron fin a la fase uno del proceso, donde a la vez se dieron las
pautas para el inicio de la segunda etapa, que se le conoce como Acuerdo
general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera.
Comunicado sobre el primer acuerdo del punto agrario.
Acuerdo “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”
La Habana, mayo 26 de 2013
Los delegados del Gobierno y las FARC-EP, informan que:
Hemos
llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la Agenda contenida en el
“Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera”.
Acordamos denominarlo “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.
En el próximo ciclo de conversaciones, presentaremos el primer informe periódico de la Mesa.
Hemos construido acuerdos sobre los siguientes temas:
-Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad.
-Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
-Programas de desarrollo con enfoque territorial.
-Infraestructura y adecuación de tierras.
-Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
-Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa.
-Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. (…)
Fuente: Wikipedia
COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
30 de noviembre 2016
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